FIFA GATE: CÓMO SE DISTRAÍA EL DINERO EN LA CONMEBOL. La mecánica del FIFA Gate era la siguiente: el dinero entraba en la cuenta de la Confederación Sudamericana (CONMEBOL), y luego el presidente, Nicolás Leoz, lo repartía a su antojo. Movió cifras millonarias de las cuentas de la institución a las suyas personales.
Así de fácil, así de impune. Medios cuentan con el testimonio del ‘Confidente X’, un exempleado de la CONMEBOL, que aporta documentos que prueban el saqueo al que fue sometida la Confederación Sudamericana de Fútbol bajo el mandato de Leoz (1986-2013). Nicolás Leoz Almirón (Pirizal, 1928) fue también miembro del Ejecutivo de la FIFA (1998-2013) y vicepresidente de este organismo. Actualmente está en arresto domiciliario en su hacienda de Luque (Asunción) a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, país que le acusa de corrupción, soborno, fraude, blanqueo y asociación para delinquir. Sus cuentas corrientes se confundían con las de la Confederación Sudamericana. Los traspasos de dinero eran frecuentes, tanto en dólares como en guaraníes. El relato del Confidente X, que trabajó en la CONMEBOL durante una década y media, describe el ‘modus operandi’ en la Confederación Sudamericana, el epicentro de la corrupción junto con la CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe), con dineros que llegaban desde cualquier parte del mundo, de Tokio a Nueva York, y, tras pasar por aquí y allá, acababan en cuentas de sus dirigentes en Paraguay, Brasil, EE UU o en Panamá. “A veces, para maquillar las operaciones, usaban como testaferros a alguno de sus familiares. El doctor Leoz a su esposa, María Clemencia; sus ayudantes hacían algo parecido”. El primer caso, que sirve para ilustrar cómo se distraía el dinero a capricho en la Confederación Sudamericana (que integran Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) hace referencia a una cantidad de un millón y medio de dólares “que el por entonces (en el año 2000) presidente de la Federación de Japón, Ken Naganuma, ya fallecido, envió a la CONMEBOL para ser repartido entre las diez federaciones por el voto de los países sudamericanos a la candidatura de Corea y Japón para el Mundial 2002”, cuenta el ‘Confidente X’. “Pero ese millón y medio se distribuyó de otra forma: un millón doscientos mil dólares americanos los ingresó Leoz en su cuenta; doscientos mil dólares para Eduardo de Luca, secretario general de la CONMEBOL, y cien mil dólares para Zorana Dannis, la enlace de la Confederación con la FIFA”. Una colombiana con oficina en EE UU. Según los documentos del ‘Confidente X’, esa cantidad de 1,2 millones de dólares llegó a nombre de la CONMEBOL, pero Leoz lo desvió a su cuenta personal, la 1596/2 del Banco do Brasil de Asunción. Este periódico publica el reconocimiento de firma en el Banco do Brasil de Nicolas Leoz y su esposa, María Clemencia Pérez, que los vincula con ese número de cuenta. Los otros dos giros bancarios fueron a parar uno al Northern Trust International Bank, de Nueva York, y el otro a una oficina del Citibank en New Jersey, también en Estados Unidos. Esta fue “una de las operaciones, pero hubo muchas más y no todas pasaron por mis manos”. Explica X que estas prácticas “eran habitulaes y seguidas”, hasta el punto que era casi un imposible separar las cuentas privadas de Leoz de las de la propia CONMEBOL. Nicolás Leoz dimitió de sus cargos en la FIFA y en la CONMEBOL hace algo más de dos años. “La FIFA ha recibido la dimisión formal de Nicolás Leoz de sus cargos como miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y presidente de la CONMEBOL (Confederación Sudamericana de Fútbol) por razones de salud y de índole personal”, informó la FIFA en un comunicado oficial el 23 de abril de 2013. En realidad, Leoz se vio involucrado en el caso ISL, la empresa de markéting de la FIFA que quebró por pagar sobornos a sus dirigentes “porque era la única manera de cerrar los negocios con ellos”. Así lo declaró Hans Juerg Schmid ante el juez suizo Siegwart, que citó en el juicio a Leoz y al resto de la cúpula de la FIFA. “Por qué debe entender este tribunal que se paguen sobornos”, respondió su señoría.
