lunes, 8 de octubre de 2018

Notas del Día 08/10/2018

VENEZUELA, EN RIESGO DE PERDER CITGO. El Gobierno venezolano se encuentra en riesgo de perder parte de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera nacional PDVSA, si no cumple con el pago de $949.2 millones entre intereses y la amortización del título de deuda con vencimiento en 2020.  Según reporta The New York Times, el Gobierno de Nicolás Maduro se encuentra luchando para reunir los casi $1,000 millones en pagos a vencer en los siguientes dos meses y las sanciones que ha impuesto la administración estadounidense de Donald Trump hacen que la tarea sea aún más difícil.
En caso de que PDVSA entre en suspensión de pagos, Citgo pasaría a convertirse en la presa de los acreedores que tomen el control de esta filial. ‘El impacto psicológico para PDVSA y el régimen de Maduro sería catastrófico', indicó el exmiembro del consejo de administración de la compañía matriz, Gustavo Coronel, al diario estadounidense.  Citgo, que fue comprada por PDVSA hace tres décadas, se proyecta a sí misma como una compañía estadounidense y cuenta con unos seis mil empleados. Además la empresa donó $500,000 para la toma de posesión de Trump, a pesar de las tensas relaciones entre Estados Unidos (EE.UU.) y Venezuela.  No obstante, Citgo es más crucial para Venezuela, pues dicha compañía importa 175,000 barriles de crudo venezolano diariamente, un negocio que brinda dólares al Gobierno de Maduro.  Esta empresa también está encargada de enviar de vuelta a Venezuela unos 29,000 barriles al día con combustible refinado.  A su vez, dicha compañía se encuentra en la mira de la justicia venezolana, pues algunos de los más altos directivos de Citgo han sido encarcelados.  A otros como Asdrúbal Chávez, ejecutivo de Citgo y primo del fallecido presidente Hugo Chávez, le fue revocada la visa a EE.UU..  A la deuda por Citgo se suma la de PDVSA, de un valor de $840 millones y que debe ser pagada este mes.  La capacidad financiera del Gobierno de Maduro también se ha visto afectada, según un informe del banco de inversión Nomura Securities.  De acuerdo a este reporte, Venezuela tendrá en 2018 un ingreso total en divisas por $7,000 millones, un monto inferior a los $16,000 millones de 2017.  Con estas precarias finanzas, la actual administración venezolana deberá desembolsar más de mil millones de dólares para honrar su deuda con Citgo y la de PDVSA.  VENTA DE PETRÓLEO.  Según el informe de agosto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el bombeo de crudo venezolano ha bajado a 1,23 millones de barriles diarios, una merma de 2.8% en comparación con el mes de julio de este año.  Esto ha provocado que la estatal PDVSA registrase una caída hasta llegar a una producción del 42.6%, menor al promedio registrado en 2016.  Con ello, la producción del país sudamericano se encuentra en el nivel más bajo de las últimas tres décadas, con la excepción del período de finales del 2002 y principios del 2003. Durante estas fechas una huelga en PDVSA provocó una caída en la producción a unos 100,000 barriles por día.  DEUDAS.  Venezuela debe realizar un pago de $949,2 millones entre intereses y la amortización del título de deuda, con vencimiento en 2020 por la filial estadounidense Citgo.  A la deuda por Citgo se suma la de PDVSA, de un valor de $840 millones y que debe ser pagada este mes.  Venezuela tendrá en 2018 un ingreso total en divisas por $7,000 millones, un monto inferior a los $16,000 millones de 2017. Con estas precarias finanzas, Caracas deberá desembolsar más de mil millones de dólares para saldar su deuda. - Fuente: Agencias

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…

  1. Cuando la revolución se come a sus propios hijos: La impune invasión de la Hacienda El Amparo de la que nadie quiere hablar en el alto gobierno venezolano
  2. La estafa multimillonaria que salpica a Víctor Vargas, presidente del BOD
  3. Manuel Malaver: La carnicería de Maduro en Estambul
  4. Cabello arremetió contra periodista Fausto Malavé por reportaje sobre crisis migratoria de Venezuela
  5. El caso Rodney Álvarez llegó a la CIDH
  6. Lo que necesitas saber este 8/10/18 por @ElPitazoTV
  7. Director de PDVSA en Monagas pide fuerza revolucionaria y termina abucheado
  8. @anilor65: Mensaje de @BolsonaroSP a Nicolás Maduro (+Video)
  9. @ELFUSILDECHAVEZ: Aquí les dejamos otros casos del SALARIO DE HAMBRE YaCargadosEnSAP 3 NóminaContractualDiaria y uno NóminaNoContractual. Recuerden q ya la NóminaDiaria CobróConNuevoSalarioEnBsS. #PDVSA La4taEmpresaPetrolera del MUNDO PretendeTenerEXCLAVO
  10. @ELFUSILDECHAVEZ: TrabajadorPetroleroPetrolera, en cuanto puedan pasen por el CAIT solicitando su correspondiente CARTA DE TRABAJO cuyo SALARIO DE HAMBRE ya está reflejado y constate en PrimeraPersona de las FANTÁSTICAS TABLAS q #WillsJUDASRangel discutió
  11. (+Fotos) Así se encuentran los pozos de PDVSA en el lago de Maracaibo
  12. Ligia Bolívar: “Si Bachelet viene al país, no será a tomar café en Miraflores ni a visitar el Cuartel de la Montaña” (I)
  13. Marco Tulio Arellano: Saquearon el fondo de jubilados de Pdvsa


