EMPRESARIO VENEZOLANO OSCAR FARÍA COMPRA AVIÓN DE JEFFREY EPSTEIN. Oscar A. Faría, esposo de la exmiss Venezuela Veruzhka Ramírez, fue el comprador del avión de Jeffrey Epstein, reseñaron medios estadounidenses el sábado 31 de agosto. Epstein utilizó una empresa fantasma, Hyperion Air Inc., para vender su avión bimotor Gulfstream G II a otra empresa fantasma, Starbridge Landing Inc., a finales de 2013. Una nota de Mcclatchy señala que Faría es un empresario que forma parte de la creciente población venezolana en Miami, concentrada en Doral y en otras zonas aledañas. |
| Oscar A. Faría, Jeffrey Epstein |
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA
LOS PUESTOS CLAVE DE LEOPOLDO LÓPEZ Y SU MADRE EN EL ACTUAL ESQUEMA POLÍTICO VENEZOLANO
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(16/11/2010) DEMANDAN A BANCO EN EEUU POR SUPUESTO FAVORITISMO A VENEZOLANOS
(24/08/2011) MULTA MILLONARIA CONTRA OCEAN BANK POR LAVADO DE DINERO DE VENEZOLANOS SOSPECHOSOS
(26/08/2011) OCEAN BANK DE MIAMI. Según se ha sabido públicamente, la reciente multa impuesta por las autoridades federales norteamericanas al Ocean Bank radica en que la institución no pudo justificar el origen del dinero depositado en algunas abultadas cuentas que en parte pertenecerían a ciudadanos venezolanos. La sanción correspondería a investigaciones que ejecutan la DEA, el IRS y otras autoridades en contra del lavado y legitimación de capitales. Uno de los accionistas del banco sería el empresario Serafín García (relacionado a las empresas Semarys, Dole, Friosa, etc.), esposo de la exalcaldesa de Chacao Irene Sáez.
(04/09/2011) EL OCEAN BANK EN EL OJO DEL HURACÁN
(17/11/2011) OCEAN BANK. Algunos medios han informado sobre la supuesta pérdida de clientes que ha sufrido el Ocean Bank de Miami, banco de capital venezolano-lusitano, producto de una sanción por no ejercer controles contra el lavado de dinero. Según los mismos medios, ciertas cuentas habrían sido cerradas debido a transacciones sospechosas y transferencias de dinero a Europa.
(17/04/2013) OCEAN BANK DE MIAMI. Pasada la Segunda Guerra Mundial, cerca de cien mil portugueses, la mayoría de la isla de Madeira, escogieron Venezuela para emprender nuevos proyectos de vida, entre estos, Manuel y Agostinho De Sousa Macedo, Manuel Mendes De Sousa y Manuel Da Corte De Abreu, quienes llegaron en 1946 y se asociaron para montar un pequeño abasto con un capital de 10 mil bolívares. El negocio se denominaba inicialmente Sociedad Mercantil Macedo, Da Corte & Co y tres años después pasó a llamarse Central Madeirense, C.A. Agostinho De Sousa Macedo se casó el 24 de febrero de 1960 con una venezolana: Olga Moncayo, con quien tuvo cuatro hijos: Sandra, Adriana, Olga y Agostinho; pero también tuvo un hijo fuera del matrimonio: David Samuel. Olga Moncayo murió el 17 de agosto de 2001 y dejó el 50 por ciento de sus bienes a su esposo Agostinho De Sousa Macedo, quien murió el 22 de febrero de 2009, y este a su vez dejó en su testamento a todos sus hijos, incluyendo a su hijo reconocido David Samuel. Entre los bienes heredados se encontraba el cien por ciento de las siete millones 30 mil 657 acciones en Banco Plaza, valoradas en 12 millones 314 mil 290 bolívares. De los cuatro hijos, Agostinho Alfonso Macedo Moncayo fue quien terminó encargándose del negocio bancario y hoy preside la junta directiva de Banco Plaza, pero sus aspiraciones en el mundo financiero no quedaron ahí y pronto comenzó a trascender fronteras. Agostinho Alfonso Macedo ahora posee también un banco en Miami, se trata del Ocean Bank, en el que aparece como director presidente. Central Madeirense se convirtió en uno de los principales proveedores de Mercal y PDVAL para incrementar los niveles de distribución, calidad y sostenibilidad de precios solidarios de los alimentos. Actualmente Macedo se encuentra en el ojo del huracán por investigaciones en EE.UU. en contra del Ocean Bank relacionadas con presunto lavado de capitales. Fuente: Con información de Agencias
