viernes, 17 de agosto de 2018

TSJ aprobó solicitudes de extradición de Rafael Ramírez y Luisa Ortega

El Supremo de Venezuela declaró hoy procedente solicitar a España la extradición de Rafael Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y quien según el Gobierno se encuentra en ese país.

“La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España del ciudadano Rafael Ramírez Carreño para ser sometido a un proceso penal en la República Bolivariana de Venezuela”, dice una nota de prensa de la máxima corte.

A Ramírez se le solicita, dice el Supremo, “por su presunta participación en los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación”.

Asimismo, agrega que Ramírez “contará con todas las garantías constitucionales y procesales penales” contenidas en la Constitución venezolana “relativas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral” y otros.

Contra Ramírez, quien fue ministro de Petróleo y presidente de la estatal Pdvsa por más de una década durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), el Ministerio Público venezolano abrió una investigación el pasado diciembre.

ORTEGA DÍAZ
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró hoy procedente solicitar a Colombia que extradite a Luisa Ortega Díaz, exfiscal general destituida por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), para ser sometida a un proceso judicial en el país caribeño.

A Ortega se le acusa por su presunta participación en delitos de traición a la patria, usurpación de funciones, uso de documento público falso, uso de sello falso, ocultación y retención, falsa denuncia o acusación y asociación, según un comunicado de prensa de la máxima corte venezolana.

El TSJ señala además que Venezuela asume ante Colombia “el firme compromiso” de que Ortega “no será condenada a pena de muerte, a cadena perpetua, ni a penas infamantes o a penas superiores a 30 años”.

Añade que será juzgada con “las debidas garantías” como el derecho al debido proceso, a la no discriminación, prohibición de la desaparición forzada, derecho a la integridad física, psíquica y moral; y a la prohibición de ser sometida a penas, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

También se asegura a Colombia que Ortega será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (…) al derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su derecho a la defensa.

Garantiza igualmente el TSJ para Ortega el derecho a la vida, a la salud y la garantía de todos los derechos civiles y sociales.

En marzo de este año la justicia venezolana solicitó una orden de captura internacional contra Ortega, destituida en agosto pasado por decisión de la ANC, luego de sus críticas al chavismo.

El Ejecutivo acusa a Ortega de planear, junto a la oposición venezolana y a gobiernos extranjeros, un golpe de Estado contra el presidente, Nicolás Maduro.

ZAIR MUNDARAY
EL TSJ también solicitó la extradición de Zair Mundaray, quien ocupó el cargo de director general de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Ortega y operaba como asistente de la exfiscal.

A Mundaray se le acusa de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones públicas y delitos de promoción o incitación al odio.

Al igual que con el caso de Ortega se asumen los mismos compromisos y aclara que Mundaray no podrá ser juzgado por otros hechos “distintos a los señalados” en la solicitud de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud.

Fuente:  Con información de EFE - https://www.sumarium.es ->> Ir

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