EL CONTRATISTA INVOLUCRADO, CONSTANTINO BONADUCE, ESTÁ PÚBLICAMENTE VINCULADO CON EL ALCALDE DE GUANTA, JONNATHAN MARÍN, QUIEN SERÍA LA PIEZA CLAVE DEL FRAUDE POR SUS NEXOS CON EL EXDIRECTOR EJECUTIVO DE LA FPO, PEDRO LEÓN. HOY GARCIA PLAZA ES EL NUEVO HÉROE DE LA OPOSICIÓN GOLPISTA DE VENEZUELA Y PUPILO DEL SECRETARIO DE LA OEA, LUIS ALMAGRO. La trama de la ofensiva contra la Revolución Bolivariana fue develada la noche de este miércoles (abril 2016) por el propio Diosdado Cabello, quien sin ninguna duda puede considerarse el N° 2 del chavismo, cuando informó que quien organiza y financia una intentona golpista es el general y exministro fugitivo, Hebert Josué García Plaza, procesado por corrupción. En su programa semanal Con el Mazo Dando, que transmite el estatal VTV Canal 8, Cabello reveló que los fondos con los que se alimenta la conspiración son los mismos que el alto funcionario se robó con contratos para comprar embarcaciones usadas con sobreprecio, concesiones para construir hangares, depósitos y hoteles en todos los aeropuertos del país, órdenes de compra de alimentos importados y una contratación con el mismo constructor de instalaciones aeroportuarias con el fin de restaurar todos los abastos de la red pública Bicentenario. Es decir que a García Plaza el propio gobierno bolivariano, al ponerlo en cargos como el ministro de Transporte Acuático y Aéreo (primero) y luego como ministro de Alimentación, le colocó en las manos los recursos para que gestara la destrucción de la propuesta de transformación política, económica y social creada e impulsada por el Comandante Chávez. Lo dramático del caso es que el general dos veces ministro y jefe del Estado Mayor contra la Guerra Económica, no actuó a escondidas. Sus negociaciones las hizo a la vista y no dejó de argumentar o justificar porque las hacía. Por ejemplo, en octubre de 2013, García Plaza inauguró mejoras es el aeropuerto de Barcelona, estado Anzoátegui, y anunció la firma de una alianza estratégica con el sector privado para la construcción de 101 hangares para aviación general y talleres, así como 26 locales comerciales y plataforma de carga, en los que se invierten cerca de 1200 millones de bs bolívares, según una nota de prensa de la empresa estatal Bolivariana de Aeropuertos (BAER). La alianza, con una supuesta Cooperativa de Hangares "General José Antonio Anzoátegui", fue presentada como una expresión del "socialismo aeroportuario" (sic). Mientras el ministro "subrayó que el gobierno requiere empresarios respetuosos que quieran invertir y apuesten por el desarrollo nacional", el presidente de la cooperativa o empresa, Constantino Bonaduce, "manifestó que es posible el trabajo conjunto entre la empresa privada con el Gobierno para el progreso del país, especialmente con el estado Anzoátegui", destaca la nota informativa. Paralelamente el ministro realizaba otros notorios avances en la construcción del socialismo acuático con las gestiones para comprar tres ferrys que realmente habían llevado "rosca". Uno viajaba varias veces al día entre Gibraltar y el norte de África, otro hacía algo parecido en unos lagos en Canadá, y el tercero tenía un bojote de años de operación. Con el pago de más de 50 millones de euros las tres naves fueron traídas a Venezuela, pintadas, maquilladas y con otros nombres. Incluso, una de ellas cambió su nombre de "Federico García Lorca", en homenaje al poeta comunista, fusilado por los monárquicos durante la guerra cívil, por el muy eclesiástico de "San Francisco". Cuando comenzó el traslado al continente, una parada obligada en las islas Canarias, permitió que aficionados a las embarcaciones documentaran el evento y reportaran que