martes, 5 de noviembre de 2019

Notas del Día 05/11/2019

MORATORIA DE LA DEUDA Y LEVANTAMIENTO DE SANCIONES PIDE FRANCISCO RODRÍGUEZ.  El economista, exdirector de Bank of America para Latinoamérica, señaló que «habrá que reprogramar pagos de las obligaciones de Venezuela, incluidos los bonos y dentro de ese acuerdo, es perfectamente razonable que los acreedores acepten cobrar o un monto menor, o en otro momento distinto al establecido en el contrato del bono", según el portal de El Universal.
Al respecto propuso la moratoria de la deuda externa, que «podría tener un período de duración de 3 a 5 años durante el cual no se paguen intereses ni amortización, y que los acreedores lo acepten y al mismo tiempo, dejar para el final de ese período la definición de cuánto se les puede pagar".  Agregó que el Producto Interno Bruto (PIB) en Venezuela ha caído a menos de 80 mil millones de dólares, lo cual dificulta gravemente al Estado poder cancelar la deuda en las condiciones establecidas originalmente, «por lo menos hasta que la nación logre recuperarse».  REESTRUCTURAR ES VIABLE.  Rodríguez explicó que «cuando los países atraviesan este tipo de crisis es normal que la deuda se reestructure y que los bonos no se paguen tal como estaban originalmente programados. Aquí tenemos un bono en el cual existe una garantía y, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro entró en default sobre toda la deuda, eso no había afectado el bono de Pdvsa 2020 porque tanto su gestión como la de (Juan) Guaidó lo habían pagado por el temor a perder Citgo».  Sostuvo que lo prudente es lograr acuerdos con los acreedores tomando en cuenta que «ellos tienen un derecho sobre ese activo y hasta que la Sala Constitucional no decida lo contrario, fue emitido de acuerdo con la ley y la Constitución (y así además lo reconocerán las cortes norteamericanas) y también donde los acreedores le den la flexibilidad necesaria a la nación y que contemple que el país no está en condiciones de pagar».  Aclaró que en torno al aspecto legal, las sanciones impiden los procedimientos, pero que una vez superada la crisis política, se podrá. El analista estima que en el plazo dado a una moratoria, sea suficiente para que ya se hayan alcanzado soluciones y un consenso para la aplicación de políticas económicas adecuadas.  INCERTIDUMBRE REGULATORIA POR SANCIONES.  Ante las decisiones tomadas por algunas empresas de retirar sus servicios en venezuela, ante las sanciones estadounidenses, Rodríguez se pronunció expresando que «generan un grave riesgo de contribuir a profundizar la crisis económica del país».  "Estas decisiones son las desafortunadas consecuencias de la incertidumbre regulatoria y legal con respecto a la aplicación de las sanciones económicas de los Estados Unidos en Venezuela. Las regulaciones existentes son vagas y están sujetas a múltiples interpretaciones, y la aplicación de sanciones puede ser muy discrecional. Esto llevó al fenómeno conocido como exceso de cumplimiento", acotó. – Con información de Morocotacoin - Alenka Lima Gómez // Aporrea


EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA – SUIZA



ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA CITÓ A CARMELO Y HORACIO DE GRAZIA, DUEÑOS DE BOCAS GRILL EN MIAMI, AL INVESTIGARLOS POR SUPUESTO LAVADO DE DINERO



CYNTHIA CERTAIN OSPINA, LA EX-ESPOSA DEL EMPRESARIO ALEX SAAB, PARTICIPÓ EN COLOMBIA EN LAVADO DE ACTIVOS



ASÍ SURGIÓ EN VENEZUELA LA FAMILIA CARRERO VALENTINER



SALIDA DE LA CHINA HQC CONTRIBUIRÁ AL DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN PETROLERA DE VENEZUELA, SEGÚN EXPERTOS



RICHARD PEÑALVER, EL DIRIGENTE CHAVISTA AL QUE ESPAÑA LE NEGÓ ASILO, ¿PERSEGUIDO O PERSEGUIDOR EN TENERIFE?



