PDVSA podría perder 20 millones de dólares en tribunales venezolanos

La empresa estatal Petróleos de Venezuela, (PDVSA), podría perder hasta 20 millones de dólares en un tribunal de Venezuela por una demanda cuyo beneficiario final sería Moris Beracha y su empresa Fractal Fund Managment LTD. Una alegación de domicilio no establecido permitiría que una inversión hecha en dólares por la petrolera fuera resuelta en bolívares con la anuencia de un juez que tiene vinculaciones con el abogado de la empresa que sería favorecida por esta querella.

De acuerdo a documentos legales en nuestro poder, el 11 de enero de 2011, la empresa PDV Insurance Company LTD, registrada bajo las leyes de las Islas Bermudas (según certificado de incorporación del 12 de diciembre de 1990, Registro No.16066), firmó un contrato de suscripción de acciones comunes tipo STP.PV con la empresa Fractal Fund Managment LTD, otra corporación con sede en las Islas Vírgenes Británicas organizada bajo las previsiones de la ley de Compañías Internacionales CAP 291, el 25 de febrero de 2005, bajo el No. 643915, informó la periodista Maibort Petit.

Fractal Fund Managment LTD había sido registrada inicialmente bajo las previsiones de la Ley de Compañías de las Islas Vírgenes Británicas de 2004, el 10 de enero de 2007, con la finalidad que esta empresa invirtiera los fondos aportados por PDVSA en el mercado bursátil internacional, lo cual en teoría generaría ganancias para el Fondo así como para sus inversores.

En la demanda contra PDVSA, el abogado Amir Nassar es quien representa los intereses de Moris Beracha, un operador ampliamente conocido en el ámbito financiero venezolano por haber realizado negocios millonarios con el gobierno venezolano. Su nombre también ha sido mencionado en juicios en tribunales estadounidenses.

Según la investigación, el 15 de febrero de 2012, PDV Insurance Company LTD solicitó a Fractal la redención (devolución) de la inversión vigente, por lo cual Fractal debía retornar a la empresa estatal los capitales invertidos en los 7 días siguientes a la solicitud del inversor que en este caso es PDV Insurance.

No obstante, fue el 6 de abril de 2016 cuando Fractal (empresa deudora) presentó una solicitud judicial de oferta real para "devolver" la suma adeudada que, según sus propios abogados, ascendía a la cantidad de 21 millones 596 mil 838 dólares. La empresa de Beracha informó que la devolución no se haría en dólares sino en bolívares y calculados a la tasa de cambio SIMADI vigente para esa fecha.

En la demanda de Fractal se señala que al no haberse establecido un lugar para que se realizara el pago, el mismo tendría que hacerse en la ciudad de Caracas ya que en el documento de creación y constitución de PDV Insurance se establece que la dirección de la empresa estaba ubicada en las oficinas de Petróleos de Venezuela, PDVSA S.A., Avenida Libertador, Piso 8, Gerencia de Financiamiento, Inversiones y Seguros, Caracas Venezuela.

De esa forma, la empresa de Moris Berecha ofreció judicialmente a la nación venezolana la cantidad de 5 mil 14 millones 689 mil 850 con 08/100 bolívares, por concepto de capital adeudado, pero al hacer la conversión de esta cantidad de bolívares a la tasa de cambio real para la fecha ?a saber 1.134 bolívares por dólar? la suma ofrecida en dólares se convertía solamente en 4 millones 422 mil 125 dólares, es decir, en manos de Fractal quedarían 17 millones 174 mil 712 dólares, una cantidad que sería esquilmada a la República Bolivariana de Venezuela.

El nombre de Moris Beracha ha sido relacionado a varios casos de corrupción. En febrero del 2015, fue señalado de estar involucrado en el fraude piramidal por 300 millones de dólares que golpeó al fondo de pensiones y ahorros de la estatal petrolera PDVSA, donde el banquero venezolano Francisco Illarramendi fue condenado a prisión por la Corte Federal de Connecticut.

