sábado, 22 de septiembre de 2018

Notas del Día 22/09/2018

CANDIDATO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO DE PANAMÁ BUSCA CONQUISTAR EL VOTO JOVEN EN MEDIO DE ESCÁNDALOS. De un lector: El candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático de Panamá (PRD), Laurentino “Nito” Cortizo, va de escándalo en escándalo. Los más recientes han sido el plagio de frases de campaña del presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador y ahora el descubrimiento de un "call center" o "laboratorio" en el exterior que tendría por objetivo hacer campaña a favor de “Nito” Cortizo y descalificar al actual alcalde y precandidato a presidente por el panameñismo, José Isabel Blandón.
Laurentino Cortizo, José I. Blandón
La denuncia fue interpuesta ante el Tribunal Electoral por el propio Blandón, organismo que comprobó la situación mediante un monitoreo de redes. Por otra parte, algunos aseguran que sus asesores de campaña han sugerido a "Nito" Cortizo presentarse con un look más juvenil, para conquistar al voto joven, ya que en este renglón ha fracasado con su muy comentado cabello teñido de rubio. - Adrián Ramírez


VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…



FIRMA ESPAÑOLA ELECNOR PAGÓ 11.5 MILLONES DE EUROS A EXVICEMINISTRO NERVIS VILLALOBOS TRAS RECIBIR UNA OBRA EN VENEZUELA.  La compañía energética vasca Elecnor abonó 11,5 millones de euros al exviceministro de Energía y Petróleo de Venezuela Nervis Villalobos. El expolítico, que está procesado en Andorra por cobrar sobornos a empresas extranjeras a cambio de conseguir contratos del Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013), ingresó el dinero en este principado pirenaico, según un auto de una jueza andorrana.  Los pagos de Elecnor a Villalobos se desembolsaron entre 2010 y 2012 bajo el concepto de un supuesto servicio de asesoramiento. El Gobierno de Chávez adjudicó en 2009 a través de su principal empresa estatal, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), una central termoeléctrica por 1.420 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) donde figuró la energética vasca, de acuerdo con una investigación del diario español EL PAÍS.  Elecnor niega haber contratado al exministro de Chávez. Sin embargo, la causa que instruye una jueza de Andorra –un antiguo paraíso fiscal donde el exjerarca chavista ocultó el dinero de sus negocios— contiene numerosos documentos que vinculan al exmandatario venezolano con la empresa. En uno de ellos, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el entonces director del área internacional de Elecnor, Germán Junquera, afirma: “Nervis Villalobos colabora, asesora y gestiona proyectos para Elecnor S. A. y empresas de su grupo, en el mercado eléctrico en Latinoamérica”.  Villalobos aportó a la Banca Privada d’Andorra (BPA) —donde manejó 12 cuentas— dos contratos de “asesoramiento técnico” con Elecnor. Lo hizo para justificar el origen de su dinero. La energética vasca se comprometía en estos documentos a pagar un 5 % de comisión a dos sociedades instrumentales de Villalobos por el proyecto de la planta de ciclo combinado Juan Manuel Valdez en Güiria, en el Estado de Sucre.  Además, el exministro comunicó al banco andorrano en 2010 su plan para ingresar, al menos, 12 millones de dólares (10,2 de euros) en “dos o tres pagos” de Elecnor por una supuesta “asesoría en infraestructuras eléctricas”.  Las actas del departamento de prevención de blanqueo de la BPA de ese periodo recogen la supuesta relación contractual del exministro venezolano con la energética española.  Villalobos recibió entre 2010 y 2012 en una cuenta del banco del principado pirenaico cinco transferencias desde Malta por 13,5 millones de dólares (11,5 de euros), según la juez andorrana Canòlic Mingorance.  La energética vasca firmó un acuerdo con Villalobos que contemplaba que el que fuera ministro de Petróleo de Venezuela entre 2001 y 2006 recibiría un 4,5 % del contrato firmado entre Elecnor y Electricidad de Caracas para la construcción de la planta de Ciclo Combinado Juan Manuel Valdez en Güiria. El dato figura en un auto de procesamiento del pasado día 13 que encausa por blanqueo y cobro de comisiones a 28 personas, entre las que figura Villalobos. ->>Continuar leyendo... -  Con información de https://elpais.com



FORTUNA GRACIAS A CONTRATOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Carlos Avilán es relacionado con la gestión de Elías Jaua y el Capitán Eduardo Hurtado León en el Ministerio de Educación. Hurtado León ha fungido como presidente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), encargada del programa de alimentación de los niños en las escuelas, últimamente cuestionada por su bajo valor nutricional. Hurtado también funge como vicepresidente de la Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE) y viceministro de infraestructura del Ministerio de Educación, cargos con los que se ha permitido asignar diferentes contratos en el ministerio. Según fuentes de la cartera de Educación, a estos mismos contratos se debería que Carlos Avilán posea una variada lista de bienes en Venezuela y el exterior, en lugares de todos los niveles sociales.

