El concepto por medio del cual enmascaraban estos pagos fraudulentos era el de hacerlos aparecer como servicios de asesoría. Lo siguiente era idear una trama que permitiera ingresar los millones de euros, logrados a través de las coimas, en un sistema financiero que les permitiera mantenerse lejos de las miradas escrutadoras de las autoridades. El Principado de Andorra, en donde regía el secreto bancario, resultó ser el lugar ideal para ocultar los fondos mal habidos. Así, tocaba escoger la entidad financiera para llevar a cabo las operaciones y la Banca Privada de Andorra resultó ser la favorecida. La estrategia consistía en canalizar los pagos a través de una extensa red de empresas ubicadas en Panamá y en las Islas Vírgenes. Todo parecía perfecto, el lugar escogido era un sitio inimaginable para la mayoría de sus paisanos. De entre el venezolano común, muy pocos sabían de la existencia de ese país ubicado entre España y Francia que funcionaba como paraíso fiscal y era perfecto para ocultar el dinero timado al erario público del país. Para la mayoría, la mayor preocupación está centrada en vislumbrar cómo conseguir alimentos y medicinas, por lo que poco podría importarles indagar sobre aquel sitio. La jugada era maestra. Pero no contaron que entre los pocos que sabían de la existencia del Principado, había unos que se mantenían atentos, sobre todo desde 2010 cuando se descubrió que un excomisario de la policía científica venezolana, Norman Puerta, para mayores señas, se había valido de este punto de la geografía europea para legitimar capitales provenientes del narcotráfico. Para no todos, pues, el lugar pasaba desapercibido, sobre todo para la gente de la oficina de Delitos Financieros de Estados Unidos (Fincen) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos y los acuciosos investigadores de la prensa española, quienes calladamente trataban en armar el rompecabezas que -eso sí- los audaces diseñadores del plan habían estructurado magistralmente para lavar el dinero producto de las sobornos cobrados desde PDVSA por exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez. TODO EXPLOTÓ EL 10 DE MARZO DE 2015. Ese día fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por decisión del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF) a raíz de la denuncia del Fincen que señalaba que un gerente de la BPA había recibido grandes comisiones por parte de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de papel que sirvieran para legitimar alrededor de unos 2.000 millones de dólares provenientes de la estatal petrolera venezolana. Las operaciones, en total, involucraban el manejo de 4.200 millones de dólares de Venezuela. El ente regulador intervino la entidad financiera ante las denuncias del gobierno estadounidense que señalan a la BPA de "canalizar presuntamente fondos del crimen organizado". En ese mismo tiempo el Banco de España decidió intervenir el Banco de Madrid, propiedad de la BPA. De acuerdo a documentos oficiales, el Departamento de Delitos Financieros y Control del Tesoro de los Estados Unidos denunció que los directivos de BPA "habrían facilitado transacciones de blanqueo de dinero de personas relacionadas con organizaciones criminales, corrupción y tráfico de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos. El organismo estadounidense acusa formalmente a la entidad andorrana de participar de forma activa en el blanqueo de dinero procedente de organizaciones criminales de Rusia, Venezuela y China. Según la acusación de EE. UU., el banco ha participado al parecer a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov", un mafioso ruso asentado en España. Las autoridades fiscales estadounidenses informaron que altos funcionarios del gobierno venezolano, agentes panameños y un abogado de Andorra conformaban la trama de corrupción en la que también intervenía un oficial de negocios con la mafia rusa e, incluso, estaban ligados al narcotráfico mexicano a través del cártel de Sinaloa. La directora de la Red de Lucha contra las Crímenes Financieros (FinCen), Jennifer Shasky Calvery, señaló que la BPA estaba involucrada en el "lavado de dinero internacional" y mantenía vinculaciones con organizaciones criminales rusas al tiempo que participaba en la creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. "Los altos cargos corruptos de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a