domingo, 24 de julio de 2022

Conconcreto y Juan Luis Aristizábal aterrizaron en el mercado inmobiliario de EE.UU. flotando sobre el fondo de inversiones Century Asset Managment, mientras cargan con el fantasma de la quiebra y varios escándalos en Colombia

La crisis le reventó al colombiano Juan Luis Aristizábal Velez, el representante de la segunda generación de la familia Aristizábal Correa, hijo de Darío y quien desde el 2000 es el presidente de la constructora Conconcreto. A principios de los años 60 Darío Aristizabal Correa y otros cinco arquitectos se unieron para producir losas de concreto para soluciones de vivienda unifamiliar en Colombia. No pasó mucho tiempos antes de que Aristizabal se quedara con el control de la empresa y fue entonces cuando invitó a su hermano menor J. Mario, ingeniero civil de la Facultad de Minas, a Luis Jorge Aristizábal quien llegó con experiencia en firmas de Ingeniería y al ingeniero Esteban Restrepo Moreno. Rápidamente vieron el potencial para crear una pequeña constructora, a partir de sus losas que eran una buena alternativa para los edificios con altura que recién empezaban a construirse.

Juan Luis Aristizábal, presidente de Conconcreto

Darío se dedicó a su empresa de construcción Aristizabal Fajardo Vélez mientras Jota Mario, como se le conoce, asumió el liderazgo de Conconcreto durante 32 años. Las primeras décadas estuvieron concentradas en la construcción de edificaciones y viviendas de donde resultó la filial Industrial Conconcreto, productora de los agregados, prefabricados y estructuras necesarias para la construcción. En los años 80s, Jota Mario entraron en forma al negocio de infraestructura con obras viales en Medellín y para dar el salto a la conquista del mercado nacional se arriesgó con varios consorcios con firmas extranjeras. No faltaron los premios y reconocimientos de la mano de la consolidación empresarial.

Mario, asumió la dirección desde la junta directiva y le entregó el mando en 1995 a Carlos Arturo Ángel, quien después de cinco años le entregó la posta a Juan Luis Aristizábal, el primogénito de Darío, con experiencia en el sector y quien había dirigido la línea de vivienda en la propia Conconcreto. Con él llegó la entrada a la Bolsa de Colombia logrando las capitalizaciones necesarias para los nuevos retos. La primera emisión, después de la renuncia al derecho de preferencia a sus accionistas fue en 2010; la acción se cotizó en $ 1.315. Luego vino una segunda emisión, por el 19,9 % en 2012, para financiar su plan de expansión, a un precio de $ 1.350 por acción. La solidez patrimonial finalmente se consiguió en 2015 cuando la constructora francesa Vinci SA, líder en el mundo en construcción y concesiones, adquirió un 20 % de la compañía, por un valor de $ 1.276 acción ($ 280 mil millones de pesos en total) que le permitió a la empresa participar en los proyectos de alianza públicos privadas – APP, que lanzó el Gobierno de Colombia, según Las2orillas.

El crecimiento empresarial de Conconcreto en los últimos dos años fue notable con ventas en el 2017 por $ 1,6 billones de pesos, gracias a las inversiones en vías, puentes y vivienda, alcanzando una utilidad neta de $ 78.211 millones. El portafolio de proyectos total de la constructora a cierre de junio de 2018 es de $ 2.3 billones, donde un 70 % es en proyectos de infraestructura y el 30 % en proyectos de edificación.

Sin embargo, no todo es motivo celebración. En el 2018 empezaron las dificultades legales con el campanazo de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC que le impuso en el 2017 una multa por $368 millones de pesos por el incumplimiento el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), específicamente en la construcción del Hotel Estelar Cartagena de Indias. La empresa por el momento interpuso los recursos de Ley.