LA LUCHA POR PROHIBIR LAS VENTAS ILEGALES DE ORO EN UN CENTRO COMERCIAL DE VENEZUELA USADO POR NARCOTRAFICANTES PARA LAVAR DINERO



ARMANDO.INFO: PLÁSTICA Y REVOLUCIONARIA ES LA CARRETERA AL ÉXITO QUE SE CONSTRUYÓ OSCAR FARÍA | VENEZUELA



ASÍ ADRIANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ HA SACADO TONELADAS DE ORO DE VENEZUELA Y ESTO HA DICHO EL MINISTRO CHAVISTA VÍCTOR CANO



Carlos Kaufmann
LOS DETALLES DEL CASO DE AVIOR EN EE.UU. QUE INVOLUCRA A CARLOS KAUFFMANN. Carlos Kaufmann está a poco de ir a prisión por otro delito más como lo es la corrupción en la aerolínea Avior. El 5 de septiembre inició en una corte de Miami un caso legal que podría poner al descubierto las peculiaridades y detalles hasta ahora desconocidos públicamente de las operaciones de Avior, una aerolínea venezolana fundada en 1994 en Barcelona, en el oriente venezolano, por el empresario Jorge Añez Dáger y dónde tiene sus manos embarradas Carlos Kauffmann. La audiencia del 5 de septiembre fue el inicio de una demanda introducida contra el ex administrador de la aerolínea, Marcello Henríquez Maiónica, por tres personas vinculadas a Avior: Luis Suárez, agente registrador de Avior en Miami; el empresario Carlos Kauffman y su primo el abogado Moisés Maiónica. Tanto Kauffman como Maiónica son ex convictos vinculados al famoso caso del Maletinazo en 2008 que negociaron con la fiscalía federal de Miami una sustancias reducción de las penas a cambio de testificar contra Franklin Durán, ex socio de Kauffman y Alejandro Antonini.  Durante años, Avior realizó numerosas operaciones a través de Cadivi, para la adquisición de aviones y repuestos de aviación.  En la demanda, Suárez,  y Maiónica acusan a Henríquez de cometer fraude para presuntamente apoderarse de más de $100,000 de los fondos de Avior. – Con información de lechuguinos.com

Arnaldo Anez Folla, Marcello Henriquez Maionica, Juan Bracamonte, Luis Alfredo Suarez Magual
Brian Hollandele, Daniel Romero, Moises Maionica, Carlos Kauffman, Luis Alfredo Suarez Magual, Marcello Henriquez Maionica, Jorge Anez Dager
Detsy María Parra (asistente de Kauffman detenida por trafico de cacaína) y Juan Bracamonte
Juan Bracamonte, Presidente de Avior y Carlos Kauffman
Marcello Henríquez Maionica, María Gabriela Jiménez de Kauffman, Carlos Kauffman, Francisco Tosta


“CABILDERO” VENEZOLANO HÉCTOR DÁGER GASPARD MOVIÓ $235 MILLONES POR TRAMA DE SOBORNOS DE ODEBRECHT EN VENEZUELA



ÁNGEL MONAGAS: LA USURPACIÓN NO ES SOLO DE NICOLÁS | VENEZUELA



¿VENEZOLANOS CORRIERON DE UN RESTAURANTE EN FRANCIA A LA GOBERNADORA CHAVISTA CARMEN MELÉNDEZ EN 2017?