la entidad en un vehículo fácil para encaminar fondos procedentes del crimen organizado, la corrupción y el tráfico de personas a través del sistema financiero de EEUU", reza una nota de la agencia de noticias española EFE. El despacho de prensa refiere que los ejecutivos de BPA diseñaron "servicios financieros a [la] medida" con el objetivo de que los intermediarios de clientes que buscaban blanquear capitales pudieran "enmascarar los orígenes del dinero" y por ello recibían pagos y otros beneficios por parte de estos clientes. Específicamente, el Fincen refirió que un gerente de BPA recibió "comisiones desorbitadas" de intermediarios venezolanos con el objetivo de crear empresas de maletín que permitieran el lavado de, por lo menos, 2 mil millones de dólares de PDVSA. El citado organismo norteamericano detalló que están involucrados altos funcionarios del Gobierno, agentes residentes en Panamá y un abogado de Andorra. El gerente de BPA que trabajó para los venezolanos operaba junto a otro oficial encargado de negocios con la mafia rusa. Uno de los lavadores de dinero tenía conexiones con el mexicano cártel de Sinaloa. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades del Principado de Andorra procedieron a la destitución del consejo y tres directivos de BPA, como lo recoge un reporte de Reuters que señala que un portavoz confirmó que el presidente del Gobierno andorrano, Antoni Martí, le comunicó al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la destitución del consejo. De la destitución de los tres directivos dio cuenta el Instituto Nacional de Finanzas Andorrano. Las autoridades judiciales establecieron que gran parte de los sobornos se cancelaron utilizando para ello sociedades panameñas que estaban controladas por los protagonistas de este entramado de corrupción con cuentas en la Banca Privada de Andorra por las cuales habrían transitado más de 2 mil millones de euros. El siguiente paso de las autoridades de Andorra fue el arresto de Joan Pau Miquel Prats, uno de siete miembros del consejo de administración de la BPA. Entretanto, en Venezuela, el diputado a la Asamblea Nacional Julio Montoya aseguró que lo ocurrido en el BPA había permitido que comenzaran "a aparecer los 25.000 millones de dólares de Cadivi" que el exministro de Planificación, Jorge Giordani había confesado que se otorgaron a empresas de maletín. El parlamentario agregó que el discurso con que el gobierno venezolano respondía a las acusaciones repitiendo los argumentos de la invasión de Estados Unidos eran solamente una estrategia con la que el chavismo buscaba tapar el escándalo de Andorra. Fue así como se conocieron los nombres de los implicados: Diego Salazar, primo hermano del expresidente de PDVSA y exministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez, dedicado a la venta de seguros y reaseguros; Nervis Villalobos, exviceministro de Desarrollo Eléctrico; Javier Alvarado Ochoa, Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas; y el empresario Omar Farías Luces, dueño entre otras compañías de Seguros Constitución. Pero no solamente los señalados, sino también otros nombres salieron a la luz, como lo refiere el Diario El Mundo de España en un Editorial en el que hace mención al informe del Servicio de Prevención de Blanqueo (Sepblac), que indica que la "Constructora Hispánica, Cobra Instalaciones, CAF y Dimetronic habrían pagado unos 90 millones de dólares en comisiones al venezolano Carlos Luis Aguilera Borjas, a cambio de la adjudicación de obras millonarias en el Metro de Caracas. La mordida fue blanqueada en Banco Madrid, la filial de Banca Privada d'Andorra (BPA) intervenida por cooperar con organizaciones criminales en lavado de dinero. Cabe subrayar que Aguilera formaba parte de la 'guardia de corps' [guardia de honor-custodios] del presidente Chávez y fue nada menos que el jefe de los servicios de Inteligencia bolivarianos. El Sepblac ha accedido a los contratos de las empresas con Aguilera, fechados en 2008, un momento en el que, no lo olvidemos, el Gobierno español mimaba sus relaciones con el chavismo, lo que se tradujo en suculentas ventas de fragatas y material de Defensa por parte del ministerio que dirigía José Bono. De entrada, cabe exigir a la Justicia una investigación a fondo de la actuación de las citadas sociedades y aprovechar todas las vías legales para