– Con información Joaquín Maroto - http://futbol.as.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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CASINO MARBELLA. De un lector: Los acreedores de las acciones del Casino Marbella, en el área bancaria de Ciudad de Panamá, serían Alfredo Chacare, Ángel Tovar y Javier Ceballos. Es increíble que Tovar y Ceballos se asociaran con Chacare y que en Panamá nadie objetara a este último, a pesar que en Venezuela se le han hecho a Chacare averiguaciones por operación de salas de juego clandestinas y actividades relacionadas. Hace meses el casino supuestamente sufrió un desfalco de casi 40 millones de dólares, obstaculizando las relaciones entre Tovar y sus otros socios. Sin embargo la pérdida, muy extrañamente, no habría afectado el funcionamiento del establecimiento y Tovar seguiría siendo socio, lo que airea hipótesis sobre el trayecto que había seguido el dinero para llegar al casino. A raíz de este incidente, Javier Cevallos, hermano de Alejandro, habría sufrido un evento cardiaco, del que todavía estaría en recuperación. Robinson Cordero, quien fue gerente del casino del Caribbean Mall de Puerto La Cruz y de otras recónditas salas, sería un hombre de confianza de Tovar en el Marbella. El crecimiento de Chacare en los casinos muchos lo atribuyen a la ayuda de Salomón Mucci, quien fue propietario de la empresa que operaba los casinos del Hotel Tamanaco de Caracas y del Lagunamar de Margarita.
- Simón Flores
RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. / - / Michu Capriles podría regresar a la escena política-empresarial en Venezuela. Además de negocios financieros, podría retomar presencia en medios venezolanos, a pesar de no tener pensado aun regresar desde España. Mantendría bajo su poder envidiable colección de arte continental. El edificio donde reside en Madrid fue noticia luego de una invasión en uno de los pisos. Relación con primo que operaría en el mercado paralelo de divisas estaría irremediablemente fracturada. / - / Crecería número de supuestos venezolanos que colaborarían con organismos en investigaciones judiciales extranjeras. / - / Empresas hípicas empezarían a llamar la atención de organismos en EEUU. / - / Vinculan a Odebrecht y Petrobrás con extraños manejos administrativos en países de Latinoamérica. / - / Vinculan a prima de dirigente política con irregularidades en venta de carros chinos. / - / Relacionan a Esquivel con presidente de comité deportivo y con propietario de equipo de Lara. Concesiones de comedores deportivos, negocios de planes vacacionales y congresos de tecnificación son mencionados. Hablan de fortuna amasada durante realización de Copa América en Venezuela y aporte de cantidades importantes de dinero para ex candidato presidencial de la oposición. R. Jhon y la empresa Punto Olímpico son mencionados también en la danza millonaria. Aseguran que en región Oriente se habrían posesionado de asociaciones e instituto deportivo.