REPORTAJE DE LOS ÁNGELES TIMES DENUNCIA ABANDONO Y DETERIORO DE LA REFINERÍA DE AMUAY. Hubo un momento en que tener un trabajo en la refinería de Amuay -la joya de la corona de la compañía petrolera estatal venezolana- era un boleto a la buena vida.  Petróleos de Venezuela, en su apogeo, era la quinta compañía petrolera más grande del mundo. Los salarios en la planta eran altos, los beneficios generosos, y los trabajadores disfrutaban del prestigio de llevar el uniforme.  "Todos querían estar aquí porque significaba una excelente calidad de vida para sus familias", dijo Emir Aguilar, que trabajó durante años en el sector privado antes de conseguir un trabajo en la refinería en 2003, según publicó Los Ángeles Times.  Ahora la refinería de 68 años está en pleno declive, una impresionante pieza arruinada en una economía destruida por la mala gestión y la hiperinflación, que han dejado en la pobreza al 80% de los 32 millones de habitantes de Venezuela.  Una docena de grúas abandonadas y otros equipos pesados están en muy mal estado. Los barriles de petróleo vacíos llenan los pasillos de la refinería. El aire se siente impregando del hedor tóxico de los químicos derramados. Las áreas de recreación que alguna vez estuvieron perfectamente cuidadas en los apartamentos de los empleados, ahora están llenas de hierba.   Un trabajo aquí ya no tiene mucho valor. De los 4,000 trabajadores en nómina en 2010, más de la mitad renunciaron, y los dirigentes sindicales dicen que la mayoría de ellos huyeron del país junto con más de 2 millones de venezolanos que buscan una vida mejor en Colombia, Perú, Estados Unidos o en otros lugares.  Aguilar es un experto en sistemas que ayuda a monitorear el proceso de refinación a medida que el petróleo crudo se mueve a través de tres destiladores. Cada mañana, camina dos millas para llegar a la planta, un viaje que hizo una vez en un vehículo de la compañía, antes de que se discontinuara ese beneficio. Sus turnos son de ocho horas, pero con frecuencia trabaja el doble cuando otros empleados no se presentan.  Su salario era una vez más que suficiente para cuidar a su esposa y sus tres hijos. Pero hoy, la inflación masiva significa que su cheque de pago y beneficios asciende a menos de $ 4 al mes, lo suficiente como para comprar un kilogramo de carne de res y una docena de huevos.  Para retener a los empleados, la compañía comenzó a distribuir alimentos. Cada trabajador con asistencia perfecta durante el mes, recibe una bolsa que contiene harina de maíz, frijoles, aceite de cocina, azúcar y dos latas de atún.  "Hemos perdido todos nuestros beneficios, la atención médica, la cafetería gratuita, el transporte al trabajo, incluso el agua potable en el sitio de trabajo", dijo Aguilar. "Todo lo que obtenemos son esas bolsas de comida".  Ahora con 43 años, dijo que no está seguro de cuánto tiempo más permanecerá en la refinería, o incluso en Venezuela.  "Me temo que la única opción que me queda será seguir el mismo camino que miles de compañeros de trabajo han tomado", relata.  Aguilar ubica el declive de la industria petrolera en el 2003, cuando el entonces presidente Hugo Chávez despidió a 20,000 trabajadores del gigante petrolero estatal que estaban en huelga. Fue una pérdida devastadora de conocimientos técnicos y experiencia.  Muchos de los trabajadores contratados desde entonces no estaban calificados y obtuvieron sus empleos debido a las conexiones con el partido gobernante, de acuerdo con los dirigentes sindicales.  Otro golpe ocurrió en 2007, cuando Chávez expropió a docenas de compañías petroleras privadas, incluidas muchas firmas con sede en Estados Unidos que operan en Venezuela.  El resultado fue una fuerte reducción de la inversión extranjera. Atrás quedaron los ingenieros de Estados Unidos que en la década de 1990 ayudaron al país a resolver los problemas de bombeo y procesamiento del "petróleo pesado", similar al alquitrán, en las reservas del este de la Faja del Orinoco de Venezuela.  La planta de Amuay fue una vez la tercera refinería más grande del mundo. La producción ahora es menos del 30% de su pico de 645,000 barriles por día.  La refinería nunca se ha reconstruido completamente desde que una explosión y un incendio en 2012 mataron a 47 personas y lesionaron a 160. La explosión fue causada por una fuga de gas no detectada. El desastre eliminó 11 tanques de almacenamiento de combustible y ocho grandes contenedores de gas. Muchas de las víctimas dormían en un edificio de departamentos adyacente o en el cuartel de la policía. Tardó cuatro días controlar el fuego.  "Lloré toda esa mañana por todo lo que perdimos en una tragedia que debería haberse evitado", dijo Aguilar, que estaba en casa cuando ocurrió la explosión.  Aguilar dijo que le preocupa la seguridad en el trabajo, ya que los detectores de gas configurados para alertar a los trabajadores sobre emisiones peligrosas no han funcionado durante meses.  Dijo que no le preocupaban las posibles repercusiones de hablar con un periodista sobre los problemas en la planta, porque Petróleos de Venezuela no puede darse el lujo de perder más trabajadores.  "Es muy difícil para ellos liberar a un esclavo", aseguró. "Soy uno de los pocos operadores experimentados que quedan en la refinería". - Fuente: Agencias 



