La carta de Sindoni señalaba:
| Empresas Sindoni sigue a la espera de justicia Resulta deplorable la lentitud en dar respuesta al exhorto que hiciera la Asamblea Nacional, mediante la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad, hace más de un año y siete meses, en cuyas conclusiones se solicitaba a los órganos jurisdiccionales declarar las responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias por la presunta perpetración de los delitos de extorsión, corrupción, fraude procesal y terrorismo judicial en Aragua en perjuicio de Empresas Sindoni. Siempre confiando en el país y en su Poder Judicial, seguimos esperando por una sentencia justa contra los responsables que perpetraron los delitos de extorsión, corrupción, fraude procesal y terrorismo judicial en Aragua en perjuicio de Empresas Sindoni. No obstante, esta justicia aún no llega, por lo que es oportuno refrescar, para nuestro colectivo y lectores, el caso. Como se recordará, luego de una exhaustiva investigación que se inició con motivo de la solicitud realizada por el Embajador de la República de Italia en Venezuela, Luigi Macotta, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional concluyó que en los casos que se sustanciaron en algunos tribunales civiles y penales del estado Aragua a partir del 3 de junio de 2009, en contra de los propietarios y directivos de las sociedades Promociones Telemaracay, C.A. y Promociones Las Américas, C.A., se presumen la perpetración de los delitos de extorsión, corrupción, fraude procesal, terrorismo judicial y tráfico de influencia en perjuicio de Empresas Sindoni, por parte de particulares, funcionarios judiciales, del Ministerio Público, policiales y notariales. Igualmente, el informe emanado de la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, el cual fue aprobado por 8 de los 9 miembros de la misma, solicita a los organismos e instituciones que ejercen el Poder Público Nacional en funciones judiciales, ejecutivas y ciudadanas, específicamente al Tribunal Supremo de Justicia, Inspectoría de Tribunales, Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, a la Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), antigua DISIP, realicen las investigaciones a que haya lugar para determinar las responsabilidades civiles, penales, administrativas o disciplinarias y aplicar las sanciones correspondientes a los funcionarios y particulares, responsables de los delitos enumerados en la conclusión anterior y para cuya ejecución actuaron en forma conjunta violando las normas legales y principios de aplicación del derecho, a fin de obtener beneficios materiales con agravio de sus legítimos dueños. Es válido recordar que a partir del 3 de junio de 2009, las Empresas Sindoni, sus accionistas y directivos fueron objeto de brutales persecuciones judiciales, como consecuencia de acciones civiles y penales temerarias e infundadas interpuestas por socios minoritarios, tanto de las compañías Promociones Las Américas C.A y Promociones Telemaracay C.A., cuya única motivación en sus actuaciones fue procurarse para sí con la anuencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del estado Aragua, conjuntamente con los Juzgados Cuarto y Séptimo en funciones de Control Penal de la misma jurisdicción, un inmoral e inexistente provecho económico en perjuicio de la sociedad mercantil misma, de los demás accionistas minoritarios y mayoritarios y por ende en contra de sus trabajadores y colectivo a quienes les fueron violentados sus derechos y fueron expuestos al escarnio público. Durante el desarrollo de todos aquellos ilegales eventos, las Empresas Sindoni siempre con absoluta claridad denunció públicamente que estábamos siendo víctimas de persecuciones e injusticias, pero que nos manteníamos rodilla en tierra y con la frente en alto en defensa de nuestros derechos, pues nuestra administración y actuaciones siempre han estado apegadas a la legalidad, transparencia y eficiencia, en beneficio de la comunidad aragüeña. En el informe mencionado, se hizo una valoración exhaustiva de las actuaciones llevadas a cabo por instancias judiciales del estado Aragua como: El Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, según expediente Nº 40985 cuyo Juez era Samil López Correa; el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Girardot y Mario Briceño Iragorry, el Juez Cuarto de Primera Instancia en funciones de Control de Circuito Judicial Penal, a cargo de la Dra. Zomalia Gutiérrez de Bejarano, según causa Nº 4C-15454-09; el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en