Oscar A. Faría, Jeffrey Epstein |
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
EL RING DE PRENSA AMÉRICA @AMERICAPRENSA, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | VENEZUELA
LOS PUESTOS CLAVE DE LEOPOLDO LÓPEZ Y SU MADRE EN EL ACTUAL ESQUEMA POLÍTICO VENEZOLANO
MANUEL “COKO” SOSA FUE PIEZA CLAVE EN LA DETENCIÓN DE CUATRO GERENTES DE PDVSA. El fiscal Tarek William Saab, anunció en febrero de 2018 la emisión de 7 nuevas órdenes de aprehensión por los casos de corrupción en Petropiar y Petrocedeño, ocurridos en las áreas operacional y administrativa. En ese sentido, también recordó que dichas órdenes se lograron “gracias a la delación que hizo el ciudadano Manuel Sosa”. “Logramos detener y judicializar a 4 gerentes de Petropiar el año pasado. Aquello fue por el otorgamiento de contratos de compras de bienes y servicios con sobre precio y adjudicaciones que beneficiaron a una serie de empresas que ni siquiera ejecutaron las obras”, apuntó Saab en una intervención televisada. Así mismo, señaló que las personas involucradas buscaban “desfalcar” la industria petrolera para hacer daño patrimonial al país. – Con información de Maduradas
OCEAN BANK LANZA DIVISIÓN DE BANCA PRIVADA. Ocean Bank ha contratado a un equipo de un banco local de Miami para lanzar una división de banca privada que atenderá a clientes nacionales y extranjeros. El banco independiente con sede en Miami ha establecido un departamento privado de servicios al cliente que estará dirigido por Gladys Reed, quien se unió desde BankUnited donde era directora gerente de su división de banca privada. Reed, que tiene 37 años de experiencia bancaria, fue contratada para lanzar la nueva unidad junto con tres banqueros privados de BankUnited, Grace Fleischman, Thomas Pla y Raphael García. Reed había estado en BankUnited desde 2005, tanto Pla como García habían estado en el banco durante nueve años, mientras que Fleischman se había unido al grupo con sede en Miami Dade en 2014. "La banca privada y la gestión patrimonial se han convertido en una parte cada vez más importante de nuestros servicios, tanto para clientes nacionales como extranjeros", dijo el CEO de Ocean Bank, Agostinho Alfonso Macedo, en un comunicado. "No solo para familias de alto patrimonio, sino también para empresas de servicios profesionales y propietarios de negocios". Ocean Bank tenía activos por $ 4.1 mil millones el 21 de marzo y tiene sucursales en los condados de Miami-Dade y Broward. – Con información de Agencias
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(24/08/2011) MULTA MILLONARIA CONTRA OCEAN BANK POR LAVADO DE DINERO DE VENEZOLANOS SOSPECHOSOS
(26/08/2011) OCEAN BANK DE MIAMI. Según se ha sabido públicamente, la reciente multa impuesta por las autoridades federales norteamericanas al Ocean Bank radica en que la institución no pudo justificar el origen del dinero depositado en algunas abultadas cuentas que en parte pertenecerían a ciudadanos venezolanos. La sanción correspondería a investigaciones que ejecutan la DEA, el IRS y otras autoridades en contra del lavado y legitimación de capitales. Uno de los accionistas del banco sería el empresario Serafín García (relacionado a las empresas Semarys, Dole, Friosa, etc.), esposo de la exalcaldesa de Chacao Irene Sáez.
(04/09/2011) EL OCEAN BANK EN EL OJO DEL HURACÁN
(17/11/2011) OCEAN BANK. Algunos medios han informado sobre la supuesta pérdida de clientes que ha sufrido el Ocean Bank de Miami, banco de capital venezolano-lusitano, producto de una sanción por no ejercer controles contra el lavado de dinero. Según los mismos medios, ciertas cuentas habrían sido cerradas debido a transacciones sospechosas y transferencias de dinero a Europa.
(17/04/2013) OCEAN BANK DE MIAMI. Pasada la Segunda Guerra Mundial, cerca de cien mil portugueses, la mayoría de la isla de Madeira, escogieron Venezuela para emprender nuevos proyectos de vida, entre estos, Manuel y Agostinho De Sousa Macedo, Manuel Mendes De Sousa y Manuel Da Corte De Abreu, quienes llegaron en 1946 y se asociaron para montar un pequeño abasto con un capital de 10 mil bolívares. El negocio se denominaba inicialmente Sociedad Mercantil Macedo, Da Corte & Co y tres años después pasó a llamarse Central Madeirense, C.A. Agostinho De Sousa Macedo se casó el 24 de febrero de 1960 con una venezolana: Olga Moncayo, con quien tuvo cuatro hijos: Sandra, Adriana, Olga y Agostinho; pero también tuvo un hijo fuera del matrimonio: David Samuel. Olga Moncayo murió el 17 de agosto de 2001 y dejó el 50 por ciento de sus bienes a su esposo Agostinho De Sousa Macedo, quien murió el 22 de febrero de 2009, y este a su vez dejó en su testamento a todos sus hijos, incluyendo a su hijo reconocido David Samuel. Entre los bienes heredados se encontraba el cien por ciento de las siete millones 30 mil 657 acciones en Banco Plaza, valoradas en 12 millones 314 mil 290 bolívares. De los cuatro hijos, Agostinho Alfonso Macedo Moncayo fue quien terminó encargándose del negocio bancario y hoy preside la junta directiva de Banco Plaza, pero sus aspiraciones en el mundo financiero no quedaron ahí y pronto comenzó a trascender fronteras. Agostinho Alfonso Macedo ahora posee también un banco en Miami, se trata del Ocean Bank, en el que aparece como director presidente. Central Madeirense se convirtió en uno de los principales proveedores de Mercal y PDVAL para incrementar los niveles de distribución, calidad y sostenibilidad de precios solidarios de los alimentos. Actualmente Macedo se encuentra en el ojo del huracán por investigaciones en EE.UU. en contra del Ocean Bank relacionadas con presunto lavado de capitales. Fuente: Con información de Agencias
