Notas del Día 20/04/2013

POLÉMICOS EMPRESARIOS ESPAÑOLES. De acuerdo a un grupo de personas que se autocalifican como “Indignados con los Rodríguez Sobral”, durante mas de cuarenta años el apellido Rodríguez Sobral ha sido símbolo de austeridad poder y riquezas en Venezuela, vinculado a diferentes procesos judiciales, demandas y acusaciones que van desde amenazas a trabajadores, intimidación, abusos, incumplimiento de contratos, evasión de impuestos entre otros.
Los Hermanos Rodríguez Sobral, naturales de la provincia de Pontevedra, Puenteareas España, llegarían a Venezuela siguiendo la ruta de sus ancestros, utilizarían la buena fe y la devoción del pueblo venezolano por el trabajo, para con ello conseguir hacer fortuna y posteriormente como si fuera un culto a la madre patria, repatriarla a su natal Galicia. Francisco Rodríguez Sobral, a través de Festejos Mar, empresa hostelera la cual preside en Caracas, lograría evadir los rigurosos controles de cambio monetarios del país y para finales del año 2006 inauguraría lo que hoy conocemos por Hotel Pazo Los Escudos en la ría de Vigo, una verdadera joya de arquitectura, con una inversión inicial de mas de Treinta millones de dólares. Manuel Rodríguez Sobral se dedicaría a la minería. Arenera Puenteareas y Arenera San Benito de Palermo serían el principal bastión de la familia Rodríguez Freitas, los cuales llevados de la mano y asesorados por los ingenieros Pedro y Feliciano de Santis, ambos inspectores de Fundación Propatria 2000, lograrían sacar provecho a jugosos contratos con empresas transnacionales. Manuel Rodríguez Sobral junto a Benito Rodríguez Freitas representante de Odebrecht en Venezuela, asesorados por la firma Ingenieros De Santis C.A.  en un corto periodo de tiempo registrarían mas de 25 corporaciones en el sur de la Florida a nombre de la Familia y operarían bajo entidades con cuentas bancarias registradas en PARAÍSOS FISCALES (BVI) British Virgin Island.
El 04 de septiembre de 2010 el diario Ciudad Caracas publicó la carta de un lector identificado como José Marchena en la cual el mismo relataba lo siguiente:
Cuatro ex trabajadores y dos activos (actualmente de reposo), denunciamos a la empresa Festejos Mar C.A (presidida por Francisco Rodríguez Sobral), por incumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), ya que lleva años maltratando a sus trabajadores física y psicológicamente. Muchos nos hemos enfermado y a otros, la enfermedad les ha costado la muerte.
Las jornadas laborales que imponen son de entre 16 y 20 horas al día, en las peores condiciones para un ser humano.
Quienes laboramos aún en esa empresa no tenemos ni un sueldo mínimo, sino que nos pagan por cada evento o fiesta realizada. Tenemos que esperar a que las celebraciones de lujo terminen en avanzadas horas de las madrugada para poder irnos, y mientras la gente disfruta en los salones de la Quinta La Esmeralda, Monte Verde, Canta Claro o la Quinta Mar, espacios pertenecientes a dicha empresa, nosotros debemos estar en los sótanos, en condiciones infrahumanas.
Este caso ha sido presentado a la Fiscalía General de la República, en el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), más el informe que se realizó en Inpsasel, los dueños de Festejos Mar, lo quieren impugnar. También el caso ha sido divulgado por distintos medios de comunicación y hoy queremos hacerlo a través de este diario. Queremos que nos paguen la deuda económica y moral que tienen con nosotros.

ASESOR FINANCIERO. El banquero Rafael Martín Guédez se hizo notar en los años 90`s por la quiebra del Banco Amazonas. Clientes de la institución lo recuerdan por haberlos despojado de sus ahorros y ahora encontrarse “como un rey” en Miami, asesorando al Barnett Capital Bank, propiedad de los venezolanos Rodrigo Fernández Tinoco, Andrés Sotillo y José Daniel Carrillo. En 2005 una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia le impuso a Rafael Martín Guédez prohibición de salida del país y lo condenó a una pena de 11 años por la comisión de los delitos de suscripción, autorización, presentación y publicación de balances que no reflejaban razonablemente la verdadera situación financiera en grado de continuidad y distracción de dinero concedido por organismo público en grado de continuidad. El banquero también es asesor de “Prognos Equity Corp” empresa de inversiones propiedad de Blanca Ibáñez en EE.UU.

CONTRATISTA PETROLERO. Personas vinculadas a la industria petrolera critican los contratos que ha recibido en Pdvsa Oriente y la Faja del Orinoco el contratista Oscar Mirabal, simpatizante de la oposición, supuestamente gracias a un influyente funcionario petrolero de apellido León, de quien sería socio. Denotan que Mirabal era apenas un hombre humilde antes de convertirse en uno de los más prósperos magnates ganaderos en El Manteco, municipio Piar del estado Bolívar.

TENDENCIA OPOSITORA EN INSTITUCIONES ESTADALES DE ANZOÁTEGUI. Según dirigentes políticos anzoatiguenses, un alto porcentaje de empleados del gobierno regional y personal de la policía de Anzoátegui votaron a favor de la oposición en las elecciones presidenciales, puesto que hicieron campaña dentro de las instituciones estadales por su opción. Recuerdan que en el gobierno regional anterior fueron despedidas numerosas personas que simpatizan con la revolución y todavía estarían desempleadas.

HECHOS DE VIOLENCIA EN ANACO. Habitantes de Anaco narran que días atrás fueron detenidos dos jóvenes por la policía municipal de esa localidad del estado Anzoátegui, quienes se trasladaban en motocicletas y presuntamente agredieron a simpatizantes del chavismo en protesta a los resultados de las elecciones presidenciales. Detallan que uno de los detenidos, de nombre Jorge García, es hijo de una acaudalada dama de la sociedad anaquense de apellido Catanese, conocida simpatizante antichavista. Según aseguran, unos funcionarios de la alcaldía de Anaco fueron “contratados” para interceder y “apadrinar” al joven, quien fue puesto en libertad, presuntamente sin habérsele abierto un expediente.

COORDINACIÓN POLICIAL DE GUANIPA. Funcionarios de la Policía del Estado Anzoátegui se oponen a la presencia de dos oficiales en la jefatura de la coordinación de El Tigrito (Guanipa) que se encontrarían bajo régimen de presentación por un homicidio al cual se refieren como “el caso Belleville”. Critican la indolencia de uno de los dos oficiales, de apellido Navas, a quien según explican “le mataron un policía y fue incapaz de ir a darle el pésame o condolencias a los familiares”. “Se la pasa es gritando y vejando a los policías, maltrata a las personas que van a solicitar ayuda y no los atiende. Dice que es la forma como se conduce a los policías”, señalan. Los funcionarios hacen un llamado de atención a las autoridades del Ejecutivo regional del estado Anzoátegui.