Panam Post: Enviados de Guaidó se apropian de fondos para ayuda humanitaria en Colombia

En Cúcuta sucede algo. Desde hace bastante. Hay mucho ruido. Se acusan entre todos y fluye demasiado información, que suena inverosímil, y que no se ha confirmado. Me ha llegado. Que esto pasó, que la plata rodó por acá, que acá se gastó esto y esta persona se compró un apartamento con lo que se ganó acá, que los militares reclaman, que el cheque, que el embajador, que qué bolas.
Muchos están indignados con un caso que parece etéreo, difícil de palpar. Pero basta con escudriñar un poco para saber que no hay solo ruido y que las acusaciones no se alejan tanto de la realidad. «Es muy desagradable», me dicen.

Fue un fracaso. Un rotundo fracaso. Son muchas las razones. Improvisación, manejo de información desacertada, mediocridad o simple ingenuidad. El 23 de febrero ningún camión cargado con ayuda humanitaria pudo entrar a Venezuela. En cambio, hubo fuerte represión en la frontera. Reproducción irritante de ese juego de piedras contra balas en el que siempre salimos perdiendo. Gas, mucho gas, y el sonido de los casquillos contra el asfalto.

No obstante, entre la derrota, se quiso interpretar un hecho como la gran conquista del día: "decenas de militares habían abandonado al régimen de Nicolás Maduro y se habían sumado al Gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó. La cifra de ese 23 de febrero fue de más de cuarenta. A los tres días, ya iban más de 270 funcionarios. Paulatinamente, a cuentagotas, uniformados se iban subordinando al presidente Guaidó".

Pero lo que lucía como un guiño del inminente desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro se terminó convirtiendo en un serísimo problema político, y de salud pública, para los Gobiernos de Iván Duque y Guaidó.

Las reseñas sobre quienes engrosan la lista de desertores son terribles. «Se cuentan con los dedos los militares decentes que están allí», me dice alguien de Cúcuta. Y, para mayor indignación, no todos los que son tratados como grandes institucionalistas y corajudos llegaron a Cúcuta luego de huir del régimen de Nicolás Maduro.

Ante la jugosa oferta de amparo financiero, militares que habían emigrado a Perú o a Ecuador, antiguos funcionarios, civiles con documentos falsificados, se presentaron en Cúcuta a vociferar su supuesto respaldo al nuevo Gobierno de la oposición venezolana.

La oferta que atrajo a tantos fue una consecuencia de la retórica que venía manejando el Gobierno de Guaidó antes del 23 de febrero. Todo aquel militar que abandone a Maduro será un héroe y, por lo tanto, será tratado como un héroe. Surprise, los héroes no se mueren de hambre.

Estadía en hoteles, manutención de ellos y su familia; medicinas, comida, hospital, lo que necesitaran. Y, claro, la continua invitación a quienes podían —o pueden, según los necios— generar el quiebre militar que tanto se busca ahora debía partir de dejar claro que los militares en Cúcuta estarían cómodos, tendrían privilegios y serían homenajeados. Las mieles de abandonar a Maduro.

A este punto, la pregunta natural que debería surgir es: ¿qué ocurrió con los fondos para pagar el hotel en el que se hospedaban los militares? El Gobierno de Guaidó, el de Duque y representantes de ACNUR habían acordado, semanas antes, la distribución de los fondos y la responsabilidad que asumirían cada uno.

Afortunadamente, en honor a la verdad, la pregunta no se queda sin respuesta. La hay y, para entender qué es lo que ha ocurrido, que va mucho más allá del pago de algún hotel en Cúcuta, hay que regresar al 23 de febrero de este año, cuando de un gran fracaso se logró tejer una red de corrupción.

Los diputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, con meses exiliados en Colombia, eran los que conducían con mayor sutileza y detalle toda la parte operativa relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria a Cúcuta. Olivares, particularmente, llevaba días manejando, junto a otros activistas venezolanos, la eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el gran triunfo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.

Pese a la relevancia de Olivares y Arellano, su cercanía al Gobierno de Colombia, su compromiso desde el 2014 con el tema y su cabal entendimiento de lo que ocurría en la frontera, ambos fueron inesperadamente apartados de una responsabilidad clave.

El 24 de febrero, al día siguiente de que decenas de militares cruzaran la frontera hacia Colombia, Juan Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular, la atención de «la situación de los ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio», reza la misiva. ->>Vea más...

Delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al Embajador @calderonberti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. ¡Transparencia ante todo!

— Juan Guaidó (@jguaido) 15 de junio de 2019

Fuente: Con información de Orlando Avendaño
- Panam Post // El Pregón Independiente