(16/05/2013) BANQUERO PRÓFUGO VENEZOLANO CONDENADO A PAGAR $30 MILLONES EN EE.UU. Los empresarios venezolanos Álvaro Gorrín (hijo) y Álvaro Gorrín Ramos (padre), aprovechando su amistad con el principal accionista del Ocean Bank, solicitaron un préstamo de más de $56 millones para supuestamente destinarlos a financiar proyectos inmobiliarios. Pocos días atrás fueron condenados por una corte de la Florida a pagar más de $30 millones, luego que el tribunal determinara que el dinero no fue destinado para el fin solicitado. Los $56 millones habían sido tomados para financiar dos proyectos de conversión de condominios en la Florida Central. Los ingresos de las unidades vendidas se suponían que irían al principal del préstamo. Pero en cambio, el director del proyecto, Frank Segredo, robó el dinero destinado a pagar la deuda. Tanto Segredo como los Gorrín han sido condenados severamente por la justicia de la Florida. El conflicto data del año 2005, en el apogeo del auge inmobiliario en EE.UU. Los Gorrín obtuvieron dos préstamos por un total de $56 millones a través de dos sociedades de responsabilidad limitada (Walden Holdings y Legacy Conversions en Waterford Landings). Gorrín Jr. era el codirector del proyecto de conversión de condominios junto con Segredo, agente de una compañía de cierres de títulos. Los Gorrín descubrieron y detectaron la estafa de Segredo, pero no hicieron nada al respecto, ni informaron al Ocean Bank. Los saldos de los préstamos eran mucho mayores. Los compradores de los condominios recibieron pólizas de títulos fraudulentos. Los Gorrín se comportaron como cómplices. En el 2007 el banco descubrió la estafa y notificó a la compañía de títulos de Segredo —Attorney’s Title Insurance Company of Florida—, que de inmediato tomó medidas. Segredo renunció al control de su asociación profesional y sus cuentas de fideicomiso. Fue inhabilitado y una filial llamada Poker Run Acquisitions se hizo cargo de la deuda y demandó a la familia Gorrín por lo que se había perdido. Segredo podría ser condenado por hurto mayor y fraude organizado. Álvaro Gorrín era el propietario del quebrado Banco Canarias y se habría fugado en su yate a EE.UU. tras la intervención de la institución financiera en Venezuela. Actualmente junto a su hijo es dueño de 9 panaderías “Don Pan” en el sur de la Florida. Durante algunos meses la justicia venezolana logró que Interpol emitiera una difusión de captura en su contra, que posteriormente fue retirada. Con información de agencias
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(17/11/2011) OCEAN BANK. Algunos medios han informado sobre la supuesta pérdida de clientes que ha sufrido el Ocean Bank de Miami, banco de capital venezolano-lusitano, producto de una sanción por no ejercer controles contra el lavado de dinero. Según los mismos medios, ciertas cuentas habrían sido cerradas debido a transacciones sospechosas y transferencias de dinero a Europa.
(17/04/2013) OCEAN BANK DE MIAMI. Pasada la Segunda Guerra Mundial, cerca de cien mil portugueses, la mayoría de la isla de Madeira, escogieron Venezuela para emprender nuevos proyectos de vida, entre estos, Manuel y Agostinho De Sousa Macedo, Manuel Mendes De Sousa y Manuel Da Corte De Abreu, quienes llegaron en 1946 y se asociaron para montar un pequeño abasto con un capital de 10 mil bolívares. El negocio se denominaba inicialmente Sociedad Mercantil Macedo, Da Corte & Co y tres años después pasó a llamarse Central Madeirense, C.A. Agostinho De Sousa Macedo se casó el 24 de febrero de 1960 con una venezolana: Olga Moncayo, con quien tuvo cuatro hijos: Sandra, Adriana, Olga y Agostinho; pero también tuvo un hijo fuera del matrimonio: David Samuel. Olga Moncayo murió el 17 de agosto de 2001 y dejó el 50 por ciento de sus bienes a su esposo Agostinho De Sousa Macedo, quien murió el 22 de febrero de 2009, y este a su vez dejó en su testamento a todos sus hijos, incluyendo a su hijo reconocido David Samuel. Entre los bienes heredados se encontraba el cien por ciento de las siete millones 30 mil 657 acciones en Banco Plaza, valoradas en 12 millones 314 mil 290 bolívares. De los cuatro hijos, Agostinho Alfonso Macedo Moncayo fue quien terminó encargándose del negocio bancario y hoy preside la junta directiva de Banco Plaza, pero sus aspiraciones en el mundo financiero no quedaron ahí y pronto comenzó a trascender fronteras. Agostinho Alfonso Macedo ahora posee también un banco en Miami, se trata del Ocean Bank, en el que aparece como director presidente. Central Madeirense se convirtió en uno de los principales proveedores de Mercal y PDVAL para incrementar los niveles de distribución, calidad y sostenibilidad de precios solidarios de los alimentos. Actualmente Macedo se encuentra en el ojo del huracán por investigaciones en EE.UU. en contra del Ocean Bank relacionadas con presunto lavado de capitales. Fuente: Con información de Agencias
(16/05/2013) BANQUERO PRÓFUGO VENEZOLANO CONDENADO A PAGAR $30 MILLONES EN EE.UU. Los empresarios venezolanos Álvaro Gorrín (hijo) y Álvaro Gorrín Ramos (padre), aprovechando su amistad con el principal accionista del Ocean Bank, solicitaron un préstamo de más de $56 millones para supuestamente destinarlos a financiar proyectos inmobiliarios. Pocos días atrás fueron condenados por una corte de la Florida a pagar más de $30 millones, luego que el tribunal determinara que el dinero no fue destinado para el fin solicitado. Los $56 millones habían sido tomados para financiar dos proyectos de conversión de condominios en la Florida Central. Los ingresos de las unidades vendidas se suponían que irían al principal del préstamo. Pero en cambio, el director del proyecto, Frank Segredo, robó el dinero destinado a pagar la deuda. Tanto Segredo como los Gorrín han sido condenados severamente por la justicia de la Florida. El conflicto data del año 2005, en el apogeo del auge inmobiliario en EE.UU. Los Gorrín obtuvieron dos préstamos por un total de $56 millones a través de dos sociedades de responsabilidad limitada (Walden Holdings y Legacy Conversions en Waterford Landings). Gorrín Jr. era el codirector del proyecto de conversión de condominios junto con Segredo, agente de una compañía de cierres de títulos. Los Gorrín descubrieron y detectaron la estafa de Segredo, pero no hicieron nada al respecto, ni informaron al Ocean Bank. Los saldos de los préstamos eran mucho mayores. Los compradores de los condominios recibieron pólizas de títulos fraudulentos. Los Gorrín se comportaron como cómplices. En el 2007 el banco descubrió la estafa y notificó a la compañía de títulos de Segredo —Attorney’s Title Insurance Company of Florida—, que de inmediato tomó medidas. Segredo renunció al control de su asociación profesional y sus cuentas de fideicomiso. Fue inhabilitado y una filial llamada Poker Run Acquisitions se hizo cargo de la deuda y demandó a la familia Gorrín por lo que se había perdido. Segredo podría ser condenado por hurto mayor y fraude organizado. Álvaro Gorrín era el propietario del quebrado Banco Canarias y se habría fugado en su yate a EE.UU. tras la intervención de la institución financiera en Venezuela. Actualmente junto a su hijo es dueño de 9 panaderías “Don Pan” en el sur de la Florida. Durante algunos meses la justicia venezolana logró que Interpol emitiera una difusión de captura en su contra, que posteriormente fue retirada. Con información de agencias