Otro de los dolores de cabeza del presidente Aristizábal ha sido el proceso licitatorio para el tercer carril de la vía Bogotá-Girardot, donde se ha enfrentado a la posibilidad de una multa por “posible omisión de acatar en debida forma, las solicitudes de información efectuadas por dicha entidad, sus órdenes o instrucciones”, por prácticas restrictivas de la competencia. La investigación surgió de una visita de inspección de la SIC realizada en septiembre del 2016.

El proceso Licitatorio del Tercer Carril Bogotá-Giradot, estuvo en la lupa de la Fiscalía de Colombia, que adelantó una investigación por el delito de colusión, es decir supuestamente haber realizado acuerdos anticompetitivos para direccionar dicha licitación pública, tanto al presidente de Conconcreto Juan Luis Aristizabal, como al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo (detenido en febrero de 2017 por cargos de interés indebido y peculado por apropiación en el carrusel de la contratación en Bogotá).

La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, entregó en agosto de 2016 la construcción de la obra mediante Asociación Público Privada – APP, al consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, conformado por las empresas Constructora Conconcreto (75 %) e Industrial Conconcreto (25 %), por un monto $ 2.4 billones de pesos. La Fiscalía investigó si Estructura Plural se alió con su competidor, Concesionaria Vías del Desarrollo (conformada por Benton SAS y China Gezhouba Group Company) para quedarse con el contrato.

Fue el entonces vicepresidente German Vargas Lleras quien prendió las alarmas. Según su denuncia, el consorcio chino presentó una oferta el 68,8% más baja del valor propuesto: “Esta propuesta generó una presión a la baja sobre el valor medio, lo cual pudo resultar ser determinante para favorecer a Estructura Plural Vías a Girardot”. Mediante una reconfiguración societaria, la concesión a 30 años, ha estado a cargo del contratista Vía 40 Express, conformado en un 25 % de Constructora Conconcreto, un 25 % de Industrial Conconcreto y un 50 % de la francesa Vinci Highways.

En la Bolsa las cosas no les fueron tan bien. En 2018 la acción se había desvalorizado más de un 33 % en un año, golpeada en buena medida por la crisis de Hidroituango, que tenía un retraso de casi tres años y un muy posible sobrecosto. Conconcreto formó parte del Consorcio CCC con un 35 % (los brasileños Camargo Correa con el 55 %, y Coninsa Ramón H con el 10%). Aunque los ingresos disminuyeron un 30 % en el primer semestre de 2018 vs 2017, el presidente Juan Luis Aristizábal dio un parte de tranquilidad en la presentación de los resultados del primer semestre del 2018.

Miami como salida a la crisis de Conconcreto en Colombia 

La crisis de Hidroituango ha terminado por hacer mella en el emporio de los Aristizábal, mismo que a la par de los negocios, se ha encargado del financiamiento de políticos en Colombia. Esto aparte de sus desencuentros con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. El holding adquirió acciones de El Colombiano, conocido diario de la ciudad de Medellín, localidad donde los Aristizábal fungen como una suerte de “caciques”. 

En un intento por frenar su debacle, el consorcio se aventuró a participar en un fondo de inversiones en Miami, en donde constituyó sociedades. El emporio tiene como su principal pilar la empresa Conconcreto, misma que desde hace algunos años y hasta la actualidad, ha presentado problemas. La compañía cotiza en la bolsa de valores colombiana. El descenso económico del grupo ha tratado de ser evitado mediante distintas estrategias, incluidas contratos del Estado colombiano y mediante la conformación de su fondo de inversiones en los Estados Unidos, basándose en su experiencia en Colombia, en donde han captado inversiones, aun cuando algunos sigan creyendo que se trata de un “cascarón vacío” con aparentes visos de fraude. 

Pero Juan Luis Aristizábal, presidente de una de las tres empresas del consorcio de Hidroituango, ha intentado mostrar un rostro diferente de la situación, como lo hiciera en 2021 en una entrevista ofrecida a El Colombiano, diario del que, como ya se ha dicho, es socio.

