Esta es la segunda liquidación que realiza el ente regulador en un año. En octubre de 2015, la Superintendencia también ordenó que se hiciera lo mismo con Seguros Constitución también de capital venezolano luego de detectarse incumplimientos financieros y administrativos.
Se trata de un golpe a la estabilidad y credibilidad de un sector que debería dar tranquilidad a sus clientes. Las operaciones de Seguros Constitución y Seguros Confianza representaban un riesgo para sus usuarios.
En ambos casos, primero se determinó una intervención y cuando no hubo forma de resolver los problemas administrativos, entonces se determinó una liquidación forzosa.
Con respecto a Seguros Confianza, la empresa mantiene un patrimonio neto ajustado de apenas $200 mil 989, cuando el capital exigido por la Ley 12 de 3 de abril de 2012 —que regula la actividad aseguradora en el país— indica que debe ser de $5 millones.
La Superintendencia designó como liquidador de los activos de Seguros Constitución a Gilberto Quintana, quien ejercerá la representación legal, administración y control de la compañía para hacerle frente a los futuros reclamos de los acreedores.
El superintendente de Seguros, José Joaquín Riesen, dijo ayer que los compromisos de la empresa se atenderán en un orden de prelación.
En ese sentido, detalló que primeramente se atenderá el fondo de ahorro y el valor de rescate de las pólizas de vida individual, pensiones, anualidades, rentas y rentas vitalicias.
Estos pagos serán realizados a prorrata en proporción a la cuantía de tales valores desglosados e identificados.
En segundo término se considerarán los siniestros autorizados y no pagados acaecidos antes de la entrada en vigor de la toma de control o de la reorganización, hasta la suma de $10 mil.
Asimismo, tendrán prioridad de atención la prima pagada y no devengada, así como la reserva matemática de las pólizas de vida individual que no fueron consideradas inicialmente; las obligaciones de carácter laboral y aquellas a favor de la Caja de Seguro Social en concepto de cuotas empleado- empleador.
También tendrán prelación las obligaciones de carácter tributario con el Tesoro Nacional o los municipios, así como tasas por servicios públicos que preste el Estado, entre otras obligaciones que se puedan encontrar.
El liquidador designado tiene un plazo de entre 60 y 90 días para rendir su informe, el cual debe incluir todos los bienes de la compañía.
Riesen informó que se llamará a los afectados para que presenten reclamos en orden de prelación.
“Una vez cumplido ese plazo e identificados todos los activos y obligaciones, se inicia otra etapa dentro del proceso de liquidación, que sería el manejo de los reclamos que se vayan presentado”, argumentó el superintendente.
Se estima que solo la primera etapa puede durar cerca de cinco meses, mientras que el proceso podría extenderse hasta un año.
Al cierre de diciembre de 2015, la compañía contaba con 37 mil 417 pólizas; las cuales crecieron hasta 64 mil 528 a julio de este año.
El ramo de automóvil era su fuerte, y en el último año pasó de 36 mil 960 a 62 mil 52 pólizas, con una prima de $2.8 millones.
Seguros Confianza también atendía accidentes personales, colectivos de vida, incendio, transporte de carga, ramos técnicos y riesgos diversos.
En el informe final de Quintana —quien había sido designado como administrador interino luego que la Superintendencia asumió el control administrativo y operativo de Seguros Confianza— se pudo percatar de discrepancias en los registros de contabilidad y en los balances financieros de la empresa.
Igualmente, deja constancia de que el gerente de esa aseguradora solicitó a la casa de valores traspasar las acciones de California Fixed Income Fund, Inc. por $1.6 millones a la cuenta de uno de los accionistas, afectando las inversiones y el patrimonio de la aseguradora.
Fuente: Con información de Raúl A. Bernal - http://impresa.prensa.com
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