lunes, 7 de enero de 2019

Exministro Rafael Ramírez cuestiona entrega de producción petrolera a empresa registrada en Delaware

El exministro de Energía y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, señaló este domingo 6 de enero a Manuel Quevedo, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo y Energía, de entregar la producción petrolera a empresas registradas en el exterior.
A juicio de Ramírez, “nuestra Patria está exhausta, no puede más. Nos encontramos en un momento de debilidad tan peligroso que podemos estar al borde de una guerra, bien sea por una agresión externa o por una confrontación militar con Colombia, provocada por el Gobierno en busca de una válvula de escape-muerte a la crisis creada por ellos mismos. Pero la debilidad de la Patria, su colapso institucional, político, económico y militar, también nos hace presa fácil de los intereses transnacionales, sean del país que sea. No hay transnacionales ni imperialismos buenos o malos”.

En ese contexto Ramírez denuncia en su artículo de este domingo 6 de enero, en Aporrea.org, lo que considera “la peor entrega en la historia petrolera de nuestro país”. Según su punto de vista, “la nefasta Apertura Petrolera quedó en pañales”.

En el texto señala que “ahora nos sorprendemos con otra noticia más, la de una agencia de prensa internacional que publica la nota de prensa de una nueva empresa: Erepla Services, nueva socia de Pdvsa, empresa desconocida a la que Quevedo le ha entregado, de forma privada, nada más y nada menos que por 25 años, renovables por 15 años más, los campos Rosa Mediano y Tía Juana, que eran operados directamente por Pdvsa”.

Esta nueva empresa, creada específicamente para este trato, está registrada en Delaware, EEUU, y es de capital mixto nigeriano y norteamericano. Entre sus socios destacan Sargeant Marine, firma transnacional que tenía el monopolio del manejo del asfalto venezolano con la vieja Pdvsa. “Su existencia pone de manifiesto toda la autoridad del que lo han hecho sentir jefe o dueño del país”, advierte.

Ramírez destaca en el texto que el convenio otorga a Erepla Services “la administración diaria de la producción, comercialización y explotación del petróleo producido bajo este acuerdo”… Pdvsa mantiene el control sobre el “Plan” de la transnacional y “supervisa” a la misma. ¡Qué eufemismo!

Según el despacho de prensa, Erepla Services no solo se atreve a calificar los contratos petroleros del período chavista, léase de nuestra Plena Soberanía Petrolera, como un modelo “corrupto” (lo cual no hace sino repetir el discurso de Maduro), sino que indica que la sociedad cumple con las leyes norteamericanas y solicitará la autorización a las agencias de ese país para su contrato (obsérvese que no solicita la autorización de ninguna autoridad del Estado venezolano), precisa el artículo de Ramírez.

Por otra parte, asegura que dichos contratos están hechos “de acuerdo a los estándares de los contratos norteamericanos de petróleo” (pareciera que el Gobierno renunció completamente a su soberanía). También indican que las regalías del 33,33 % serán canceladas por Pdvsa y que sus operaciones están exentas de cumplir con las leyes laborales y de contenido nacional venezolano. Es decir que ni siquiera pagarán las regalías, que es lo mínimo que se les exige en su propio país.

Otro contrato suscrito por Quevedo —según precisa Ramírez— con otra empresa del mismo grupo, llamada Erepla Trading, garantiza que ellos comercializarán la producción de petróleo (en clara violación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece que solo Pdvsa puede vender nuestro petróleo) por 25 años, nuevamente prorrogables por 15 años más, y que, además, ellos garantizan el manejo de los ingresos de esa venta de “manera transparente”, sin injerencias del Estado venezolano, cumpliendo con los términos de las sanciones impuestas al país.

Ramírez destaca que Maduro y Quevedo tendrán que rendir cuentas por entregar activos de todos los venezolanos y ceder nuestra soberanía sobre el manejo de nuestro petróleo, en violación de nuestra Ley Orgánica de Hidrocarburos y de la Constitución en sus artículos 302 y 303.

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