Juan Luis Aristizábal

2021 fue uno de los años más tormentosos en Colombia para el proyecto Hidroituango. Un Tribunal anuló el nombramiento de Jorge Carrillo como gerente de EPM; dos de las empresas del Consorcio constructor, Coninsa Ramon H y Conconcreto, se acogieron al decreto de reorganización; el contralor Felipe Córdoba convocó a una cumbre en Casa de Nariño para tratar de salvar el proyecto y el presidente Iván Duque le jaló las orejas -sin mencionarlo- al alcalde de Medellín por andar “improvisando” y “generando incertidumbre”. El diario El Colombiano entrevistó a Juan Luis Aristizábal, el presidente de Conconcreto, una de las tres empresas del consorcio que construye la hidroeléctrica. Aristizábal fue también presidente de la Junta Directiva de El Colombiano.

Estas fueron las respuestas del empresario a la servicial entrevista que le realizó el diario en el mes de octubre de 2021.

¿Por qué decidieron la reorganización?

“Nosotros acudimos al Decreto 560 del 2020 porque un fallo del monto del de la Contraloría nos llevaría a la insolvencia. Lo que estamos haciendo es proteger a los acreedores, a nuestros clientes y darnos el tiempo necesario para defendernos del fallo de la Contraloría en otras instancias”.

¿Eso significa que si la Contraloría llegara a fallar en segunda instancia, no podría embargarlos?

“Se pagaría después de pagar las otras acreencias de la compañía. Pero sobre todo esto nos permite recurrir a otras instancias para defendernos. Porque en la Contraloría todavía no se nos ha permitido el debido proceso”.

¿Si se ratifica el fallo acabaría a Conconcreto?

“Para nada. Hoy la compañía es supremamente sólida. A julio de 2021 tuvimos una utilidad neta de casi el doble de la utilidad del 2020. Tenemos cerca de $3 billones en contratos en ejecución. No recurrimos al Decreto 560 por insolvencia. Lo hicimos porque queremos defendernos del fallo de la Contraloría y cumplir los compromisos. Lo que sí no podemos es pagar un fallo que es injusto, porque no nos han dejado defendernos, y es por una cifra exorbitante para cualquier compañía de este país”.

¿Esas mejores cifras se deben a qué?

“A que la compañía ha iniciado, muchos años atrás, unos procesos de transformación digital del sector de la construcción y de expansión. Hoy tenemos cerca de 140 millones de dólares de contratos en ejecución en Estados Unidos, estamos consolidándonos como una empresa líder en el sur de la Florida. Pero además en Colombia tenemos contratos en ejecución tan importantes como Transmilenio en Bogotá, la doble calzada Oriente, el inicio de las obras de Bogotá-Girardot y otros con el sector privado”.

¿Qué pasaría con esas obras, como el Transmilenio de Bogotá o la doble calzada a Oriente si se ratifica el fallo adverso?

“La ratificación en segunda instancia nos inhabilitaría para seguir con contratos con el Estado, incluido Hidroituango”.

¿Por qué dice que el fallo es injusto?

“Por muchas razones. Nos imputan cargos por el retraso en los dos túneles de desvío iniciales del proyecto y ese contrato ni siquiera era nuestro. Era de otros dos contratistas, uno de ellos, internacional. Y la segunda causal que nos imputan es el retraso en las obras y eso no es competencia de la Contraloría. Esas diferencias entre las partes, que son contractuales, se llevan a otras instancias como lo estamos haciendo hoy nosotros, en un tribunal de arbitramento internacional en la Cámara de Comercio de Medellín, donde vamos a resolver nuestras diferencias con nuestro contratante EPM”.

¿El problema de diseño no es de ustedes? ¿Quién es entonces el responsable?