(25/01/2019) FRAUDES CAMBIARIOS Y OTROS ESCÁNDALOS EMPAÑAN HISTORIA EMPRESARIAL DE SERAFÍN GARCÍA
ASEGURAN QUE EXGERENTE GENERAL DE PDVSA GAS COLOMBIA ACUSADA DE CORRUPCIÓN EN 2018 SE ENCONTRARÍA EN EE.UU. “Sarah Alicia Moya Machado está en Houston, Texas, disfrutando de los millones robados”, así lo afirma una fuente, a pesar que el Ministerio Público venezolano anunció en septiembre de 2018 la detención de quien fuera gerente general y representante legal de Pdvsa Gas Colombia entre 2007 y 2015. Según la fuente, Moya obtuvo una visa de inversionista en 2017, gracias a que contaría además con ciudadanía francesa. “También se hace llamar Sarah Márquez”, sostiene la fuente. Sarah Moya manejó -sin supervisión- 221,9 millones de dólares, entre ellos 112,9 millones generados por el convenio de suministro de combustibles entre Pdvsa y Ecopetrol, recursos que no le correspondía manejar. Moya aparece en los Papeles de Panamá vinculada a una empresa radicada en Las Islas Vírgenes Británicas a través del bufete Mosack Fonseca, así como en la investigación por lavado de dinero en Andorra relacionada con Diego Salazar Carreño y Rafael Ramírez. Moya calculó su propia liquidación cuando fue cesada en el cargo, adjudicándose 40 mil 900 dólares adicionales a los que en realidad le correspondían, que eran 18 mil 183. Moya -junto al ciudadano José Márquez- viajaron a Río de Janeiro en 2014 durante las festividades del carnaval con dinero del Estado venezolano.
LOS SOLICITANTES DE ASILO Y LA AUTORIZACIÓN DE EMPLEO EN LOS ESTADOS UNIDOS
Alejandro Ceballos |
MARIO VILLARROEL LANDER, PRESIDENTE DE LA CRUZ ROJA EN VENEZUELA, CARGADO DE CONTROVERSIAS
CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ: LUISA ORTEGA, OPERACIÓN SECRETA DE SALVAMENTO | VENEZUELA
GRUPO BRANDON, EMPRESA QUE VENDIÓ EN MÉXICO LECHE DE MALA CALIDAD A VENEZUELA ES “FANTASMA”. Grupo Brandon, S.A de C.V., empresa conformada por dos estudiantes de colonias populares de los municipios de Guadalupe y Juárez, Nuevo León, y que vendió 30 mil toneladas de leche en polvo de mala calidad a las tiendas oficiales del gobierno de Venezuela, fue confirmada como empresa “fantasma” por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. El Sistema de Administración Tributaria de México publicó el oficio 500-05-2019-18165 mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, correspondiente a contribuyentes, entre ellos, la regiomontana Grupo Brandon, de acuerdo con el diario Milenio. El SAT, que encabeza la regia Margarita Ríos-Farjat, establece que la compañía no aportó hasta el 17 de junio de 2019 argumentos y/o pruebas, para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción de ser firmas de “papel” o pantalla. La presunción de la que habla la dependencia federal indica que Grupo Brandon emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. Por ello, apenas el pasado 15 de julio, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del SAT publicó esta lista negra de 91 empresas fantasmas en el Diario Oficial. El pasado mes de noviembre del 2018, MILENIO Monterrey destapó que dos estudiantes nuevoleoneses de 20 y 22 años, habitantes de colonias populares de Juárez y Guadalupe, aparecían como dueños de la empresa que proveyó 30 mil toneladas de leche en polvo de mala calidad a las tiendas oficiales del gobierno de Venezuela. La firma vendió alimentos lácteos a una razón social ligada con prestanombres, a través del programa de despensas venezolano del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Mario Alberto Valdez Díaz, de 20 años, y Javier Eduardo Rodríguez de la Fuente, de 22 años, aparecen como accionistas de Grupo Brandon, ante la fe de Enrique Juan Kuri Gallardo, notario público número 84. La compañía fue fundada en noviembre del 2004 por las familias Marcos Touché y Corella Grenfell; sin embargo, el 5 de abril del año pasado las acciones fueron cedidas y vendidas a los dos jóvenes, que habitan en las colonias Fuentes de Guadalupe, en Guadalupe, y en Villa Luz, en Juárez. Uno de ellos, Mario Alberto, acompañado de su madre Claudia Díaz, acudieron a la redacción de MILENIO Monterrey para informar que no tenía relación alguna con la razón social fantasma con sede en Nuevo León. Brandon empezó a proveer desde el 2017 de remesas de leche en polvo patito a la compañía Asasi Food FZC, en Emiratos Árabes Unidos, compañía que una investigación internacional establece que fue usada por los empresarios colombianos Alex Saab Morán y Álvaro Pulido Vargas, a través de Group Grand Limited, denunciada en agosto de 2017 por la fiscal de Justicia destituida, Luisa Ortega Díaz. – Con información de Agencias
LA ESCANDALOSA HISTORIA DE ANTONIO CHAMBRA, LOS CLAP Y EL «SUPERGUISO» CON LA COMIDA EN VENEZUELA
CAMILO IBRAHIM EN LA MIRA DE LA OFAC POR EXPORTACIONES CON SOBREPRECIO A VENEZUELA
LOS NEGOCIOS DE ELIGIO CEDEÑO LLEGABAN HASTA LAS ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
LAS GEMELAS BRAUN, FAMOSAS FIGURAS DEL MEDIO ARTÍSTICO VENEZOLANO, PUDIERAN SER AFECTADAS POR MEDIDAS DE USA A EMPRESARIOS
EMPRESARIO RAFAEL CIARCIA WALO VINCULADO CON INDIVIDUOS QUE DESFALCARON EN VENEZUELA A PDVSA
