Estafa en compra ilegal de divisas también contempla sanciones para víctimas

En Venezuela el control sobre las divisas y la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos convirtieron en un delito la compra y venta de dólares no autorizadas por el Banco Central de Venezuela (BCV). A medida que el Estado cerró el flujo de divisas, los empresarios y particulares se vieron obligados a adquirir la moneda estadounidense en el mercado negro, convirtiéndose así en parte de la red que el Gobierno desea desmantelar para “fortalecer la economía”.

Mariana, de 28 años de edad, licenciada en Administración de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y emprendedora venezolana se vio implicada en una red de delincuencia organizada a finales de diciembre de 2016, cuando presentó a un conocido del trabajo y a una excompañera de deportes de su infancia en Trujillo, de donde ella es oriunda.

“A través de amigos supe que alguien quería comprar dólares y como en el chat del colegio recomendaron a una chama que vendía verdes, los puse en contacto. Antes de presentarlos, pregunté a varios panas si habían hecho negocios con ella y todos dijeron que era seria, pero que no le habían comprado. Yo solo lo conocía porque jugamos voleibol en el colegio”, relató Mariana, quien pidió sustituir su nombre real para no ser identificada.

Con ese favor ella se involucró con la delincuencia organizada, con una larga red de estafadores que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) intenta detener para hacer cumplir la Ley. Incluso, Mariana se vio obligada a cancelar una alta suma de dinero para saldar la deuda.

En Venezuela, cuando se negocia la moneda americana por fuera de la estructura del Estado dispuesta para eso (Cencoex), tanto el comprador como el vendedor violan la Ley y pueden verse involucrados en delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

“Las estafas son un delito en auge. Si se trata de dólares se ven involucrados incautos, aquellos que por ahorrarse tiempo y dinero recurren al mercado ilegal para adquirir divisas y/o a los que juegan con viveza criolla”, indicó el comisario jubilado de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Luis Granados Hutchings, quien actualmente es asesor de seguridad.

Según relata Mariana, ella no conocía directamente a ninguna de las partes, pero supo que el interesado quería adquirir 10.000 dólares. Después de dos semanas de haber hecho el contacto entre la vendedora y el comprador, el último llamó a la intermediaria. “Me contó que la chama de Trujillo le pasó una captura de la transferencia hecha a su banco en el exterior, pero que nunca cayó la plata. Los dólares no se hicieron efectivos y él pagó 30 millones de bolívares por el cambio”, dijo la joven.

La falsificación de esta transacción es uno de los dos modus operandi con las que operan los estafadores, indicaron a Efecto Cocuyo Granados Hutchings y el comisario jubilado del Cicpc, Luis Bustillos Tábata.

“También pueden depositar un cheque forjado y este se ve automáticamente reflejado como saldo diferido en la cuenta de la víctima. Cuando la cámara de compensación del banco revisa la transacción y verifica que el cheque es falso o no tiene fondos, este saldo diferido desaparece; pero la víctima ya ha pagado”, explicó Bustillos Tábata, quien dirigió la División de Delitos Informáticos del Cicpc.

Granados Hutchings detalló que las partes usualmente no se conocen entre sí, sino que son referencias de terceros. “Un estafador envuelve al que quiere comprar por la labia. A veces hasta se hacen un perfil diferente para cada víctima, a unos les dicen que son comerciantes y a otros estudiante, por ejemplo. Se mueven en diferentes círculos sociales para no ser detectados”, explicó.

De víctima a infractor

El caso de Mariana aún no se resuelve. En la última conversación que tuvo Efecto Cocuyo con la joven se conoció que ella tuvo que recurrir a un consultor por temor a ser involucrada en un delito si acudía al Cicpc para denunciar la estafa.

“No sabía qué hacer. No sé qué delitos pueden imputarme, aunque yo no compré nada. ¿Y si el chamo que compró los dólares me denuncia? Yo tengo que responder por esa plata”, expuso Mariana.

Según la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.210, existen tres entes a los que se les puede comprar dólares. En el artículo 11 se establece que podrán ofertar las personas naturales y jurídicas del sector privado, previamente autorizadas por el ministerio que vele por las finanzas del país, la empresa del Estado Petróleos de Venezuela S.A. y el BCV.