- Daniel Morales
EL DESTINO DE SERGIO SE FORJÓ EN CADIVI. Al venezolano Sergio Schael lo mataron en diciembre de 2013 por una transacción de bolívares por dólares. Su cuerpo fue hallado con un disparo en el pecho, en plena vía pública. Pero no fue en Caracas ni en ningún otro punto de Venezuela sino en Panamá, a donde van a rebotar buena parte de las transacciones que han burlado el control cambiario impuesto por el gobierno bolivariano desde 2003. Tal vez uno de los primeros indicios de que este no era un asesinato cualquiera quedó olvidado en Miami (Florida, Estados Unidos), en el apartamento de la familia Schael en esa ciudad, destino en el extranjero preferido de los venezolanos que vacacionan o emigran. Sobre la mesita de noche de su cuarto, escritos en una nota autoadhesiva de su puño y letra, Sergio dejó un nombre –el de “Juan Carlos Moniz”– junto a un monto de “$ 625.000”. También una dirección: “Av. 8va sur. Calle 56. Torre Paitilla - Oficina 15-02”. Fue en esa misma dirección donde desapareció. Esos datos corresponden a la oficina de Invertrade Asset Management S.A., el lugar en Panamá donde, según las pesquisas, pudo ocurrir el secuestro y asesinato de Sergio Schael Medina. También dejó apuntado el nombre de uno de los socios venezolanos de la empresa que ha aparecido en las investigaciones que las autoridades panameñas adelantaron sobre el crimen. Hay, sin embargo, una incongruencia, y gruesa, entre el Post-It de Miami y el expediente judicial en Panamá: según los detectives panameños, Schael acudió a la capital del istmo a cobrar a Moniz una deuda por 40.000 dólares, un monto muy inferior a los 625.000 dólares que aparecieron anotados en el manuscrito. El resto fue noticia y ya es historia: Schael llegó a la cita a las 3:46 de la tarde, según la grabación de las cámaras del edificio, y no se le volvió a ver hasta la madrugada del día siguiente, pero entonces muerto, con hematomas en el rostro a un costado en la avenida Juan Pablo II, en la periferia de Ciudad de Panamá. “Buscan a asesino de joven venezolano”, titulaba el diario Crítica de Panamá el 10 de febrero del año pasado. “Sicarios mataron a nieto de expresidente”, agregó El Siglo en su edición del 19 de junio de 2014, tras advertir que la víctima era –paradojas de la vida– uno de los nietos del general Isaías Medina Angarita, presidente progresista, a quien la historia de Venezuela reconoce como arte y parte de una transición que enrumbó al país hacia la modernidad tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935, al final de un régimen de 27 años. Lo que entonces no podían advertir reporteros y medios era que algunos cabos sueltos amarran el caso a la trama de negocios furtivos que derivan del mercado negro de divisas en Venezuela. Juan Carlos Moniz y su socio, Luis Adolfo Román Fermín, ambos jóvenes empresarios venezolanos, y señalados por la Fiscalía Cuarta de Panamá como partícipes del crimen, se conectan con esa madeja. A pesar de los indicios en su contra y de una orden de captura que se giró contra Román Fermín, evadieron a la justicia desde el mismo día del asesinato. El caso ha quedado en un limbo y lo peor es que, en esta historia solo mataron al mensajero.
CORREOS EN LA WEB. En la computadora de Sergio Schael quedaron registrados varios correos que dan cuenta de operaciones con empresas que figuran en la llamada lista Cadivi, una relación que en sus momentos postreros publicó la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) antes de su disolución y reemplazo, en 2014, por el Centro Nacional de Comercio (Cencoex). Allí, en esa lista, aparecen las referencias de las personas jurídicas y naturales que fueron beneficiadas con dólares preferenciales del Estado. A las 4:26 minutos de la tarde del lunes 28 de mayo de 2012 –año y medio antes del asesinato– Schael recibió un correo electrónico en el buzón de su cuenta, sergio_schael@hotmail.com. El remitente era el venezolano Carlos Mendoza, que le giraba instrucciones desde Miami –con copia al correo efrain2005@hotmail.com de su socio Efraín Betancourt– sobre las operaciones de Medhealth y otras empresas que, de acuerdo con la Lista Cadivi, recibieron dólares del Estado para importar equipos médicos a la tasa preferencial de entonces: 4,30 bolívares por dólar. Así consta ante la justicia panameña a través de unas copias que quedaron archivadas en el expediente del caso que reposa en la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial. “Sergio, en la parte de abajo podrás ver la comunicación entre Roger y la gente de Banesco”, le dijo. “De igual forma Roger está en contacto con Antonio en Venezuela. Gracias, Carlos”. “Debió ser una de las tantas transacciones de cambio de divisas”. No era más que eso: una simple compra-venta de dólares, según cuenta por vía telefónica Antonio Stefani, compadre de Schael Medina y el mismo “Antonio” que aparece en el intercambio de correos con la dirección antoniors84@gmail.com. Prefiere, sin embargo, pasar de largo: primero porque, dice, no recuerda “cada correo” y, en segundo lugar, porque asegura que se había distanciado de su amigo antes de que fuera asesinado en el exterior. Más de una vez, explica, vendieron dólares en el mercado negro. No recuerda cuáles de las transferencias quedaron en el computador de su amigo. Pero eso fue en 2012. Luego le perdió la pista, concluye, apurado por finalizar la conversación. El asesinato ocurrió año y medio después de esa transacción. Y solo un mes más tarde de la muerte de Schael, cuando ya corría el mes de enero de 2014, en las cortes del condado de Miami-Dade, en el sur de Florida, apareció una demanda por estafa contra los mismos personajes, las mismas empresas y el mismo caso que quedó guardado en los correos de la computadora personal de la víctima. Sino de varios, Sergio Schael debió ser el cobrador de al menos este caso.
