viernes, 6 de diciembre de 2019

Respuestas de diputados por trama de corrupción son un mar de contradicciones

Una carta entregada a la Fiscalía de la Nación de Colombia, en Bogotá, afirma que el empresario Carlos Lizcano y la empresa Salva Foods 2015 no tienen mancha alguna ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea nacional. El documento fue develado en un reportaje del portal Armando.info que desató un terremoto político en Venezuela.
Los ocho diputados que aparecen como firmantes del papel, incluyendo dos que lo habrían entregado personalmente ante el organismo, han salido a defenderse. Pero los argumentos tienen costuras

La Asamblea Nacional ha entrado en una vorágine de acusaciones, desconfianzas y ataques intestinos que la han puesto en jaque consigo misma. El domingo 1 de diciembre , el portal de periodismo de investigación Armando.info reveló que ocho diputados opositores, integrantes de la Comisión de Contraloría, firmaron una carta a solicitud del empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, para exhonerarlo de manejos turbios y anunciar el cierre de investigaciones en su contra por corrupción.

La comunicación fue llevada a la Fiscalía General de Colombia, así como una similar enviada por vía postal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para interceder a favor de Lizcano en las investigaciones que esos organismos adelantan con el objetivo de que absuelvan o dejen de investigar a quien aparece como propietario de Salva Foods 2015, que es reconocido como subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido, los hombres que están detrás del negocio de los CLAP y que tendrían relación con el régimen de Maduro en otra cantidad ingente de acuerdos, contratos y hasta aventuras mineras, según las averiguaciones.

Documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se otorgaron indulgencias, en un esquema que incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento. Según el reportaje, un hombre clave para ello es Luis Parra, diputado de Primero Justicia por Yaracuy, quien habría coordinado el asunto luego de supuestamente haberse reunirse con Pulido en Caracas.

Revela Armando.info que "una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab". El documento que muestra el portal incluye un sello del organismo colombiano que certifica su autenticidad.

El papel fechado el 20 de septiembre dice: “Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”.

La comunicación está firmada por quienes hicieron la diligencia -y fueron fotografiados en la entrada del edificio- pero también por los diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT), aunque su apellido está mal escrito (le falta la letra final).


Según se observa en el documento, la certificación en favor de Lizcano habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio empresario colombiano nacionaliado venezolano en una comunicación del 25 de julio del mismo año. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre, registra Armando.info.

La publicación del reportaje ha ocasionado reacciones variopintas de los señalados, con severas contradicciones. Además, las explicaciones dadas por algunos de ellos a propósito de Salva Foods 2015 ignoran mucha información que ha quedado registrada desde, al menos, 2017.

Por ejemplo, el diputado Luis Brito aseguró que su visita a la Fiscalía en Bogotá fue para solicitar una auditoría para el caso de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, una filial de Pdvsa "recuperada" por el gobierno interino de Juan Guaidó.



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Respuestas de diputados por trama de corrupción son un mar de contradicciones
Víctor Amaya | @victoramayaPublicado diciembre 5, 2019
Una carta entregada a la Fiscalía de la Nación de Colombia, en Bogotá, afirma que el empresario Carlos Lizcano y la empresa Salva Foods 2015 no tienen mancha alguna ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea nacional. El documento fue develado en un reportaje del portal Armando.info que desató un terremoto político en Venezuela. Los ocho diputados que aparecen como firmantes del papel, incluyendo dos que lo habrían entregado personalmente ante el organismo, han salido a defenderse. Pero los argumentos tienen costuras

La Asamblea Nacional ha entrado en una vorágine de acusaciones, desconfianzas y ataques intestinos que la han puesto en jaque consigo misma. El domingo 1 de diciembre , el portal de periodismo de investigación Armando.info reveló que ocho diputados opositores, integrantes de la Comisión de Contraloría, firmaron una carta a solicitud del empresario Carlos Lizcano, propietario de la empresa Salva Foods 2015, para exhonerarlo de manejos turbios y anunciar el cierre de investigaciones en su contra por corrupción.

La comunicación fue llevada a la Fiscalía General de Colombia, así como una similar enviada por vía postal al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para interceder a favor de Lizcano en las investigaciones que esos organismos adelantan con el objetivo de que absuelvan o dejen de investigar a quien aparece como propietario de Salva Foods 2015, que es reconocido como subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido, los hombres que están detrás del negocio de los CLAP y que tendrían relación con el régimen de Maduro en otra cantidad ingente de acuerdos, contratos y hasta aventuras mineras, según las averiguaciones.

*Lea también: Primeras investigaciones señalan "irregularidades" dentro de la Comisión de Contraloría

Documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se otorgaron indulgencias, en un esquema que incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento. Según el reportaje, un hombre clave para ello es Luis Parra, diputado de Primero Justicia por Yaracuy, quien habría coordinado el asunto luego de supuestamente haberse reunirse con Pulido en Caracas.

Revela Armando.info que "una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab". El documento que muestra el portal incluye un sello del organismo colombiano que certifica su autenticidad.

El papel fechado el 20 de septiembre dice: “Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva Foods 2015, C.A”.

*Lea también: Luis Parra se desliga de supuesta corrupción y niega conocer a empresarios de los CLAP


Adolfo Superlano y José Brito en la Fiscalía de Colombia el 9 de octubre de 2019. Las versiones que han dado de las razones de esa visita se contradicen | Foto: Cortesía Armando.info

La comunicación está firmada por quienes hicieron la diligencia -y fueron fotografiados en la entrada del edificio- pero también por los diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia; Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT), aunque su apellido está mal escrito (le falta la letra final).