(16/05/2013) BANQUERO PRÓFUGO VENEZOLANO CONDENADO A PAGAR $30 MILLONES EN EE.UU. Los empresarios venezolanos Álvaro Gorrín (hijo) y Álvaro Gorrín Ramos (padre), aprovechando su amistad con el principal accionista del Ocean Bank, solicitaron un préstamo de más de $56 millones para supuestamente destinarlos a financiar proyectos inmobiliarios. Pocos días atrás fueron condenados por una corte de la Florida a pagar más de $30 millones, luego que el tribunal determinara que el dinero no fue destinado para el fin solicitado. Los $56 millones habían sido tomados para financiar dos proyectos de conversión de condominios en la Florida Central. Los ingresos de las unidades vendidas se suponían que irían al principal del préstamo. Pero en cambio, el director del proyecto, Frank Segredo, robó el dinero destinado a pagar la deuda. Tanto Segredo como los Gorrín han sido condenados severamente por la justicia de la Florida. El conflicto data del año 2005, en el apogeo del auge inmobiliario en EE.UU. Los Gorrín obtuvieron dos préstamos por un total de $56 millones a través de dos sociedades de responsabilidad limitada (Walden Holdings y Legacy Conversions en Waterford Landings). Gorrín Jr. era el codirector del proyecto de conversión de condominios junto con Segredo, agente de una compañía de cierres de títulos. Los Gorrín descubrieron y detectaron la estafa de Segredo, pero no hicieron nada al respecto, ni informaron al Ocean Bank. Los saldos de los préstamos eran mucho mayores. Los compradores de los condominios recibieron pólizas de títulos fraudulentos. Los Gorrín se comportaron como cómplices. En el 2007 el banco descubrió la estafa y notificó a la compañía de títulos de Segredo —Attorney’s Title Insurance Company of Florida—, que de inmediato tomó medidas. Segredo renunció al control de su asociación profesional y sus cuentas de fideicomiso. Fue inhabilitado y una filial llamada Poker Run Acquisitions se hizo cargo de la deuda y demandó a la familia Gorrín por lo que se había perdido. Segredo podría ser condenado por hurto mayor y fraude organizado. Álvaro Gorrín era el propietario del quebrado Banco Canarias y se habría fugado en su yate a EE.UU. tras la intervención de la institución financiera en Venezuela. Actualmente junto a su hijo es dueño de 9 panaderías “Don Pan” en el sur de la Florida. Durante algunos meses la justicia venezolana logró que Interpol emitiera una difusión de captura en su contra, que posteriormente fue retirada. Con información de agencias
(25/01/2019) FRAUDES CAMBIARIOS Y OTROS ESCÁNDALOS EMPAÑAN HISTORIA EMPRESARIAL DE SERAFÍN GARCÍA
LOS SOLICITANTES DE ASILO Y LA AUTORIZACIÓN DE EMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS
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| Alejandro Ceballos |
MARIO VILLARROEL LANDER, PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA EN VENEZUELA, CARGADO DE CONTROVERSIAS
CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ: LUISA ORTEGA, OPERACIÓN SECRETA DE SALVAMENTO | VENEZUELA
LA ESCANDALOSA HISTORIA DE ANTONIO CHAMBRA, LOS CLAP Y EL «SUPERGUISO» CON LA COMIDA EN VENEZUELA
CAMILO IBRAHIM EN LA MIRA DE LA OFAC POR EXPORTACIONES CON SOBREPRECIO A VENEZUELA
LOS NEGOCIOS DE ELIGIO CEDEÑO LLEGABAN HASTA LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
LAS GEMELAS BRAUN, FAMOSAS FIGURAS DEL MEDIO ARTÍSTICO VENEZOLANO, PUDIERAN SER AFECTADAS POR MEDIDAS DE USA A EMPRESARIOS
EMPRESARIO RAFAEL CIARCIA WALO VINCULADO CON INDIVIDUOS QUE DESFALCARON EN VENEZUELA A PDVSA
¡Atención! Difusión Masiva. Hoy 29Ago# se cumple un año del secuestro judicial, que le tienen al reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, pidió que sé publicará esta carta para hablarle claro al país y mencionó lo siguiente: Para la prensa, callar es un delito. ¡Yo no callaré! pic.twitter.com/7s5yJMCpwQ— Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) August 29, 2019
INTERNACIONALES
ASÍ «COMPLACIÓ» EL PRESIDENTE DE PANAMÁ LAURENTINO CORTIZO A LA CANTANTE SANDRA SANDOVAL
ESPAÑOLA “OK RENT A CAR” CONFRONTA OLA DE RECLAMOS DE CLIENTES
(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.comContenidos Relacionados...