ESCALA EN PANAMÁ. Sergio Andrés Schael Medina nació en Caracas en 1980. Estudió para ser chef de cuisine en Inglaterra; se ganó la vida alquilando una mezcladora a algunas empresas constructoras de Venezuela y, por un tiempo, probó suerte en Miami en los fogones del restaurante La Barceloneta. Con 33 años, por fin había resuelto volver a Caracas, para reunirse con su esposa e hijo, luego de lo que debió ser una escala de escasos siete días en Panamá. Era fuerte, inspiraba respeto. Cultivaba su cuerpo mediante la disciplina diaria del gimnasio. Pero más allá de eso, en su casa lo recuerdan antes que nada como un muchacho colaborador y fraternal. Buen hijo. Eso sí, reservado a la hora de hablar de su vida, previene su papá, Alfredo Schael, quien lleva un trecho recorrido clamando justicia en los vericuetos de los tribunales de Panamá y Venezuela. Algo ya debía estar mal el día en que Sergio Schael tocó la puerta del apartamento de Juan Carlos Moniz para reclamar el pago de una deuda. Así consta en el expediente judicial mediante el testimonio que rindió el venezolano Jean Carlos Amaro, el primero en advertir al día siguiente sobre la desaparición de Sergio. Amaro viajó de Caracas a Ciudad de Panamá atendiendo el llamado de Schael para que lo acompañara en la tarea de cobrar una deuda que, de acuerdo con su testimonio, sumaba 40.000 dólares. Fue así como el 10 de diciembre de 2013 tocaron juntos la puerta del apartamento que Juan Carlos Moniz tenía en el edificio OasisTower de la capital panameña. Allí entendió que esta historia se estaba saliendo de control. No fue Moniz el que salió sino su socio, Luis Román Fermín, sobre quien pesa una orden de captura para que explique ya no ese encuentro sino el segundo: la reunión en la que, al día siguiente, vio a Sergio Schael con vida. Según el relato de Amaro, Román pasó el teléfono a Sergio para que acordara directamente con la persona que estaba buscando, y así se conocieron en una acalorada conversación telefónica que adquirió visos de violencia. Sergio exigía los dólares. En respuesta le dijeron que al día siguiente recibiría el comprobante de pago de la deuda en el local 15-02 del edificio Paitilla Office Tower, sede de la empresa Invertrade Asset Management, cuyos accionistas también tenían una casa de corretaje en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de Caracas y en la que Moniz y Román despacharon hasta el mismo día del crimen. JUICIO EN MIAMI. ¿Cuál era realmente la tarea de Sergio en Panamá? Es una pregunta que no alcanzó a responder Carlos Mendoza, el mismo que en mayo de 2012 envió desde la dirección cemendozah@gmail.com –a Sergio y otros– la constancia de una transferencia de 1,4 millones de bolívares fuertes desde la cuenta bancaria de Medhealth a Urbapharma, dos de las empresas que de acuerdo con la llamada Lista Cadivi, consiguieron dólares a precios preferenciales para importar equipos médicos. Aunque atendió el teléfono, Mendoza prefirió despachar la llamada cuando le preguntaron por Sergio para este reportaje. Ni siquiera su abogado, Menachem Mayberg, respondió luego a un cuestionario que pedía luces sobre el tema. Solo indicó que todavía estaba intentando entender de qué se trataba todo esto y que, debido a ello, no es posible conversar con sus clientes sobre este tema "por el momento". Mayberg, de cualquier forma, tiene que conocer algunos de los enredos que han derivado del control cambiario y los conoce de primera mano porque sus clientes –el mismo Carlos Mendoza que escribió a Sergio Schael un correo y Efraín Betancourt, quien aparecía en copia– fueron demandados en enero de 2014, justo un mes después del asesinato en Panamá, por 12 personas naturales y jurídicas que reclaman en Estados Unidos una estafa derivada de transacciones cambiarias de Medhealth y de las diversas empresas que figuran, otra vez, en los correos del asesinado. La demanda reposa en el Circuito judicial 11 del condado de Miami-Dade en contra de la empresa Yupi Holding, propiedad de Mendoza y Betancourt, a la que una docena de venezolanos residenciados en Miami reclaman 8,5 millones de dólares equivalentes, en el mercado paralelo de entonces, a más de 78 millones de bolívares que entregaron para financiar la importación que ante Cadivi tramitó una de las empresas relacionadas con Medhealth. Se trata de la firma Inversiones Maxx 0712, cuyo expediente público está “extraviado” en el Registro Mercantil V de Caracas. Las transacciones que eran objeto de la demanda