“Aquí hay que entender algo que tal vez no todos lo tienen claro. Nosotros somos subcontratistas de EPM, porque EPM es el constructor contratista. EPM viene a ser lo que se conoce en el mundo como el epecista, que es el contratista responsable del diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del contrato. No somos responsables ni del diseño, ni de la selección de los materiales, ni de las decisiones que se toman en torno a todas estas actividades. Nosotros ejecutamos la construcción, con directrices del diseñador, nos la aprueba el interventor y nos la recibe nuestro contratante EPM. Todas las obras que ejecutamos, las supervisó el interventor, las aprobó el diseñador, las recibió EPM y nos las pagó”.

¿Según dice usted entonces el responsable es EPM?

“El responsable es EPM como contratista epecista bajo una modalidad BOOMT”.

¿En otro país al que habría condenado la Contraloría debería ser EPM?

“Absolutamente. Deberían estar investigando a EPM. Además los recursos que maneja EPM, son recursos públicos. Nosotros no somos agentes fiscales porque no nos dieron anticipo y porque el dinero que recibimos de EPM era un pago por servicios. Y eso no nos hace agentes fiscales, simplemente estamos recibiendo el pago por un servicio prestado”.

¿Y por qué la Contraloría no investigó a EPM ni la incluyó entre los responsables fiscales?

“No sabemos y hemos insistido en todas las instancias que debería estar EPM involucrado en este proceso”.

¿En qué va la apelación del fallo de la Contraloría?

“Están decidiendo. Nosotros estamos intentando que en la apelación nos permitan aportar testimonios y pruebas”.

¿Y es que no los dejaron aportarlos?

“No nos han permitido ni presentar testimonios, ni entregar peritazgos que ya tenemos hechos sobre la causa raíz del colapso del túnel...”.

¿Y que argumento da la Contraloría para no recibirles los testimonios y pruebas?

“Simplemente nos niegan la posibilidad de entregarlos”.

El alcalde Daniel Quintero está culpándolos de haber rebajado la calidad de los materiales. ¿Eso está en el fallo de la Contraloría?

“No está en el proceso de la Contraloría. Es una argumentación del señor alcalde. Pero yo quisiera aclararle que el tipo de materiales que se usan están en los diseños. Nosotros ejecutamos conforme a lo que nos piden. Y tenemos la supervisión del interventor que vigila que los materiales y la construcción se ajusten a los diseños, el diseñador también valida la ejecución que hacemos. Y luego está EPM que recibe y paga. Si hubo algún error fue omisión del interventor, del diseñador y del mismo EPM que es el contratante y el constructor”.

¿Ustedes, el consorcio constructor, qué tuvieron que ver con el diseño del túnel que generó el problema?

“Nosotros no diseñamos ninguna de las obras de Hidroituango. Ni podemos hacer ajustes a los diseños, ni cambiarlos. Solamente ejecutamos la construcción de acuerdo a las instrucciones impartidas por el contratista general que es EPM”.

¿Y que culpa les cabe en lo de la rebaja de la calidad de los materiales de la que está hablando el alcalde?

“Nosotros no tenemos ninguna reclamación, sanción o proceso de parte de EPM que es nuestro contratante, que alegue que hubo ese tipo de cambios. Durante toda la vigencia de este contrato, jamás EPM ha evidenciado que hubo un cambio en la calidad de los materiales. No sé de dónde saca el alcalde esa información”.

Pero a ver... se supone que la emergencia se dio por el problema de diseño que llevó al colapso del tercer túnel de desviación...

“Nosotros nunca hemos participado en ninguna reunión donde se tomen decisiones o de cambio o de ajuste de los diseños. Cuando hoy se dice que hubo cambio en los diseños y se construyó un tercer túnel, esa decisión la tomó EPM con todos sus asesores expertos, pero nosotros no participamos en ninguna de esas decisiones”.

En dónde estuvo el problema... hay quienes dicen que por acelerar las obras fue que se dio la contingencia. ¿Es cierto?