LAS MINAS DEL “REY” CARLOS VARGAS



DIPUTADO LUIS PARRA: “USAN EL ARCO MINERO PARA NEGOCIOS OSCUROS QUE NO TRAEN BENEFICIOS AL PAÍS”.  El presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional (AN), diputado Luis Parra, indicó que el Arco Minero es usado para “hacer negocios oscuros que no traen beneficio al país”.  Además informó que el Proyecto de Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del Potencial Energético, Hidroeléctrico del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana tiene como objeto resguardar los recursos naturales por áreas tan frágiles en el sur del Orinoco, principalmente, el agua, la biodiversidad y el potencial energético.  El parlamentario señaló que en la sesión extraordinaria del pasado martes 2 de octubre fue aprobado el Proyecto de Ley que derogará el decreto número 2.248 que establece la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”.  Aseguró que el artículo 304 de la Constitución establece, entre otras cosas, que el agua es un bien insustituible para la vida, pero que hoy está en riesgo debido a la destrucción ambiental del país “promovida por quienes no les importa el ambiente y aspiran a una riqueza mínima a través de un arco minero militar”, advirtió.  “Esto es un arco minero de pranato, de negocios oscuros que no se traduce en ningún beneficio para el pueblo de Venezuela. Por el contrario, hoy más que nunca el país entero está sufriendo por la falta de agua potable. La explotación del arco minero afecta las reservas de agua dulce más importante del planeta y de la nación”, afirmó.  Parra señaló que el referido proyecto de Ley desarrolla y reconoce el derecho de los pueblos indígenas, locales, así como una demarcación sustentable; dejando claro a su vez que todo lo referente a los contratos de interés público nacional, la autorización o no del Ejecutivo depende de la Asamblea Nacional (AN). - Con información de Nota de Prensa - Agencias 

ASÍ DENUNCIARÍAN EN MIAMI LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA CAICATIAMA MANAGEMENT DE HUMBERTO ARAQUE UGARTE



GONZALO TIRADO YÉPEZ, UNA HISTORIA DE ESTAFAS FINANCIERAS



LAS CHIKUNGUNYADAS DE CHIKUNPLUS2018 08 OCTUBRE 2018



INTERNACIONALES

RESTRINGEN EN EUROPA OPERACIONES BANCARIAS HECHAS DESDE PANAMÁ. De un lector: Cada vez existen más restricciones en cuanto a las transferencias de dinero desde Panamá hasta España. Incluso vías alternas como Western Unión presentan limitantes y son monitoreadas. Existen operaciones online, pagos en línea, que no se pueden hacer con tarjetas de crédito panameñas en toda la zona Euro. Pero hay mucho silencio de parte de las autoridades bancarias panameñas. Los bancos españoles reversan operaciones hechas desde Panamá sin explicación alguna. Exigen declaraciones de impuestos que luego desechan y cierran cuentas de panameños o de residentes en Panamá bajo cualquier excusa. En el gobierno de Juan Carlos Varela persiste el silencio al respecto. En otro orden de ideas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) podría incluir nuevamente a Panamá en una lista gris si no se aprueba el proyecto de ley 591, que tipifica la defraudación fiscal como uno de los delitos precedentes al blanqueo de capitales. El proyecto de ley, que fue presentado en enero pasado ante la Asamblea Nacional, está en la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales esperando ser debatido y aprobado. El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, advirtió de la necesidad de aprobar esta legislación, porque de lo contrario se condenaría a Panamá a entrar en junio de 2019 en una lista de observación del GAFI, poniendo en riesgo el sistema financiero panameño. - Eduardo Márquez