se trataba de barcos muy usados y con al menos diez años de operación. Para el momento García Plaza parecía un mariscal de campo, al frente de la ofensiva contra la guerra económica. Fue la época del "Dakazo" y de las inspecciones de cantidad de establecimientos que incrementaban los precios en 1000 y 2000 por ciento. Los ferrys comenzaron a funcionar entre tierra firme y Margarita y todos felices se olvidaron de lo gastados de los equipos, hasta que a los pocos meses comenzaron a fallar. Cuando el escándalo estalló en 2015, ya García Plaza era ministro de Alimentación, y también en esa parte de la administración comenzaron a verse las costuras. Varias sucursales de abastos Bicentenario, en plena agudización de la escasez y en medio de la guerra económica, quedaron fuera de operación desde finales de 2014. Uno fue el de Puerto La Cruz, donde el presidente Nicolás Maduro, con estilo chavista, debió armar un "peo". En medio de una transmisión en vivo le preguntó a alcaldes y gobernadores sobre la situación y su ausencia de repuesta permitió suponer que no sabían nada del asunto. El hecho es que tras la investigación de emergencia se descubrió que el contratista de las reparaciones era el mismo de los hangares y depósitos de aeropuerto, el mismo Constantino Bonaduce, un acaudalado empresario de origen italiano. Pero no sólo tenía el contrato de ese supermercado: en realidad le habían entregado un contrato general para restaurar toda la red de tiendas a nivel nacional. Para eso habían contratado a Protécnica, intervenida por el Estado por formar parte del Grupo Pro, de Ricardo Fernández Berruecos, propietario del quebrado Banco Canarias. Al estar intervenida la asimilaron a una empresa estatal y realizaron la contratación en forma directa. Luego Protécnica subcontrató los trabajos con la compañía Himalaya Servicios, propiedad de Bonaduce. El escándalo llevó a la cárcel al empresario y a dos o tres de los administradores de Protecnica. Sin embargo, al menos dos no fueron procesados y a otro (sobrino de un alto funcionario) se le dió la libertad con una medida sustitutiva. Entretanto el general se escapó y terminó pactando con los gringos como única forma de poder disfrutar su riqueza obtenida sobre las carencias de los venezolanos. Por lo menos, tan grotesca actuación ha servido para desarrollar acciones que permitan descubrir y sancionar acciones similares. Este año el despacho del Interior puso en marcha la llamada Operación Gorgojo que ha logrado la captura y juicio de los expresidentes de Cval y de Abastos Bicentenario, al igual que los empresarios que se beneficiaron con los fraudes. Uno de los casos más llamativos y vulgares es el del desvío de carne importada con divisas preferenciales. Entre 2014 y 2015 sólo esos dos "empresarios" recibieron entre 150 y 200 millones de dólares a la tasa de 6,30 bolívares por dólar, para traer unas 150 mil reses desde Brasil. Además de desviar a restaurantes de lujo o venderla a precios muy por encima de los regulados,lo más llamativo es ni siquiera los precios fijados oficialmente se acercaban al valor promedio con base en la tasa protegida. En promedio cada kilo de carne tendría un costo de un dólar, pero el precio regulado no bajaba de los 200 o 250 bolívares, mientras que el precio de mercado siempre superaba los 1 mil bolívares. Es decir, el sobreprecio podría estimarse en un 20 mil por ciento. Con tamaña malandrería, las colas, la arrechera y la incertidumbre se dispararon y realmente fue un milagro que el chavismo hubiera sacado 5,5 millones de votos y que el descontento se contuviera con la abstención. Muy pocos votos de este lado se fueron para la oposición. Hoy la vaina está