“Hasta ahora, ningún estudio que sea vinculante ha detectado la causa-raíz exacta de lo que pasó allá. Pero le aclaro que cuando se habla de acelerar en construcción no quiere decir trabajar a las carreras. Acelerar quiere decir abrir más frentes de trabajo con más recursos o más turnos. Y en Hidroituango lo hicimos así: se trabaja 24/7 con 3 turnos de trabajo 8 horas en cada turno, trabajando 363 días al año. Solamente descansábamos dos días al año”.

Usted que conoce la obra y que ha conocido en detalle lo que pasa y lo que falta, ¿qué riesgos le ve a que eventualmente se cambie de contratistas?

“En el mundo de la construcción, cambiar un contratista sobre todo en una obra que está tan avanzada, y que además tuvo un siniestro como este, que es de gran magnitud, es muy riesgoso y es la última opción de todos los contratantes”.

EPM ha dicho que les correspondería a ustedes ceder el contrato. ¿Están dispuestos a hacerlo?

“Eso no lo dice EPM. Eso lo dice la ley colombiana. En caso de que a una compañía le sobrevenga una inhabilidad, tiene que ceder el contrato”.

¿Qué tan cerca está ese fallo de segunda instancia?

“No sabemos. Somos 26 investigados y todos estamos solicitando testimonios. Si nos dan la posibilidad de aportar testimonios, va a tomar tiempo. Pero si no nos la dan, como lo han hecho en el pasado, pues será un proceso más ágil”.

El otro escenario es que EPM les diga: señores contratistas ustedes están en una situación como endeble, por qué no ceden el contrato. ¿Ustedes aceptarían?

“Nuestro contrato se vence el 31 de diciembre. Es decisión de EPM si lo amplía o no”.

¿Y en caso de que sí cambien contratistas existe alguna posibilidad de que se haga un empalme en el que no se pierda tiempo?

“Nosotros no podemos continuar ejecutando contrato una vez sobreviene la inhabilidad. Ya lo único que podemos hacer es iniciar un proceso de cesión”.

Ustedes tienen más de 4 mil personas en este proyecto y muchos equipos... ¿estarían dispuestos a ceder todo o a negociarlo con el nuevo constructor para que no se detenga la obra?

“Si nos tocase hacer una negociación de campamentos, equipos, fuentes de materiales, botaderos y miles de cosas más que hay en Hidroituango, estamos dispuestos a sentarnos con EPM a negociar. No queremos perjudicar el proyecto”.

Usted dice que el fallo es injusto... ¿han pensado en demandar?

“Esta investigación ha generado perjuicios a la compañía. Somos una empresa inscrita en la Bolsa de Valores y las salidas en medios comunicación del Alcalde producen un impacto. Nuestro mayor accionista es Vinci, de Francia, es inversión extranjera que está en Colombia que asusta a otros potenciales inversionistas. Pero además gran parte de nuestros accionistas son los fondos privados de pensiones. En Conconcreto está invertida parte de las pensiones de los colombianos. Cada vez que se emite un concepto aceleradamente en medios de comunicación se está impactando la inversión extranjera y el ahorro de los colombianos”.

¿Eso podría llevar a una demanda por daños y perjuicios contra el Alcalde?

“En dos días, el precio de la acción de Conconcreto cayó un 25%. Realmente se notan los impactos. Entonces eso lo decidirá un juez”.

¿Pero hasta ahora no hay demanda?

“No. Ahora nuestra prioridad es la capacidad operativa de la compañía, cumplir con nuestros acreedores, terminar los proyectos de nuestros clientes y obviamente apoyar hasta donde sea posible a EPM para sacar adelante Hidroituango”.

¿Todo este problema se resolvería si el seguro termina de pagar la póliza de la que ya ha pagado 350 millones de dólares?