perseguir los hechos en nuestro país". El 20 de marzo de 2015 el diario El País develó el pago de comisiones multimillonarias por contratos públicos a funcionarios chavistas con cuentas en la filial de BPA en Madrid, lo cual se conoció por la publicación de más detalles del informe del Sepblac que precisó que dichos funcionarios figuran entre los clientes de Banco Madrid cuyas cuentas despertaban sospechas por blanqueo de capitales. El reportaje destaca dos operaciones, primero, un contrato para el pago de una comisión del 5,5 por ciento de una adjudicación de la construcción de una central eléctrica a Duro Felguera por más de 1.500 millones de euros y, segundo, comisiones del 4,8 por ciento que varias empresas españolas pagaron por la rehabilitación de la línea 1 del metro de Caracas por importe de 1.850 millones de dólares. El informe del Sepblac refiere con respecto a Nervis Villalobos, que en 2011 el exviceministro de energía venezolano cedió a una sociedad suya un contrato anterior de Terca con la empresa española Duro Felguera celebrado en 2008 para que la firma española recibiese asesoramiento en "la posible consecución de la obra de una central termoeléctrica de ciclo combinado de 1080 MW". A las autoridades les llamó la atención que Villalobos estipulara que "el contenido del asesoramiento objeto de este contrato será, generalmente, de forma oral". Agrega el reportaje sobre esto que "en el contrato de 2008, de solo cuatro hojas, se fijan unos pagos por Duro Felguera de 50 millones de dólares, si bien los honorarios se fijan globalmente en un 5,5% del posible contrato de adjudicación de la planta. Según la nota de Duro Felguera de mayo de 2009, la obra le fue adjudicada por más de 1.500 millones de euros. Con ello, la comisión habría sido de 83 millones de euros". El informe indica que para justificar los fondos recibidos a su nombre por Banco Madrid Villalobos presentó dos contratos de consultoría del sector eléctrico de dos sociedades controladas por él y su esposa que el Sepblac no son claros. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Maibort Petit - http://www.miamidiario.com
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
- Mario Villarroel Lander, el casi presidente del TSJ
- Así describen detención de Felipe Fernández Barrueco con droga para ‘entrega controlada’
- Turismo ‘enchufado’ de salud
- Estas son las mejores opciones que tienen los venezolanos para vivir en EEUU
- Cuando la inversión duele: Influencia de China en Venezuela (+Traducción)
- When Investment Hurts: Chinese Influence in Venezuela
- Petroleo Venezolano pronto lo por tin doño nobo
- ¡¡¡¿¿¿Muere la investigación en Pdvsa???!!!
- Delcy Rodríguez, Fuga Con Pajarillo / o la Sinfónica terminara tocando retretas o imitando bandas marciales
- Tensa calma preelectoral en Venezuela, con un abril pleno de temores
- Venezuela: Maduro NO. Esta oposición (y quien la financia) TAMPOCO
- Diplomáticos de carrera
- Caiga Quién Caiga: Se robaron 20 mil millones de dólares en oro del BCV y no pasa nada, por @AngelMonagas
- TSJ insta al MP a perseguir a políticos y exfuncionarios venezolanos en el extranjero
QUIÉN ES EL “LADRÓN DE MEDICAMENTOS” RAÚL FALCÓN, “PROTEGIDO” DEL EXGOBERNADOR AMELIACH DE CARABOBO.
Traumatólogo Raúl Falcón había vendido clínica en Panamá cuando fue detenido por hurto de medicinas en Carabobo
La millonaria y ambiciosa inversión del doctor venezolano especialista en traumatología y ortopedia Raúl Falcón, de construir una red de clínicas hospitales en Panamá, salió de su agenda de trabajo al poner a la venta en 2013 la Clínica Hospital San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de La Chorrera.
Se trataba de un moderno edificio de dos pisos de 4.000 metros cuadrados y en un globo de terreno total de 6.000 metros cuadrados, con capacidad para 30 camas de hospitalización y consultorio para casi todas las especialidades. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Fuente: NP
Traumatólogo Raúl Falcón había vendido clínica en Panamá cuando fue detenido por hurto de medicinas en Carabobo
La millonaria y ambiciosa inversión del doctor venezolano especialista en traumatología y ortopedia Raúl Falcón, de construir una red de clínicas hospitales en Panamá, salió de su agenda de trabajo al poner a la venta en 2013 la Clínica Hospital San Antonio de Padua, ubicada en el distrito de La Chorrera.