REPORTERO GRÁFICO JESÚS MEDINA DIFUNDIÓ CARTA TRAS UN AÑO DE SU ENCARCELAMIENTO. El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine publicó una carta en su cuenta en Twitter tras haber cumplido un año retenido en la cárcel militar de Ramo Verde. "Para el momento en que se publique esta carta, estaré cumpliendo un año del secuestro judicial en el que me mantienen los que hoy están en el poder", se lee en el documento escrito a mano. En la carta, la cual sostiene duras críticas al Gobierno venezolano, el reportero gráfico también envía un mensaje a los líderes políticos del sector opositor. "Hoy les digo a los políticos de oposición: los egos, la ambición y el egoísmo son los que han mantenido a quienes han desfalcado a un país entero; mírense en ese espejo y no sigan cometiendo el mismo error", escribió. Del mismo modo, expresó sentirse "más fuerte que nunca" y alertó sobre las posibles represalias que podría traerle la difusión de su carta. Por su parte, el reportero gráfico conocido por difundir las protestas antigubernamentales registradas en Venezuela durante 2014 dijo que "no debe haber preferencia solo por 3", en referencia a los 501 denominados "presos políticos" que, a su juicio, se encuentran actualmente "secuestrados" por organismos del Estado. "Hoy con nostalgia digo muy fuerte ¡Viva Venezuela libre! Los verdugos no piden clemencia, que les quede bien claro, y para la prensa: callar es un delito y no callaré”, con estas palabras concluye el documento. – Con información de Leonel García Galíndez – El Universal
¡Atención! Difusión Masiva. Hoy 29Ago# se cumple un año del secuestro judicial, que le tienen al reportero gráfico Jesús Medina Ezaine, pidió que sé publicará esta carta para hablarle claro al país y mencionó lo siguiente: Para la prensa, callar es un delito. ¡Yo no callaré! pic.twitter.com/7s5yJMCpwQ— Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) August 29, 2019
INTERNACIONALES
ASÍ «COMPLACIÓ» EL PRESIDENTE DE PANAMÁ LAURENTINO CORTIZO A LA CANTANTE SANDRA SANDOVAL
OEA PIDIÓ VISITA DE LA CIDH A VENEZUELA Y DESIGNÓ COMISIÓN DIPLOMÁTICA PARA NICARAGUA. La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que pide la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. La resolución, que también condena las "violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos" en Venezuela, fue aprobada con 21 votos a favor, tres en contra, siete abstenciones y tres ausencias. La votación se realiza un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara la invitación de Juan Guaidó para visitar el país. El documento fue presentado ante la comisión permanente por las delegaciones de Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Perú y Estados Unidos, según ha informado Voa Noticias. La resolución pide el “fortalecimiento” de la cooperación entre la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para “monitorear la situación” en Venezuela. A su vez, exige que se realice una investigación “independiente, exhaustiva y creíble” que lleve a la judicialización de quienes llevan a cabo violaciones de derechos humanos en el país. Respecto a la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro permita la visita de la CIDH al país, el representante de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, dijo a los medios que "las investigaciones en materia de DDHH no requieren la presencia en el territorio del país". Sin embargo, Tarre dijo que "si el gobierno de facto deja entrar a la comisión sería un pequeño gesto en el sentido de aceptar que sus actos (...) contra los derechos humanos sean investigados". La Alta Comisionada, Michelle Bachelet, visitó en junio Venezuela y divulgó un informe que denuncia “torturas” y estrategias de “represión”. Más de 120 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela apoyaron la posible visita de la CIDH al país, la cual calificaron de un "hito histórico" ya que representa "un cambio en las relaciones" entre la comisión y el país suramericano. La última vez que el organismo interamericano visitó Venezuela fue en el 2002, durante el gobierno de Hugo Chávez y, desde entonces, sus intentos por volver a visitar el país han sido infructuosos. Durante el debate del proyecto de resolución, los países que solicitaron la visita de la comisión denunciaron el ataque represivo y con uso excesivo de fuerza contra los opositores al gobierno de Nicolás Maduro, tanto políticos activos como a miembros de la sociedad civil. Pidieron también que se implementaran las recomendaciones que Bachelet propuso en su informe, que incluyen, entre otros, liberar los “presos políticos” y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). El representante de Estados Unidos, no obstante, dijo que su país se opone a una de las recomendaciones de Bachelet: que el gobierno de Maduro investigue los crímenes contra los derechos humanos. "No se puede confiar que las instituciones en Venezuela investiguen y sancionen de manera efectiva las violaciones de derechos humanos", dijo el diplomático. Las naciones también dijeron estar preocupadas por la crisis que ha obligado a más de 4 millones de venezolanos a salir de su país para refugiarse en otras naciones vecinas, causada entre otras razones, por la escasez de alimento y medicinas. Sin embargo, la embajadora de México, quien a pesar de expresar la preocupación por el informe de la Alta Comisión de lo Derechos Humanos, dijo que la aprobación de esta resolución pondría en entredicho la razón de ser de la OEA, ya que es un tema político, y que insisten en una solución diplomática a la crisis en Venezuela. México, junto con Bolivia, Barbados, Surinam, Belize, San Kitts y Trinidad se abstuvo de votar la resolución. El embajador de Nicaragua, por su parte, manifestó el apoyo de su gobierno al presidente Nicolás Maduro, y reprochó a la embajadora de Argentina su intromisión en los asuntos internos de Venezuela, cuando en su país se cometen también abusos "contra los derechos civiles de mujeres". El embajador de Bolivia, también dijo que no participaría en la votación de este tema, ya que el hacerlo representa una injerencia de la OEA en asuntos políticos internos de una nación miembro del organismo. El embajador de Venezuela ante la OEA, que representa a Juan Guaidó, reclamó que los países que no apoyaron la solicitud se escuden en acuerdos jurídicos a los que llamó “difusos” y que esos sean impedimentos para enfocarse en lo más importante, la defensa de los derechos humanos de los venezolanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que hay pruebas confiables de la represión y violación a los derechos de las personas y afirmó que quienes han sido los autores de estas violaciones deben ser enjuiciados para que paguen por sus crímenes. El organismo americano también votó sobre una resolución que nombra a los cinco miembros que integran una comisión que llevará a cabo “esfuerzos diplomáticos a los más altos niveles” para buscar “una solución pacífica y efectiva” a la crisis en Nicaragua. La resolución nombra como integrantes al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, al subsecretario para Asuntos de América del gobierno de Argentina, la embajadora de Paraguay ante la OEA y dos representantes más de Canadá y Jamaica. Trujillo, quien anunció que participará en la comisión, dijo que aunque su país apoya el diálogo en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega "ha rechazado" los intentos de una negociación. "Es hora de reconocer que el gobierno de Nicaragua está violando todos los principios de la carta democrática de la OEA", dijo el diplomático. La comisión, adelantó Trujillo a los medios, realizará un informe sobre la situación en Nicaragua, el cual será presentado en una "reunión de ministros". El equipo diplomático tendrá un máximo de 75 días para realizar su reporte y comenzará "lo antes posible", dijo el embajador. – Con información de Agencias