más dificil. A la escasez repotenciada y al inmovilismo del aparato estatal, se suma en estos meses la crisis eléctrica e hidrológica por efectos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, nos cuesta recordar el proyecto de Chávez para adquirir plantas de generación termoeléctrica de ciclo combinado, y liberar la demanda de la industria petrolera. Ese caso, de corrupción o al menos de ineficiencia, está pendiente de investigar. Y si alguien se pone a hacer una lista les aseguro que serían centenares de casos. Y cada caso reúne a 5 o 10 golpistas en potencia que no quieren perder su botín y mucho menos ir a la cárcel. La vaina realmente indigna o para ser precisos, da arrechera. Por una parte, porque ese ladronismo descarado nos ha puesto a pasar trabajo, y por el otro, porque ha puesto en riesgo de muerte a este ensayo mágico promovido por Chávez. Pero sobretodo, porque quienes se han beneficiado del fraude han sido sectores de la burguesía comercial y financiera ligados orgánicamente a la oposición de derecha. Revisen y se darán cuenta. Toda la mal llamada boliburguesía realmente es la misma burguesía radicalmente derechista y fascista. Por sólo citar un caso: un cuñado de Ramos Allup es socio de la firma contratada para vender las plantas eléctricas. Es decir, no somos los chavistas (no tengo amigos o compañeros que hayan robado ni yo lo he hecho) sino unos cuantos disfrazados de rojo pero con corazón y cabeza neoderechista los que se han apoderado de muchos recursos. Por eso, cuando desde este lado se descubren situaciones de corrupción, la derecha calla descaradamente. Incluso en aquellos casos que pudieran ser usados políticamente contra la Revolución y que podrían favorecerlos electoralmente. No dicen ni hacen nada contra los corruptos. Y eso paso porque los corruptos son ellos mismos. Lo que han logrado exitosamente es que el chavismo asuma las culpas y también calle y proteja a sus cómplices. Hay gente absolutamente honesta que me ha dicho que hablar o exponer tantos casos de peculado e irregularidades le puede hacer daño al "proceso". Cuando en realidad lo único que puede salvar esta Revolución es la confrontación más radical con la corrupción. No hacerlo equivale a sumarse al golpismo… - Fuente: 18/09/2017 Víctor Hugo Majano - La Tabla.com – https://www.aporrea.org
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
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QUIÉN ES EL “LADRÓN DE MEDICAMENTOS” RAÚL FALCÓN, “PROTEGIDO” DEL EXGOBERNADOR AMELIACH DE CARABOBO.
Traumatólogo Raúl Falcón había vendido clínica en Panamá cuando fue detenido por hurto de medicinas en Carabobo
La millonaria y ambiciosa inversión del doctor venezolano especialista en traumatología y ortopedia Raúl Falcón, de construir una red de clínicas hospitales en Panamá, salió de su agenda de trabajo al poner a la venta en 2013 la Clínica Hospital San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de La Chorrera.
Se trataba de un moderno edificio de dos pisos de 4.000 metros cuadrados y en un globo de terreno total de 6.000 metros cuadrados, con capacidad para 30 camas de hospitalización y consultorio para casi todas las especialidades. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Fuente: NP
Traumatólogo Raúl Falcón había vendido clínica en Panamá cuando fue detenido por hurto de medicinas en Carabobo
La millonaria y ambiciosa inversión del doctor venezolano especialista en traumatología y ortopedia Raúl Falcón, de construir una red de clínicas hospitales en Panamá, salió de su agenda de trabajo al poner a la venta en 2013 la Clínica Hospital San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de La Chorrera.