BANESCO DESCIENDE EN CALIDAD Y ATENCIÓN POR DEBAJO DE LOS BANCOS MÁS PEQUEÑOS. De un lector: Banesco, el que llegase a ser alguna vez uno de los primeros bancos en calidad y volumen de clientes, sufre hoy una gran crisis en Venezuela, que se ha agravado después de su intervención. La entidad financiera ha reducido drásticamente el número de agencias y pareciera que sobre la misma existen dos realidades muy diferentes, una que indica normalidad y que el banco promociona por redes sociales y otra que los usuarios constatan al asistir a sus agencias, en donde permanecen suspendidas las aperturas de cuentas y la aprobación de solicitudes para tarjetas de crédito. Los horarios de atención telefónica también han mermado, puesto que ahora los operadores solo atienden de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., desapareciendo la atención que antes brindaban los fines de semana y disminuyendo la calidad de la misma. Banesco también ha impuesto una serie de límites para la recepción y envío de fondos mediante transferencias, que lo ubican incluso por debajo de los que actualmente permiten los bancos del estrato bancario pequeño. El banco también continúa rezagado con respecto a otras instituciones financieras públicas y privadas, en lo que respecta al máximo permitido de retiros en efectivo mediante taquillas y cajeros automáticos. También se ha perdido la mística de trabajo por parte de sus empleados, que cada vez son menos, mientras aumentan las quejas de los usuarios por la mala atención y el trato descortés que reciben. Quizás todo esto sea el preludio de una posible futura y formal venta o estatización. – Pedro Sánchez

ARUBA PREVÉ BUSCAR OTRO SOCIO SI NO OBTIENE RESULTADOS CON CITGO.  Aruba está perdiendo la paciencia para el lento y ambicioso plan de la subsidiaria de PdV propiedad de la estatal venezolana, Citgo, de transformar el oxidado esqueleto de la antigua refinería de 235,000 b / d de Valero en un mejorador de crudo pesado.  "En las circunstancias actuales, las posibilidades de que Citgo pueda llevar a cabo el trato son escasas", le dijo a Argus la primera ministra de Aruba, Evelyn Wever-Croes . El proyecto es "muy importante" para diversificar la economía de la isla basada en el turismo, pero si Citgo no logra ponerlo en marcha antes de la fecha límite de octubre de 2020, el gobierno estaría dispuesto a rescindir el acuerdo y buscar otro socio, dijo, según informó la agencia Argus.  El proyecto downstream de $ 1.1bn "tiene sentido desde el punto de vista comercial" para los altos funcionarios del gobierno y ejecutivos de la industria petrolera entrevistados por Argusen la pequeña isla caribeña holandesa. En virtud de un contrato de arrendamiento a largo plazo firmado por Nelson Martínez, ex director ejecutivo de PdV, con el gobierno de Aruba, Citgo Aruba Refining renovaría las instalaciones de San Nicolás y construiría un gasoducto de 110km de la planta de tratamiento de gas Tiguadare de Venezuela para ejecutar el complejo, que incluye dos cokers Alrededor de 209,000 b / d de crudo diluido (DCO) del cinturón de petróleo pesado Orinoco de Venezuela se actualizarían a 125,000 b / d de crudo sintético tipo Maya de 22.5 ° API con 1.2pc-1.5pc de azufre. La nafta extraída se reciclaría de regreso a Venezuela, y se venderían azufre y coque. El costo estimado de reacondicionamiento de entre $ 600mn y $ 700mn parece alto para algunos funcionarios, pero está empequeñecido por el costo de $ 8,000 millones de un mejorador totalmente nuevo, dijo uno.  Lo que le falta al proyecto es la financiación y la confianza de los interesados ​​en la capacidad de Citgo para cumplir con el contrato adjudicado directamente, que el gobierno de Aruba heredado de la administración anterior. Hasta el momento, Citgo ha gastado poco dinero y no ha completado una inspección de Fase 2 ni un control del presupuesto, incluso después de que se suponía que el trabajo se reanudaría después de las detenciones impresionantes de noviembre de 2017 de Martínez y el ex ministro venezolano del petróleo Eulogio Del Pino por cargos de corrupción no relacionados. . En agosto, Citgo comprometió unos escasos $ 35mn para la Fase 2, que se espera que se prolongue hasta mayo de 2019 antes de la fase final de renovación.  "El contrato no es muy favorable para nosotros", dijo Richard Eman, presidente del directorio de RdA, la entidad gubernamental propietaria de la refinería. El acuerdo tiene salvaguardias inadecuadas para Aruba, por lo que es difícil de cortar antes de octubre de 2020, dijo. "Hay una falta de confianza en Citgo porque no ha producido, pero tienen tiempo para demostrar que estamos equivocados".  Las oficinas centrales de Citgo en Houston y Citgo Aruba Refining no hicieron comentarios para este artículo.  PdV culpa regularmente a las sanciones financieras de los Estados Unidos por frustrar las opciones de financiación. Aruba había tratado de obtener una exención de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Tesoro de los Estados Unidos a nombre de Citgo, pero fue rechazada porque Washington quiere bloquear el flujo de dinero a Caracas. Eso deja a la isla muy endeudada sin otra opción que esperar que Citgo entregue dentro de dos años.  Mientras tanto, Citgo está usando Aruba como terminal, descargando rutinariamente DCO contaminado con agua excesiva en tanques de almacenamiento para permitir que se estabilice antes de volver a cargarlo para exportarlo a los EE. UU. Y Asia, dijo una fuente de envío local. Alrededor de 500,000 bl de cargas de DCO y, ocasionalmente, de petróleo crudo o combustible Boscan llegan a través de Aruba desde Venezuela cada mes.  A diferencia de las islas caribeñas holandesas Curacao y Bonaire, Aruba estuvo relativamente indemne por gravámenes relacionados con la deuda que la estadounidense ConocoPhillips gravó en los activos locales de PdV a principios de mayo, debido a que los cargamentos de petróleo llegaron a Aruba y la refinería a 15 años una extensión opcional de 10 años pertenece a Citgo, no a PdV. Pero el episodio causó retrasos y dejó a Aruba esperando a que caiga el otro zapato.  Ese zapato podría ser Crystallex. La ahora extinta compañía minera canadiense, como ConocoPhillips, busca imponer un laudo arbitral internacional por la adquisición de sus activos venezolanos. Crystallex en agosto obtuvo una orden de un tribunal federal de los EE. UU. En Delaware para adjuntar las acciones de PdV Holding, matriz de Citgo Petroleum y Citgo Aruba Refining. El caso ahora está llegando a su fin a través de la apelación, pero Crystallex ha dicho que ya se está preparando para subastar a Citgo.  El proyecto de Aruba sería una idea de último momento si no fuera una responsabilidad para las partes que buscan los 750,000 b / d de capacidad de refinación de Citgo. Si un nuevo propietario de Citgo intentara retener los activos de Aruba, el fallo de los EE. UU. Debería ser ratificado por un tribunal local, dice un abogado holandés del Caribe.  Aruba aprovecharía la oportunidad de reemplazar a Citgo con una contraparte sólida y libre de cargas . Pero el proyecto aún depende del suministro venezolano de crudo y gas, que un PdV truncado sería reacio a vender a un recién llegado que ha recogido su preciado activo estadounidense. - Fuente: Agencias