(ESPAÑA) EL NEGOCIO COMO ABOGADO DE 'CAUSAS PERDIDAS' DE GARZÓN: 17 MILLONES EN SEIS AÑOS. Ilocad (International Legal Office for Cooperation and Development), el despacho de abogados fundado y dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, ha ingresado 16,7 millones de euros entre 2013 y 2018. El bufete, conocido por su defensa en casos de protección de Derechos Humanos, facturó el pasado año 2,85 millones de euros (5,3 millones en 2017) logrando un beneficio de 0,24 millones (0,4 millones un año antes). Garzón, expulsado de la carrera judicial en 2012 por las escuchas ilegales a los abogados de la trama Gurtel, que el mismo destapó, tras 25 años al frente del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, creó Ilocad en junio de 2012. El despacho de Garzón ofrece asistencia legal gratuita a organizaciones nacionales e internacionales sin ánimo de lucro y en defensa de los Derechos Humanos. El bufete es conocido por defender causas como la petición de indemnización por la confiscación del dinero de españoles que sufrieron durante el franquismo; la defensa de Hervé Falciani; o por la reclamación del traslado de las sepulturas de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, como expone en su página de internet. Pero los ingresos de Ilocad proceden de otras áreas y casos que no identifica. El despacho ofrece sus servicios también para causas de delitos económicos, arbitrajes y procesos judiciales internacionales, entre otros, que explicarían los ingresos logrados en los últimos años. ->>Vea más… – Con información de Alberto Ortín - vozpopuli.com
ESPAÑOLA “OK RENT A CAR” CONFRONTA OLA DE RECLAMOS DE CLIENTES
(PANAMÁ) “FALTA DE PROFESIONALIDAD” DE ABOGADA TATIANA SEALY.Tatiana Sealy, abogada de Consulting & Solutions S.A., en el año 2015 su labor fue cuestionada por la falta de profesionalidad con sus clientes. En un caso donde la familia de un “imputado” estaba en riesgo, ella daba soluciones ineficientes. Lo curioso de este juicio donde el ciudadano fue sentenciado ilegalmente, era su relación con la contra parte y el Fiscal Murgas. Como es posible que esta “abogada” amenace a su cliente. - Con información de https://awriterwithfreedom.wordpress.com
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(28/09/2017) PROCESO JUDICIAL VICIADO. De un lector: Hace 30 meses aproximadamente, a media mañana, una comisión del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), allanó en Panamá el apartamento de un ciudadano, sin orden judicial y sin haberle notificado de la existencia de una investigación previa. Funcionarios del Ministerio Público de Panamá y la DIJ, siguiendo instrucciones del fiscal antipandillas Murgas y bajo acciones de miembros del bufete Morgan & Morgan, ingresaron al apartamento. Durante el procedimiento, algunos funcionarios habrían exigido una alta suma de dinero para lograr un “acuerdo” y desistir de la acción. El problema se habría originado en un contrato suscrito con una empresa denominada “Gol de Oro”, por 5 mil dólares, cuyo valor habría sido luego aumentado unilateralmente a 10 mil dólares, incumpliendo con el monto inicialmente pactado. Sin embargo, tal hecho, nunca habría sido valorado por la jueza de la causa. La situación se tornó complicada cuando el representante de la empresa, Juan Manuel Henríquez, exigió modificar el monto del contrato y al no llegar a un acuerdo con el contratante, amenazó con acciones que luego ejecutó. El contratante fue detenido durante tres días en la sede de la Policía Nacional, junto a casi 100 pandilleros y en ese lapso fue imputado, otorgándole un beneficio procesal, no sin antes obligarlo a suscribir un convenio en el cual debía pagar un total de 33 mil dólares, en efectivo y a ser consignados en un despacho fiscal, que se repartirían, presuntamente, entre la abogada Tatiana Sealy, y miembros de los organismos judiciales que participaron en el procedimiento. Henríquez Portuondo es yerno del precandidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, quien algunos aseguran poseería filiación familiar con el fenecido General y político panameño Omar Torrijos Herrera. La acción de Henríquez, prevalida de las influencias de su suegro, pretendía imputar al contratante de la empresa, por una supuesta extorsión, a pesar que el mismo no recibió dinero o bien alguno, por lo cual nunca se perfeccionó tal delito. El detenido fue condenado a ciudad por cárcel y a presentarse semanalmente en el tribunal, a pesar que en muchos otros casos de homicidios, narcotráfico o corrupción, los procesados que reciben medidas sustitutivas, solo deben presentarse mensualmente. Transcurrido el viciado proceso judicial y miles de dólares en coimas después, la fiscalía ordenó el pase a juicio del procesado. Por las redes sociales se aprecian fotos de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