corresponden con una de las tantas modalidades que ha adquirido en Venezuela el negocio de comprar dinero con descuento. A falta de libertades económicas, el control cambiario ha sofisticado distintos mecanismos que dinamizan la economía a través de prestamistas que reciben dólares a tasas favorables, a cambio de bolívares para financiar importaciones. Se trata de un secreto a voces del que no hablan las autoridades venezolanas, pero que finalmente ha quedado registrado en las cortes de la Florida a consecuencia de unos fondos que se perdieron en el camino. “La transacción fue promovida por los acusados tanto como una operación de financiamiento como un cambio de divisas simple de bajo riesgo”, esgrimieron los afectados en su denuncia. “Los demandantes, que estaban deseosos de transferir fondos desde sus cuentas bancarias de Venezuela a los Estados Unidos en dólares, vieron la transacción como una oportunidad para obtener dólares a la tasa de cambio oficial a través de Cadivi, que es mucho más baja que la tasa de cambio disponible en el mercado abierto", añaden en la misma demanda a través del abogado Alexander F. Fox. Fue y sigue siendo así como muchos venezolanos residenciados dentro y fuera del país han figurado como propiciadores, y a veces víctimas, de una suerte de estafa piramidal. De eso da testimonio Álvaro Fernaud, un venezolano residenciado en Miami que llegó a denunciarlo por Twitter. “Estafa millonaria a Cadivi”, lamentó el 26 de marzo de 2014. Fernaud es uno de los muchos que entregaron dinero a quienes, a su vez, ahora demandan 8,5 millones de dólares en Miami a Mendoza y Betancourt. Se trata de una cadena, no precisamente de favores. “Al mes ya los clientes empezaron a sentirse incómodos y por eso yo pedí de vuelta los bolívares, pero nunca me los devolvieron”, cuenta vía telefónica desde Florida. “Me dijeron que esto era un negocio y que no podíamos deshacerlo hasta que Cadivi liquidara las divisas”. Ahora Fernaud pone en duda hasta que las mismas importaciones que servían de excusa a todo el tinglado siquiera llegaron a tener lugar.
RUINA EN CARACAS. Desde Miami, Mendoza se ha eximido de toda responsabilidad. Durante el proceso se declaró como otra víctima afectada por la importadora venezolana a la que transfirió los bolívares de sus clientes. Como coartada, adujo que en aquella época tuvo problemas con el servidor de correo electrónico, desde el que se enviaron varios de los mensajes. Pero en Caracas el cuento es otro: Roger Quaranta, el dueño de la empresa Inversiones Maxx 0712 y de Medhealth –que también figura en los correos enviados a Sergio– dice que fueron Mendoza y Betancourt los que desaparecieron el dinero. De acuerdo a su versión, ambos llegaron a su oficina, ofreciéndole importar a través de su empresa, y así comenzó esta historia. “Yo les dije: perfecto, yo tengo mi compañía con Rusad (Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas, una base de datos oficial de importadores venezolanos); les voy a cobrar tantos bolívares por dólar por las solicitudes que les coloque y puedo importarles lo que quieran”. Quaranta salva su responsabilidad ahora que el dinero se perdió en el camino, y lo hace sobre la base de una serie de correos electrónicos en los que Mendoza le pidió por escrito mover el dinero. “No sé quién es Sergio Schael pero estos nuevos correos pueden ser una prueba en Estados Unidos, porque ellos decían que les habían hackeado sus mails en enero de 2012”, cuenta. “Si tú tienes un correo dirigido a un tal Sergio, que no sé quién es, significa que ellos sí estaban usando ese correo”. Ya no es primicia advertir que el mercado negro de divisas es una de las industrias más sólidas de la Venezuela actual. Grandes fortunas se han amasado, o han crecido, bajo el alero de ese negocio furtivo. Pero esas fortunas son producto de una miríada de transacciones. De juzgado en juzgado, por todo el mundo van apareciendo ejemplos de la ruina –incluso moral– de una economía paralela en la que hay gestores, prestamistas y cobradores, tanto ganadores como perdedores. En los corrillos de la justicia venezolana advierten que algunos de los estafados recobraron el dinero que habían empeñado, a espaldas del caso que en Venezuela también dirime el Ministerio Público. Mientras eso ocurre, ni en Panamá ni en ninguna otra parte hay justicia por el homicidio de Sergio Schael, el venezolano de 33 años cuya vida sacrificaron hace año y medio por una transacción de bolívares por dólares.
