Recuerdos de banqueros y aseguradores “boliburgueses”

Por: Rafael Medina - Es propicia la ocasión para recordar a algunos de los más polémicos empresarios del sector financiero venezolano, en algunos casos procesados por la justicia y en otros solicitados o sin ningún tipo de problema legal.
En este aspecto mostramos el siguiente trabajo publicado por la periodista Carjuan Cruz en el sitio “poder360.com” en febrero de 2010, algunas de cuyas consideraciones continúan teniendo vigencia en la actualidad.

Boliburgueses en la mira

Por Carjuan Cruz

Pedro Torres Ciliberto

Antes de que en la última década su nombre resonara en la opinión pública como uno de los más ricos y poderosos del país, ya este hombre era alguien, o por lo menos así lo aseguraba él. Llevaba prestada la reputación de su papá, que se llamaba igual. El viejo Torres Ciliberto era muy bien conocido en el mundo financiero, pero en realidad su negocio era de bienes raíces.

Torres Ciliberto hijo se cansó de hablar públicamente sobre su riqueza, aseverando que tenía tierras, muchos bienes, y que su fortuna venía de herencia. Es un hombre osado en los negocios y le gustaba invertir. Además de las fincas y los inmuebles (el último bien allanado fue su quinta en La Lagunita) compró la empresa aseguradora La Previsora y ya antes tenía acciones mayoritarias en tres bancos: Central Banco Universal, Baninvest, y Banco Real, estos dos últimos en sociedad con Arné Chacón Escamillo, el hermano del ex ministro de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias, Jesse Chacón.

La intervención de estas tres instituciones financieras fue el momentáneo fin de Torres Ciliberto, hoy fuera del país y con una orden de detención de la Fiscalía. Las investigaciones pretenden indagar sobre el fraude en los bancos que le pertenecieron. La relación cercana entre su esposa Cecilia Picón y Ana Ávalos, esposa del ex vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, no fue suficiente para evitar las investigaciones en su contra. Con la caída de Torres Ciliberto, el destino de El Diario de Caracas, su periódico, queda a la expectativa. El gobierno aún no ha dicho ni una palabra sobre este medio.

Omar Farías Luces

Omar Farías Luces conoce bien el negocio de seguros porque tiene 30 años en el sector. Era analista de cuentas en la Británica de Seguros y en Seguros Horizonte. Ahora es el presidente –y dueño- de Seguros Constitución, con todo lo que eso implica: su sede, su cartera de clientes (incluyendo pólizas oficiales importantes) y sus sucursales, en el país y en el extranjero también. Y no sólo eso. La aseguradora es apenas una de las compañías que conforma la gran organización que hoy tiene a su cargo: la Corporación OFL (por las iniciales del empresario), en la cual reposan 15 empresas más, algunas relacionadas con el sector salud (Asistanet, Dentalnet, Farmacias Botimarket, Mednet, RPF Red de Prevención Funeraria, Funeraria Santuario Divino y Netasistencia), y otras áreas (Constructora Porbonita, Agropecuaria Porbonita, Inversiones Porbonita, Leche y Miel Agropecuaria, Navianet, Inderca e Inversiones Aeronet). Pero además, a través de la Fundación OFL, se relaciona con sociedades de corretaje: Vida y Patrimonio, Águila, LSB, FP y Veneasesores. Ésta última fue justamente la primera con la que Farías Luces se inició como empresario en 1994 y ha sido señalada por la oposición, en particular por el dirigente de Un Nuevo Tiempo, Julio Montoya, de vender pólizas con sobreprecio a Pdvsa. La denuncia estuvo a punto de ser investigada en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, pero hasta ahora no ha procedido y ni siquiera está engavetada.

Farías Luces no considera como un anatema su cercanía con el gobierno. Asegura que su deber como empresario es mantener buenas relaciones. Después de todo su prosperidad dependerá de la solidez de esas alianzas. Por ejemplo, tanto Mednet como Vida y Patrimonio ostentan sus registros auxiliares de contratistas en Cadafe. Hasta ahora su nombre no se ha visto involucrado en los escándalos financieros revelados por el gobierno desde noviembre. Y Farías Luces parece estar tranquilo, pues sigue viajando en su avión privado. O va a su casa en Boca de Uchire (que ya casi abarca una cuadra), en el estado Anzoátegui, en su helicóptero. También visita con frecuencia su tierra natal: Güiria, en el estado Sucre.

Arné Chacón

Un teniente de fragata, licenciado en ciencias navales, con maestría en gerencia empresarial e integrante de la promoción Almirante Matías Padrón de 1987. Eso era Arné Chacón. Pero el título era apenas una meta. Después de participar en la intentona golpista en noviembre de 1992, lo que lo llevó a estar preso durante dos años en el cuartel San Carlos, comenzó su carrera política. Luego de ser indultado se incorporó al Movimiento Quinta República (MVR), el primer movimiento electoral fundado por el presidente Hugo Chávez. De ahí a posicionarse como empresario transcurrieron pocos años. Aunque primero fue funcionario público en altos cargos: se paseó por el Seniat como inspector general, luego por comisiones especiales en la Vicepresidencia, después como director de Banfoandes y posteriormente en el Banco Industrial de Venezuela.

