jueves, 30 de enero de 2020

Primero Justicia pidió a Guaidó suspender pago de $20 millones por “falta de mecanismos de contraloría”

Primero Justicia explicó el miércoles por qué salvó su voto en la sesión de la Asamblea Nacional que aprobó la ejecución de $20 millones del Fondo Especial de Litigios para el pago de «deudas y gastos de juicios en relación con la defensa de activos en el exterior».

Este monto cubre los gastos de los bufetes de abogados que participaron en los casos.

Según el Estatuto – argumenta PJ en Twitter – dichos recursos no pueden ser ejecutados hasta no lograr «el cese de usurpación y se conforme un gobierno de unidad Nacional. Igualmente el artículo 34 , numeral 3, literal b del mencionado Estatuto establece que mientras persista la situación de usurpación PDV Holding y sus filiales no pueden realizar ningún tipo de pago o aporte a PDVSA. Excepcionalmente por vía de acuerdo parlamentario ante la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, el pleno de la AN puede aprobar el uso de activos de la República. Dicho uso debe estar sometido a los principios de honestidad, eficiencia y transparencia».

PJ recordó que el año pasado «se creó una comisión técnica para garantizar el uso adecuado de recursos destinados a la defensa de los derechos de la República con el objeto de preservarlos y salvaguardarlos».

«Desde el 23 de enero del 2019 Primero Justicia ha liderado y respaldado la defensa de los activos de la República y nuestra Fracción Parlamentaria asume de manera realista que dichos recursos son necesarios para la defensa de nuestros activos», destacan.

Pero, alega el partido amarillo, no se han designado los miembros de la comisión técnica, «por lo que no ha sido posible verificar de manera cierta el uso de recursos públicos ni la rendición de cuenta de los mismos, como por ejemplo los 3.5 millones de $ aprobados el 19 de noviembre».

«Además aún no existe el soporte institucional que permita la correcta ejecución de recursos públicos, la designación de un Contralor Especial por parte de la AN es fundamental para lograr ese soporte institucional».

«Tampoco existe estructurada la instancia de imputación del gasto público. Tampoco los mecanismos de funcionamiento de la tesorería. Por lo cual no existen condiciones mínimas que garanticen el uso transparente, eficiente y con criterios de honestidad de los recursos públicos», argumenta la tolda amarilla.

PJ concluye que pareciese que esos 20 millones de dólares «se parecen más a un presupuesto no sometido a controles que a un Fondo Especial de Litigios en el estricto sentido de su definición».

«Finalmente no son suficientemente conocidas las estrategias de defensa judicial de los activos de la República, así como los mecanismos de selección de abogados contratados por la Oficina del Procurador Especial», agregan.

Por último PJ reiteró que su fracción parlamentaria seguirá luchando por rescatar y proteger los activos de la República, «pero en las condiciones de transparencia y rendición de cuentas que demandan la gravedad del momento y el interés supremo de la liberación del pueblo de Venezuela. Por lo tanto, ciudadano presidente, hacemos de su conocimiento nuestras motivaciones y apostamos a que la ejecución de los recursos del Fondo Especial de Litigios sea suspendida hasta no creen mejores condiciones de contraloría institucional para ello».

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