- Con información de Joseph Poliszuk / Katherine Pennacchio - http://www.armando.info
CITGO MULTADA POR EPA POR EMISIONES EN CORPUS CHRISTI. Citgo pagará una multa civil de $ 360.000 luego de un acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) debido a violaciones encontradas en 2012 en el control de emisiones de la planta química de Corpus Christi, Texas. Una inspección de la EPA no anunciada en 2012 mostró violaciones operativas y de formación, según la EPA. Según el acuerdo anunciado, Citgo se ocupará de las violaciones y también proporcionará más de 117,000 dólares en equipos para el Corpus Christi Departamento de Bomberos para detectar e identificar las fugas químicas sospechosas. Además de corregir violaciones y el pago de una multa civil, la compañía proporcionará al departamento local de bomberos equipos para ayudar a mejorar su respuesta a las emisiones de sustancias químicas. "Mantener a las comunidades y los trabajadores de seguridad es la máxima prioridad para el programa de cumplimiento de la EPA," dijo Ron Curry, administrador regional de la EPA. "Las empresas tienen que rendir cuentas cuando violan estas normas importantes". El acuerdo sigue a una inspección sin previo aviso por parte del personal de aplicación de la EPA en junio de 2012, que actuó en un consejo de la Junta de Seguridad Química. Los inspectores encontraron violaciones en una gama de áreas, incluyendo equipos y controles, operación y procedimientos de auditoría, y la formación inicial y permanente. El acuerdo, alcanzado a pesar del proceso de resolución alternativa de conflictos de la EPA, requiere que Citgo aborde y corrija cada violación. La compañía también pagará una multa civil de $ 360.000. El acuerdo también incluía una suplementaria en beneficio de la comunidad de Corpus Christi. Citgo proporcionará más de $ 117,000 en equipo para el Corpus Christi Departamento de Bomberos para ayudar rápidamente a detectar e identificar fugas químicas sospechosas. Este es un recurso especialmente valioso para una comunidad como la de Corpus Christi, que tiene un alto número de químicos e instalaciones industriales, de acuerdo con funcionarios de la EPA. – Con información de http://www.argusmedia.com - http://www.hydrocarbonprocessing.com
CITGO PAYS EPA FINE FOR CORPUS CHRISTI EMISSIONS. Citgo will pay a $360,000 civil penalty under an agreement with the US Environmental Protection Agency (EPA) for 2012 emissions and equipment and controls violations at its Corpus Christi, Texas chemical plant. An unannounced EPA inspection in 2012 showed operating and training violations, according to the EPA. Under the agreement announced, Citgo will address the violations and also provide more than $117,000 in equipment to the Corpus Christi Fire Department to detect and identify suspected chemical leaks. In addition to correcting violations and paying a civil penalty, the company will provide the local fire department with equipment to help improve their response to chemical releases. “Keeping communities and workers safe is the highest priority for EPA’s enforcement program,” said Ron Curry, the EPA's regional administrator. “Companies have to be held accountable when they violate these important regulations.” The agreement follows an unannounced inspection by EPA enforcement staff in June 2012, who acted on a tip from the Chemical Safety Board. The inspectors found violations in a range of areas, including equipment and controls, operation and auditing procedures, and initial and ongoing training. The agreement, achieved though EPA’s alternative dispute resolution process, requires Citgo to address and correct each violation. The company will also pay a civil penalty of $360,000. The agreement also included a supplemental environmental project, or SEP, to benefit the Corpus Christi community. Citgo will provide over $117,000 in equipment to the Corpus Christi Fire Department to help quickly detect and identify suspected chemical leaks. This is an especially valuable resource for a community such as Corpus Christi, which has a high number of chemical and industrial facilities, according to EPA officials. – With information from http://www.argusmedia.com - http://www.hydrocarbonprocessing.com |
FINANCIAMIENTO. De un lector: El empresario G. Rondón según parece tiene mucha relación con el financiamiento de algunos dirigentes de PJ.