funciones de Control del estado Aragua, cuyo juez es la Dra. Miroslava Goitía, en la causa Nº 7CS-746-094; la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del estado Aragua, a cargo de la abogado Evelisse Loaiza; la Fiscalía Nº 52 del Ministerio Público con competencia plena a Nivel Nacional, dirigida por el abogado Orlando Villamizar; y se estableció que los hechos se inician mediante demanda de nulidad de Asamblea de Accionistas de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, intentada por el abogado Moisés Rendón, en representación de Inversiones Rendón C.A, ante el Tribunal a cargo del abogado Samil López Correa, quien con inusitada y sospechosa rapidez, no propia de la forma de trabajo del tribunal a su cargo, el mismo día, tramitó el recibo, entrada y admisión de la demanda y ordenó la apertura de los Cuadernos de Medidas, procediendo en la misma fecha a dictar medidas como: Prohibición de realización de Asambleas de Accionistas; prohibición a la demandada de realizar Actos de Administración y Disposición; procedió a nombrar a los ciudadanos José Luis Santoro y Moisés Rendón Oropeza (demandante), como Directores Administrativo y de Operaciones, respectivamente, otorgándoles en contra de la jurisprudencia pacífica que rige la Administración de la Empresa Promociones Telemaracay C.A, sin haber esperado que los mencionados ciudadanos hubiesen aceptado el cargo y juramentarlos, tal como lo establecen las normas al respecto para los auxiliares de justicia, nombra al ciudadano Julio César Castellano Otero, como Comisario Ad-hoc, y quien luego aparece como denunciante ante la Fiscalía Superior del estado Aragua, sin haber informado siquiera de los hechos de sus actuaciones al Juez Samil López Correa, quien lo nombra en el cargo, todo lo cual se puede verificar en los respectivos expedientes del caso. Luego el Juez Ejecutor, en un lapso de 2 horas recibió la Comisión, la Admitió y ejecutó, a solicitud del abogado Moisés Rendón Oropeza, a fin de entregarles la administración de la empresa a los auxiliares Ad-hoc, ya nombrados. Continuó este proceso a todas luces viciado y parcializado, con la denuncia de Julio César Castellano Otero, tramitada por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público a cargo de la ya nombrada abogada Evelise Loaiza, quien solicitó órdenes de allanamiento de las diferentes empresas Promociones Las Américas, Promociones Telemaracay, El Aragüeño, Pastas Sindoni, etc., y las respectivas prohibiciones de salida del país contra los ejecutivos de estas empresas, todo autorizado por la abogada Miroslava Goitía, Juez Séptimo de Control del estado Aragua. A la vez y en forma paralela, también se denunció por ante la Fiscalía 52 del Ministerio Público con competencia Plena a Nivel Nacional, siendo tramitadas por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en función de Control del estado Aragua a cargo de la abogada Zomalia Gutiérrez de Bejarano, iguales medidas de allanamientos y prohibiciones de salidas del país en contra de las Empresas Sindoni, sus accionistas y directivos, debiendo significar que todas estas medidas fueron solicitadas y acordadas sin haberse oído al grupo de accionistas y directivos de las Empresas Sindoni, es decir, a sus espaldas, en clara violación y desobediencia a la Constitución y la ley. De las actuaciones realizadas concluyen los Diputados de la ya tantas veces nombrada Comisión, en la ejecución de los siguientes hechos irregulares: Admisión de demandas por hechos prescritos según el Código de Comercio y de la Ley de Registro; violación en el nombramiento de Administradores diferentes a los nombrados por la Asamblea de Accionistas; desconocimiento de la Ley o en su defecto parcialización hacia los actores al acordar todo lo solicitado a pesar de ser contrario a derecho, lo cual se comprueba con la celeridad con que se hicieron todas las actuaciones, haber homologado Asambleas, a pesar de existir prohibición judicial de realizar las mismas, todo esto en materia Civil. En cuanto a la materia penal, haber dictado todos los Tribunales de Control, a solicitud de los fiscales actuantes, sobreseimiento de las causas en supuestos delitos de orden público sin haber realizado las averiguaciones correspondientes y otra casualidad todas dictadas en la misma fecha, a pesar de basarse en unas transacciones realizadas en fecha posterior al sobreseimiento, siendo esta la razón por la cual la Comisión cataloga a los Jueces de pitonisos. Por último, las declaraciones de la Notario para ese momento Greymar D’Armas Dugarte donde