CON CHARLES HENRY DE BEAUMONT “BOLIGARCAS” VENEZOLANOS GESTIONARON SUS FORTUNAS EN SUIZA



AUTORIDADES ESPAÑOLAS TENDRÍAN INTERÉS EN VENRO, LA EMPRESA QUE SE APROPIÓ DE 1 MILLÓN DE BARRILES DE PETRÓLEO VENEZOLANO EN UNA OPACA TRAMA



(2010) LAS PRUEBAS CONTRA ELIGIO CEDEÑO



PRIMER INFORME: LA BATALLA DE LOS FISCALES FEDERALES DE EEUU EN LOS CASOS CRIMINALES DE VENEZUELA (+GUSTAVO MIRABAL CASTRO Y LEONARDO GONZÁLEZ DELLÁN)



LOS GASPARD, LA FAMILIA CUYAS HISTORIAS PARECEN EPISODIOS DE «EL PADRINO» O «LOS SOPRANOS»



PEDRO TORRES PICÓN, HIJO DEL BANQUERO BOLIGARCA PEDRO TORRES CILIBERTO, EN CÍRCULO DE ASESORES DE GUAIDÓ



PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.com

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(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"
El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales



(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias

Resultado de imagen para "la previsora" site:informe25.com(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias

(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes.  – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com


INTERNACIONALES

DIÁCONO JORGE SONNANTE ACUSA AL PRESIDENTE DE BOLIVIA EVO MORALES DE TENER CUENTA MILLONARIA EN EL VATICANO



POR ESTO DICEN QUE ENEMIGOS DE CORTIZO ESTÁN EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ Y SON DE SU PROPIO PARTIDO



PANAMÁ ARDE EN PROTESTAS MIENTRAS DESCIENDE SU CRECIMIENTO ECONÓMICO



XENOFOBIA EN PANAMÁ Y CÓMO LAS PROTESTAS PUDIERAN DESENCADENAR UNA CRISIS POLÍTICA AL GOBIERNO DE CORTIZO



CONTROVERSIA EN LAS REDES POR EXPRESIONES DE «CHABACANERÍA» DE LA PERIODISTA PANAMEÑA IRMA PLANELLS



JEAN FIGALI VINCULADO EN COLOMBIA CON EL CARTEL DE MEDELLÍN. Un reportaje de la Unidad Investigativa del diario El Tiempo de Colombia acusó en 2014 al empresario panameño Jean Figali de haber sido miembro del cartel de Medellín a mediados de la década de 1990. El reportaje titulado: "Colombia y Panamá van tras Jean Figali, capo del contrabando", fue publicado en la edición digital de este diario de Bogotá. "El empresario es señalado de lavarle plata a capos y a contrabandistas de ambos países (Colombia y Panamá)", señaló el rotativo en un amplio reportaje donde se citan a exnarcos de este cartel. “En el cartel de Medellín lo conocimos con el nombre de Jhon Nasser. Fue socio nuestro en varios envíos de droga y en 1999, cuando nos entregamos a Estados Unidos, se fue a Panamá y ahora es un influyente empresario”, indicó el reportaje. En el artículo se citan también declaraciones de José Gabriel Carrillo, abogado de Figali. Carrillo le dijo a El Tiempo que su cliente ya fue juzgado y hallado inocente de conductas que algunos quieren endosarle de nuevo. Además, el abogado expresó que su cliente fue objeto de una encarnizada persecución política en Panamá por parte del gobierno de Ricardo Martinelli, al punto que se le hicieron cargos inventados por lavado de dinero, de los cuales fue absuelto, según el reportaje. El cartel de Medellín fue fundado por el narcotraficante Pablo Escobar, muerto en 1993. EN LA PALESTRA. El entonces director de las Aduanas de Colombia, Juan Ricardo Ortega, acusó a Figali de contrabandear telas. En mayo de 2014, el expresidente Martinelli señaló públicamente que había recibido amenazas de Figali, señalamientos que fueron desmentidos por los abogados del empresario. En abril de 2013, el gobierno anunció que subastaría las propiedades secuestradas a Figali en el año 2009, valoradas aproximadamente en 150 millones de dólares. Se trata de las parcelas 4, 5 y 7 en la calzada de Amador, que la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) entregó en concesión a Figali hacía más de una década. En total estas suman 103 mil metros cuadrados sobre los cuales el empresario construyó un centro de convenciones y un complejo de habitaciones que formarían parte de un hotel, que nunca se terminó. PROBLEMAS CON EL FISCO. De acuerdo a un reportaje de La Prensa, publicado en abril de 2013, dentro de esta venta también se tenía programado las 23 casas en las que Figali pretendía construir un bulevar con tiendas de alta costura, pero finalmente las transformó en una franja de restaurantes y discotecas conocida hoy día como "Zona de la Rumba". En la nota de este diario se especificaba que: "En noviembre de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas ordenó secuestrar las propiedades de Figali ante el incumplimiento del arreglo de pago que había acordado la empresa por la morosidad que mantenía con la UABR. Dos años después el empresario acordó firmar un acuerdo extrajudicial con el Gobierno, donde cedió todas sus propiedades para cancelar una deuda por 29 millones de dólares que mantenía con diferentes instituciones del Estado. De este monto, 20 millones de dólares correspondían a la UABR en concepto de arrendamiento; 8 millones de dólares en un fideicomiso que mantenía el grupo con la Caja de Ahorros y el resto de la deuda correspondía a facturas pendientes con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y con la Autoridad Nacional del Medio Ambiente". El reportaje agregaba que "de acuerdo con el contrato de arrendamiento, Figali debía pagar una renta mensual de 83 centésimos por cada uno de los 112 mil metros cuadrados que recibió en concesión durante la administración de Mireya Moscoso. Después de múltiples recursos interpuestos en la Corte Suprema de Justicia, se dictaminó que la empresa no tenía derecho a realizar el relleno de mar, por lo cual la propiedad fue expropiada por la actual administración gubernamental. Este relleno formará parte de la ampliación a cuatro carriles de la calzada de Amador". - Fuente: Agencias