Su vocación empresarial privada se inició con la concesión del Kino Táchira para Caracas en 2002, y aunque en ese momento renunció a sus funciones oficiales, después debió asumirlas nuevamente en 2004, sin renunciar a esta licencia con la empresa de lotería. En ese mismo año comenzó como presidente en Baninvest, en donde cobraba, en un principio, 15 mil bolívares fuertes, gracias a un acuerdo con Pedro Torres Ciliberto que ya era accionista mayoritario de ese banco. En el acuerdo también se establecía que Chacón a corto plazo sería dueño de 49% de las acciones.

En ese ínterin también incursionó en otros sectores, compró dos plantas a Parmalat y estableció Milki de Venezuela. Tampoco perdió tiempo para aumentar su cuadra de caballos purasangre, la verdadera pasión de Chacón. Hoy está preso por investigaciones sobre Baninvest y Banco Real (donde también era socio) después de la intervención hecha por la Sudeban. Y si se pensaba que podría lograr su libertad, ahora eso está más difícil. La Fiscalía le ha dictaminado dos delitos más: aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y aprobación indebida de créditos.

Wilmer Ruperti

Hoy Wilmer Ruperti se conoce como el naviero petrolero que compró el Canal de Noticias I (ahora sólo Canal I). Es tildado de boliburgués porque también apoyó al gobierno en el paro de diciembre de 2002, poniendo a disposición del presidente Hugo Chávez su flota para transportar el crudo. Pero detrás de este personaje hay mucho más. Viene de un hogar modesto de trabajadores inmigrantes italianos.

El negocio de su familia nada tenía que ver con barcos, petróleo o medios, eran dueños de un restaurant. La preparación académica de Ruperti fue entre la academia naval y la marina mercante. En 1987 comenzó a trabajar en la antigua filial de Pdvsa, Maraven. De ahí es enviado con una beca a estudiar Finanzas y Tráfico Naviero en la Universidad Politécnica de Plymouth en Reino Unido. Poco tiempo después decide cambiar a Pdvsa por la corredora marítima Sonar Charters. Y es en 1994 cuando funda su propia empresa: Nautika Ship Brokers. Las operaciones de esa compañía fueron suspendidas. Luego tuvo mejor suerte, se hace representante exclusivo para Venezuela de dos firmas internacionales: Interpetrol de Argentina y Trafigura Beheer de Holanda. Este acuerdo fue clave porque lo ayudó a consolidar la empresa Global Shipmanagement, con la que el empresario (hasta ese momento sólo naviero) comenzó su camino al éxito. Efectivamente, la trayectoria de Ruperti en este negocio estuvo a disposición de Chávez para contrarrestar los efectos del paro petrolero. Y hoy no tiene tapujos para decir abiertamente que está a favor del proceso del Presidente.

Pero esto no fue, según él, el motivo por el cual decidió posteriormente incursionar en los medios de comunicación; su idea era limpiar la televisión del sesgo político y por eso cambió el estilo del antiguo canal 57. Canal I tendría la dura tarea de competir con Globovisión. En esa meta su vena empresarial pudo más. Al darse cuenta que los números no daban decidió cambiar una televisión especializada por una de entretenimiento.

Ruperti ha tenido que enfrentar varias demandas nacionales e internacionales. Por estafa fue a los tribunales de Londres y Nueva York, tuvo una cita en la Fiscalía de República Dominicana por alteraciones del orden público y en Venezuela el padre José Palmar, director del diario Reporte, lo vinculó con facturaciones abultadas a Pdvsa. Las dos últimas fueron aclaradas. En la isla caribeña pagó una indemnización y aquí el periodista que lo acusaba se retractó.

Los hermanos Castillo Bozo

Leopoldo Castillo Bozo y sus hermanos Gabriel y Juan José entraron al negocio financiero antes de que el presidente Chávez llegara al poder. Comenzaron comprando Seguros Banvalor a Fogade en una subasta pública en 1996. Esto gracias a la crisis financiera del 94 cuando Juan Domingo Cordero debió entregar la aseguradora. El de la experiencia bancaria era el padre, Oswaldo Castillo, con apenas una pequeña participación accionaria en el Banco Provincial a principios de la misma década. La empresa de seguros creció intempestivamente, y se consagró como una marca, con banco de inversión, una casa de bolsa y una agencia de viaje.

El buen camino de la organización no comenzó con la bonanza económica de 2004, sino cuatro años atrás. Mucho ayudó obtener la póliza del ministerio de Educación, una de las más importantes de la administración pública. Incluso incitó a que la solvencia de Seguros Banvalor se incrementara en dos años poco más de 1.300%, según indicó la misma Superintendencia de Seguros (Sudeseg). Su cercanía con el proceso también lo llevó a operar la cuenta de la Alcaldía de Caracas, cuando el alcalde era Freddy Bernal.

Las denuncias sobre una falta de proceso de licitación no afectaron al consorcio financiero de los Castillo Bozo. Pero las operaciones con los bonos del sur que se emitieron en 2007 sí los llevaron el año pasado al escarnio público. El presidente ejecutivo del banco Banvalor (Leopoldo) fue imputado por el Ministerio Público por usar la identidad de sus trabajadores (que entre todas las empresas alcanzan unos 1.300) para obtener la mayor cantidad de estos títulos. Sus hermanos también fueron inculpados. Por si esto fuera poco, en la Asamblea Nacional se quería investigar sobre el contrato que Seguros Banvalor tenía con la gobernación de Miranda.

Fuente: http://www.poder360.com/article_detail.php?id_article=3518