SIGUE "GUERRA" EN EL CHAVISMO ZULIANO. Las últimas declaraciones del Gobernador Omar Prieto, encendieron la lucha, hasta ahora, puertas adentro. A los efectos dijo "Se ha orientado a la Contraloría General de la República para efectuar una investigación de los últimos cuatro años de gobierno del estado Zulia, es necesario”,  señaló el gobernador del Zulia, Omar Prieto, este lunes 17 de septiembre. Prieto denunció que las fallas en el servicio eléctrico se deben a actos "conspirativos" dentro de entes públicos como Corpoelec, Hidrolago y el Metro de Maracaibo. Afirmó que estos hechos ocurren desde antes de su llegada a la gobernación.  “Yo le pido a los camaradas, que están aquí de Caracas, que están haciendo auditoría, no  hagan solamente la auditoría de esta gestión, yo pido que revisen los libros de la gestión anterior, no solamente en el ámbito del Metro, sino de la Misión Vivienda Venezuela. Hemos conseguido dos obras privadas, escondidas entre los mejores en los espacios  de los ricos en el estado Zulia, construidas con el material de la Misión Vivienda que se le entregó al Metro (subrayado nuestro). Hemos conseguido ferreterías y galpones de gente vinculada a esa gestión”. Ahora bien, aunque va en contra del ex gobernador Arias Cárdenas, también alude a la Contraloría, pues se trata de un deber de esta y que al parecer no cumple o no ha cumplido. Mal parado al Gobernador en cuanto a su seriedad al lanzar unas acusaciones “anónimas”, sin señalar como corresponde a la persona que utilizo bienes del estado en su beneficio”.  Un Gobernador no puede ser “brollero” y no echar el cuento completo, en consecuencia pregunto ¿Quiénes son esos funcionarios o exfuncionarios o chavistas, que utilizaron recursos del estado, material de misión vivienda para hacer Villas Privadas y venderlas? ¿Quién es el que utilizó galpones para vender alimentos basado en el poder de la gobernación? Dígalo…O ¿No hay testosterona para eso? Es de hacer notar, la solidaridad de varios funcionarios del gobierno nacional con la acusación y varios Alcaldes, resaltando la ausencia del Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova y uno se pregunta ¿Por qué?, definitivamente estamos en medio de una pelea de poder, más que una denuncia”. – Fuente Columna de Opinión “Caiga Quien Caiga” 22/09/2018 – Ángel Monagas - @angelmonagas

CANDIDATEADO. El gobernador LACAVA esta candidateado para la vicepresidencia. (…). Lacava se entiende con el Grupo Bostón. Es el único funcionario del chavismo, que ha podido entrar en los últimos años a la Casa Blanca. Maduro de paso resuelve un caso del chavismo carabobeño. – Fuente Columna de Opinión “Caiga Quien Caiga” 22/09/2018 – Ángel Monagas - @angelmonagas