Se trataba de un moderno edificio de dos pisos de 4.000 metros cuadrados y en un globo de terreno total de 6.000 metros cuadrados, con capacidad para 30 camas de hospitalización y consultorio para casi todas las especialidades. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) - Fuente: NP
SUPUESTO FINANCIAMIENTO VENEZOLANO A CAMPAÑA DE PETRO EN COLOMBIA. BUENA LA DENUNCIA Del diputado Rafael Ramírez de PJ sobre el financiamiento de la campaña de de Gustavo Petro, Colombia Humana, por el régimen venezolano (…). El interés tendría como fundamento “mitigar desde Colombia la presión internacional sobre el Gobierno de Nicolás Maduro”. Además agregó otro elemento que tampoco nos asombra: el financiamiento de la campaña del del candidato de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México. – Con información de Columna de Opinión "CAIGA QUIEN CAIGA" 27/03/2018 - Ángel Monagas - http://verdadesyrumores.com
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- Ex tesorero nacional de Chávez, Alejandro Andrade, en el centro de “enorme investigación” por lavado en EEUU
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INTERNACIONALES
(MÉXICO) ASESINATO DE LA PERIODISTA MIROSLAVA BREACH: RSF Y PROPUESTA CÍVICA SE REÚNEN CON EL GOBERNADOR DE CHIHUAHUA. El 23 de marzo de 2018, horas después de que se cumpliera un año del asesinato de la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea, el gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, se comprometió con Reporteros sin Fronteras y Propuesta Cívica a entregar la investigación a la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). En una reunión mantenida el viernes 23 de marzo con representantes de Reporteros Sin Fronteras y la organización Propuesta Cívica -entidad socia en México y que representa legalmente a la familia Breach-, el gobernador Javier Corral Jurado, junto a su Fiscal César Augusto Peniche, se comprometió a entregar la investigación a la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). “Ya hablé con el Juez y le dije que si resuelve la atracción se la doy” y “ustedes así lo quieren, lo vamos a entregar”, aseguró, y añadió que se trata de “una investigación muy fuerte, muy sólida, a prueba de balas, no tenemos nada que ocultar en ella”. RSF reconoció los avances en la investigación pero insistió en que era importante profundizar en las líneas que conducen a la responsabilidad de funcionarios de su gobierno. Aunque el gobernador dijo que “no hay ningún funcionario de mi gobierno involucrado”, para RSF y Propuesta Cívica, es importante que esta línea de investigación se agote para dar certeza a la familia y a la sociedad en general de la investigación, identificar a los autores intelectuales y demás involucrados, a fin de que el crimen no quede en la impunidad, ya que el hecho de que exista una persona en prisión preventiva no significa justicia. A cinco días de este compromiso, hemos recibido sin sorpresa que la audiencia convocada para el día 27 en Chihuahua, en la que definiría la atracción, fue diferida para el 11 de abril debido a que no se notificó a tiempo a los hijos de Miroslava, señalados como víctimas principales, un argumento que de entrada hace una diferenciación entre víctimas, cuando la ley no lo establece así. Frente a esta situación, RSF y Propuesta Cívica, hacen un llamamiento al gobierno de Javier Corral, a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial: - Juez de Control, para que se conduzca con imparcialidad y con estricto apego a derecho, sin ninguna interferencia del gobierno local, pues su obligación constitucional es vigilar y proteger los derechos fundamentales y garantías procesales tanto de víctimas como de imputados durante la etapa de investigación. - A la FEADLE, para que en su investigación profundice todas las líneas sobre la autoría intelectual y material del homicidio de Miroslava Breach. - A La Fiscalía de Chihuahua, para que deje de actuar dolosamente y dilatar la procuración de justicia. - Al Mecanismo de Protección, para que garantice la seguridad de la familia Breach. También pedimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) que vigile que las autoridades estales no sigan obstaculizando el ejercicio de los derechos de las víctimas, haciéndoles las recomendaciones necesarias. México ocupa el puesto 147, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por RSF. – Con información de https://www.rsf-es.org
