domingo, 24 de agosto de 2014

Tribunal devuelve bienes al banquero Eligio Cedeño

Mediante sentencia en un procedimiento de amparo constitucional el juez Superior en lo Civil y Mercantil del estado Anzoátegui, Omar Antonio Rodríguez Agüero, apelado por ante la Sala Constitucional del T.S.J., expediente AA50-T-2013-001142, dicho tribunal reintegró la administración del Centro Comercial Caribbean Mall, propiedad de la empresa Centro Turístico Recreacional Doral, C.A., a la sociedad mercantil INVERSIONES ORIENTUR, C.A., controlada accionariamente por los ciudadanos Félix Alfonso Oliveros y Pedro Armas Sánchez, testaferros de la empresa extranjera A.F.C. ALLIED FUN CORPORATION, A.V.V., y de sus propietarios, Eligio Cedeño y Álvaro Gorrín Ramos.

El caso es que el abogado Héctor José Salazar Carvallo, asistido por el abogado Rafael Ávila Vivas, miembro de la tribu judicial conocida como El Cartel de Damasco, había demandado por ante el juzgado Séptimo de Primera Instancia en Barcelona la quiebra de la sociedad mercantil Centro Turístico Recreacional Doral, C.A. (C.T.R.D.), propietaria del centro comercial ahora conocido como Caribbean Mall. El abogado demandante, Héctor José Salazar Carvallo, era el abogado de confianza de Eligio Cedeño, al cual asistió con el carácter de defensor privado en el caso del secuestro de la hija de éste, Nimar Gisosca Cedeño, así como en el famoso proceso penal contra Cedeño y Microstar, que culminó con la detención de la Juez María Lourdes Afiuni.

Luego, “cuadrado” el juez de la causa, este decretó la quiebra solicitada por el abogado Héctor José Salazar Carvallo, adjudicándose los bienes del Caribbean Mall a la empresa de este abogado, Inversiones Aprodoral, C.A. Después de esto, el 50% de las acciones de esta empresa cayó en manos de Álvaro Gorrín Ramos y Eligio Cedeño a través de un testaferro de éstos, de nombre Aniceto Ramos Díaz, primo hermano de Gorrín, quien las compró. El otro 50% caería en manos de Gorrín y Cedeño a través de la ayuda que le proporcionaría el hoy juez superior en lo civil, Omar Rodríguez Agüero cuando fue consultor jurídico del Banco Industrial de Venezuela, cuando este banco aprobó una oferta de cesión de derechos litigiosos que tenía el Banco Industrial de Venezuela contra la empresa Centro Turístico Recreacional, C.A., que a su vez había entablado juicio contra la empresa Inversiones Aprodoral C.A., por la adjudicación de los bienes del Caribbean Mall. Dicha cesión de derechos en litigio fue hecha a favor de la empresa Industrias Menequim, C.A., propiedad de dos integrantes del Grupo Canarias, con lo cual esta empresa finalmente desistió de la demanda incoada contra la empresa Inversiones Aprodoral, C.A., que pasó a ser dueña de Gorrín y Cedeño en su totalidad a través del Banco Canarias, traspasándose en un fraude bancario descomunal la totalidad de las acciones de Inversiones Aprodoral, C.A., a empresas extranjeras (A.F.C. ALLIED FUN CORPORATION, A.V.V., y THE NORDHAVN FUN CORPORATION, constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y que hoy son propiedad de Raúl Álvaro Gorrín Ramos y Eligio Cedeño, a través del hermano del primero, Santos Luis Cedeño. Es decir, cuando el juez Omar Rodríguez Agüero le devuelve las propiedades del Centro Comercial Caribbean Mall a INVERSIONES ORIENTUR, C.A., controlada accionariamente por los ciudadanos Félix Alfonso Oliveros y Pedro Armas Sánchez, testaferros de la empresa extranjera, A.F.C ALLIED FUN CORPORATION, A.V.V., en verdad se las está devolviendo a Eligio Cedeño y a Álvaro Gorrín Ramos.

Investigan empresas de maletín en Margarita

Fuentes extraoficiales del Ministerio Público nos indicaron que las empresas con domicilio en Nueva Esparta son objeto de una investigación por haberse apropiado de millones de dólares otorgados por CADIVI sin cumplir con lo pautado. Fundamentalmente, los ciudadanos de origen árabe son los involucrados en esta gran estafa a la nación. La Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, ordenó a los cuerpos de seguridad del estado una minuciosa investigación contra estos ciudadanos, pero también alertamos que los mismos pueden ser presa del chantaje por parte de fiscales y funcionarios inescrupulosos que estarían dispuestos a chantajearlos y a hacerse de la vista gorda ante la investigación preliminar que adelanta el órgano fiscal. De modo que los ciudadanos de origen árabe estarían no sólo sometidos a un proceso investigativo sino presuntamente a una presunta extorsión y chantaje. Así lo alertamos.

Fuente: http://www.6topoderweb.com

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