GONZALO TIRADO YÉPEZ, UNA HISTORIA DE ESTAFAS FINANCIERAS



ASÍ DIEGO SALAZAR Y OMAR FARÍAS BLANQUEABAN DINERO ROBADO DE PDVSA EN ANDORRA



BANDA DELICTIVA DE "EL CHUY" Y “EL MAR AZUL” CONTINÚA OPERANDO A SUS ANCHAS EN BARINAS. Habitantes de la parroquia Los Guasimitos del municipio Obispos del estado Barinas denuncian que siguen siendo azotados por un grupo de sujetos dedicados al robo, cobros de vacuna y otros delitos, comandados por un sujeto de nombre Jesús Nieves, quién se encuentra preso en el Cicpc Barinas y el cual, según denuncian, dejó a cargo de la banda a su hermana apodada "La Chule", su sobrina La Nana, su sobrino El Javier, sus primos El Kike, El Junior y otros que en ausencia de Nieves son dirigidos por un antisocial conocido con el remoquete de “El Mar Azul”. La banda se dedica también al robo de viviendas y en algunos casos desalojan a los habitantes de las mismas a punta de pistola, para luego utilizarlas como guaridas. La banda está implicada en el robo de un kiosco de comida rápida ubicado frente a la prefectura de la parroquia. Los antisociales amedrentan a los dueños del matadero El Turpial para que les regalen diferentes piezas de ganado de las que antes la comunidad se beneficiaba. A la organización delictiva se le atribuye el asesinato de un hombre, cuyo cuerpo sin vida apareció frente al matadero hace unos meses. Según testigos, se trató de una advertencia para comerciantes y clientes del lugar. Sostienen que tanto comerciantes, como habitantes de la comunidad temen por sus vidas, por lo que piden una solución a las autoridades competentes. Señalan que existe mucho temor en la comunidad a denunciar, por posibles represalias. El líder de la organización, Jesús Nieves, conocido también como "El Chuy", es indicado por diversos asesinatos en los sectores Nueva Barinas, Robinson, El Caipito y el 28 de Agosto. Entre los crímenes se cuentan el de un “busetero” que apareció muerto en El Caipito y el doble acto delictivo donde arremetió contra dos hermanos del mismo barrio, asesinando a uno de ellos con un arma de fuego e hiriendo a otro a puñaladas, el cual logró salvarse. Según denuncias de la comunidad, los miembros de la banda pernoctan en las calles 3 y 4 del Barrio 28 de Agosto. “Todos los días los habitantes de Los Guasimitos nos encomendamos a Dios porque tenemos miedo a ser robados, extorsionados o desalojados de nuestra vivienda por parte de esa banda delictiva del Barrio 28 de Agosto”, expresan habitantes de la parroquia. La banda también mantiene en zozobra a propietarios de carnicerías, licorerías y expendios de alimentos.

INTERNACIONALES

(PANAMjÁ) NUEVO ESCÁNDALO PARA CAMPAÑA DE CORTIZO. DESCUBREN 'CALL CENTER' CONTRA BLANDÓN.  Los magistrados del Tribunal Electoral ordenaron este viernes a la Secretaría General de esa entidad, que denunciara ante Twitter una red de cuentas presuntamente falsas, asociadas a un 'call center' con base en el extranjero y que según investigaron, tienen una orientación política a favor de Nito Cortizo y atacaba al actual alcalde y precandidato a presidente por el panameñismo, José Blandón.  Blandón había denunciado que a través de su equipo de redes y de su equipo legal, habían descubierto que una gran cantidad de críticas sobre aceras e inundaciones en Vía Argentina y el Parque Urracá eran promovidas por cuentas falsas.  El vicepresidente del Partido Panameñista puso la denuncia al Tribunal Electoral, que admitió la denuncia y a través de su propio equipo de monitoreo de redes aparentemente comprobaron la situación.  El informe del Tribunal Electoral parece respaldar esta versión, al identificar cerca de cuarenta cuentas BOT's que son cuentas artificiales que periódicamente envían mensajes automáticamente de forma programada a favor o en contra de algo o alguien.  Estas cuentas, según el informe del Tribunal Electoral, retuiteaban post a favor de Cortizo y emitían tuits en contra de Blandón.  Existe evidencia de la utilización de BOT's, lo cual infringe las reglas sobre el uso de búsqueda en Twitter", dice el informe.  Este Call Center tiene una orientación política a favor de Nito Cortizo", señaló el informe del Tribunal Electoral.  Fue Pedro Miguel González, Secretario General del PRD, quien salió a reaccionar por la campaña de Cortizo y catalogó el asunto como un "autoataque" de Blandón, solicitando que se investigue.  Hace solo unos días surgió un gran debate sobre el slogan de campaña de Cortizo que fue copiado de la campaña del presidente de México. - Con información de https://midiario.com 