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Rolando López
(PANAMÁ) ESTRUCTURA ILEGAL ARMÓ CASOS A LOS OPOSITORES.  El gobierno de Juan Carlos Varela creó una estructura sin fundamento legal, pero con amplios poderes, compuesta por funcionarios y particulares para armar casos penales a adversarios. Juristas advierten que lo actuado por esta estructura paralela es ilegal  Rogelio Saltarín y Rolando “Picuiro” López fungieron como “coordinadores” de los casos que se armaron en Presidencia. La mayoría de los casos de persecución política en contra de exfuncionarios de la administración Martinelli fueron “armados” de manera ilegal en la Presidencia, desde el inicio de la gestión de Juan Carlos Varela, quien se valió de los servicios de un grupo especial formado al margen de la ley, con destacada participación de su abogado personal, Rogelio Saltarín, y de su jefe de espionaje, Rolando “Picuiro” López.  Reiteradas denuncias y entregas en medios de Grupo Epasa dan cuenta de esta agrupación nacida para satisfacer deseos de venganza del presidente, una especie de ungidos en la clandestinidad, bautizados como “La Taquilla”.  Es decir, “fiscales, abogados, funcionarios y militares... delincuentes bendecidos por los varelistas”, recordó el abogado Sidney Sittón, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli.  La reacción de Sittón surge a raíz de información reciente publicada en el diario La Estrella de Panamá que corrobora las denuncias previas sobre una “organización criminal” (como le denomina el abogado Sittón) que opera desde la Presidencia de la República, bajo la responsabilidad del Consejo de Seguridad Nacional (CSN).  Aparece ahora como elemento confirmado el papel relevante que ejercía en esta “organización criminal” el abogado penalista y aspirante a magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rogelio Saltarín.  Según una fuente citada por La Estrella de Panamá, Saltarín al parecer era el “coordinador” de los abogados panameñistas que actuaban dentro de La Taquilla. De hecho, en mayo pasado, Panamá América reveló el contrato No. 16/20/15 a favor de la firma forense Saltarín, Arias & Asociados, Auditores Jurídicos, que fue refrendado por 256 mil 800 dólares en diciembre del 2015.  Este contrato inicial (más adelante se incrementó hasta superar los $385 mil) fue la justificación que se inventó el Ejecutivo para concederle a Saltarín el título de “asesor externo” de la Presidencia.  Pero al parecer ejercía como una especie de procurador en paralelo, con amplio acceso a información y poderes que por ley debieron ser competencia privativa del Ministerio Público (MP) y de la procuradora general de la nación, Kenia Porcell.  El propio abogado reconoció el suntuoso contrato y su vínculo con Varela.  Además es de conocimiento público que Saltarín representó a Varela en el pasado, como en el caso de la demanda por $30 millones que le interpuso Martinelli, en 2012, investigación cuyo archivo fue tramitado por Saltarín ante el Primer Tribunal Superior.  Incluso Rogelio Saltarín era el nombre que sonaba para procurador al inicio de la gestión Varela, pero el mandatario sorprendió al designar a Kenia Porcell.  Ahora se confirma que Varela tenía otros planes para su abogado Saltarín, que además de beneficiarlo con un contrato directo de “asesoría”, le dio poderes en paralelo a la procuradora Porcell, quien al final recibiría los expedientes armados por La Taquilla, con la “coordinación” de Rogelio Saltarín y el respaldo de “Picuiro” López.  “Convertir al Consejo de Seguridad en una extensión del MP es un grave error”, reaccionó el exdirector de la Policía, Rolando Mirones, quien pidió que esto se investigue... “¿Pero cómo se lleva un caso así a la Procuraduría, si la propia procuradora está mencionada en esto?”, se cuestionó.  Y Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, dijo que un procurador en paralelo jamás puede ser tolerado, y recordó que Saltarín no fue recomendado para magistrado de la CSJ, justo por su relación contractual con Varela. - Con información de Panamá América




(PANAMÁ) DENUNCIARÁN A "LA TAQUILLA", EL CLAN QUE ARMÓ CASOS CONTRA EXFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO PASADO.  Ya se está preparando una serie de denuncias para tramitar en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) contra los funcionarios y miembros del llamado “Clan de la Taquilla” que facilitaron la operación de una “Procuraduría Paralela”, que estaba a cargo de un particular y que armó desde el Consejo de Seguridad los casos contra miembros del pasado Gobierno.  El abogado Roniel Ortiz adelantó que aportará como pruebas las publicaciones de “La Estrella de Panamá”, que puso al descubierto el esquema que montó Rogelio Saltarín, consultor privado y abogado del mandatario Juan Carlos Varela, quien tras un contrato por $385 mil 200 en 18 meses de gestión (más de $21 mil mensuales) efectuó 153 reuniones con 29 instituciones del Estado para recabar material probatorio para las querellas penales que serían presentadas en la Procuraduría.  Según Ortiz, la gente de “La Taquilla” no solo armaba los expedientes, sino que luego extorsionaba a los investigados pidiendo de entre 100 mil y 300 mil dólares por medidas cautelares o fianzas en los tribunales.  Por su parte, el exministro José Raúl Mulino se mostró extrañado que los diversos gremios no hayan dicho nada sobre lo publicado por “La Decana”. ¿Será que sabían todo, igual que ciertos medios, y pensaron que nunca nada se sabría?  Mulino recordó que el viernes de Carnaval de 2016 los visitó el arzobispo José Domingo Ulloa y tres obispos a la cárcel. "Éramos como 15 y contamos todo lo que hoy se sabe más torturas y violaciones. Oyeron todo. ‘Nada podían hacer’, dijeron. ¡Triste!".  Según Mulino, el cerco mediático en torno a las revelaciones de “La Estrella” bien puede dar margen a una novela con el título “El silencio de los cómplices”. Esto era una organización por la venganza dizque buscando justicia, pero para la JMJ todos estarán comulgando como hijos de la Iglesia. - Con información de Panamá América



(PANAMÁ) NICOLE WONG: TLC PODRÍA ACTIVAR IMPORTACIONES BENEFICIOSAS PARA EL PAÍS (+POLÉMICA). La Directora General de Política Exterior de la cancillería de Panamá, Nicole Wong, precisó en junio pasado, que una delegación del Gobierno panameño había partido hacia Pekín para concretar las negociaciones del Tratado de libre Comercio con China.  A pesar de las dudas, la funcionaria comunicó que el establecimiento del tratado beneficiaría a sectores pujantes de Panamá, vinculados a la plataforma de servicios logísticos, la agroindustria y pesca, así como la inversión extranjera.  Detalló que el gobierno estructuró un calendario de lo que sería las consultas con cada sector, con el fin de escuchar las inquietudes de los sectores panameños."Todo los meses se reúne un gabinete especial para abordar el tema de China".  Aseguró que el ministro Eduardo Carles está trabajando con China con el fin de activar importaciones. Recientemente Wong se ha visto involucrada en una polémica, toda vez que en redes sociales se le ha atribuido una relación “más allá de lo profesional” con el presidente Juan Carlos Varela.  ->>Vea video… - Con información de https://www.ecotvpanama.com // Agencias