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(09/10/2017) (PANAMÁ) INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO. De un lector: Continuamos el relato sobre una de las muchas causas judiciales que muestran cómo en Panamá se incumple con el debido proceso. Tras ser allanado su apartamento en Ciudad de Panamá y ser detenido, un ciudadano extranjero fue trasladado a la sede de la DIJ (Policía Judicial) en Ancón, con brutales intenciones, donde después de una ignominiosa revisión, fue ingresado a una celda de unos dos por seis metros de espacio, en la cual coexistía con unas 20 personas. Allí el detenido tuvo que dormir tres noches sentado. El sitio de reclusión es la antesala de las celdas y estaba originalmente previsto como espacio de reunión entre abogados y detenidos. En Panamá no le permiten a ningún detenido conversar con su abogado antes de ser presentado ante el Ministerio Público. Dentro de las celdas, diseñadas para unas 30 personas, hay casi 100. Sólo cuentan con una sola ducha y un solo escusado para todos. Si les toca ir al baño de noche les podría costar hasta la vida, si por el reducido espacio pisan o tropiezan a alguno de los que duerme hacinadamente. La comida es simplemente inhumana. Además, llegan muchas menos raciones, porque los policías custodios se las comen a pesar de lo pésimas que son. El teléfono público solo lo pueden usar dos horas al día, para lo que los detenidos deben hacer una larga fila y comprar a los policías las tarjetas, más costosas que el precio que poseen en la calle. No les es permitido recibir comida. Solo pueden mandar a comprar algunas bebidas, galletas o pan, también a mayor precio que el que poseen regularmente. No hay luz solar, ni buena ventilación y las paredes están verdes de la humedad. La mayoría de los detenidos son afrodescendientes de Colón y San Miguelito, cuyo único delito, según piensan algunos, es su raza y su carencia de educación formal. Respetan la edad del detenido y lo dejan estar en la antesala. Al día siguiente, al final de la mañana, según cuenta el relato, hizo acto de presencia, muy elegante y ataviada de blanco, la abogada Tatiana Sealy. Se la había referido al detenido un gran amigo. A través de un vidrio le mostró un papel con el monto de sus honorarios. Sólo aceptando, lo asistiría en la tarde, hora para la cual pediría su traslado a declarar. Sin poder ver el monto, faltándoles sus lentes y agobiado por la situación, el procesado aceptó. Resultaron ser 30 mil dólares en honorarios, pagando finalmente 35 mil. Una vez que la abogada logró una medida cautelar sustitutiva para el encausado, éste pasó los peores meses que había tenido en su vida reciente. El procesado y su familia debían el colegio de su hijo, por lo que éste era pasado a administración y hasta le impedían el ingreso al recinto académico. Tuvieron que acceder al servicio de electricidad por vías no regulares, ya que se les había acumulado una deuda de un año. Se retrasaron en el pago de alquiler de apartamento y otros servicios. La necesidad los obligó a almorzar en una “fonda popular”, no podían comprar ropa y algunas veces no podían salir por falta de gasolina o dinero para pagar peajes en la autopista. Los ahorros que tenían para comprar una camioneta, tuvieron que destinarlos a una infame red judicial. Si se retrasaba en los pagos, el procesado era asediado, perseguido y amenazado. Si no atendía su teléfono móvil, era el llamado a su residencia para verificar que estaba allí. El procesado era mandado a llamar con el esposo de la abogada u oficiales del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Cuando acudía semanalmente para presentarse y firmar en la fiscalía antipandillas del venerado fiscal Nahaniel Murgas, era pasado a la parte interna para verificar cómo iban los “abonos”, amenazando con efectuarle otro allanamiento, la detención de su hijo, la deportación de su esposa, una nueva experticia “incriminatoria”, etc. Todo esto a dos metros del despacho personal del fiscal. Al final, y a pesar de no existir elementos incriminatorios, el procesado fue imputado y pasado a juicio, arguyendo que “no podían hacer nada” por “tarde en los pagos”, como le habría informado la abogada Tatiana Sealy. Una vez terminó de pagar, fue pasado a juicio. Mientras estuvo detenido, el encausado fue trasladado encadenado, durante “hora pico” y obligado a caminar por una avenida muy transitada de Ciudad de Panamá, tras serle abierto un proceso a petición de Laurentino Nito Cortizo (quien algunos emparentan con el fallecido General Omar Torrijos Herrera), y a instancia de José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo al testimonio que le habría brindado su abogada al procesado, sobre lo cual luego nos referiremos con mayor amplitud. Han transcurrido 30 meses, tiempo en el que el encausado ha estado sometido a tratamientos terapéuticos profesionales, para superar la traumática experiencia. Pero nadie podrá pagarle al procesado el gasto, daños a éste, a su hijo y su luchadora familia, las terapias y el pánico que aun le generaría el sonido de ring tone de la empresa de telefonía a la que estaba suscrito cuando recibía desafiantes llamadas de cobro de la abogada Tatiana Sealy. – Adrián Ramírez
(24/10/2017) PROCESO JUDICIAL IRREGULAR. De un lector: Una vez en libertad bajo fianza en Panamá, un procesado judicial extranjero comenzó la dura tarea de reunir y pagar en breve tiempo 30 mil dólares de honorarios profesionales de la abogada Tatiana Sealy y de coimas exigidas por funcionarios de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada a cargo del fiscal Nahaniel Murgas y de funcionarios del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la DIJ. Pidió prestado a familiares, empeñó prendas de oro que luego no pudo recuperar, se endeudó con un colegio privado, donde le impedían a su hijo realizar exámenes y acceder a su plataforma web. El encausado acumuló casi un año de deuda en electricidad; pagaba el alquiler de su apartamento con retraso; su familia comía en fondas, como se denomina en Panamá a los puestos callejeros de comida; no podía mover su automóvil porque lo bloqueaban por GPS por no pagar al día y no tenían para la gasolina ni para pagar peajes en autopistas. La familia estaba prácticamente bajo acoso de su abogada, y con la amenaza de nuevos allanamientos o experticias a las que ya les habían realizado, si no pagaban otras coimas adicionales. Funcionarios del despacho del fiscal Nahaniel Murgas contabilizaban y llevaban un control de lo “abonado”, cada lunes cuando el procesado se presentaba a firmar. Para recibir un trato cortés y digno al ingresar al edificio Avesa, el encausado debía gratificar con generosas propinas a policías y recepcionistas que se encontraban en la entrada. Durante 6 ó 7 meses padeció un viacrucis inicial, ya que luego sufriría otras incidencias. Fue obligado a estar más de 30 meses en un país donde no quería estar y donde no es querido. Más de 30 meses, su hijo menor de edad y el procesado estarían bajo tratamiento profesional y medicación con un reconocido psiquiatra, producto del daño emocional que les causaron. El simple motivo de fundar y lograr que funcionara, prácticamente como beneficencia pública una exitosa y nunca antes vista academia de fútbol en Panamá género odios, venganzas y vilezas. – Adrián Ramírez