(MOZAMBIQUE) SECUESTRADO Y AGREDIDO EL PERIODISTA ERICINO DE SALEMA. Reporteros Sin Fronteras condena el secuestro y agresión al periodista y comentarista político Ericino de Salema. La organización pide a las autoridades que lleven a cabo una investigación. Comentarista político de varios medios de comunicación, incluido el canal privado STV, Ericino de Salema acababa de dejar la sede del Sindicato Nacional de Periodistas en la capital, Maputo, el pasado 27 de marzo, cuando dos individuos sin identificar le obligaron a meterse en un coche. Fue hallado inconsciente con signos de tortura horas después en una carretera de Marracuene, a pocos kilómetros de la capital. Fue trasladado inmediatamente a un hospital en Maputo con serias heridas y múltiples fracturas. Ericino de Salema es crítico en sus análisis políticos con el Presidente Filipe Nyusi, y había recibido amenazas de muerte antes de su secuestro. En una aparición el programa “Puntos de Vista”, el 25 de marzo, había criticado la reestructuración de la deuda por parte del Gobierno y había pedido la dimisión del ministro de Finanzas. La policía asegura que ha abierto una investigación con el propósito de identificar a los asaltantes de Salema. “La agresión a este periodista se produce en un clima de creciente hostilidad hacia los críticos con el Gobierno, que incluye intimidaciones y amenazas verbales”, recuerda Arnaud Froger, responsable de la oficina de Asia de Reporteros Sin Fronteras. “Urgimos a las autoridades a hacer todo lo posible para encontrar a los responsables de este ataque y mandar un mensaje claro a aquellos que atacan a los periodistas mozambiqueños”, añade. – Con información de https://www.rsf-es.org
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- Journalist abducted, tortured after criticizing Mozambique’s government
— Eduardo ® (@edunar54) 18 de septiembre de 2017
Mas datos y datitos de la Corte Suprema de Delincuentes de #Panama pic.twitter.com/vbt2dUGBsH— Eduardo ® (@edunar54) 26 de septiembre de 2017
Poco pueden esperar los ciudadanos de un país donde la justicia funciona de esa forma, como reflejan los audios y chats relativos a la secretaria del Segundo Tribunal Superior Melissa Puga. La CIDH tampoco se pronuncia frente a tan grave situación, en la cual los encausados reciben una justicia tardía, excluyente y como ya se mencionó, no gratuita. – Adrián Ramírez
(09/11/2017) “COIMA PAPERS” DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE PANAMÁ. De un lector: En más de los “Coima Papers” del Segundo Tribunal Superior de Panamá se aprecia cómo una de las secretarias del tribunal confiesa la petición de coimas a un procesado, que como se evidencia en chats y audios, tenía como propósito la supuesta agilización de trámites judiciales. La única medida aplicada, sin embargo, fue la remoción de la funcionaria Melissa Puga sin que se abriese sobre la misma un procedimiento jurídico, no siendo suficiente el daño material, moral y el tiempo perdido en el proceso judicial, que nadie repone. El “Coima Papers” muestra que al parecer había otros funcionarios coludidos a los que no se sancionó con despido, ni de otra forma en el tribunal. Los más afectados por el “coimeo” en los órganos públicos panameños, resultan muchas veces siendo también víctimas de otras injusticias por denunciar los abusos de los que son objeto. – Adrián Ramírez
(03/10/2017) CORRUPCIÓN EN SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE PANAMÁ. De un lector: El órgano judicial de Panamá no ha dado respuesta a las denuncias sostenidas en audios, chats y otras evidencias que demuestran actos recientes de corrupción para la concreción de dictámenes en el Segundo Tribunal Superior de Panamá. Las únicas medidas adoptadas hace poco por el magistrado José Ayú Prado, quien podría buscar la reelección para un tercer período como presidente de la Corte, fueron las de desempolvar una denuncia que fue realizada en el año 2015 y que se encontraba engavetada, con la cual logró en tiempo récord la imputación de unas 30 personas, entre funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Segundo Superior, por diversos hechos de corrupción, cobro de coimas, etc. y principalmente uso del Sistema Penal Acusatorio para en conjunto con los jurados, lograr beneficios y decisiones absolutorias para implicados en casos de homicidios.
Por el momento solo se conoce que en la oficina de atención al público del tribunal habría caras nuevas y otras ausentes. Los funcionarios, por primera vez en años, ahora estarían uniformados e identificados. Se ha producido mucha atención por la ausencia del magistrado Mejía, quien al incorporarse después de unas vacaciones, tendría muchas decisiones y diligencias pendientes. Como se recuerda, varios audios, que han tenido en su epicentro a Melissa Puga, secretaria del tribunal, y que evidencian una red de coimas en detrimento de procesados, han hecho centrar la atención en el manejo de las decisiones por parte de los magistrados Ayú Prado, Wilfredo Sáenz y Mejía. – Adrián Ramírez
Con platita las cosas se mueven mas rápido en la Corte Suprema de Delincuentes de #Panamapic.twitter.com/IkqYW6FhiI— Eduardo ® (@edunar54) 2 de octubre de 2017
(10/10/2017) IRREGULARIDADES EN ÓRGANO JUDICIAL DE PANAMÁ. De un lector: Los chats en los cuales se ven claras irregularidades en la forma de manejar la justicia en el Órgano Judicial de Panamá, son algo que no tienen que enorgullecer al presidente de la Corte Suprema de Justicia José Ayú Prado y al también magistrado Adolfo Mejía. Los audios y chats que estelariza la secretaria Melissa Puga, reflejan una situación muy grave en el Segundo Tribunal Superior, pues reflejan que dictámenes y decisiones son concedidos al mejor postor por mafias que las tramitan a su antojo.