– Carlos Bolívar
POLICÍA MARÍTIMA. Los funcionarios de la policía marítima adscrita al INEA Y MPPTAA no aparecen en ninguna ley, no la tienen, pero piden que la Asamblea Nacional se aboque a solventar la problemática, debido a que cuando se trata de ajustes de sueldos, homologaciones, bonos por decretos presidenciales o no y jubilaciones especiales no se les toma en cuenta al carecer de la respectiva ley. En ese sentido un grupo de ellos pide que los legisladores hagan justicia, puesto que su sueldo les resulta insuficiente. Los orígenes del Servicio de Policía Marítima en Venezuela datan de 1909, cuando el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela, General Juan Vicente Gómez, crea el Cuerpo de Policía Sanitaria Marítima con el fin de impedir la transmisión e importación de plagas y enfermedades infecciosas que podrían ser transmitidas a través de los buques.
ENCOMIENDAS. Usuarios reportan extravíos de paquetes de la empresa de encomiendas internacionales Cantabria, tras seis meses de espera en los que se les informaba que estaban en atraso aduanal y que había numerosos paquetes con el mismo problema. Rechazan que se les resarza en bolívares, pese a que las encomiendas contengan artículos que compraron en divisas.
ESTAFAS. De un lector: Numerosas denuncias por presuntas estafas engrosan desde meses atrás una extensa lista contra el ciudadano Freddy Antonio Diaz. Los denunciantes son personas que han realizado depósitos de altas cantidades de dinero en cuentas del BNC y otros bancos a cambio de supuestos cupos de empleo en Pdvsa que nunca les asignan.
POLIANZOÁTEGUI. Funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui piden que el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (VISIPOL) inicie una supervisión a esa institución, como se anunció que la haría a otros 10 cuerpos de policía estadales. Aseguran que existen irregularidades operativas y administrativas suficientes que deben ser enmendadas. En otro orden de ideas, ciudadanos denuncian que efectivos de Polianzoátegui civiles y uniformados continúan apostados permanentemente a las puertas de panaderías y locales comerciales cual si se tratasen de vigilantes privados. Indican que para ello algunos comerciantes pagarían una remuneración a ciertos funcionarios de alta jerarquía.
“MATRACA” POLICIAL EN ANZOÁTEGUI. De un lector: La matraca policial en el estado Anzoátegui no distingue el color de los uniformes, ya sea la camisa verde, azul o marrón y los ciudadanos choferes de vehículos de dos o cuatro ruedas. Los llamados “puntos de control” instalados a conveniencia de los oficiales y que para controlar la delincuencia han creado otro problema, al convertirse en “puntos de matraca”. Nadie recuerda que los estudios estadísticos han determinado que las alcabalas esporádicas contribuyen muy poco o en nada a disminuir el índice delictivo y que los esfuerzos deben ser hacia el patrullaje constante. La peor parte la llevan los choferes de dos ruedas, automáticamente convertidos en “delincuentes” a la vista de los policías, con esa especie de cultura idealizada en algunas mentes de que “¡si es motorizado, es malandro!”, donde echan en el mismo saco a justos y pecadores. Otro problema surgido y que no es aún bien contemplado, es que las restricciones y ensañamiento policial hacia los choferes de dos ruedas, que complacen a muchos choferes de automóviles, perjudican también a los choferes de cuatro ruedas, ya que muchas bandas organizadas están prefiriendo robar carros que motocicletas para utilizarlos en cometer fechorías, porque en los puntos de control los policías les prestan menos atención a los automóviles.