(MARRUECOS) LA JUSTICIA AMPLÍA TRES AÑOS DE CÁRCEL LA CONDENA AL PERIODISTA TAOUFIK BOUACHRINE. Reporteros Sin Fronteras manifiesta su consternación por la determinación del sistema judicial marroquí en la persecución al periodista Taoufik Bouachrine, cuya condena ha sido ampliada de 12 a 15 años de cárcel por un tribunal de apelación.  La decisión del tribunal de apelación de Casablanca, el 25 de octubre, no sólo añade tres años a la sentencia, sino una multa de 255.000 euros. Taoufik Bouachrine fue detenido en febrero de 2018 y condenado en noviembre de ese mismo año por cargos de tráfico de personas con propósitos sexuales, violación, e intento de violación. El periodista siempre ha negado las acusaciones y ha asegurado ser víctima de un "juicio político".  "La persecución judicial a Taoufik Bouachrine es incomprensible", afirma Souhaieb Khayati, responsable de la oficina del Norte de África de Reporteros Sin Fronteras. "Pedimos al sistema judicial marroquí que revoque esta decisión y le ponga en libertad".  En enero de 2019 un grupo de expertos de Naciones Unidas determinó como arbitraria la detención de Bouachrine y calificó el proceso de "acoso judicial".  Pero Bouachrine está lejos de ser el único periodista sometido a acoso judicial en Marruecos. Ali Anouzla lleva años siendo juzgado, también Maati Monjib y otros seis periodistas y activistas de derechos humanos que han cubierto las protestas de la región del Rif. Entre ellos están incluidos Hamid el Mahdaoui y Rabii el Ablak, que lleva en huelga de hambre más de 50 días en protesta por su condena que considera motivada políticamente.  Marruecos ocupa el puesto 135 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

