lunes, 4 de noviembre de 2019

Acreedores del bono Pdvsa 2020 piden a EE.UU. revisar su medida

Un comité de inversionistas en títulos de deuda externa de Venezuela solicitó al gobierno de Estados Unidos revisar una medida que impide a los tenedores del bono Pdvsa 2020 ejercer cualquier acción, luego de que esos papeles cayeran en incumplimiento.
La petición se produjo como respuesta a la demanda de nulidad de los bonos, que vencen en 2020, presentada por el equipo de Juan Guaidó (a quien Estados Unidos reconoce como mandatario interino del país desde enero) buscando proteger a Citgo, la filial de Pdvsa en EEUU que está bajo su control.

“Es justo que los titulares de los bonos puedan defender y ejercer sus derechos”, dijo el comité en un comunicado en el que consideran “innecesaria” la demanda.

Los acreedores de estos bonos deberían haber recibido un pago de 900 millones de dólares aproximadamente, una acción que fue cancelada luego de que el Departamento del Tesoro de EEUU emitiera una licencia que congela hasta enero de 2020 cualquier actuación de los bonistas de Pdvsa contra Citgo.

Y es que la garantía de emisión de estos títulos de deuda fue la empresa Citgo. Esta acción no fue aprobada por el parlamento, como lo establecen las leyes venezolanas, y son los argumentos jurídicos que esgrime el equipo de Guaidó en Estados Unidos.

Desde hace meses, los bonistas y el equipo de Guaidó se mantuvieron en negociaciones, aunque no se logró llegar a acuerdos para honrar estos compromisos.

"Si el Gobierno de Guaidó desea comprometerse con los acreedores del país en buena fe y llevar a cabo una renegociación ordenada y consensuada de la deuda externa, tendrá que cambiar drásticamente su enfoque", agregó el comité.

La junta administradora ad hoc de Pdvsa no respondió a Reuters sobre una solicitud de información por este tema.

Desde hace meses, Guaidó ha reiterado que una de sus prioridades es defender los activos venezolanos en el exterior de los acreedores, incluidos bonistas y firmas que buscan hacer cumplir decisiones de juicios de arbitraje internacionales por las expropiaciones en el país, incluyendo la minera canadiense Crystallex y el fabricante estadounidense de vidrio Owens-Illinois Inc.

El viernes 1 de noviembre, un juez en Estados Unidos negó la solicitud de los abogados que representan al mandatario interino sobre una suspensión de 120 días en un caso relacionado con un laudo arbitral por unos 500 millones de dólares para compensar a Owens-Illinois por la nacionalización de dos plantas en Venezuela en 2010.

Fuente: Con información de Reuters - talcualdigital.com

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