(PANAMÁ) LA VENTA DE EPASA, HACIENDA SANTA MÓNICA Y LA FAMILIA ARIAS. Por: Frenadeso -  A raíz de las denuncias que implican a Martinelli y empresarios ligados a él, en la compra de la Editorial Panamá América S.A. (EPASA) como parte de una operación de blanqueo de capitales, circula en redes sociales algunas informaciones al parecer filtradas por el Consejo de Seguridad Nacional.  En ellas se señala que los propietarios de EPASA, la familia Arias, fueron visitados por “chacales” de Martinelli para presionarlos a la venta de dicha empresa. Se utilizaba a la Dirección General de Ingresos (DGI) para presionarlos con el pago de impuestos exorbitantes para de esta manera forzarlos a vender. Según las mismas informaciones, este fue el modus operandis para lavar al menos unos 3,500 millones de dólares provenientes de coimas y malversación de recursos del Estado.  Llama la atención que la magnitud del blanqueo de capitales no haya sido detectado por la flamante Unidad de Análisis Financiero (UAF) como tampoco lo ha sido en otros casos como Odebrecht, Panama Papers, Waked, etc. Y que quienes fueron coautores en hechos delictivo no hayan sido llamados por la justicia, como no lo fue Balboa Bank, cuyo directivo y ex presidente de la Cámara de Comercio, Carlos “Cao” Fernández, jamás fue implicado en el caso de blanqueo de Alejandro Moncada Luna, siendo él personalmente quien tramitó el penthouse del ex magistrado y llevó los papeles al banco.  Por el caso de EPASA, que según la misma fuente el expediente consta de catorce tomos, Daniel Ochy de TransCaribe Trading (TCT), de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ha sido arrestado y hay otros de sus familiares implicados, así como varios empresarios, algunos de origen judío, entre ellos Henri Mizrachi Kohen (miembro de la Junta Directiva del Canal), Moisés Levy Levy, Alberto Eskenazi Abadi (ex miembro de la Junta Nacional de Escrutinios en 2009) y Ricardo Alberto Chanis Correa (ex directivo de la Caja de Ahorros en ese momento). Se mencionan, ademá,s como parte de la transacción a Gabriel Btesh, Mike Btesh, Jack Btesh, Aaron Mizrachi, Pipo Virzi, Axel Gómez, Daniel Levy, Ricardo Francolini y el otro miembro de la Junta Directiva del Canal, Nicolás Corcione.  Es importante señalar que esta transacción se cerró en diciembre de 2010, es decir dentro de los 26 meses del gobierno conjunto de los CD con los panameñistas, siendo el embajador de Panamá en Londres, Gilberto Arias Piza, hasta hacía poco vicepresidente de EPASA.  Lejos de las presiones que hoy se alegan, Francisco Arias, Presidente de EPASA, declaró en 2010, al cierre de la transacción, que ahora los nuevos dueños “mantendrán las principales metas que hasta ahora ha seguido Editora Panamá América, entre ellas, el fortalecimiento de la democracia, de la libertad de expresión, y el mejoramiento del periodismo nacional”.  Pero, de ser ciertas las informaciones que ahora circulan, ¿qué responsabilidad le competería a la familia Arias? Según el Código Penal: “quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente” que proceden de actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales puede recibir pena de prisión entre 5 y 12 años.  Llama la atención que uno de los beneficiarios de la transacción, Gilberto Arias Piza, embajador en Londres, no haya dicho nada en su momento de tales presiones siendo miembro de grupos poderosos: vicepresidente ejecutivo de Editora Panamá América, Presidente de ACAN-EFE y del Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP), Director y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), jurado del Premio Internacional de Periodismo Rey de España y Don Quijote de Periodismo 2006 y con contactos con medios británicos como la BBC de Londres  A su salida de la Embajada de Londres luego del rompimiento entre CD y Panameñistas, Arias fue acusado por peculado de 140 mil dólares.  En su momento se dijo que la operación de compra de EPASA fue por algo más de 30 millones.  El Panamá América fue constituido en 1938 por el ex presidente Harmodio Arias Madrid y fue heredado por sus hijos y nietos que la manejaron hasta su venta en 2010. Aún cuando los periódicos de la editora eran controlados por el hermano y sobrinos de Arnulfo Arias Madrid, su línea editorial no siempre estuvo a favor del caudillo panameñista. De hecho, como casi todas las familias oligárquicas del país emparentadas entre si, miembros de esta familia participaron en gobiernos que era acérrimos enemigos de Arnulfo Arias. Uno de sus sobrinos, Gilberto Arias Guardia, directivo de la esta editora, fundó junto a Aquilino Boyd, el Tercer Partido Nacionalista.  LA HACIENDA SANTA MÓNICA.  La Hacienda Santa Mónica fue adquirida por Hamodio Arias en 1930. Se trata de una finca de unas 2,800 hectárea, Se extienden desde la Carretera Interamericana hasta el Océano Pacífico. Se desarrollan actividades agropecuarias como la cría de ganado vacuno y la producción de cultivos como la piña, arroz, limón, maíz y sorgo.  Esta finca fue vendida al estadounidense Wilson Lucom, por la familia Arias en unos 30 millones. Lucom se casó con Hilda Piza quien fuera esposa de uno de los herederos directos de Harmodio Arias Madrid, Gilberto Arias Guardia. Al parecer el dinero de la venta se utilizó para pagar a los bancos la hipoteca de la finca a punto de perderse.  