jueves, 27 de diciembre de 2018

Las operaciones de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo de empresarios investigados en EEUU por esquema ilegal

Un juzgado en Nueva York empezó a ventilar la semana pasada el caso de un esquema ‘offshore’ que unos empresarios iraníes idearon para burlar el cerco de las sanciones norteamericanas contra Teherán. Los fondos en dólares que alimentaban ese circuito provenían de Venezuela, y eran parte del pago por la construcción de la Ciudad Socialista Fabricio Ojeda, cuyo desvío Pdvsa consintió. El ejecutivo iraní a cargo del proyecto, dueño a la vez de un sospechoso banco en Malta, había estado bajo investigación de la asesinada periodista Daphne Caruana.

El 23 de junio, reunidos en el palacio presidencial de Miraflores, en la capital venezolana, Mahmoud Ahmadinejad, entonces presidente de Irán y Hugo Chávez, participaron en una transmisión de televisión. Chávez mandó a hacer un “pase” o contacto con Lagunillas, una población de la más antigua cuenca petrolera venezolana, en el estado de Zulia, al occidente del país. En un acto oficial presidido por el gobernador local, Francisco Arias Cárdenas, se hacía entrega de las primeras 384 viviendas de la Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, el mayor proyecto habitacional de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

En la pantalla apareció Arias Cárdenas, flanqueado por altos ejecutivos de Pdvsa, entre ellos Ricardo Coronado y José Luis Parada, hoy prófugos de la justicia luego de que en 2015 la Fiscalía venezolana los imputara por irregularidades administrativas. La petrolera estatal, a través de su filial Desarrollos Urbanos de la Costa Oriental del Lago S.A. (Ducolsa), asumió la tarea de saldar la deuda con los habitantes de barrios populares situados en la llamada subsidencia de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, un hundimiento producido en la tierra luego de casi un siglo de extracción de crudos. Hay que mudarlos antes de que las aguas lacustres, apenas represadas, se desborden desde una altura de nueve metros por sobre el nivel de los poblados.

Luego se sabría que esa sería una de muchas “inauguraciones”. El proyecto, de un poco más de 7.000 apartamentos no ha sido concluido en 2018, diez años después de su arranque. La primera entrega real de viviendas tuvo lugar en diciembre de 2013; el acto de televisión con el gobernador Arias Cárdenas no fue más que eso, una puesta en escena para el presidente Ahmadinejad. En cualquier caso, en los fastos más bien pueblerinos de lo que parecía ser su primera y única inauguración, participó Bahruz Zanganeh, el gerente general de la empresa constructora iraní a cargo de la obra, Iranian International Housing Company (IIHC). “Deseo transmitir mi satisfacción, la mía y de mis compañeros, por este proyecto que estamos construyendo”, dijo Zanganeh en farsi.

Lo que con toda probabilidad nadie entre los asistentes sabía, con la excepción del propio Zanganeh, es que casi al mismo tiempo en que se celebraba la ceremonia, los ejecutivos de la compañía iraní adelantaban por correo electrónico un frenético intercambio para cambiarle el nombre a la empresa, en un intento -que, a la postre, se revelaría tardío e imperfecto- por borrar las evidencias de que se trataba de un negocio iraní.

En un correo electrónico del 17 de octubre de 2011, un alto ejecutivo sin identificar del consorcio proponía a Seyed Ali Sadr Hasheminejad, el jefe corporativo, quitar el apelativo de “Iranian” al nombre de la empresa, “dadas las circunstancias en desarrollo”. También en el intercambio se plantearon otras alternativas, como las de cambiar el nombre de la razón jurídica por International Industrial Housing Company, o International Iron Housing Company, de modo de conservar las siglas de IIHC. Fue apenas uno de los manejos sobrevenidos con los que Hasheminejad y el tren directivo de la empresa iraní intentaron burlar las sanciones financieras y comerciales impuestos a mediados de los años 90 por Estados Unidos al régimen de los ayatolas en Teherán, y en plena vigencia durante la primera década del siglo XXI, para aprovechar la oportunidad de negocios surgida en Venezuela.

