El caso de la Administradora Inmobiliaria La Monumental forma parte de las investigaciones que adelanta la Asamblea Nacional sobre la gestión del gobernador de Monagas, José Gregorio Briceño.
La diputada Nancy Ascencio (PSUV-Bolívar), presidenta de la subcomisión 2 para el control del gasto público de entes descentralizados, indicó que el 22 de enero de 2008 se constituyó la compañía anónima denominada Administradora Inmobiliaria La Monumental de Maturín “con capital 100% perteneciente a la gobernación del estado Monagas, estando a cargo del ejecutivo regional el ciudadano José Gregorio Briceño Torrealba”.
Explicó que el Parlamento investiga una denuncia sobre la procedencia de 3,8 millones de dólares para la contratación de artistas y deportistas por parte de esta empresa, “cuya acción principal pertenece a la gobernación”.
Puntualizó que en la compañía quedó como presidenta María Mercedes Aranguren y en los cargos de directores fueron nombrados José Gregorio Eduardo Pinto Plata, Juan Ramón Amundaraín José Gregorio Pimentel y Edgar Felipe Márquez.
Informó que ayer estaba pautada la comparecencia de Hildemar González Cabrera, María Mercedes Aranguren, Edgar Felipe Márquez y José Gregorio Eduardo Pinto Plata. Al no presentarse, se les citará de nuevo, pero si no asisten se aplicará lo estipulado en el artículo 21 de la Ley sobre el Régimen de Comparencias a Funcionarios Públicos que establece el pago de multas comprendidas entre 100 y 200 unidades tributarias, o arresto proporcional por multa no satisfecha a razón de un día de arresto por unidad tributaria.
La diputada comentó que las personas citadas por el Parlamento recibieron la notificación el 31 de octubre para que ejercieran su derecho a la defensa porque en los descargos presentados en el mes de junio se constataron “vacíos”.
Ascencio apuntó que primero se citará a la a la junta directiva de la empresa y luego al gobernador “quien funge como representante legal”.
La parlamentaria acotó que antes de crearse la Administradora Inmobiliaria La Monumental de Maturín, existía una fundación para la organización de eventos deportivos y culturales en Monagas, la cual también está siendo investigada porque no se cumplieron los requisitos legales. Apuntó que la Procuraduría del estado debió verificar el acta constitutiva y los estatutos, para luego enviar el caso al Consejo Legislativo para su autorización. Estos pasos no se cumplieron.
Ascencio subrayó que las investigaciones que adelanta la Comisión Permanente de Contraloría buscan combatir la corrupción y no tienen tinte político: “No vemos rostros”.
| Fuente: Janet Queffelec Padrón - http://www.correodelorinoco.gob.ve |
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