Se trataba de un moderno edificio de dos pisos de 4.000 metros cuadrados y en un globo de terreno total de 6.000 metros cuadrados, con capacidad para 30 camas de hospitalización y consultorio para casi todas las especialidades. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Fuente: NP
INTERNACIONALES
LOS CUESTIONADOS FALLOS DE WILFREDO SÁENZ EN EL SEGUNDO TRIBUNAL PANAMEÑO. La nulidad de la investigación seguida a familiares y allegados del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, es solo una de las tantas decisiones controversiales que en los últimos años ha tomado el magistrado del Segundo Tribunal de Panamá Wilfredo Sáenz. En la mayoría de los casos más recientes, ha favorecido a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli, y en otras ha perjudicado a los adversarios del exgobernante. Sáenz, designado magistrado del Segundo Tribunal Superior de Justicia de Panamá en el año 1996, además fue nombrado por Martinelli en 2010 como suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Abel Almengor. Pese a la renuncia de Almengor en 2011, Sáenz aún sigue de magistrado suplente de Harry Díaz. EXPEDIENTE MONCADA LUNA. El magistrado Sáenz fue criticado por ser ponente del fallo del 23 de septiembre de 2016, que declaró la nulidad y ordenó el archivo del proceso penal por blanqueo de capitales seguido a la esposa de Moncada Luna, María del Pilar de Moncada Luna y otras 13 personas acusadas de blanqueo de capitales. Esta investigación surgió del caso seguido a Moncada Luna luego que fue condenado a 5 años de prisión. Sáenz, que fue allegado a Moncada Luna cuando éste fue presidente de la CSJ (2012-2013), manifestó en el fallo que la condena al exmagistrado, exime de responsabilidad a los otros involucrados. Además de archivar el caso, ordenó levantar las medidas cautelares y devolver los bienes y dineros secuestrados. Moncada Luna fue investigado y juzgado por la Asamblea Nacional, mientras que el resto de los vinculados fueron procesados por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. El fallo fue recurrido en casación (último recurso de apelación) por la Fiscalía y este debía ser atendido por la Sala Penal. CASO ALMA CORTÉS. Sáenz fue ponente de dos fallos que concedieron fianzas de excarcelación a la exministra de Trabajo Alma Cortés y al abogado Rubén Moreno, investigados por enriquecimiento injustificado. Cortés salió de prisión en agosto de 2016 luego que Sáenz le concedió la fianza de 300 mil dólares en tiempo récord, apenas seis días después que la exministra presentó la apelación luego que el Juzgado Cuarto le negó en principio la fianza. Moreno obtuvo una fianza de 100 mil dólares por parte del mismo Sáenz. Benefició a Carretero y a Martinelli. La fianza a Cortés y Moreno no es la única dada por Sáenz. También concedió fianzas a los empresarios Roberto Carretero y Mario Martinelli, éste último hermano del expresidente. El 22 de marzo de 2016, Sáenz no solo concedió la fianza a Carretero sino que rebajó el monto de la misma. De 500 mil dólares que había establecido el Juzgado Décimoquinto Penal, quedó en 300 mil balboas. Carretero era investigado por supuesto peculado en un contrato de compraventa de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). En el caso de Mario Martinelli, el magistrado le concedió una fianza de 1 millón de dólares por el caso de la compra de mochilas escolares en el PAN. Gilberto Boutin. Sáenz tuvo por 11 años el expediente seguido al abogado Gilberto Boutin por delitos de prevaricación y falsificación de documentos en perjuicio del empresario Marc Harris. Boutin y los otros dos acusados Ariel Corbetti y Francisco Espino fueron condenados a prisión en el año 2005. Pero apelaron la condena y Sáenz nunca resolvió la apelación. En su lugar, el magistrado Sáenz decretó la prescripción del caso el 2 de febrero de 2015. El 30 de mayo de 2016, la Sala Penal archivó definitivamente el expediente al rechazar la casación. Harris acusó a los abogados Boutin, Corbetti y Espino en el año 1997, porque ellos tres presuntamente gestionaron un embargo a cuatro de sus empresas, cuando las mismas estaban bajo un secuestro. ADELAG. El caso Boutin no