Tras su muerte en 2006, se conoció el testamento de Lucom que dejaba a los niños pobres de Panamá 50 millones de dólares producto de la venta que se haría de dicha finca. Comenzó un litigio por la herencia de la familia Arias con el albacea de Lucom, otro gringo, Richard Lehman.  En agosto de 2010, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acusados de recibir sobornos e investigados en Estados Unidos, en fecha que ya era embajador en Londres Gilberto Arias Piza, cedieron la finca a la viuda de Lucom, Hilda Piza, y a los hijos de su primer matrimonio con Gilberto Arias Guardia.  Cuatro meses después se cerraba la venta de EPASA y posteriormente la Hacienda Santa Mónica es cedida a la empresa Verdeazul del exministro de Martinelli y ex vicepresidente del Panameñismo, Alberto Vallarino, por un monto de 50 millones, una transacción dudosa porque según expertos dicha propiedad supera los 175 millones de dólares.  En otras palabras, la familia Arias, muy influyente en los distintos gobiernos a lo largo de la historia del país, vendía dos de las propiedades más emblemáticas de Harmodio Arias Madrid: EPASA y la Hacienda Santa Mónica, y esta última la vendieron dos veces, primero a Lucom y después a Alberto Vallarino, negocio redondo.  El tema de Lucom, por el drama que encierra, transcienden informaciones de que incluso inspira un filme en Hollywood, otro elemento que se agregaría al nombre de Panamá tan mancillado por esta oligarquía que maneja las riendas de Panamá desde 1903.  Lucom había dejado además una herencia de por vida a su viuda de 20 mil dólares mensuales y repartió a Gilberto Arias Piza y sus dos hermanos 450 mil dólares a cada uno.  Alberto Vallarino, el mismo de la estafa de Banistmo, el que según el propio Martinelli declaraba junto a Stanley Motta solo un balboa de ingreso mensual, el que siendo miembro de la Junta Directiva del Canal está detrás también del Puerto de Corozal, el señor de los diamantes, ex ministro del MEF con Martinelli, ex Vicepresidente del Partido Panameñista junto a Ramón Fonseca Mora (Odebrecht y Panama Papers), el que trajo de Colombia a Luis Cucalón para la Dirección General de Ingresos (DGI), el que asesoró a Cristóbal Salerno para que creara Cobranzas del Istmo, adquiría esta valiosa propiedad con la cual cerraba la franja turística y hotelera de Farallón, Playa Blanca, Juan Hombrón y Santa Mónica.  Precisamente se despojó a humildes pescadores de Juan Hombrón de sus tierras. Siendo ambos ministros, Alberto Vallarino y Jimmy Papadimitriu, comenzaron una disputa pública por esos terrenos. En aquel entonces el Ministro del MEF (Vallarino) pretendía crear un viceministerio de tierras y el de la Presidencia (Papadimitriu) la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). Se impuso Papadimitriu, en ese momento el “Rasputín” de Martinelli, y tituló para sus padres las tierras de Juan Hombrón todavía en litigio.  DEBEMOS ESTAR ALERTAS.  Nos motiva este artículo el propósito de develar los intereses de clase detrás de estos conflictos. Saber apreciar las pugnas que se agitan entre fracciones del capital por el control del poder político y de los grandes negocios.  A Noriega se nos ha presentado como el Satanás de la dictadura, el único responsable de los desmanes cometidos en ese entonces, pero se sabe que Noriega, agente de la CIA, no actuó solo y que antes tuvo un jefe, Omar Torrijos, y muchos cómplices civiles y militares.  Hoy, con Ricardo Martinelli ocurre lo mismo. Se nos vende como el Diablo de los años post invasión. Pero Martinelli no actuó tampoco solo, primero fue prohijado en la dictadura y luego por gobiernos PRD y Panameñistas, en su Gobierno recibió colaboración de gente PRD (incluidos algunos que hicieron parte de lo que fue la llamada “Tendencia”) y de los panameñistas en esos 26 meses de gobierno conjunto.  También queremos alertar con este escrito que por esos vericuetos en que transita la justicia panameña, no vaya a ser que al final EPASA vuelva a la familia Arias, que se queden con los 30 millones provenientes de fondos públicos ya cobrados y blanqueados y que además vendan los periódicos por segunda vez, tal como lo hicieron con la Hacienda Santa Mónica.  Ya después de la invasión se promulgó la Ley 11 de 22 de abril de 1993, donde se reconoció a Editora Panamá América, S.A., “libre de toda carga o gravamen de cualquier naturaleza, la propiedad de todos los bienes, muebles o inmuebles, que aparezcan como propiedad de Editora Renovación, S.A. (ERSA), y que, al momento en que se decretó la liquidación forzosa de Editora Panamá América, S.A., eran de propiedad de esta última”. La familia Arias se hizo de los modernos equipos que los militares adquirieron para ERSA y no asumieron responsabilidad alguna con las prestaciones de los trabajadores, las que fueron pagadas por el Estado.  En el fondo lo que presenciamos es la avaricia, la codicia y corrupción de una clase social y sus partidos tradicionales que son capaces de saldar sus diferencias de la peor manera en aras de hacerse del control del poder político y seguir haciendo negocios desde las altas esferas del Estado. Ellos son los que manejan los hilos de esta justicia corrupta, juzgan a los que desean dentro de su vendetta y garantizan impunidad para los suyos gracias a los grandes bufetes de abogados que poseen. Así ha sido desde 1903. Ya es hora de cambiar de verdad. - Fuente: Artículo de Opinión 25/06/2017 – Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) -  http://kaosenlared.net