THE GUARDIAN: COLOMBIA CONTINÚA BATIENDO RÉCORDS EN PRODUCCIÓN DE COCAÍNA, SEGÚN INFORME.  Colombia está desesperada por despojarse de su reputación como una nación afectada por el narcotráfico, pero nuevas figuras de las Naciones Unidas muestran que continúa batiendo récords en la producción de cocaína.  En 2017, alrededor de 171,000 hectáreas (423,000 acres) de tierra de la nación sudamericana se usaron para cultivar coca, la planta cuya hoja es el ingrediente base de la cocaína, hasta 25,000 hectáreas (17%) el año anterior, según un informe publicado el miércoles por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de acuerdo con la edición norteamericana del diario The Guardian.  El mismo informe estima que se produjo suficiente coca para producir 1,379 toneladas (1,520 toneladas) de cocaína, un aumento del 31% en 2016.  Esto a pesar del acuerdo de paz firmado en 2016 con los rebeldes izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (o Farc ).  Ese acuerdo, que puso fin a 52 años de guerra civil que mató a 260,000 y desplazó a más de 7 millones de personas, tenía disposiciones para formalizar la propiedad de la tierra para los campesinos y ayudarlos a cambiar los cultivos de coca por alternativas legales como el café y el cacao.  La coca generalmente es cultivada por agricultores pobres, pero la planta jugó un papel importante en el conflicto ya que las Farc gravarían las cosechas, canalizando los fondos a su cofre de guerra.  El vacío dejado por las Farc ha sido ocupado por una miríada de otros grupos armados, desde rebeldes disidentes de izquierda que optaron por no entregar sus rifles a las milicias derechistas originalmente creadas para luchar contra las Farc.  Esas facciones han presionado a los cultivadores de coca para que se mantengan alejados del programa de sustitución del proceso de paz, a menudo al alcance de la mano , y activistas regionales selectos que hacen campaña a favor de las disposiciones del proceso de paz .  Algunos agricultores afirman que los militares han estado erradicando la coca por la fuerza antes de darles la oportunidad de cambiar sus cultivos.  En octubre del año pasado, la policía abrió fuego contra una multitud de productores que protestaban en Tumaco, una región rica en coca en el sur de la costa pacífica del país. Siete personas murieron, provocando un debate nacional sobre la voluntad del gobierno de acomodar a los cultivadores de coca.  La región más amplia del Pacífico, donde alguna vez dominaron las FARC, experimentó un marcado aumento en la producción de coca el año pasado, con una producción en las tres provincias que bordeaba la costa que llegó a 65.567 hectáreas, un 13% más que en 2016.  Las últimas cifras probablemente alarmarán a Washington, que durante mucho tiempo ha brindado ayuda a Colombia en su guerra contra las drogas.  El canciller colombiano y el subsecretario de Estado estadounidense, John Sullivan, "discutieron la necesidad de continuar las acciones para reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia", en una reunión a principios de este mes en Washington, según un comunicado del departamento de estado.  Estados Unidos, que respaldó el proceso de paz, dijo en junio de este año que la producción de coca había aumentado a 209,000 hectáreas, una cifra más alta que la alcanzada por la UNODC y el Ministerio de Defensa de Colombia.  El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo la semana pasada que espera reducir la producción de coca en 140,000 hectáreas en cuatro años, la duración de su mandato. "No es fácil, pero ese es el objetivo que queremos establecer", dijo.  Colombia está actualmente probando un programa para fumigar aéreamente cultivos de coca con el controvertido herbicida glifosato usando drones no tripulados. La fumigación aérea se suspendió en 2015 después de que la Organización Mundial de la Salud lo relacionó con el cáncer, y los expertos han advertido que es poco probable que la práctica reduzca la producción de coca. -  Con información de The Guardian



EL SOBORNO COTIDIANO. Por: Marc Koch - Y estos son solo tres de los mayores escándalos de sobornos en los últimos años en América Latina. El soborno es parte de la vida cotidiana. A diferencia de Europa Occidental o los Estados Unidos, es socialmente mucho menos proscrito. En Perú, por ejemplo, 7 de cada 10 personas toleran prácticas corruptas, según una investigación de la organización no gubernamental Proética, la filial peruana de Transparency International. Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, explica la actitud negligente de sus compatriotas: «Los peruanos sabemos que algo está mal, sabemos que es corrupción, pero no nos parece importar mucho. Hay como una normalización de este tipo de conductas» (Siete-de-cada-diez, 3.8.18) Pero la corrupción no es un pecadillo, porque priva a los Estados involucrados de miles de millones de dólares, que en otras partes faltan para la inversión que tanto necesitan. Y socava la confianza en el Estado y sus instituciones. Nadie reacciona a esto tan rápido y con sensibilidad como la propia economía: después de que el caso de La Línea, una larga red de corrupción que involucraba al propio presidente Otto Pérez Molina, fuera descubierto en Guatemala en 2015, la confianza económica cayó un 60 % en solo cinco meses, según la Encuesta de Expectativas Económicas (En cinco meses…, 30.8.15). En Brasil, el producto interno bruto bajó un 10 % en tres años a través del escándalo Lava Jato (lavadero, en castellano). (Produto … 27.6.18) Ni siquiera las estructuras democráticas que existen en casi todos los países latinoamericanos son una garantía contra la corrupción. Esto se demuestra no solo en Brasil, donde, además de la historia casi mafiosa del Lava Jato que afecta al grupo Petrobras, se han descubierto docenas de otros casos de corrupción, incluyendo la construcción de los estadios para la Copa Mundial de 2014. También se demuestra en Argentina, que actualmente está viviendo el mayor escándalo de sobornos en su historia: casi dos docenas de políticos y empresarios están bajo custodia. Implica millones en pagos por contratos gubernamentales encarecidos durante los mandatos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Especialmente en estos doce años, cuando Argentina se cerró con el intervencionismo estatal y el aislamiento económico, la corrupción estaba profundamente enraizada hasta en las instituciones democráticas. Y la lucha contra ella fue superficial, como escribe el historiador Luis Alberto Romero: «En la provincia de Buenos Aires hubo intentos de eliminar la corrupción de la Policía bonaerense, pero fueron esporádicos y poco exitosos, y finalmente se volvió al sistema de acuerdos espurios, para tolerar sus actividades y limitar su visibilidad. En el caso de la Policía Federal, el Gobierno nacional aceptó durante estos años sus prácticas corruptas tradicionales […]». (Romero, 2012, p. 385) Otro factor que ha favorecido la corrupción en Argentina, en lugar de luchar contra ella, es la excesiva política de clientelismo de los gobiernos de los Kirchner. Innumerables programas sociales lograron que la pobreza en el país bajara en parte. Al mismo tiempo, los controles estatales en la lucha contra los abusos de estos programas fracasaron, según escribieron las periodistas Alejandra Gallo y Martín Dinatale en un estudio de 2013: «Poco se puede esperar de los organismos de control estatales en la Argentina para corregir los planes sociales errados o para enmendar aquellas políticas asistenciales […]. Lamentablemente los mecanismos dispuestos en todos los casos resultaron insuficientes o inoperantes a la hora de resolver y terminar con complejas prácticas de corrupción en los programas sociales». (Dinatale y Gallo, 2013, pp. 163-164) El reciente escándalo de corrupción en torno a los cuadernos de las coimas corresponde a las muestras bastante conocidas en otros casos de sobornos en el continente: siempre se trata de dinero público, escribe el diario español El País: «Con las debidas diferencias, se trata de un entramado similar al descubierto […] en otros países de Sudamérica donde los fondos y comisiones generados por la obra pública terminan financiando la política y, en algunos casos, sirviendo para un notable lucro personal» (Corrupción…., 22.8.2018) Pero gradualmente estas redes e interconexiones parecen perder su estabilidad. Los ciudadanos, la justicia e incluso la economía están detrás de los fiscales independientes que investigan el caso Lava Jato en Brasil. Ahí y en Argentina, ahora hay leyes que hacen posible la indulgencia a través de arreglos de testigos principales, lo que lleva a más confesiones. En Guatemala, en 2015, la presión de las redes sociales y de la Comisión Internacional Anticorrupción terminó en la renuncia del presidente Pérez Molina. Y en Argentina, el asesor político Carlos Fara cree que las cosas podrían cambiar después del reciente escándalo: «Difícil de predecir, obviamente. Pero en todo caso es un golpe fuerte que actuará como sedante por un tiempo largo, ya que “si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”» (Fara, 10.8.2018) Tal vez esto finalmente lleve a la clase política en América Latina a la comprensión: muchos de sus miembros se han beneficiados de la corrupción hasta el momento. En abril, una cumbre anticorrupción en Lima terminó sin resultados verdaderos. Y la expresidenta argentina Cristina Kirchner considera las acusaciones en su contra como manipulación (Di Marco, 24.8.2018).  Pero, al fin y al cabo, la solución del problema de la corrupción debe ser política. - Fuente: Marc Koch - Artículo de Opinión - http://dialogopolitico.org