Según se observa en el documento, la certificación en favor de Lizcano habría sido aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio empresario colombiano nacionaliado venezolano en una comunicación del 25 de julio del mismo año. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: las dos últimas ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra, la semana pasada, el 20 de noviembre, registra Armando.info.

*Lea también: Elvis Amoroso amenaza con inhabilitar a diputados opositores señalados por corrupción

La publicación del reportaje ha ocasionado reacciones variopintas de los señalados, con severas contradicciones. Además, las explicaciones dadas por algunos de ellos a propósito de Salva Foods 2015 ignoran mucha información que ha quedado registrada desde, al menos, 2017.

Por ejemplo, el diputado Luis Brito aseguró que su visita a la Fiscalía en Bogotá fue para solicitar una auditoría para el caso de la empresa Monómeros Colombo-Venezolanos, una filial de Pdvsa "recuperada" por el gobierno interino de Juan Guaidó.

“Yo fui para Colombia, salen unas fotos por allí y seguiré yendo, porque vamos a verle el hueso al caso Monómeros”, argumentó Brito. "La saquearon", denunció el parlamentario.

Brito no cuestionó la legitimidad del documento mostrado por Armando.info ni su firma allí incluida. De hecho, dijo que "no puede haber cartas buenas y cartas malas", en referencia a documentos firmados por Freddy Guevara y Juan Guaidó, cuando presidieron Contraloría en 2017 y 2018, y emitieron certificaciones a favor del empresario Mauro Libi. Recordó el diputado que los documentos firmados en 2018 no lo incluyen porque él no formaba parte de la Comisión de Contraloría en ese año.

Al día siguiente, Adolfo Superlano, quien acompañó a Brito en aquella visita, afirmó que el viaje a la capital colombiana tuvo otro objetivo: "Cuando yo estuve en Colombia fuimos a investigar a (el exministro Carlos) Rotondaro, por la situación de la corrupción en el caso de las medicinas".

Además, cuestionó la legitimidad del papel afirmando: "Esa firma es falsa porque ese documento que se entregó allá es chimbo". Y señaló al secretario de la comisión, Anderson Abreu, de supuestas irregularidades "porque no quería entegar el sello y estaba repartiendo cartas".

Posteriormente, Superlano le dijo a El Nacional que "esos documentos han sido forjados, el sello estaba en Estados Unidos y en Bogotá, nosotros no teníamos ni papel membreteado”

También Guillermo Luces escribió en Twitter "Rechazo categóricamente el burdo montaje de mi firma en carta de exoneración de Comisión de Contraloría de la AN", mientras que lo propio hizo Héctor Vargas al escribir: "mi firma ha sido forjada en tal documento". Este último luego ha mostrado copia de su cédula de identidad para comparar la rúbrica con la que muestra el documento llevado a Bogotá y mostrar diferencias.

Chaim Bucarán reaccionó el miércoles 4 de diciembre, en Globovisión, y también sostuvo que su firma fue forjada. Reiteró que la comunicación llevada a Colombia es "absolutamente falsa". Además, argumentó que el papel no muestre ninguna seña de identidad que confirme que la Fiscalía colombiana la haya recibido, algo que también dijo Superlano a El Nacional: "El documento está forjado, no tiene certificado de haber sido recibido".

No obstante, en las pruebas publicadas se muestra el detalle del sello de la Subdirección de Gestión Documental del organismo en Bogotá, con la fecha en que el documento fue radicado: 9 de octubre de 2019, a las 9:25 de la mañana de ese miércoles.

Conrado Pérez tampoco habló directamente de esa carta o de la autenticidad de las firmas. Sí dijo, en rueda de prensa el martes 3 de diciembre, que "no le he entregado carta de buena conducta a nadie porque ni somos la iglesia ni somos la prefectura, eso es falso de toda falsedad”.

Por su parte, William Barrientos dijo el mismo martes a las afueras del Palacio Federal Legislativo: "Yo no he firmado ni firmaré ninguna carta de corrupto, bajo ninguna circunstancia, primero me suicido". Agregó que “no aparece mi firma, aquí está el documento completo, lo hice en gigantografía, pero también en la carta original para entregarla a ustedes los periodistas. Como ven yo no aparezco aquí, no tengo nada que ver, no le firmo a corruptos ni firmaré”.



Y es cierto que en uno de los documentos que muestra el reportaje no incluye la firma del zuliano, pero se trata de un borrador. El trabajo de investgación muestra el documento definitivo, con el sello de certificación de haber sido recibido en la Fiscalía colombiana, y allí sí que aparece una firma atribuida a Barrientos.





El diputado Richard Arteaga ha optado por el bajo perfil, hasta ahora. Su respuesta a los señalamientos se reducen a un tuit que publicó diciendo: "Apoyo que todos los miembros de la Comisión de Contraloría #AN nos separemos hasta llegar al fondo y cualquier otra que tome mi Pdte @jguaido. Mi lucha de 9años como Diputado está a los ojos de todos. Pido que esto no empañe el trabajo contra los grandes saqueadores del país". ->>Vea más...

Fuente: Con información de Víctor Amaya | @victoramaya - Tal Cual

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