ha sido su única prescripción. Sáenz también aplicó ese mismo criterio en el proceso por estafa y falsedad seguido a los hermanos Aquilino y Carlos De La Guardia, por la quiebra del Grupo Adelag. Sáenz fue ponente del fallo del 20 de diciembre de 2013, que archivó el caso Adelag a pesar que desde el 2012, la Sala Penal condenó a los hermanos De La Guardia a 66 meses de prisión. El magistrado argumentó que la Sala Penal de la Corte nunca se pronunció sobre el recurso de prescripción, pues esta solicitud se hizo después del fallo condenatorio. ARNOLDO ALEMÁN. Y completando el trío de polémicos casos archivados, está el proceso por lavado de dinero seguido en Panamá al expresidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán. En el año 2010, Wilfredo Sáenz fue el ponente del fallo que anuló el caso a Alemán por doble juzgamiento, debido a que ya había sido absuelto por la justicia nicaragüense. También ordenó devolver los 8.5 millones de dólares incautados en bancos panameños, a sociedades anónimas vinculadas a Alemán. El 23 de octubre de 2013, la Sala Penal confirmó la decisión de Sáenz y el caso fue cerrado definitivamente. GUILLERMO FERRUFINO. La medida cautelar de país por cárcel, que permitió salir de prisión al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, fue firmada por Sáenz. Este fallo tuvo como ponente al magistrado Secundino Mendieta, colega y amigo de Sáenz, quien firmó apoyando esta resolución. Ferrufino estaba llamado a juicio en dos procesos penales, uno por enriquecimiento injustificado y otro por corrupción de funcionario público. JAVIER PARIENTE. Sáenz también apoyó con su firma el fallo del 30 de mayo de 2016, en que el Segundo Tribunal anuló la orden de indagatoria al empresario Javier Pariente, exvicepresidente de Importadora Ricamar-empresa ligada a Martinelli. Pariente fue citado a indagatoria por la Fiscalía Primera Anticorrupción el 11 de noviembre de 2015, por el supuesto peculado en el contrato de 14.5 millones de dólares de la comida deshidratada en el PAN. El fallo que declaró la nulidad de la indagatoria tuvo como ponente al magistrado Diego Fernández, que fue apoyado por Sáenz. BALBINA HERRERA. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. Al igual que los casos de Ferrufino y Pariente, el magistrado Sáenz también firmó el fallo que anuló la prescripción y revivió un proceso penal seguido a la dirigente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, acusada de calumnia e injuria por Juan Montero. Herrera fue acusada por calumnia e injuria desde el año 2011 por el abogado Juan Montero, exfuncionario del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en el gobierno de Martinelli. El Segundo Tribunal revivió el caso en fallo del 18 de julio, que tuvo como ponente al magistrado Mendieta. EXJUEZ ALEXIS BALLESTEROS. El 19 de marzo de 2014, el exjuez Cuarto Penal Alexis Ballesteros, acusó directamente al magistrado Sáenz, de haberlo presionado para fallar a favor de los amigos del entonces presidente Ricardo Martinelli. Los señalamientos de Ballesteros surgieron luego que Sáenz junto al magistrado Mendieta, le pidieron poner su cargo a disposición por no seguir la línea de fallar a favor de los amigos del entonces gobernante. A raíz de esta situación, Ballesteros presentó una denuncia penal contra los magistrados José Ayú Prado, Alejandro Moncada Luna, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta. Posteriormente, el 1 de abril de ese año, Ballesteros se vio obligado a renunciar por las presiones en su contra, debido a que fue objeto de un proceso disciplinario y habían decidido destituirlo del cargo. La denuncia de Ballesteros aun hasta 2016 seguía pendiente de ser resuelta en la Asamblea Nacional. JUAN HOMBRÓN. Sáenz también firmó el fallo dictado por el Segundo Tribunal en el que se dio un sobreseimiento definitivo al proceso penal por la adjudicación de 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, Coclé. Este fallo fue dictado el 28 de febrero de 2013, y tuvo como ponente al magistrado Mendieta. Las tierras de Juan Hombrón fueron cedidas en el año 2011, a sociedades anónimas vinculadas a la familia del exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu. ANA MATILDE GÓMEZ. Sáenz fue el ponente de un fallo que el 10 de agosto de 2010 condenó a la entonces Procuradora de la Nación y actual diputada Ana Matilde Gómez, a 6 meses de prisión por delito de abuso de autoridad y 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En este caso, Sáenz actuó como ponente, en calidad de magistrado suplente de la CSJ (reemplazando a Almengor que se declaró impedido). La Corte fue la entidad encargada de enjuiciar a la exprocuradora Gómez, en un caso muy cuestionado. El proceso a Gómez se dio por ordenar intervenciones telefónicas en un operativo contra el exfiscal Arquímedes Sáez, condenado a tres años por el cobro de una coima. Gómez nunca estuvo en prisión porque la condena fue reemplazada por 4 mil dólares en días multa. El dinero fue pagado por Carlos Zavala, para dejar sin efecto una campaña del abogado Miguel Antonio Bernal, que impulsó una iniciativa para recoger el dinero centavo a centavo. No obstante, la condena sirvió para que Gómez fuese destituida del cargo de Procuradora y así el entonces presidente Martinelli designó a Giuseppe Bonissi como procurador. Gómez salió electa diputada independiente, pero antes de tomar posesión del cargo enfrentó una audiencia en la CSJ el 30 de mayo de 2014, en la que se le rebajó la pena accesoria para ejercer cargos públicos a 6 meses. Nuevamente Sáenz fue el encargado de leer ese veredicto. – Con información de Agencias
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(24/08/2017) (PANAMÁ) VICIOS EN SEGUNDO TRIBUNAL. De un lector: Como en la historia de Alí Babá, las bandas y tribus que hacen de las suyas en el sistema judicial panameño no dejan exento al Segundo Tribunal Superior de Panamá, donde un grupo de secretarias y secretarios de los honorables magistrados, quienes muchas veces, tal y como lo hacen, según procesados, algunas secretarias del magistrado José Ayú Prado o del magistrado Wilfredo Sáenz, que aseguran hablar en nombre de los juzgadores, manejan la justicia, las gestiones y decisiones como una especie de mercancía que se transa en efectivo. Chats, imágenes de conversaciones escritas con supuestos magistrados, depósitos en efectivo, notas de voz, etc., serían evidencia de los vicios imperantes. En determinados casos, además de imponerles tasas para derrocharlas en paseos y viajes, algunos varones de esas bandas les exigen favores de cama a procesados y condenados de su mismo género. Todavía no se aprecia que en Panamá haya esmero en depurar tan pestilente situación. – Adrián Ramírez
(30/11/2018) )(PANAMÁ) “COIMEO” ENSEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: Las revelaciones y confesiones del “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá colocan en el tapete la participación de diversos funcionarios del Órgano Judicial en el “coimeo” a imputados y procesados. Tales funcionarios fungirían como protectores y figuras importantes en el ilegal esquema. Las expresiones sobre el magistrado Wilfredo Saenz en audios y chats centrados en la secretaria Melissa Puga, tampoco dejan la mejor impresión sobre el alto representante judicial. – Adrián Ramírez
(09/03/2018) (PANAMÁ) JUSTICIA RETORCIDA. Después de más de 30 meses de estar pagando condena (la pena es de 40 meses), en el expediente de un ciudadano venezolano en Panamá no existe acta del allanamiento que le fue practicado. Al ciudadano se le condenó en base a pruebas inexistentes e insuficientes y lo que es peor, el caso estaría viciado de nulidad absoluta, pero hasta ahora el magistrado Wilfredo Sáenz y la jueza Zaida Cárdenas no se han percatado ni han querido percatarse de esa situación. Este es uno de los motivos por los que el caso será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es más que el ejemplo de una de las tantas situaciones retorcidas del sistema de justicia en Panamá. – Adrián Ramírez
