MANUEL “COKO” SOSA: DE GALÁN DE NOVELAS A DELATOR DE CORRUPCIÓN EN PDVSA. Uno de los nombres que más llamó la atención en las detenciones originadas a partir de lo que arrancó como “la limpieza de PDVSA” en Venezuela, fue el de Manuel “Coko” Sosa, quien saltó a la palestra como actor de la pantalla chica venezolana, pero a quien sus confesiones lo convirtieron en un delator clave del caso PDVSA.
La limpieza en PDVSA comenzó a partir de la llegada de Tarek William Saab al Ministerio Público, quien durante su gestión ha rendido cuenta casi de manera semanal de todos los casos que se habían engavetado durante la gestión de su antecesora, la prófuga de la justicia venezolana, Luisa Ortega Díaz. Las declaraciones de William Saab han conmocionado a la opinión pública venezolana al desentrañar una profunda red de corrupción en la estatal petrolera causando daños patrimoniales que alcanzan los miles de millones de dólares. Tras la investigación han caído decenas de gerentes y ex directivos de PDVSA, entre los que destacan Eulogio del Pino, quien había representado a Venezuela incluso en las reuniones de la OPEP. Pero otro nombre que llamó mucho la atención fue el de Manuel Sosa o el “Coko Sosa”, a quienes los venezolanos conocen por actuar en novelas como “Mi gorda bella”, “Mi prima Ciela”, “Calle Luna, Calle Sol”, “La mujer perfecta” y “Natalia del Mar”. El Coko había desaparecido de la pantalla chica y meses atrás se supo de él por las duras críticas a las que lo sometieron seguidores de la oposición por manifestar su abierto apoyo al Gobierno venezolano. Aunque se dijo que tenía una relación sentimental con la hija del Comandante Chávez, María Gabriela Chávez; él mismo lo desmintió. Sus únicos vínculos emocionales comprobados fueron: el que tuvo con la modelo Shannon de Lima (ex esposa de Marc Anthony) con quien tuvo un hijo antes de que ésta se involucrara con el salsero y el que tuvo con la también actriz Mirela Mendoza, con quien también tuvo una hija. Sosa fue detenido porque “a través de dos empresas que él tenía (…) subcontrató en este caso unas bombas, en otros unas impresoras (…) causando un daño patrimonial superior a los 2 millones de dólares”, informó William Saab. Por sus acciones se le imputaron los cargos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Según los datos dados por el fiscal, Sosa Morales es socio de Suministros Gramal C.A, empresa que adquirió dos impresoras para el mejorador de Petropiar, con una sobrefacturación por un monto de 391.111 dólares, cuando el monto original era de 3.500 dólares. Además, la empresa recibió 27,8 millones de dólares por diversas órdenes de compra con sobreprecio firmadas con Petropiar, compañía que trabaja en la Faja Petrolífera del Orinoco. Según información no confirmada, Sosa tenía a su nombre más de 20 camionetas de lujo y unas nueve compañías en Miami. El fiscal informó que durante las investigaciones Sosa se adhirió a la figura de la delación contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal. “Delató ante un tribunal y está certificada su delación que compromete a políticos, gerentes, empresarios, es un número realmente importante”, dijo Saab, quien también recalcó que Sosa “delató una trama en la que se vio involucrado; aparecen desde gerentes hasta políticos”. El Coko fue capturado en las cercanías de un centro de salud en el sector de Las Mercedes en Caracas tras un rastreo telefónico ejecutado por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Durante su detención aseguró que asistía a la clínica por el malestar que le generaba el alto nivel de estrés al que estaba siendo sometido y según aseguró “sabía que me iban a detener en cualquier momento“. – Con información de vtactual.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA
EL JUICIO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR EL QUE EL EMPRESARIO VENEZOLANO CARLOS MÉNDEZ ESTÁ A PUNTO DE PERDER EL CONTROL DEL CANAL EVTV
LA PARTICULAR RELACIÓN DEL EMPRESARIO OSCAR FARÍA CON CITGO Y EL NEGOCIO PETROLERO VENEZOLANO
LA TRAMA CORRUPTA DE ODEBRECHT Y EL VENEZOLANO HÉCTOR DAGER QUE CONTRIBUYÓ A LA CRISIS ELÉCTRICA EN VENEZUELA
ANTONIO CHAMBRA, EL EMPRESARIO QUE SE «ENGANCHÓ» A OPACOS NEGOCIOS EN VENEZUELA
MARIO VILLARROEL LANDER, PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA EN VENEZUELA, CARGADO DE CONTROVERSIAS
LOS NEGOCIOS DE ELIGIO CEDEÑO LLEGABAN HASTA LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
ASÍ DESCRIBEN AL ENCHUFADO APODERADO DE TECHNOBIO CORP
VENEZOLANOS INDIGNADOS CON DAMAS “SOCIALISTAS” DEGUSTANDO “EXQUISITAS CARNES EN BUENOS RESTAURANTES”
LAS SANCIONES DE LA OFAC Y LOS NEGOCIOS DEL EMPRESARIO CAMILO IBRAHIM EN VENEZUELA
LAS GEMELAS BRAUN, FAMOSAS FIGURAS DEL MEDIO ARTÍSTICO VENEZOLANO, PUDIERAN SER AFECTADAS POR MEDIDAS DE USA A EMPRESARIOS
INTERNACIONALES
MONÓMEROS, UNA BILLONARIA ESTATAL VENEZOLANA EN COLOMBIA
RONALD CAMPBELL, OTRO MUY “AFORTUNADO” EX–ASISTENTE DEL EX-PRESIDENTE PANAMEÑO JUAN CARLOS VARELA
IMPUTACIÓN AL HIJO DEL EX-MAGISTRADO OYDEN ORTEGA, OTRO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN JUDICIAL EN PANAMÁ
ASÍ DE MALA FUE LA GESTIÓN DE ALEXIS BETHANCOURT COMO MINISTRO DE SEGURIDAD DE PANAMÁ
(COLOMBIA) SENADOR GUSTAVO PETRO Y MARÍA MERCEDES MALDONADO DISCUTIERON APOYO A CANDIDATO DENUNCIADO POR MALTRATO. El pasado 27 de agosto, un grupo de más de 80 mujeres del movimiento Colombia Humana, lideradas por Ángela María Robledo y María Mercedes Maldonado, extendieron una invitación al senador y excandidato presidencial Gustavo Petro. Esta reunión, según escribió Robledo en su cuenta de Twitter, es motivada por “las contradicciones que vive nuestro proyecto Colombia Humana en torno a los aportes del feminismo en la sociedad”. Este pronunciamiento se produjo apenas semanas después de que Petro hiciera oficial su apoyo a la candidatura de Hollman Morris a la Alcaldía de Bogotá, por encima de las denuncias de maltrato contra la mujer que pesan en su contra por parte de su exesposa. Así, bajo la premisa de las mujeres firmantes sobre su participación “en la construcción del proyecto alternativo y progresista del país y de la cultura política (de Colombia Humana)”, el senador aceptó la invitación y la reunión se llevó a cabo el pasado 4 de septiembre. Maldonado, quien fue la mano derecha de Petro durante su Alcaldía y dejó el movimiento tras este suceso, se refirió en La W a este encuentro, que fue “una reunión bastante abierta y tranquila a la discusión”. “Lo de ayer (4 de septiembre) era hacer una discusión de las falencias que hay en Colombia Humana (...) no pretendíamos un cambio ni nada. No se tocó el tema del metro, era otro el objetivo de la reunión. Gustavo Petro fue bastante generoso con el tiempo”, explicó Maldonado. Además, de cara a la actual campaña política para las elecciones regionales del 27 de octubre, la exalcaldesa encargada manifestó: “Siempre he pensado que se debe hacer un acuerdo programático con Claudia López”. – Con información de W RadioApreciado @petrogustavo, las contradicciones que vive nuestro proyecto Colombia Humana en torno a los aportes del feminismo en la sociedad, nos motiva a un grupo amplio de mujeres a convocarte a una encuentro directo.— Ángela María Robledo (@angelamrobledo) August 27, 2019
Quedamos atentas de la fecha para esta reunión de diálogo. pic.twitter.com/5uIRaBWHrz
(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.comContenidos Relacionados...