LOS DELINCUENTES MÁS BUSCADOS DE EUROPA



(COSTA RICA) HUELGUISTAS PROTESTARON EN El CONGRESO DURANTE DISCUSIÓN DE REFORMA FISCAL. Decenas de huelguistas en contra de una reforma fiscal en Costa Rica rodearon el Congreso donde los diputados realizaron la discusión por el fondo de la iniciativa.  Con consignas de "ni un paso atrás" los huelguistas sindicales soportaron las fuertes lluvias que cayeron sobre todo el país y se ubicaron en los alrededores del Congreso de manera pacífica frente al resguardo policial del edificio.  "Estamos aquí luchando por el pueblo. No queremos más impuestos que vienen a golpear a los más pobres", dijo a Efe Alberto Muñoz, uno de los manifestantes.  En las afueras del Congreso los huelguistas sindicales y grupos de estudiantes universitarios, esperaron los acontecimientos de la discusión en el Plenario legislativo de la polémica reforma tributaria.  "Este proyecto lo que menos tiene es fortalecimiento de las finanzas. Este expediente ha establecido procesos sin la más mínima claridad", se quejó en el Plenario el diputado del conservador evangélico Partido Restauración Nacional, Jonathan Prendas.  El izquierdista del Partido Frente Amplio, José María Villalta, aseguró que el proyecto de ley tuvo que haber sido enviado a consulta de diversas instituciones antes de comenzar la discusión de fondo.  Sin embargo, los argumentos de los opositores no fueron atendidos por la presidenta del Congreso, la diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana, Carolina Hidalgo, quien emitió un informe para iniciar la discusión por el fondo.  Los sindicatos cumplieron el pasado viernes 5 de octubre, 26 días de huelga, ya que creen que la reforma afectará más a las clases bajas y medias, y que trata con suavidad a los ricos y las empresas, por lo que exigen que el proyecto sea retirado del Congreso y se negocie un nuevo texto basado en propuestas sindicales.  Según el Gobierno, un 80 por ciento de lo recaudado por la reforma tributaria lo pagará el 20 por ciento de hogares con mayores ingresos y las empresas, lo que provocará una reducción de la desigualdad.  La reforma fiscal tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y, de manera diferenciada, algunos productos que antes estaban exentos.  También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, en la renta de capital, la renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.  El Gobierno asegura que en ingresos tributarios frescos la reforma recaudará cerca del 1,2 por ciento el producto interno bruto (PIB), y que de esos ingresos nuevos el 57 por ciento provendrá de impuestos sobre la renta y el 43 por ciento del IVA.  Costa Rica cerró el 2017 con un déficit fiscal del 6,2 por ciento del PIB y para el 2018 se ha proyectado en al menos el 7,1 por ciento. - Fuente: Agencias 

SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE PANAMÁ SIN MEJORAS PESE A DENUNCIAS DE COIMAS. De un lector: La situación de la justicia panameña se ha vuelto precaria, producto del alto nivel de corrupción, uno de los más elevados de toda Latinoamérica. Pese a muchas denuncias, no se observan correctivos o mejoras. En el Segundo Tribunal Superior de Panamá, la única medida tomada habría sido supuestamente el despido de la secretaria Melissa Puga, cuya voz, según diversos chats y audios, admite la recepción de coimas, e implica otros funcionarios, tratando luego de llegar a un acuerdo para devolver el dinero y evitar querellas en su contra. Los afectados que acuden a la oficina de atención al público del Segundo Tribunal Superior, mientras, seguirían siendo objeto de la dilación de sus procesos, maltratos y desplantes por parte de secretarias del juzgado. Los audios y chats son comprometedores y elocuentes, ya que reflejan la existencia de una red que exige coimas bajo amenazas, para luego y como continúan mostrando las evidencias contra Puga, tender trampas a sus víctimas e implicarlas como cómplices. – Adrián Ramírez






(30/10/2017) CORRUPCIÓN EN ÓRGANO JUDICIAL PANAMEÑO. Las evidencias siguen mostrando el alto nivel de corrupción en el Órgano Judicial de Panamá, donde la justicia se negocia al mejor postor, como lo demuestran el hecho que secretarias cambien favores de cama y la agilización de trámites por dinero. Tales evidencias constan de comunicaciones que dejan mucho que decir de la pulcritud de los dictámenes judiciales y donde además se menciona al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, José Ayú Prado.