(CHINA) RSF CONDENA LA DETENCIÓN DE LA PERIODISTA INDEPENDIENTE HUANG XUEQIN. Reporteros Sin Fronteras ha pedido la libertad de la periodista independiente china Huang Xueqin, que ha cubierto las protestas en Hong Kong, y fue detenida el 17 de octubre en Guangzhou.  RSF ha pedido la inmediata puesta en libertad de esta periodista independiente, también conocida como Sophia Huang, que ha cubierto las protestas prodemocráticas de Hong Kong el pasado verano y el movimiento #MeToo en 2018. Fue detenida el 17 de octubre en la provincia de Guangdong, acusada de "causar problemas" un cargo a menudo empleado por el régimen chino contra periodistas y que puede suponer penas de hasta diez años de cárcel.  "Huang trata con valentía temas sociales de interés público y nunca debería haber sido detenida" insiste Cédric Alviani, responsable de la oficina de Asia del Este de Reporteros Sin Fronteras, que insiste en la necesidad de su "inmediata libertad y la de todos los periodistas detenidos en China".  Huang planeó originalmente volver a la región administrativa de Hong Kong como estudiante de derecho, pero le confiscaron la documentación necesaria para viajar.  China es la mayor cárcel del mundo de periodistas, con al menos 120 informadores detenidos. El país ocupa el puesto 177 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

(PAKISTÁN) CENSURA PREVIA A LOS MODERADORES DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA QUE NO EMITAN SUS OPINIONES.  Reporteros Sin Fronteras condena la nueva directriz de la Autoridad Reguladora de Medios de Pakistán que impone una censura previa a los conductores de programas de televisión para que se abstengan de proferir opiniones personales.  La directriz, emitida el 27 de octubre a todas las televisiones por satélite, exige a estos profesionales limitarse a "moderar" y nunca expresar opiniones o juicios.  "El rol de los conductores es moderar los programas de una forma objetiva e imparcial, absteniéndose de emitir opiniones personales y juicios de cualquier tipo" reza la orden. "Por lo tanto los presentadores de programas regulares no deben aparecer en tertulias de su canal o de otros como expertos en ninguna materia", añade.  La directriz termina haciendo referencia a las secciones 30 y 33 de los estatutos de la autoridad reguladora que castigan con penas de hasta 60.000 euros y la retirada de la licencia a los medios de comunicación que incumplan sus instrucciones.  "No corresponde a la entidad reguladora determinar lo que se puede o no se puede decir y quién puede o no hacerlo durante los debates", afirma Damiel Bastard, responsable de la oficina de Asia - Pacífico de Reporteros Sin Fronteras. "Esta grotesca directriz no sólo viola la independencia periodística y el pluralismo, sino que va más allá incluso penalizando las opiniones. Urgimos a los miembros de la autoridad reguladora a revocar esta orden cuyo único propósito es intimidar a los medios de comunicación y a los periodistas.  TEMAS "PROHIBIDOS".  La autoridad reguladora de los medios afirma que un tribunal de Islamabad ha expresado su rechazo a comentarios de periodistas de televisión en una decisión adoptada en relación a la puesta en libertad bajo fianza del primer ministro Nawaz Sharif. Hablar sobre el exprimer ministro es ahora uno de los temas "prohibidos" por las autoridades.  El tribunal ha iniciado un procedimiento contra el analista político Sami Ibrahim, que había comentado la puesta en libertad del exprimer ministro y a quien el gobierno intentó intimidar el pasado mes de junio. El tribunal ha citado también a otros tres periodistas – Kashif Abbasi, Muhammad Malick, Amir Mateen, Hamid Mir y Arshad Sharif – sin dar ninguna explicación.  Uno de estos periodistas, Hamid Mir, ha valorado a Reporteros Sin Fronteras la nueva directriz de la autoridad reguladora: "Es una continuación de la censura ya existente. No sólo condeno esta directriz, sino que me resistiré a ella porque, como periodista, es mi derecho, no sólo hacer preguntas, sino informar y expresarme".  Pakistán ocupa el puesto 142 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org

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