(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
(INDIA) UN REPORTERO ACUSADO DE DIFAMACIÓN Y CONSPIRACIÓN CRIMINAL POR MOSTRAR LAS DIETAS DE UNA ESCUELA DE MIRZAPUR. Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena enérgicamente la denuncia interpuesta por las autoridades del estado de Uttar Pradesh contra el periodista Pawan Jaiswal, del semanario local Jansandesh Times, y pide su anulación inmediata. La denuncia, presentada el 2 de septiembre por el ministerio de Educación del estado de Uttar Pradesh, acusa al periodista de conspiración criminal y difamación. La causa es un reportaje en el que el periodista muestra a los alumnos de una escuela situada en el distrito de Mirzapur recibiendo su almuerzo, un estricto régimen de "roti + namak" (pan y sal, en hindi). En otro video publicado el lunes 2 de septiembre, Pawan Jaiswal explica que un funcionario local le alertó de esta negligencia e informó a los responsables de la escuela de su visita. Pese a que una investigación judicial ha confirmado los hechos denunciados, lo que ha llevado al despido de dos empleados de la escuela, el gobierno mantiene su denuncia contra el periodista. "Hacemos un llamamiento a las autoridades en Uttar Pradesh, comenzando por el primer ministro Yogi Adityanath, para que retiren inmediatamente los cargos contra Pawan Jaiswal, que solo ha hecho su trabajo como periodista", afirma Daniel Bastard, responsable de la oficina de Asia - Pacífico de Reporteros Sin Fronteras. "Estamos ante una clara intimidación contra un periodista que simplemente ha planteado una cuestión de interés público. Acusarle de conspiración criminal es indecente". Varios colegas de Pawan Jaiswal se reunieron en Mirzapur el martes 3 de septiembre para mostrar su solidaridad con el informador. India ocupa el puesto 140 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org(GUINEA ECUATORIAL) DOS PERIODISTAS DETENIDOS ARBITRARIAMENTE DESDE HACE MÁS DE UNA SEMANA. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide la puesta en libertad de los periodistas ecuatoguineanos Melanio Nkogo y Ruben Bacale, detenidos arbitrariamente durante varios días, sin justificación oficial hasta la fecha. Nkogo y Bacale, periodistas de la televisión privada Asonga, fueron detenidos el martes 27 de agosto en la comisaría de policía de Bata, la principal ciudad y capital económica de Guinea Ecuatorial. Pero, ni la policía ni las autoridades han comunicado aún el motivo de su detención. Según la información recopilada por RSF, los dos reporteros podrían ser acusados de haber realizado una entrevista con un juez del Tribunal de Investigación de Bata, criticando la suspensión a la que había sido sometido unos días antes por el presidente de la Corte Suprema. La televisión Asonga es el único medio audiovisual privado del país, pero sigue estando estrictamente controlado por el poder, ya que pertenece a Teodorin Nguema Obiang, vicepresidente de la República e hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde hace 40 años. "El período legal de custodia se ha excedido en gran medida y nada justifica que estos dos periodistas permanezcan detenidos por haber hecho su trabajo", asegura Arnaud Froger, responsable de la oficina de RSF en África. "Estas detenciones confirman la extrema vulnerabilidad de los periodistas ecuatoguineanos, expuestos a los peores métodos de intimidación en cuanto se desvían un mínimo de la línea editorial oficial marcada por el poder. Exigimos a las autoridades que pongan en libertad a estos periodistas sin demora", añade. Cabe recordar que, En 2017, Ramon Nse Ebalé, un destacado caricaturista crítico con el Gobierno de Teodoro Obiang estuvo encarcelado durante casi 6 meses acusado de cargos falsos. Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 165 de los 180 países que conforman la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. – Con información de rsf-es.org
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