explica todas las irregularidades cometidas en la tramitación de los documentos, a fin de poder crear una especie de fabricación de pruebas para los hechos cometidos posteriormente, lo cual se anexa al expediente. De acuerdo a las mismas investigaciones, los grandes beneficiarios de toda esta inusual celeridad procesal poco vista en la historia del quehacer judicial nacional, resultaron ser los ciudadanos Rafael Rodríguez Rendón y Moisés Rendón Oropeza, a quienes les fueron transferidos la propiedad de un conjunto de bienes inmuebles, muebles (dinero), en razón de los argumentos ya definidos en las conclusiones de la Comisión, informe que fue remitido al Tribunal Supremo de Justicia, Inspectoría General de Tribunales, Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia, Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República, y Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a la espera de que se dé apertura a las averiguaciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias por la presunta perpetración de los delitos de extorsión, corrupción, fraude procesal y terrorismo judicial en Aragua en perjuicio de Empresas Sindoni, sus accionistas y directivos. Vale destacar que la Notario Público Greymar D’Armas Dugarte y el Juez Samil López Correa, fueron destituidos de la Dirección de Registros y Notarias del Ministerio del Poder Popular de Interior y Justicia y el Poder Judicial, respectivamente, en el caso de este último en el primer trimestre del año 2010. Para finalizar continuamos esperando por la justicia definitiva, en razón de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Vigésima (20) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, por los graves hechos cometidos en perjuicio del patrimonio de Empresas Sindoni y su cuerpo de accionistas y directivos en los términos que ya fueron expuestos. Giuseppe Sindoni Presidente Empresas Sindoni” Fuente: http://www.elaragueno.com.ve |
| Enlace Relacionado… - (Audio) Víctor Manuel García Hidalgo conversa con Elio Aponte |
CONTROVERSIALES EMPRESARIOS FINANCIEROS. Por: Rafael Medina - Juan Domingo Cordero es un controversial empresario financiero venezolano, socio del igualmente polémico Raúl Gorrín. En enero de 2010 se dieron a conocer copias de varios cheques con los que se evidenciaría que el abogado Raúl Gorrín habría recibido fuertes sumas de dinero. Supuestamente el dinero habría sido entregado por parte de algunos cuestionados banqueros, para la realización de sospechosos negocios. Sobran las palabras ante lo aquí mostrado.
| - Sentencia Judicial |
| PIDEN CONGELAR BIENES DE EMPORIO GROUP. El pasado 08 de enero, Primicias24.com informó: El día 21 de julio del año 2011, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) fueron víctimas de una serie de hechos delictivos, acaecidos en las inmediaciones de dicha casa de estudios, por impedir la realización de un espectáculo musical por parte de la compañía Emporio Group. Según relata Fabio Ancheta Ariza, ex – estudiante de la Escuela de Archivología de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCV, quien se acercó a las instalaciones de Primicias24.com para formular una denuncia en contra de la empresa Emporio Group, este hecho ha quedado impune ante la justicia venezolana. ¿Qué ocurrió el 21 de julio de 2011? Todo comenzó la tarde del día viernes (21 de julio), cuando nos estábamos concentrando en la Avenida Los Estadios de los Chaguaramos con la intención de manifestar nuestro rechazo a un concierto que se iba a realizar en el Estadio Universitario. Se presentaría el grupo español Camila, y la semana siguiente Gilberto Santa Rosa y el Gran Combo de Puerto Rico. Rechazamos la realización de ese evento musical por la siguiente razón: hay un contrato donde se le da una cantidad de dinero a la Fundación UCV, que es la encargada de la administración de todos los ingresos por conceptos de eventos deportivos, musicales y culturales que se realizan en las instalaciones de la universidad. Nuestra principal indignación viene dada porque ninguno de los ingresos que provienen por este tipo de eventos, y a su vez, por concepto de publicidades y boletería son destinados a la reparación de la infraestructura de aulas, locales, canchas deportivas, e incluso, becas para estudiantes de escasos recursos procedentes del interior del país. Y, en segundo lugar, estamos en un proceso progresivo de mercantilización y comercialización de los espacios de la universidad, como lo son: el comedor, transporte, biblioteca y el resto de los servicios que se le ofrece a los estudiantes. ¿Ante