“En todas las actividades de los seres humanos, incluida la construcción, los riesgos se mitigan o se trasladan con pólizas. La póliza todo riesgo en construcción y la póliza lucro cesante que tomó EPM para Hidroituango es quizá una de las mejores que Conconcreto haya visto en su historia. La Contraloría debería esperar a que pague la aseguradora y lo que no pague por alguna razón y exceda la cifra que ellos pretenden, sería detrimento patrimonial. Mientras el seguro pague no hay detrimento patrimonial”.

¿Cuál es la diferencia entre que pague el seguro la póliza o que el consorcio constructor sea el que pague?

“Si nosotros pagamos a la Contraloría el dinero se va para la entidad pública que tuvo el detrimento patrimonial, que en este caso es la Alcaldía de Medellín como dueña de EPM.Y si la que paga es la póliza de Mafre ese dinero va para EPM para pagar daños y compensar el lucro cesante”.

¿Es decir si paga el seguro, va para la obra. Y si paga el consorcio, va para la Alcaldía de Medellín?

“Es correcto. O sea habría un doble pago del mismo siniestro y eso no es permitido obviamente bajo la ley colombiana porque hay enriquecimiento ilícito de alguno de los dos.Entonces después habría que pedir la devolución del dinero...”

En 2022, cuando Conconcreto ha cumplido 60 años de operación, la compañía ha reportado un crecimiento de sus ingresos en un 70,5% en el primer trimestre, que habrían llegado a $237.128 millones. En una nueva entrevista ofrecida en mayo de 2022 al diario colombiano La República, Juan Luis Aristizábal, presidente del consorcio, expuso sus planes de inversión en los Estados Unidos, los avances en Higroituango y su incursión en el metaverso. 

¿Cómo les fue en el primer trimestre del año?

Tuvimos ingresos por $237.128 millones, 70,5% más que en el mismo periodo de 2021, un ebitda de $30.000 millones y una utilidad neta de $22.000 millones. En EE.UU. hicimos la apertura de una sede donde tenemos US$230 millones en contratos; también estamos en el negocio de vivienda, a través de un fondo de capital privado, y contamos con 935 viviendas en venta, de las cuales 50% ya se vendieron.

¿Cuándo empiezan a funcionar las turbinas de Hidroituango?

Tenemos un compromiso con EPM y es terminar las obras civiles en la casa de máquinas para poner en marcha las dos primeras turbinas; cumplimos el cronograma que nos van entregando y esperamos lograr las metas de EPM, que a la fecha son a finales de este año. Las obras civiles van avanzando de acuerdo a las solicitudes y requerimientos de EPM. El montaje de las turbinas es un poco más lento y allí es donde está el detalle para cumplir el cronograma, estamos comprometidos con EPM y sabemos que los anuncios de fecha se han modificado, pero con seguridad la entrega será en el último trimestre 2022. La aceleración del proyecto de Hidroituango generó un importante volumen de facturación para el consorcio.

¿Cómo ven el mercado en EE.UU.?

Miami se está volviendo un hub de transformación digital, atrayendo emprendedores de todo el mundo. Esto ha generando una alta demanda en vivienda. Estamos capitalizando ese movimiento. En EE.UU. tenemos US$3,7 millones en proyectos contratados y logramos el cierre financiero para la construcción de primer proyecto de Century Real Estate Fund.

¿Cuándo salen del proceso de reorganización con la SIC?

En este momento, hicimos la solicitud a la Superintendencia de Sociedades y son trámites complejos porque nosotros solicitamos entrar a la reestructuración, y ahora estamos pidiendo salir . Internamente se está haciendo el trámite. Esperamos salir en las próximas semanas. Ya no requerimos el apoyo, ya que tenemos acuerdos con el sector financiero para cumplir con nuestras obligaciones.

¿Qué trabajan en innovación?

Tenemos proyectos digitales que están apoyando la industria de la construcción. Para el fondo de capital privado Pactia hicimos cerca de US$500 millones en proyectos, también queremos brindar nuevas experiencias para el sector y los clientes a través del metaverso, donde se podría adquirir una casa en Colombia desde cualquier parte del mundo.