En este sentido la anarquía reina en Panamá, ya que es impensable que a la Corte; la Asamblea Nacional, que está al mismo nivel del poder judicial, o la Procuraduría, se les vea investigando irregularidades como las que ocurren en el Segundo Tribunal Superior. Todo esto es un asunto del cual ya estarían informados la OEA y la CIDH, entre otras instituciones. – Adrián Ramírez
En este sentido la anarquía reina en Panamá, ya que es impensable que a la Corte; la Asamblea Nacional, que está al mismo nivel del poder judicial, o la Procuraduría, se les vea investigando irregularidades como las que ocurren en el Segundo Tribunal Superior. Todo esto es un asunto del cual ya estarían informados la OEA y la CIDH, entre otras instituciones. – Adrián Ramírez
Y mas datos y datitos de la Corte Suprema de Delincuentes de #Panama pic.twitter.com/G1cnwXFJfO— Eduardo ® (@edunar54) 10 de octubre de 2017
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(06/10/2017) JUSTICIA TARIFADA EN EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE PANAMÁ. De un lector: Los chats correspondientes a comunicaciones sostenidas por secretarias del Órgano Judicial de Panamá, en poder de muchos panameños, dejan de manifiesto que los que tarifan los dictámenes judiciales en el Segundo Tribunal Superior, logran incluso estar codo a codo, supuestamente, con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado y su secretaria. Las comunicaciones, en las cuales la secretaria Melissa Puga juega un papel estelar, matizan la influencia que tendrían en el Segundo Tribunal Superior miembros de Morgan & Morgan, bufete de abogados que habría contribuido en la creación de empresas en paraísos fiscales, muchas de ellas relacionadas con tramas de corrupción en algunos países, según se vio en los Panamá Papers. En los chats se refieren también a Juan Manuel Henríquez Portuondo, yerno de Laurentino "Nito" Cortizo, precandidato presidencial del partido PRD, expresándose acerca del uso de dinero para influir en decisiones judiciales que maneja el Segundo Tribunal Superior en contra de ciertos ciudadanos, afirmaciones que no tendrían ningún asidero, ya que tales procesados ya habrían sido juzgados. – Adrián Ramírez
CREO QUE EN CUANTO AL CASO DE ALEXANDER ANDREVE ESTAS MAL INFORMADO EL CHICO ESTA SIENDO ACUSADO POR OTROS TEMAS DE LOS CUALES ES TOTALMENTE INOCENTE PRUEBAS NO EXISTEN EN CONTRA DE EL SIMPLE Y SENCILLAMENTE INFORMES DE SUPUESTA LLAMADAS QUE SE LE HICIERON A UNOS OFICIALES , AQUI EN REALIDAD ES UNA JUGADA SUCIA POR PARTE DE EL GOBIERNO ,EN REALIDAD NECESITA AYUDA POR QUE TENER A UN GOBIERNO M--- EN CONTRA ES ALGO GRAVE , EL TIENE FAMILIA HIJOS Y UNA MADRE CON PROBLEMAS ECONOMICOS Y DE ENFERMEDADES Y ESTANDO EN ESE LUGAR NO PUEDE SUSTENTARLOS , LO MAS TRISTE DE TODO ES QUE ES UN JOVEN CON GRAN TALENTO Y POTENCIAL Y QUE HA SIDO OLVIDADOS POR MUCHA GENTE , EL JOVEN SE ENCUENTRA EN UN CENTRO PENITENCIARIO SIN UN ABODAGO QUE LO DEFIENDA Y SIN CONTAR CON LOS RECURSOS PARA PAGAR EL MISMO , YA SABEMOS QUE TENER UN ABOGADO QUE PROPORCIONA EL GOBIERNO ES COMO NO TENER A NADIE O DE IGUAL FORMA TENER OTRA PERSONA MAS EN CONTRA A TRAVEZ DE USTED LE PIDO QUE HAGA QUE ESTE CASO SEA CONOCIDO POR
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