esta situación han tenido respuesta de las autoridades universitarias? La respuesta por parte de las autoridades de la universidad ha sido nula. Las autoridades simplemente han mantenido un silencio sepulcral ante este hecho y han sido bastante solidarias con este tipo de empresas. En un consejo universitario donde se unieron algunos compañeros a manifestar nuestra molestia por esa arbitrariedad, quedo en evidencia el desconocimiento de las necesidades básicas que padece la universidad. Los máximos representantes de esta casa de estudios tienen una gran relación con la Fundación UCV y todos esos ingresos, producto de actividades comerciales, actividades deportivas y espectáculos musicales no son destinados en la refracción o la reparación de algunos locales de la universidad que están en alto grado de deterioro. ¿Dónde termina el dinero recaudado? Lo más impresionante es que la Fundación UCV se audita a sí misma, es un problema que tenemos desde el “Caracas Pop Festival” en el 2001, donde los ingresos calculados, por 3 días de concierto, estarían aproximados a los 5 millardos de bolívares (de los viejos) y 5 millones de bolívares fuertes. Tenemos conocimiento de que se le dio a la Fundación UCV 500 mil bolívares (de los nuevos), 500 millones (de los viejos), por ceder los espacios en donde se efectuarían, en dos semanas, los conciertos de: Camila (sábado 22 de julio), y Gilberto Santa Rosa y el Gran Combo de Puerto Rico (sábado 29 de julio), y además un porcentaje producto de la venta de boletos. Todos esos ingresos los tiene la Fundación UCV, aunque sería irresponsable de mi parte decir a que son destinados ya que manejan las arcas de una forma totalmente invisible y de espaldas a la comunidad universitaria y al pueblo. ¿Cómo se ha llevado el proceso judicial ante los entes del Estado? Como todo hecho penal se inició una investigación, por lo visto, y esto lo decimos con todo el respeto que merece el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los tribunales penales, al parecer quedó engavetada. Nosotros asumimos una querella que está en manos de los compañeros de FundaVíctima, organización que tiene una muy buena reputación defendiendo hechos penales que han querido invisibilizar los tribunales o algunos factores de la impunidad que están inmersos en el proceso revolucionario que vivimos en Venezuela. Tenemos conocimiento de que no se tomaron muchas cartas en el asunto y el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función de Control Penal declaró la nulidad de la querella. Hace dos meses en la Sala de Apelaciones decretaron la nulidad de la decisión tomada en primera instancia, o sea, aparentemente vamos a juicio. ¿Qué decisión esperan que tomen los tribunales? Esta ha sido una lucha muy dura, nosotros desde un principio nos planteábamos ir a la Asamblea Nacional (AN) para que fueran interpelados los dueños de la empresa Emporio Group. Tenemos entendido que Emprio Group es una alianza de varias empresas, es decir, un capital mixto. Nos planteamos hacer un volanteo en las estaciones del metro pero hemos sido amenazados de muerte y evidentemente es por este caso. La Fundación UCV es un monstruo tanto jurídico como económico porque maneja los ingresos provenientes de los juegos de la Selección Venezolana de Fútbol e ingresos por el béisbol profesional con los equipos Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira, entonces, imaginemos con que nos estamos enfrentando. Emporio Group es una empresa muy grande que tiene capital para traer a artistas y agrupaciones como: Chayanne, el Gran Combo de Puerto rico, Willie Colón, Joaquín Cortez, entre otras, es decir, ninguno de los artistas mencionados cobra menos de 200 mil o 300 mil dólares. Nosotros esperamos concretamente es que sean congelados los bienes de la empresa Emporio Group, los bienes inmuebles y sea cerrada la empresa. Fuente: Primicias24.com |
PROYECTOS DEPORTIVOS ORIENTALES. Mensaje de un lector: Deportistas y entrenadores de fútbol al parecer han roto relaciones con ex gobernantes y han hecho acercamientos con nuevos gobernantes orientales para mantenerse dentro de conocidos proyectos deportivos. - Héctor Ojeda
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS EN ANACO. Mensaje de un lector: El gobierno de Anzoátegui debe investigar cómo se realiza la recaudación de impuestos municipales de Anaco y quiénes son los beneficiados. Debe acabar con las irregularidades. - Jesús Alvarado
| VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… |
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