Las maniobras quedaron registradas en la acusación que la Fiscalía introdujo el pasado 20 de marzo ante la Corte Criminal del Sur del estado de Nueva York, luego de que un Gran Jurado encontrara evidencias suficientes de que en la trama iraní se podrían haber cometido hasta seis distintos crímenes, cargos que incluyen el lavado de dinero, fraude bancario y conspiración para defraudar a Estados Unidos, entre otros. El indictment culmina varios años de una investigación de cuyos progresos ya en 2016 se había hecho eco la agencia Bloomberg.

Ese mismo día, el 20 de marzo, las autoridades arrestaron a Seyed Ali Sadr Hasheminejad cerca de Alexandria, Virginia, un enclave colonial a las afueras de Washington DC, donde reside. Hasta ahora, Hasheminejad, pieza clave en el esquema fraudulento, es el único acusado. Pero la acusación presentada por la Fiscalía incluye al menos a otros cinco “co-conspiradores”, por lo que el número de imputados y arrestos podría aumentar.

Madeja para despistar
El 7 de julio de 2007, en el marco de los acuerdos de cooperación irano-venezolano oficializados en 2005 entre Caracas y Teherán, la Iranian International Housing Company (IIHC) suscribió con Ducolsa el contrato para la construcción de la primera etapa de Nueva Ciudad Fabricio Ojeda, bautizada así en memoria del héroe antiperejimenista de la Junta Patriótica del 23 de enero de 1958 y luego comandante guerrillero, muerto en 1966 en un incidente nunca del todo aclarado, cuando era prisionero de los servicios de inteligencia del gobierno del presidente Raúl Leoni.

El proyecto comprendía más de 700.000 metros cuadrados de construcción, entre torres de vivienda y edificios de servicios, en un terreno de 318 hectáreas provisto por Pdvsa, la filial de Ducolsa. Para una obra tan vasta, los iraníes ofrecían “un método de construcción encofrado y de industria ligera que permite a esta obra avanzar de manera muy rápida”, explicaba en 2011 una representante de Ducolsa. Se podía levantar la estructura de un edificio cada ocho días. El costo inicial de la obra se situó en 475,7 millones de dólares; en octubre de 2016, un boletín de prensa de Pdvsa Occidente informaba que una enmienda al contrato había elevado el monto a 574,1 millones de dólares, de los que se habían pagado 308,5 millones de dólares.

Periodista Daphne Caruana Galizia
En 2016, Caruana participó en el proyecto internacional que procesó los llamados Panama Papers, la filtración de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, recientemente clausurado pero, hasta entonces, especializado en el registro y administración de esquemas offshores con frecuencia utilizados por evasores de impuestos y lavadores de fondos. En su indagación, Caruana dio con un pez gordo: el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, su esposa y su entorno inmediato de consejeros, quienes habían utilizado los vericuetos de las finanzas sumergidas para encauzar hacia sus cuentas los pagos irregulares por comisiones y sobornos que recibían.

En el centro del circuito de legitimación de capitales aparecía un misterioso banco-boutique, que había recibido en 2014 la licencia para operar en Malta: el Pilatus Bank, cuyo principal accionista es el iraní Seyed Ali Sadr Hasheminejad, el mismo del Iranian International Housing Company (IIHC).

Las investigaciones de Caruana, respaldadas más tarde por las confesiones de una exempleada desertora, y las diligencias iniciadas por el organismo antilavado de dinero de Malta, FIAU, arrojaron indicios sólidos de que el Pilatus Bank se creó para servir exclusivamente como oficina de gestión de dinero sucio para Personas Políticamente Expuestas (PEP, por sus siglas en inglés), entre quienes figuran los miembros de la familia presidencial de Azerbaiyán, y el hijo del ex hombre fuerte de Angola, Eduardo dos Santos.  ->>Vea más...

Fuente: Con información de https://armando.info

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