viernes, 27 de mayo de 2016

Ciudadanos en contra del Arco Minero acudirán al TSJ para exigir nulidad del decreto (+Video)

Un grupo de venezolanos que se oponen a la creación del Arco Minero del Orinoco, el cual forma parte del llamado "motor minero", uno de los motores establecidos por el Ejecutivo Nacional como respuesta a la crisis económica, acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para demandar la nulidad del decreto que lo creó.
El grupo de ciudadanos, ante lo que consideran una decisión inconstitucional por parte del Ejecutivo, decidieron unirse con el objetivo de acudir al máximo tribunal de la República, ante su sala Político-Administrativa el próximo martes 31 e interponer una demanda de nulidad del decreto sobre el Arco Minero del Orinoco.

En el presente video, Santiago Arconada leyó a los asistentes a una asamblea efectuada en Caracas, el sábado 21 de mayo, el documento base que se va a introducir en el TSJ, presentamos parte de esa lectura.

Entérese de los antecedentes y los nefastos efectos que produciría en la zona la explotación minera a la que el Gobierno Nacional a través de Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela y vocero de este proyecto ha llamado ambientalmente amigable.

Concluye la lectura Arconada: "De hecho por la vía de un decreto presidencial nos encontramos ante la suspensión de la vigencia de la Constitución del año 1999 en 12% del territorio nacional, esto no puede sino interpretarse como la búsqueda de un doble objetivo, en primer lugar otorgarle garantías a las empresas transnacionales, cuyas inversiones se busca atraer, que podrán operar libremente, sin riesgo de enfrentarse a ninguna resistencia sus actividades, en segundo lugar, conceder a los militares un poder aun mayor dentro de la estructura del estado venezolano. De este modo se decreta la criminalización de las resistencias y luchas antimineras como las que están siendo llevadas a cabo por pueblos indígenas y campesinos, movimientos y organizaciones populares en todo el Continente".

"En síntesis, un Gobierno que se autodenomina como revolucionario y anticapitalista ha decretado la subordinación del país a los intereses de grandes corporaciones transnacionales mineras, un proyecto extractivista, depredador que compromete el futuro del país con previsibles consecuencias etnocidas para los pueblos indígenas"



Fuente: http://www.aporrea.org

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