Luego de una larga querella, la Corte Federal de Connecticut desestimó todas las demandas judiciales contra Moris Beracha y todas sus acciones legales cuando decidió desmantelar las compañías de administración de activos que estaban en el centro de una demanda que involucraba a los fondos de pensiones de la petrolera estatal venezolana.

Según un comunicado emitido por los abogados de Beracha en los Estados Unidos, el arreglo con la corte en este caso no implicó la admisión de irregularidades o responsabilidad por parte de Beracha y la querella en su contra fue desestimada "con prejuicio", lo que significa que ni Beracha ni sus empresas serán demandadas nuevamente por este asunto. Luego de este evento, su abogado, Eric Lewis, socio de la firma de abogados de Washington, D. C. Lewis Baach pllc., dijo que Beracha continuaría realizando operaciones comerciales en su área.

A pesar del arreglo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) reveló el 4 de abril del 2013 que Moris Beracha, cuando era asesor de Mario Isea, había participado en el pago de sobornos a funcionarios venezolanos canalizados a través de paraísos fiscales en las islas Caimán, Suiza y Panamá.

Las revelaciones del ICIJ sobre Venezuela formaron parte de una investigación realizada por ese grupo tras acceder a unos 2.5 millones de archivos digitales, fundamentalmente de las islas Vírgenes Británicas, las islas Cook y otros paraísos fiscales.

Beracha también aparece ligado a una denuncia presentada al Ministerio Público venezolano en 2009 donde se le acusa de haber participado en un fraude masivo relacionado con la negociación de las Notas Estructuradas de la República de Venezuela cuando Rafael Isea ocupada el Ministerio de Finanzas.

Para esa época -según la denuncia- Beracha operaba desde la sede ministerial y habría actuado directamente como agente en la venta de los instrumentos financieros y a la vez actuaba como el representante de Lehman Brothers. La adjudicación de las notas se hizo de manera irregular, lo cual condujo a un fraude millonario a las finanzas de la nación sudamericana.

En el caso contra PDV, el equipo de abogados de Beracha en Venezuela, liderado por Amir Nassar ha logrado que el caso se mantenga fuera del ojo público para evitar que haya un escándalo que evite que la empresa Fractal y su dueño puedan cobrar la millonaria suma por parte de la República de Venezuela. El nombre de Gonzalo Jurado Yépez aparece ligado al entorno de Nassar.

Esta causa fue atendida inicialmente por el Juez 17 de Municipio de Caracas, Juan Alberto Castro, quien renunció a su cargo en abril de 2017, denunciando la ruptura del orden constitucional en Venezuela y a miembros del Tribunal Supremo de Justicia, como parte de una organización criminal.

Tras la renuncia del juez Castro, fue designado en ese cargo el abogado Miguel Padilla, quien resultó ser primo hermano de la esposa del abogado de Moris Beracha, Amir Nassar. Las relaciones familiares han permitido que el caso avance señaló una fuente ligada al caso que pidió mantenerse en el anonimato por su seguridad.

Esa misma fuente dijo que el manejo que los abogados de Beracha tienen dentro del poder judicial venezolano ha hecho que acciones con basamentos ilegales puedan tener curso en los tribunales y cuyas consecuencias son perjudiciales para la República.

Denunció además que los abogados y representados del caso Fractal -Pdvsa tienen relación directa con gente ligada al entorno del presidente, Nicolás Maduro, y del vicepresidente, Tareck El Aissami, entre quienes mencionó al ex-edecán del fallecido presidente Hugo Chávez, Antonio Morales, quien en la actualidad es el Superintendente de Bancos de Venezuela y jefe de la inteligencia financiera del país.

Hasta el cierre de esta edición no pudo obtener una versión de los hechos por parte de Fractal. Esta columna está abierta a que todas las personas, instituciones y empresas mencionadas en este reportaje puedan expresar libremente sus versiones de los hechos. Invitamos a todas las personas que puedan aportar mayor información para esclarecer el tema, a comunicarse con nosotros. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de Maibort Petit - http://www.miamidiario.com - (PULSE AQUÍ)