(30/10/2017) JUICIO IRREGULAR A EXTRANJERO. De un lector: Después de más de 6 meses pagando más de 30 mil dólares a funcionarios de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada presidida por el fiscal superior Nahaniel Murgas, y con la amenaza de ser puesto su caso a órdenes de un tribunal si no, un procesado extranjero es enviado a juicio. El encausado había recibido instrucciones de la abogada Tatiana Sealy de no presentarse a tribunales hasta que le indicaran y estuviera “todo cuadrado”. Tal decisión casi le costaría al procesado la medida sustitutiva de libertad que había recibido previamente. La excusa para pasarlo a juicio era la tardanza en las coimas que había pagado y las presiones que supuestamente ejercía el precandidato presidencial del partido PRD Laurentino “Nito” Cortizo sobre el presidente de la Corte José “Ayú Prado”. De manera irregular y a través de abogados del bufete Morgan & Morgan los acusadores lograron que el expediente fuese remitido al Juzgado Décimo a cargo de la jueza Zaida Cárdenas, cuestionada en distintos casos. En el ambiente había el rumor en torno a que la jueza estaba comprometida supuestamente con los intereses de los abogados del mencionado bufete. Poco después varios funcionarios de la oficina que distribuía los expedientes fueron destituidos e imputados por cobrar para manipular su asignación en determinado tribunal, pero en el caso que narramos todo siguió igual. El extranjero fue pasado a juicio y con todas las posibilidades de ser condenado. (...). – Adrián Ramírez
(10/11/2017) JUICIO IRREGULAR. El Segundo Tribunal Superior de Panamá conoció sobre la apelación de un extranjero en un caso judicial. La apelación fue presentada por la abogada Tatiana Sealy, previo cobro de cuantiosos honorarios. En revelaciones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal protagonizado por la secretaria Melisa Puga, quien era personal de confianza del Juzgado Décimo, queda claro que la intención era incrementar la pena e imputarle nuevos delitos al procesado, por el solo hecho de presentar dicha apelación. Según tales revelaciones, la jueza habría optado por no contrariar los intereses de abogados del bufete Morgan & Morgan, que representaban a la parte acusadora, por la buena relación de los mismos con altas y poderosas figuras de Panamá. Paralelamente se sometería al encausado a intentos de “coimeo” utilizando para ello supuestos problemas migratorios e inexistentes solicitudes a través de Interpol. Otro reconocido bufete pudo demostrar con documentos emitidos oficialmente por Interpol que todo era totalmente falso. Incluso el esposo de la abogada defensora sometería al procesado a diversas presiones. Sustituyendo a Sealy, la defensa pasó a manos posteriormente de la licenciada Guillermina McDonald, quien se negaría en reiteradas oportunidades a presentar impulsos procesales, solicitar permisos de viaje y cambios de medidas que contrariasen a magistrados o a los abogados acusadores, pareciendo haber entonces otros intereses que le hicieron un flaco favor a la defensa. – Adrián Ramírez
(13/11/2017) IRREGULARIDADES EN PROCESO JUDICIAL. De un lector: Después de tomarse el tiempo máximo que dispone la ley para decidir en el caso que le fuese abierto a un extranjero, el Segundo Tribunal Superior de Panamá emitió su dictamen. Ratificó la sentencia del Juzgado de Primera instancia. La apelación de la defensa, a cargo de la abogada Tatiana Sealy, no valió de mucho. Del “Coima Papers” del mencionado tribunal protagonizado por la secretaria Melissa Puga se desprendería que el propósito era condenar al procesado a la pena máxima establecida para el delito imputado. Sería condenado sin motivos, ya que no tenía antecedentes, ni podía definírsele como delincuente primario, según las leyes panameñas. A espaldas de una defensa justa y apropiada, parecían coincidir los criterios de la licenciada Sealy, de la contraparte y ciertos magistrados, con el objeto de, entre otras cosas, no oponerse ni pedir cambios de medidas, permisos para viajar o presentar impulsos procesales. Sería inadecuada también la defensa de Sealy, cuando al procesado trataron de someterlo a más coimas a través de la Dirección de Migración de Panamá, alegando tener una supuesta solicitud policial internacional, quedando completamente desbaratada tal acción, gracias al pronunciamiento de Interpol. En unas 8 ocasiones la migración panameña se habría comunicado con Interpol para tratar de establecer elementos que no existían. La defensa quedó luego en manos del bufete de la abogada Guillermina McDonald y se sometió a casación, es decir, apelación ante la Corte Suprema de Justicia. Pero la situación no cambiaría mucho. El “coimeo” sería heredado por mafias internas que hablan muy mal del desempeño profesional de secretarias y magistrados del Segundo Tribunal Superior. – Adrián Ramírez