Poco pueden esperar los ciudadanos de un país donde la justicia funciona de esa forma, como reflejan los audios y chats relativos a la secretaria del Segundo Tribunal Superior Melissa Puga. La CIDH tampoco se pronuncia frente a tan grave situación, en la cual los encausados reciben una justicia tardía, excluyente y como ya se mencionó, no gratuita. – Adrián Ramírez





 

(09/11/2017) “COIMA PAPERS” DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE PANAMÁ. De un lector: En más de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá se aprecia cómo una de las secretarias del tribunal confiesa la petición de coimas a un procesado, que como se evidencia en chats y audios, tenía como propósito la supuesta agilización de trámites judiciales. La única medida aplicada, sin embargo, fue la remoción de la funcionaria Melissa Puga sin que se abriese sobre la misma un procedimiento jurídico, no siendo suficiente el daño material, moral y el tiempo perdido en el proceso judicial, que nadie repone. El “Coima Papers” muestra que al parecer había otros funcionarios coludidos a los que no se sancionó con despido, ni de otra forma en el tribunal. Los más afectados por el “coimeo” en los órganos públicos panameños, resultan muchas veces siendo también víctimas de otras injusticias por denunciar los abusos de los que son objeto. – Adrián Ramírez


Enlace Relacionado…
Segundo Tribunal Superior (+Audio)





(03/10/2017) CORRUPCIÓN EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE PANAMÁ. De un lector: El órgano judicial de Panamá no ha dado respuesta a las denuncias sostenidas en audios, chats y otras evidencias que demuestran actos recientes de corrupción para la concreción de dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Las únicas medidas adoptadas hace poco por el magistrado José Ayú Prado, quien podría buscar la reelección para un tercer período como presidente de la Corte, fueron las de desempolvar una denuncia que fue realizada en el año 2015 y que se encontraba engavetada, con la cual logró en tiempo récord la imputación de unas 30 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Segundo Superior, por diversos hechos de corrupción, cobro de coimas, etc. y principalmente uso del Sistema Penal Acusatorio para en conjunto con los jurados, lograr beneficios y decisiones absolutorias para implicados en casos de homicidios.

Por el momento solo se conoce que en la oficina de atención al público del tribunal habría caras nuevas y otras ausentes. Los funcionarios, por primera vez en años, ahora estarían uniformados e identificados. Se ha producido mucha atención por la ausencia del magistrado Mejía, quien al incorporarse después de unas vacaciones, tendría muchas decisiones y diligencias pendientes. Como se recuerda, varios audios, que han tenido en su epicentro a Melissa Puga, secretaria del tribunal, y que evidencian una red de coimas en detrimento de procesados, han hecho centrar la atención en el manejo de las decisiones por parte de los magistrados Ayú Prado, Wilfredo Sáenz y Mejía. – Adrián Ramírez





(10/10/2017) IRREGULARIDADES EN ÓRGANO JUDICIAL DE PANAMÁ. De un lector: Los chats en los cuales se ven claras irregularidades en la forma de manejar la justicia en el Órgano Judicial de Panamá, son algo que no tienen que enorgullecer al presidente de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado y al también magistrado Adolfo Mejía. Los audios y chats que estelariza la secretaria Melissa Puga, reflejan una situación muy grave en el Segundo Tribunal Superior, pues reflejan que dictámenes y decisiones son concedidos al mejor postor por mafias que las tramitan a su antojo.

En este sentido la anarquía reina en Panamá, ya que es impensable que a la Corte; la Asamblea Nacional, que está al mismo nivel del poder judicial, o la Procuraduría, se les vea investigando irregularidades como las que ocurren en el Segundo Tribunal Superior. Todo esto es un asunto del cual ya estarían informados la OEA y la CIDH, entre otras instituciones. – Adrián Ramírez
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(06/10/2017) JUSTICIA TARIFADA EN EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE PANAMÁ. De un lector: Los chats correspondientes a comunicaciones sostenidas por secretarias del Órgano Judicial de Panamá, en poder de muchos panameños, dejan de manifiesto que los que tarifan los dictámenes judiciales en el Segundo Tribunal Superior, logran incluso estar codo a codo, supuestamente, con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y su secretaria. Las comunicaciones, en las cuales la secretaria Melissa Puga juega un papel estelar, matizan la influencia que tendrían en el Segundo Tribunal Superior miembros de Morgan & Morgan, bufete de abogados que habría contribuido en la creación de empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas relacionadas con tramas de corrupción en algunos países, según se vio en los Panamá Papers. En los chats se refieren también a Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino "Nito" Cortizo, precandidato presidencial del partido PRD, expresándose acerca del uso de dinero para influir en decisiones judiciales que maneja el Segundo Tribunal Superior en contra de ciertos ciudadanos, afirmaciones que no tendrían ningún asidero, ya que tales procesados ya habrían sido juzgados. – Adrián Ramírez


