Chávez ignora las órdenes de Interpol

Arturo Cubillas Fontán, de 46 años, supuesto responsable de ETA en Venezuela, presunto organizador de los cursos de explosivos a las FARC en la selva venezolana y funcionario de seguridad en el Gobierno de Hugo Chávez pasea libre por las calles de Caracas.
Cuando se cumplen nueve semanas del auto de la Audiencia Nacional que decretó su prisión provisional y búsqueda y captura internacional, Cubillas continúa sin ser detenido por las autoridades venezolanas pese a que Interpol activó hace 63 días su orden de detención por varios delitos de terrorismo.

La orden de búsqueda y captura de Cubillas aparece desde el pasado día 1 de marzo con índice rojo, detención para extradición, en los ordenadores de los 188 países asociados a Interpol, según han confirmado a EL PAÍS fuentes policiales y judiciales españolas. Interpol es la mayor organización de lucha contra el crimen con sede en Lyon (Francia) y entre sus asociados figura Venezuela. Si el etarra abandonara su refugio venezolano sería detenido en cualquier aeropuerto del planeta. "No lo hace porque Caracas se ha convertido en su territorio más seguro", asegura un mando policial consultado.

La detención de Cubillas que reclama la Audiencia Nacional debería haberse producido el mismo día 1 de marzo que llegó a Caracas la orden de búsqueda y captura internacional tramitada por Interpol y dictada por el juez Eloy Velasco, según señalan fuentes judiciales que destacan la gravedad de las acusaciones: tenencia de explosivos en colaboración con banda terrorista y conspiración para cometer homicidios terroristas.

"En el ámbito policial, la detención debería ser inmediata. Luego ya viene el plano judicial donde se pueden discutir muchas cosas, pero hay una serie de tratados internacionales de colaboración que en este caso obligan a detenerle. Esta situación es anómala", opina un magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este periódico ha intentado en vano recabar la opinión de Jorge Galindo, portavoz del Ministerio del Interior venezolano.

Un informe de localización de la Guardia Civil que figura en la causa facilita todos los detalles necesarios para encontrar al etarra que desde que recaló en Caracas en los años ochenta pasó de los pucheros de la Casa Vasca y los fogones de su restaurante Oker, el nombre de su antiguo comando de ETA, a dirigir la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras en 2005 y la jefatura de seguridad del Instituto Nacional de Tierras (Inte), un organismo chavista que ha confiscado 40.000 fincas supuestamente improductivas. El pasado 15 de marzo, Cubillas seguía en su despacho del Inte en el centro de Caracas, según comprobó un reportero de este diario.

El juez Velasco dictó el auto de procesamiento contra Cubillas y otros 11 miembros de ETA y las FARC el pasado 24 de febrero, una resolución polémica porque aseguró que obran diligencias en el procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA, y en especial en el caso de Arturo Cubillas. Pero hasta el pasado 8 de abril las autoridades de Venezuela no han hecho "acuse de recibo" del auto, según afirma una fuente autorizada del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que asegura que la fase diplomática ha concluido. "Ahora corresponde a las autoridades judiciales de España y Venezuela la colaboración en este caso", añade.

El pasado 18 de marzo, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tarek El Aissami, aseguró haber pedido a Interpol España información de los antecedentes penales y las causas pendientes de Cubillas. Recordó que cuando el etarra llegó a Caracas en 1989 no tenía "antecedentes policiales, judiciales, ni estaba siendo requerido en ninguna parte del mundo". Cubillas adquirió la nacionalidad venezolana gracias a su matrimonio con Goizeder Odriozola, que ha ocupado seis altos cargos en la Administración de Chávez. En la actualidad es directora de la Oficina de Información y Relaciones Públicas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Además, es asesora personal de Elías Jaua, el vicepresidente ejecutivo de la República.

"No tenemos noticia de ninguna detención. De la posición del Gobierno venezolano lo único que sabemos son las declaraciones que en su día hizo su presidente", señalan fuentes de la fiscalía española de la Audiencia Nacional que el 14 de noviembre de 2008 presentó una querella criminal contra Cubillas y otros etarras por sus entrenamientos con explosivos en, al menos, seis campos terroristas de la selva venezolana.

Marino Alvarado, de 50 años, abogado venezolano y amigo de Cubillas, asegura en una conversación telefónica que este continúa en Caracas y que no ha reclamado sus servicios. "Arturo tiene la condición de refugiado político. No se le puede detener ni extraditar porque tiene la nacionalidad venezolana y la Constitución lo prohíbe. El Gobierno tiene el derecho de calificar si los hechos de los que se le acusan son o no delito aquí".

Fuente: JOSÉ MARÍA IRUJO - http://www.elpais.com