¿Qué proyectos nuevos tienen para este año?

En este momento el proyecto más importante para la compañía es la doble calzada de Oriente, donde estamos terminando la etapa de pre-construcción, esperamos tenerlo operando a final de este año. Otro proyecto importante que es una iniciativa privada, es la ruta del agua que es la continuación de la doble calzada desde Santuario hasta Caño Alegre, para conectar con la Ruta del Sol. Ese es quizás el último tramo de doble calzada de mayor importancia que hay en Colombia.

¿Cómo les ha afectado el incremento del precio de los insumos y que hacen para mitigarlo?

Es un riesgo para el sector, por eso lanzamos en Colombia hace dos años Bimbau, plataforma que mejora la cadena de abastecimiento de la industria de la construcción. Hemos rebajado los tiempos de entrega de 23 a cuatro días, ampliando la red de abastecimiento. Vamos a volver a usar más proveedores locales y simplificar la utilización de materiales.

¿Para cuándo habrá construcción masiva con impresiones 3D en vivienda?

Estamos imprimiendo en este momento la segunda casa con manufactura aditiva utilizando el cemento premezclado; pensamos que este material no es el idóneo para hacer casas masivamente, estamos explorando nuevos materiales.

Enfrentamiento con el alcalde de Medellín

En octubre de 2021, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió contra algunos medios colombianos, particularmente contra periodistas y directivos del diario antioqueño El Colombiano.

Daniel Quintero, alcalde de Medellín

Quintero dijo que respeta a la prensa, sin embargo, se refirió indirectamente al diario paisa, señalando que algunos de los miembros de su mesa directiva están envueltos en un escándalo nacional, según Infobae.

“Respetamos la prensa libre e incluso la que se ha vendido. Son los ciudadanos los que castigan a un medio con la irrelevancia ante la evidencia de que en su junta directiva estaban constructores sancionados por Hidroituango. Cientos de noticias sin mostrar qué intereses defendían”, escribió en su cuenta de Twitter.

Uno de los seguidores del alcalde le pidió a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) que se pronunciara sobre un supuesto conflicto de intereses que tenía el medio con el proyecto antioqueño y el alcalde Quintero. “Es de conocimiento público que presidente de su junta directiva es dueño de Conconcreto, responsables discalmente por desastre de Hidroituango”, refiriéndose a Juan Luis Aristizábal Vélez, presidente del periódico.

En 2021 la FLIP emitió un pronunciamiento en el que señaló a Quintero Calle de hostigar a El Colombiano directamente. “La FLIP conoce que en las últimas semanas Daniel Quintero y su equipo de gobierno han realizado comentarios que configuran hostigamiento hacia el medio”, expresó la entidad mediante un hilo de su cuenta de Twitter.

El Century Asset Managment (CAM) en Miami carga a cuestas los escándalos de Conconcreto en Colombia

En el año 2015, dos hombres estrecharon las manos para construir una obra de 9.290 metros cuadrados en Miami, en los Estados Unidos. El proyecto fue nombrado 850 Le Jeune y se convirtió en el primero que levantó el consorcio colombiano Conconcreto en territorio estadounidense.

En sus apariciones públicas en los Estados Unidos, los ejecutivos de Conconcreto han obviado mencionar los escándalos en los que han estado envueltos en Colombia, entre otros motivos, por el incumplimiento en los plazos de culminación de obras. 

Para materializar los proyectos en carpeta, a principios de 2021, los socios crearon una firma de inversión llamada Century Asset Managment (CAM), para que fuera gestora de fondos de inversión en el segmento inmobiliario. 

De acuerdo con los responsables ejecutivos, CAM ya había creado el Century Real State Fund I, que cerró su primera ronda por US$100 millones con cerca de 40 inversionistas. ->>Vea más...
 
FUENTE: Con información de Max Rivera - elpublique.me

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