(NICARAGUA) DEPORTAN AL PERIODISTA INDEPENDIENTE CARL DAVID GOETTE-LUCIAK.  En un comunicado conjunto, Reporteros Sin Fronteras (RSF), ARTICLE 19, Front Line Defenders y Freedom of the Press Foundation denuncian las presiones que ha sufrido el periodista austríaco-estadounidense Carl David Goette-Luciak en Nicaragua. Tras haber padecido una campaña de acoso y amenazas, el reportero fue expulsado del país el 1 de octubre de 2018.  Carl David Goette-Luciak, periodista independiente de nacionalidad austríaco-estadounidense vivía desde hacía tres años en Nicaragua, donde trabajaba como corresponsal de diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos el diario británico The Guardian. Por su trabajo, que le llevó a cubrir la grave crisis política que sacude al país desde abril de 2018, ha recibido amenazas y ha sido blanco de una violenta campaña de intimidación en Internet, ampliamente difundida por los partidarios del Presidente Daniel Ortega. El mandatario había acusado al periodista de trabajar para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, de ofrecer apoyo material a grupos armados del país y de apoyar directamente a la oposición.  La dirección del periodista fue dada a conocer en las redes sociales, donde se incitó a asesinarlo. Amenazado de muerte, el reportero se vio obligado a esconderse y finalmente fue detenido por la policía nicaragüense. El 1 de octubre de 2018, fue expulsado del país. Actualmente se encuentra a salvo en Estados Unidos.  “La magnitud y la violencia de la campaña de intimidación que padeció el periodista Carl David Goette-Luciak, así como la arbitraria deportación que sufrió, son tan inaceptables como preocupantes", afirma Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF. “Los métodos empleados por el presidente y sus partidarios para censurar a los medios de comunicación independientes ponen en peligro la libertad de prensa en el país”, añadió.  La tendencia autoritaria del gobierno de Daniel Ortega hace que el trabajo de la prensa independiente e internacional se vuelva más difícil y peligroso. Los periodistas que cubren la crisis política y las manifestaciones a menudo reciben amenazas, son perseguidos, detenidos de forma arbitraria o son blanco de campañas de intimidación en las redes sociales.  Puede leer aquí el comunicado conjunto de las organizaciones Article 19, Frontline Defenders, Freedom of the Press Foundation y RSF. - Con información de https://www.rsf-es.org 

(IRAK) RSF PIDE A LAS AUTORIDADES QUE ACLAREN EL PARADERO DEL PERIODISTA SAIF HILAL AL AZAWI.  Reporteros Sin Fronteras pide a las autoridades iraquíes que aclaren la suerte del periodista Saif Hilal Al Azawi, desaparecido desde que fuera detenido por fuerzas de seguridad en Bagdad el 1 de octubre. Las autoridades deben respetar y recordar su obligación legal de proteger a este periodista, advierte RSF.  Saif Hilal Al Azawi es periodista y editor de Adhamiya News, una página de Facebook de noticias del barrio Adhamiya de Bagdad, donde reside. Fue detenido el 1 de octubre por miembros de las fuerzas especiales de seguridad iraquíes en Adhamiya, según han señalado testigos a Journalistic Freedoms Observatory (JFO), una ONG iraquí de defensa de los periodistas.  JFO ha tenido conocimiento de que Saif Hilal Al Azawi está sometido a acciones judiciales en relación con sus publicaciones online. La ONG todavía no ha podido tener ninguna información por parte de las autoridades sobre dónde está detenido o la razón de su detención, que por todo ello constituye hasta la fecha una desaparición forzosa.  “Las autoridades iraquíes son responsables de la seguridad de Saif Hilal Al Azawi y deben aclarar todo lo relativo a esta detención arbitraria”, afirma Sophie Anmuth, responsable de la oficina de Oriente Medio de Reporteros Sin Fronteras. “Irak no puede aceptar ser un país donde las fuerzas de seguridad hagan desaparecer a un periodista sin más explicaciones”.  Saif Hilal Al Azawi trabajó como periodista para varios canales de televisión iraquíes antes de lanzar Adhamiya News en 2012. El espacio se describe a si mismo como “un lugar objetivo, de noticias, para todos los iraquíes” y cubre política, deportes y cultura en Adhamiya.  Irak ocupa el puesto 160 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

(TURQUÍA - ARABIA SAUDÍ) SIN NOTICIAS DEL PERIODISTA JAMAL KHASHOGGI DESDE SU ENTRADA AL CONSULADO SAUDÍ DE ESTAMBUL.  Reporteros Sin Fronteras se interroga sobre lo sucedido al disidente y periodista Jamal Khashoggi, del que no se sabe nada desde que entrara en el consulado saudí de Estambul a la una de la tarde del 2 de octubre para solicitar la documentación que necesitaba para casarse con una ciudadana turca.  El personal del consulado saudí ha rechazado hacer comentarios cuando ha sido cuestionado al respecto por RSF. Jamal Khashoggi reside actualmente en Estados Unidos y escribe piezas de opinión para el Washington Post.  “La desaparición de Jamal Khashoggi es extremadamente preocupante”, afirma Sophie Anmuth, responsable de la oficina de Oriente Medio de Reporteros Sin Fronteras. “Hasta que se demuestre lo contrario, sigue en el interior del consulado saudí de Estambul y las autoridades saudíes son responsables de su salud y seguridad. Pedimos, tanto las autoridades saudíes como a las turcas, que aclaren esta situación y hagan todo lo necesario para que reaparezca -libre- lo antes posible”, añade.  Jamal Khashoggi es uno de sus periodistas disidentes más conocidos. Voló a Estados Unidos en 2017, en una oleada de acoso a periodistas, intelectuales y activistas en Arabia Saudí que sigue en curso. Más de 15 periodistas y blogueros han sido detenidos este último verano, muchos de ellos de mantra no oficial.  Arabia Saudí ocupa el puesto 169 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras. - Con información de https://www.rsf-es.org

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