(05/03/2018) (PANAMÁ) “CAOS TERCERMUNDISTA” EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR. De un lector: En el Segundo Tribunal Superior de Panamá se padecería una especie de “caos tercermundista”, por la mala atención, años de mora judicial, etc. La pequeña sala de atención al público muestra un aspecto infrahumano, con mobiliario deteriorado y archivos repletos de millones de ácaros. Dentro de muy poco se estaría presentando ante la Corte IDH una denuncia por vicios procesales, que profetiza el empeoramiento del concepto que existe en el ámbito judicial sobre el Wilfredo Sáenz y un grupo numeroso de funcionarios. – Adrián Ramírez
(FRANCIA / ARABIA SAUDÍ) RSF: “HAY QUE PRESIONAR AL HEREDERO SAUDÍ PARA QUE LIBERE A RAIF BADAWI”. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed Bin Salman, visita Francia del 8 al 10 de abril. Reporteros Sin Fronteras (RSF) pide al gobierno francés que durante la visita se le exija la puesta en libertad de Raif Badawi, ganador del Premio a la Libertad de Prensa 2014 de RSF y apadrinado por periodistas españoles en el marco de la campaña de apoyo a encarcelados de RSF España. Según el recuento de Reporteros Sin Fronteras, al menos 11 periodistas profesionales y no profesionales están cumpliendo penas de cárcel en Arabia Saudí. Entre ellos se cuenta Raif Badawi, acusado de insultar al Islam y que en mayo de 2014 fue sentenciado a diez años de prisión, mil latigazos y una multa de 1 millón de riales. También se le prohibió salir del país durante diez años después de su liberación. RSF estima que las autoridades saudíes tienen aproximadamente a otros 15 periodistas, aunque esto no está oficialmente reconocido. "A pesar de los 'signos de apertura', los periodistas languidecen en prisión en Arabia Saudí, donde son torturados", denuncia el secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire. "No hay motivos para el más mínimo entendimiento con Riad mientras siga denegando las libertades fundamentales, incluida la libertad de prensa. Instamos a las autoridades francesas a que hagan todo lo posible para lograr la liberación inmediata e incondicional de los periodistas detenidos arbitrariamente, empezando por el más conocido, Raif Badawi". Mientras permanecen detenidos, en Arabia Saudí los periodistas pueden ser torturados y sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se practican ampliamente, según el Comité de la ONU contra la Tortura en 2016. Las penas de prisión arbitrarias impuestas al final de los juicios injustos suelen ir acompañadas de fuertes multas y prohibiciones de abandonar el país durante varios años después de la puesta en libertad. En la reciente ofensiva diplomática de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos contra Catar, los medios se encontraron en el centro de la crisis que siguió, lo que llevó al cierre de medios y delegaciones en Arabia Saudí, Jordania y Yemen, y a despedidos periodistas. En una carta dirigida el pasado jueves al príncipe heredero Mohamed Bin Salman, RSF insta a las autoridades saudíes a: - Poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los periodistas profesionales y no profesionales que están detenidos o que cumplen penas de prisión únicamente por ejercer su profesión o su derecho a la libertad de expresión e información; y, en particular, para implementar la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias con respecto a Raif Badawi, Fadhel al Manasef y Waleed Abu-l-Khair. - Garantizar que los periodistas tengan derecho a un juicio justo, incluido el derecho a comparecer ante un juez independiente e imparcial dentro de un plazo razonable, y el derecho de acceso a un abogado. - Enmendar las disposiciones draconianas de la ley de terrorismo de 2014 (modificada en 2017) y la ley de delitos informáticos de 2007, abolir las penas de prisión y las multas exorbitantes por delitos de prensa, y abstenerse de utilizar mecanismos legislativos y técnicos para la vigilancia y el silencio de los críticos, disidentes y periodistas. - Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - Implementar las recomendaciones sobre libertad de expresión y opinión que aceptaron como parte del Examen Periódico Universal de Arabia Saudita por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. - Arabia Saudí ocupa el puesto 168, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF. – Con información de https://www.rsf-es.org
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