(MÉXICO) OLA DE ASESINATOS DE PERIODISTAS; LAS AUTORIDADES, IMPOTENTES. Con el asesinato del periodista Nevith Condés Jaramillo asciende a 10 el número de periodistas asesinados en México en 2019, confirmando al país como el más peligroso del mundo para la prensa. A esta situación de violencia extrema se suma la impunidad casi total en la que permanecen estos crímenes. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha tomado hasta hoy ninguna decisión valiente para acabar con esta situación, por lo que RSF urge cumplir con algunas recomendaciones. Rogelio Barragán Pérez, Norma Garabia Sarduza, Francisco Romero Diaz, Telésforo Santiago Enríquez, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Rafael Murúa Manríquez, Omar Iván Camacho Mascareño, Santiago Barroso, Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Condés Jaramillo. La lista de periodistas mexicanos asesinados debido a su trabajo periodístico crece de manera inexorable. El 24 de agosto de 2019, con el asesinato de Nevith Conde Jaramillo, sumaban al menos* 10 los periodistas asesinados en México; la misma cantidad que en todo el año 2018. En 2019 más de 30% de los asesinatos de periodistas en todo el mundo han sido cometidos en México, lo que lo ha convertido en el país más letal para la prensa, por delante de Afganistán y Siria, países en los que se han registrado cuatro asesinatos (en cada uno) en el mismo periodo. Los dos asesinatos cometidos más recientemente revelan en gran medida la incapacidad e ineficacia de las autoridades federales y locales para frenar esta espiral infernal de violencia, sobre todo cuando funcionarios o políticos locales están involucrados directamente. El sábado 24 de agosto, en el municipio de Tejupilco (estado de México), apuñalaron al periodista Nevith Condés Jaramillo; encontraron su cuerpo en uno de los cerros de los alrededores de este municipio. Nevith era director del diario en línea El Observatorio del Sur, en el que denunciaba con frecuencia la corrupción de funcionarios locales. Los colegas y allegados del periodista con los que RSF se puso en contacto afirmaron que lo amenazaron de muerte dos veces; una en noviembre de 2018 y otra en junio de 2019, como represalia por la información que había publicado. El reportero había denunciado estas amenazas ante el Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, pero éste a decir del Mecanismo no había continuado el tramite sin tener más detalles del porque. Los compañeros de Nevith también señalaron que “había fuertes fricciones” con el alcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas. Por otra parte, Jorge Celestino Ruíz Vázquez, corresponsal del diario Gráfico de Xalapa, fue asesinado el 2 de agosto de 2019 en el municipio de Actopan (estado de Veracruz). El periodista había denunciado que el alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, había desviado dinero del municipio. El reportero fue agredido y amenazado varias veces en 2018. Tras denunciarlo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, ésta le otorgo medidas de protección temporales, las cuales no fueron cumplidas por la Secretaría de seguridad Pública del Estado. Días antes de que asesinaran al reportero, un mensajero del alcalde fue a las oficinas de Gráfico de Xalapa y ofreció dinero a cambio de que no publicará información comprometedora sobre las actividades del presidente municipal; el diario lo rechazó. “Los investigadores deben demostrar la mayor imparcialidad, dar prioridad a la hipótesis de que el crimen pudo estar relacionado con su labor profesional e identificar lo antes posible a los responsables de los asesinatos de Jorge Celestino Ruíz Vázquez y Nevith Condés Jaramillo, casos en los que se sospecha que políticos locales estuvieron implicados”, señaló Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF). “Frente a esta ola de agresiones y asesinatos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la gravedad de la situación y emprender acciones contundentes y urgentes a las que se comprometió al llegar a la Presidencia. Más de 90% de los crímenes cometidos contra periodistas en México permanece en la impunidad, lo que explica el círculo vicioso en el que se encuentra atrapada la prensa mexicana. Ante esta situación, en marzo de 2019 RSF acudió a la Corte Penal Internacional (CPI) para que intervenga en el país por la impunidad en que permanecen los crímenes –asesinatos y desapariciones– cometidos contra periodistas entre 2006 y 2018, bajo los mandatos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, predecesores de Andrés Manuel López Obrador. Frente a la inigualable cantidad de asesinatos de periodistas registrados en México en 2019 RSF desea hacer una serie de recomendaciones a las autoridades mexicanas, en particular al presidente, Andrés Manuel López Obrador. RSF recomienda: A la Segob: 1) Ofrecer mayor protección a los periodistas: - Mejorando la eficacia y la reactividad del Mecanismo nacional de protección de periodistas, reforzando sus capacidades humanas y económicas; reflexionando a profundidad sobre su papel en la prevención de los riesgos que corren los periodistas, sobre todo en los estados más peligrosos del país. - Implementando lo antes posible las recomendaciones del Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de protección a periodistas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presentadas el día 26 de agosto - Creando una política integral de atención a periodistas víctimas de desplazamiento forzado y a sus familias. 2) Incrementar los recursos de las autoridades para investigar estos crímenes. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) muy pronto formará parte de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. En este contexto, es urgente: - Ampliar las facultades e incrementar los recursos económicos y humanos de la FEADLE. - Dar a conocer lo antes posible las orientaciones y los lineamientos de la FEADLE en lo que respecta a la investigación de los crímenes cometidos contra periodistas, así como los medios de impugnación de las decisiones de esta fiscalía. - Alentar a la FEADLE a que haga pleno uso de su facultad de atracción (del ámbito local al federal) de investigaciones de delitos contra libertad de expresión, como lo contempla el artículo 21 del Código Penal. RSF considera que, de manera imperativa, la FEADLE debe atraer los casos de los asesinatos de Jorge Celestino Ruiz, Norma Sarabia Garduza y Francisco Romero, perpetrados en 2019. - Que se aplique efectivamente el “Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión” publicado en octubre de 2018. - Que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, de la que dependerá la FEADLE, se acerque lo antes posible a las organizaciones de la sociedad civil, a fin de que trabajen juntas en los nuevos objetivos y desafíos a enfrentar. México se encuentra en el lugar 144, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF. * Otros casos, en particular los de los periodistas Samir Flores y Reynaldo López, aún se están investigando. RSF debe confirmar que los asesinatos estuvieron relacionados con su labor periodística. – Con información de rsf.org
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