– Juan Montilla
ELECCIONES DE ASOVILLAS. Los resultados de las elecciones de la junta vecinal del conjunto habitacional Las Villas de Lechería han provocado la inconformidad de distintos vecinos, quienes pese a aseveraciones que desestiman ello, asegurarían que la junta directiva anterior y la actual son prácticamente la misma. De acuerdo a una fuente informada, la plancha derrotada ha insistido en auditar las obras de acondicionamiento del conjunto habitacional realizadas por la anterior junta directiva de Asovillas, pues presumen irregularidades. Sobre la propuesta de reconteo de votos, la fuente aseguró que podría permitirse la revisión de las boletas de votación, aunque opina que la junta anterior podría ganar tiempo para tratar de corregir fallas contables.
TRAGEDIA MARÍTIMA. De un lector: Años atrás un gerente de la empresa brasileña Odebrecht, supuestamente bajo los efectos del alcohol, embistió a una pequeña lancha y mató a varios pasajeros y vacacionistas en Puerto La Cruz cuando regresaban a tierra firme tras visitar las islas del parque nacional Mochima. Al final de la historia el gerente brasileño, quien tenía una vivienda de lujo, quedó en libertad y el humilde tripulante de la lancha fue condenado por las muertes y encarcelado en las celdas de la policía municipal de Lechería. El ex fiscal y abogado V. Marín condujo la defensa del gerente de Odebrecht. Quienes debían administrar justicia, mirando la chequera del gerente, lo convirtieron en víctima y dejaron en libertad.
- Miguel Camacho
TERCERIZACIÓN TRIBUTARIAS EN ALCALDÍAS DE ANZOÁTEGUI. De un lector: Algunas alcaldías del estado Anzoátegui han tercerizado la recaudación de los impuestos municipales, en contra de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En Anaco y Barcelona hay funcionarios obviando esta ley. Los casos más dantescos son en los que contratan a empresas que pertenecen a allegados o socios de funcionarios del poder local. Las instancias correspondientes deberían pronunciarse al respecto.
- Jesús Alvarado
(ECUADOR) OPINIÓN: PAREMOS EL ACOSO TELEFÓNICO. ¿Cómo es posible que un desconocido con quien no hay relación alguna, llame a su celular, al de su cónyuge y al teléfono de su casa o lugar de trabajo para literalmente obligarlo a “oír” de un producto que usted no ha solicitado? Este acoso comercial parece tan normal e impune a las regulaciones, haciendo notar que en nuestro país no existe una figura legal explícita que lo sancione por promover la violación de datos y a la intimidad; pues es evidente que ilegal y descaradamente ciertos agentes comerciales venden y triangulan sus bases de datos de clientes en provecho de terceros. Es hora de parar este abuso. Niéguese tajantemente a responder llamadas invasivas. Pida asesoría gratuita a la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios o la Defensoría del Pueblo y su Dirección del Consumidor y Usuario. No obstante que estos casos, podrían configuran delitos de violación a la Intimidad y de revelación ilegal de base de datos. El Código Integral Penal los castiga. El artículo 178 del COIP sanciona con prisión a la persona que sin contar con consentimiento o autorización legal difunda datos personales contenidos en soportes informáticos, mientras que el articulo 229 deja claro que la persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad. Hay países que ponderan la capacidad empleadora de los Call Center y dan una exagerada apertura a sus operaciones, pero el derecho al empleo de quienes son reclutados para esta actividad no significa que los demás sean hartados en sus hogares sin respetar hora ni día, incluso por legítimos acreedores. En España el Citibank fue obligado a indemnizar a un cliente que recibía llamadas diarias al trabajo, al móvil personal y a su vivienda. Debe exigirse una Ley que sancione el asedio telefónico que afecta moral y emocionalmente a la persona.
- Gonzalo Pisco Sánchez - http://www.cre.com.ec
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