RESIDENCIA PERMANENTE Y NACIONALIDAD EN PAÍSES DEL MERCOSUR. Entre las ocho áreas que cubre el índice MIPEX se encuentran el acceso a la residencia permanente y el acceso a la nacionalidad. El análisis de estas políticas con foco en la realidad de los inmigrantes permite explorar si los países de acogida facilitan la integración de los recién llegados en sus sociedades. ¿Cumplen los países originarios del Mercosur con los estándares ideales que marca este índice?  (…) MIPEX es un índice que mide cuánto facilitan determinadas políticas públicas la integración de los inmigrantes en diferentes sociedades de acogida. Un total de ocho tipos de políticas son las que cubre esta herramienta. En relación con algunas de estas, se pueden realizar fácilmente ejercicios de comparación entre las leyes y los programas que atienden a colectivos nativos y aquellos que regulan la vida de inmigrantes (como en el caso de las que se centran en mercado de trabajo, participación política, antidiscriminación y la recepción de servicios sanitarios y educativos). En otros casos, las políticas intentan responder a situaciones que son propias de la realidad de los grupos inmigrantes. Lo último es lo que sucede, por ejemplo, con el acceso a la reunificación familiar, la residencia permanente y la nacionalidad.  En este artículo se describen brevemente, utilizando ejemplos del Cono Sur latinoamericano, dos políticas que pertenecen al segundo grupo mencionado. Lo ideal en materia de regulación de la figura de residencia permanente, según estiman los creadores de MIPEX, es que los inmigrantes, poco después de arribar a la sociedad de acogida, puedan acceder a tal estatus mediante un proceso corto, cercano a la gratuidad y en el que exista la posibilidad de apelar. Esto puede suceder si los newcomers cumplen ciertos requisitos como sujeción a la ley local, posesión de un ingreso estable y, en ciertos casos, solvencia en la lengua vernácula. Cuando se logra la residencia permanente, excepto en el terreno político, inmigrantes y nativos cuentan con los mismos derechos y obligaciones.  En el caso argentino, según informa su Dirección Nacional de Migraciones (2018), el paso hacia la residencia permanente no es inmediato. Dos años de residencia temporaria son necesarios para naturales del Mercosur y países sudamericanos asociados. [1] El total de años asciende a tres para aquellos extranjeros procedentes de fuera de este espacio geográfico. Estos tiempos de espera desparecen para quienes son familiares (cónyuges, padres e hijos) de ciudadanos argentinos (nativos o naturalizados) o residentes permanentes.  Los requisitos documentales exigidos por la legislación argentina no parecen ser excesivos cuando se comparan con los estándares internacionales. Se centran fundamentalmente en comprobar que el aspirante haya cumplido con la ley en los países en los que residió anteriormente. Esto se hace mediante la entrega de certificación de antecedentes penales y la verificación del ingreso legal al territorio nacional. Por otra parte, se controla su nivel de integración en la sociedad de acogida a través de la posesión de una única factura de servicios públicos a su nombre o, en su defecto, un certificado de empadronamiento. Los requisitos económicos, aunque no se encuentran muy alejados de los parámetros internacionales, sí son elevados. Se exigen 158 dólares para extranjeros procedentes de países no pertenecientes al Mercosur. Esta suma desciende a los 80 dólares para quienes son nacionales del Mercosur y de países sudamericanos asociados. En ambos casos, el pago de tales cantidades da derecho también a la expedición del documento nacional de identidad para foráneos.  Una segunda política típicamente vinculada a la realidad de los inmigrantes es la vinculada al acceso a la nacionalidad del país de acogida. Esta debe materializarse idealmente, según describen los creadores de MIPEX, cuando los inmigrantes que posean planes de residencia futura en las sociedades de destino reciban de parte del sistema político el apoyo para naturalizarse y participar de la vida pública. La naturalización debe tener lugar tras haber transcurrido cinco años de residencia en el país escogido como nuevo hogar y una vez que se cumplimenten requisitos tales como la no posesión de antecedentes penales y la aprobación de cursos o exámenes de lengua vernácula y rasgos cívicos locales. El haber pasado este proceso de obtención de la nacionalidad garantiza que los naturalizados posean los mismos derechos que ostentan los nativos. En este escenario óptimo, todos los inmigrantes naturalizados pueden conservar su nacionalidad de origen, es decir, pueden tener la doble nacionalidad. Al mismo tiempo, los hijos de extranjeros nacidos en el territorio de la sociedad de destino adquieren, vía ius soli, la nacionalidad de la nueva nación.  En el caso uruguayo, según informa su Corte Electoral (2018), el proceso de conversión de un individuo extranjero en ciudadano legal, desde el punto de vista de los tiempos, responde al escenario óptimo antes descrito. Quienes desean adquirir la ciudadanía legal uruguaya [2] sin haber constituido familia en el país de acogida necesitan cinco años de residencia. Este requisito temporal se limita a los tres años para quienes sí han constituido este grupo familiar. En tanto, existe una vía express, escasamente utilizada, a través de la cual se concede la ciudadanía legal de manera extraordinaria por haber prestado servicios notables a la sociedad receptora o contar con méritos destacables. [3]  Desde el punto de vista económico, la gratuidad del trámite facilita su realización. La prueba documental exigida es prudente y, por la naturaleza de lo demandado, la presentación de un documento acreditativo de un requisito basta para la comprobación de otros requisitos. Concretamente, se requiere certificación que justifique autorización para residir en el país, nacionalidad de origen, edad, identidad, tipo de residencia, arraigo, buena conducta y apego por las normas democráticas. El arraigo es justificado mediante «documento público o privado que acredite que el solicitante posee capital en giro, industria, propiedad en el país o que profesa alguna ciencia, arte u oficio». La adhesión a las normas democráticas se comprueba mediante prueba bajo juramento y declaración de testigos.  Otro elemento que acerca a Uruguay al escenario ideal es el que permite que los hijos de extranjeros nacidos en territorio oriental obtengan, mediante ius soli, la nacionalidad y ciudadanía natural del país anfitrión. Este supuesto no tiene lugar cuando los progenitores desempeñan tareas vinculadas al servicio diplomático (excepción prevista por la legislación de la mayoría de los países del mundo). Sin embargo, existen dos ítems que alejan al país sudamericano de las buenas prácticas previstas por los arquitectos del índice MIPEX. Uno es el vinculado al ejercicio de los derechos políticos. A diferencia de lo que acontece en la mayoría de los países occidentales, el acceso a la ciudadanía legal (a través de naturalización) en Uruguay no da acceso al derecho a voto. Para ello, que se concreta con la recepción de la credencial cívica (o inscripción en el Registro Cívico Nacional), debe esperarse un periodo de tres años. Esto provoca que, durante un tramo temporal, nativos y naturalizados no posean exactamente los mismos derechos.  Otro elemento que aleja a Uruguay de buenas prácticas internacionales es la regulación de la doble nacionalidad de los ciudadanos legales. En principio, es posible conservar la nacionalidad de origen (excepto que el país del que se procede no lo permita) cuando se adquiere este estatus jurídico. Sin embargo, existen restricciones para la adquisición de nuevas nacionalidades cuando el estatus mencionado ya ha sido adquirido (restricción que no existe para los nacionales/ciudadanos naturales). En tal sentido, el artículo 81 de la Constitución afirma que «la ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior».  En las dos dimensiones analizadas, se ha visto que estos dos países latinoamericanos, aunque con limitaciones que requieren ser superadas, se acercan a los regímenes entendidos como ideales por los artífices de MIPEX. En nuestra próxima contribución, con el análisis de otras dos políticas públicas, se continuará explorando cómo los países que son miembros originarios del Mercosur están favoreciendo (o no) la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida. La realización de este ejercicio reflexivo permite contrastar (y, eventualmente, verificar o desestimar) la idea que se posee sobre estos sistemas políticos como poco hostiles a la inmigración con la acción política real con foco en el colectivo de origen extranjero.  NOTAS  [1] Según reportan Biderbost y Nuñez (2018) de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Migraciones, este método facilitado aplica solamente para los nativos de todos estos países. Sin embargo, en el caso de los ciudadanos naturalizados, este solo es aplicable a quienes hayan tenido, al menos durante cinco años, la nacionalidad de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile o Bolivia (países limítrofes).  [2] La legislación uruguaya distingue entre nacionalidad y ciudadanía. A efectos de llevar adelante una estrategia comparada según lo previsto por MIPEX, se tomará en cuenta la reglamentación existente para la segunda de estas figuras jurídicas.  [3] Según informa Sandonato de León (2008), este mecanismo ha sido utilizado sólo de manera extraordinaria en ocho oportunidades a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1985, fue utilizado para conceder la ciudadanía legal uruguaya al senador Anselmo Sule, de origen chileno, a quien el régimen de Pinochet le había revocado su nacionalidad. – Fuente: Artículo de Opinión - Pablo Biderbost y Castellar Granados - http://dialogopolitico.org

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