(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
(MÉXICO) OLA DE ASESINATOS DE PERIODISTAS; LAS AUTORIDADES, IMPOTENTES. Con el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo asciende a 10 el número de periodistas asesinados en México en 2019, confirmando al país como el más peligroso del mundo para la prensa. A esta situación de violencia extrema se suma la impunidad casi total en la que permanecen estos crímenes. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tomado hasta hoy ninguna decisión valiente para acabar con esta situación, por lo que RSF urge cumplir con algunas recomendaciones. Rogelio Barragán Pérez, Norma Garabia Sarduza, Francisco Romero Diaz, Telésforo Santiago Enríquez, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Rafael Murúa Manríquez, Omar Iván Camacho Mascareño, Santiago Barroso, Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Condés Jaramillo. La lista de periodistas mexicanos asesinados debido a su trabajo periodístico crece de manera inexorable. El 24 de agosto de 2019, con el asesinato de Nevith Conde Jaramillo, sumaban al menos* 10 los periodistas asesinados en México; la misma cantidad que en todo el año 2018. En 2019 más de 30% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo han sido cometidos en México, lo que lo ha convertido en el país más letal para la prensa, por delante de Afganistán y Siria, países en los que se han registrado cuatro asesinatos (en cada uno) en el mismo periodo. Los dos asesinatos cometidos más recientemente revelan en gran medida la incapacidad e ineficacia de las autoridades federales y locales para frenar esta espiral infernal de violencia, sobre todo cuando funcionarios o políticos locales están involucrados directamente. El sábado 24 de agosto, en el municipio de Tejupilco (estado de México), apuñalaron al periodista Nevith Condés Jaramillo; encontraron su cuerpo en uno de los cerros de los alrededores de este municipio. Nevith era director del diario en línea El Observatorio del Sur, en el que denunciaba con frecuencia la corrupción de funcionarios locales. Los colegas y allegados del periodista con los que RSF se puso en contacto afirmaron que lo amenazaron de muerte dos veces; una en noviembre de 2018 y otra en junio de 2019, como represalia por la información que había publicado. El reportero había denunciado estas amenazas ante el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, pero éste a decir del Mecanismo no había continuado el tramite sin tener más detalles del porque. Los compañeros de Nevith también señalaron que “había fuertes fricciones” con el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas. Por otra parte, Jorge Celestino Ruíz Vázquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa, fue asesinado el 2 de agosto de 2019 en el municipio de Actopan (estado de Veracruz). El periodista había denunciado que el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, había desviado dinero del municipio. El reportero fue agredido y amenazado varias veces en 2018. Tras denunciarlo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ésta le otorgo medidas de protección temporales, las cuales no fueron cumplidas por la Secretaría de seguridad Pública del Estado. Días antes de que asesinaran al reportero, un mensajero del alcalde fue a las oficinas de Gráfico de Xalapa y ofreció dinero a cambio de que no publicará información comprometedora sobre las actividades del presidente municipal; el diario lo rechazó. “Los investigadores deben demostrar la mayor imparcialidad, dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su labor profesional e identificar lo antes posible a los responsables de los asesinatos de Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Condés Jaramillo, casos en los que se sospecha que políticos locales estuvieron implicados”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “Frente a esta ola de agresiones y asesinatos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la gravedad de la situación y emprender acciones contundentes y urgentes a las que se comprometió al llegar a la Presidencia. Más de 90% de los crímenes cometidos contra periodistas en México permanece en la impunidad, lo que explica el círculo vicioso en el que se encuentra atrapada la prensa mexicana. Ante esta situación, en marzo de 2019 RSF acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga en el país por la impunidad en que permanecen los crímenes –asesinatos y desapariciones– cometidos contra periodistas entre 2006 y 2018, bajo los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, predecesores de Andrés Manuel López Obrador. Frente a la inigualable cantidad de asesinatos de periodistas registrados en México en 2019 RSF desea hacer una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas, en particular al presidente, Andrés Manuel López Obrador. RSF recomienda: A la Segob: 1) Ofrecer mayor protección a los periodistas: - Mejorando la eficacia y la reactividad del Mecanismo nacional de protección de periodistas, reforzando sus capacidades humanas y económicas; reflexionando a profundidad sobre su papel en la prevención de los riesgos que corren los periodistas, sobre todo en los estados más peligrosos del país. - Implementando lo antes posible las recomendaciones del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de protección a periodistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presentadas el día 26 de agosto - Creando una política integral de atención a periodistas víctimas de desplazamiento forzado y a sus familias. 2) Incrementar los recursos de las autoridades para investigar estos crímenes. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) muy pronto formará parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. En este contexto, es urgente: - Ampliar las facultades e incrementar los recursos económicos y humanos de la FEADLE. - Dar a conocer lo antes posible las orientaciones y los lineamientos de la FEADLE en lo que respecta a la investigación de los crímenes cometidos contra periodistas, así como los medios de impugnación de las decisiones de esta fiscalía. - Alentar a la FEADLE a que haga pleno uso de su facultad de atracción (del ámbito local al federal) de investigaciones de delitos contra libertad de expresión, como lo contempla el artículo 21 del Código Penal. RSF considera que, de manera imperativa, la FEADLE debe atraer los casos de los asesinatos de Jorge Celestino Ruiz, Norma Sarabia Garduza y Francisco Romero, perpetrados en 2019. - Que se aplique efectivamente el “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión” publicado en octubre de 2018. - Que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la que dependerá la FEADLE, se acerque lo antes posible a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que trabajen juntas en los nuevos objetivos y desafíos a enfrentar. México se encuentra en el lugar 144, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF. * Otros casos, en particular los de los periodistas Samir Flores y Reynaldo López, aún se están investigando. RSF debe confirmar que los asesinatos estuvieron relacionados con su labor periodística. – Con información de rsf.org
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