Además, la Ley también estipula que se debe informar al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) sobre las operaciones cambiarias que se realicen en el país (artículo 16) y que al que adquiera divisas violando la normativa cambiaria será sancionado con multa equivalente a 10 U.T. por cada dólar involucrado en la transacción, además del reintegro de las divisas al BCV, según lo que establece el artículo 39.

La Ley también precisa que quien promueva de manera directa o indirecta la comisión de ilícitos será sancionado con cuatro años y ochos años de prisión y deberá cancelar una multa equivalente a 10 U.T. por cada dólar (artículo 25).

Mariana en su rol de intermediaria -y por ende promotora de un ilícito cambiario- viola el artículo 25, por lo que en este caso le correspondería pagar 1.770.000 bolívares y según lo determine un juez, de acuerdo con las pruebas recabadas en una investigación penal, pudiese verse tras las rejas por ocho años.

El comisario Granados Hutchings añadió que la joven podría verse involucrada en asociación para delinquir. “Este es el delito que pueden aplicarle a los intermediarios, porque están vinculados a una estafa por incumplimiento de contrato. Pero debe demostrarse el fraude. Si estos a su vez son parte de la mafia, están propensos a ser implicados en legitimación de capitales y lavado de dólares”, explicó.

Granados Hutchings advierte que los ilícitos cambiarios promueven crímenes más graves. “Se han visto casos en los que algunas de las partes resulta víctima de un homicidio. Hay amenazas de muerte, falsificación de documentos, entre otros delitos. Parece inocente, pero en realidad es una red que a los funcionarios del Cicpc se les hace difícil rastrear”, dijo.

La investigación

Efecto Cocuyo contactó al consultor que lleva el caso de Mariana. Éste aseguró que este tipo de fraudes son comunes en su área y que en 2015 atendió a 11 personas que fueron víctimas de estos, ya sea como Mariana como intermediaria, o como compradores. “En 2016 tuve 19 clientes con este problema”, aseguró.

Para hacer el seguimiento de este delito los funcionarios del Cicpc utilizan la tecnología: rastrean llamadas, piden a las entidades bancarias (con una orden judicial) que investigue las cuentas involucradas y que se realice un mapa para saber por donde pasó el dinero. También establecen perfiles del estafador y su círculo de acción.

“La joven que engañó a Mariana y a su allegado está en Estados Unidos actualmente y varias personas la han denunciado en redes sociales. Asegura que ella es una víctima de Mariana y el comprador y asomó que los dólares no los tenía ella, sino que también era una intermediaria como Mariana ”, dijo el consultor.

Éste relató que en estos casos todas las partes mienten a su favor. Luego de varias investigaciones, él determinó que el allegado de Mariana (el comprador) no era el que estaba adquiriendo las divisas, sino un grupo de personas que a su vez eran conocidas del joven.

La cifra negra de este delito es alta, pues la gente teme denunciar y verse detenida. Así lo aseguró una fuente ligada actualmente a la División de Delitos Informáticos, quien dijo que cuando se trata de altas sumas de dinero (más de 100.000 dólares), los agentes toman la denuncia por estafa pero no de dólares sino de otro bien como un carro o inmueble.

“Es un mal necesario, pero la idea es acabar con esa red. La mayoría de veces solo se puede implicar con pruebas a las personas que prestan la cuenta bancaria, son las primeras a las que podemos detener”, aclaró el funcionario.

Para este delito solo hay una recomendación: evitar comprar en el mercado negro. “Entendemos que el acceso de las divisas está obstaculizado por las leyes, pero aquí la única prevención que se puede tener es tener paciencia y adquirir dólares en los entes dispuestos por el Estado. Es un delito y no hay garantías si lo haces de otra forma”, enfatizó Granados Hutchings.

Mariana, para la fecha de publicación de este texto, decidió pagar los 30 millones de bolívares al comprador, cantidad que éste dio al estafador para adquirir los 10.000 dólares. Tal como explicó el comisario jubilado del Disip, la joven se vio acosada por un anónimo a través de mensajes de texto y antes de poner en riesgo su vida, ella prefirió endeudarse con su familia para pagar poco a poco un dinero que nunca tocó. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de Vanessa Moreno Losada - http://efectococuyo.com