Un total de 20 procesos arbitrales que el Gobierno de Venezuela debe atender frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –Ciadi– colocan al país en una posición en la cual debe, al momento, al menos USD 10,6 mil millones, generados por deudas adquiridas por nacionalizaciones forzosas.Una de esas demandas –y las más reciente– es la que interpuso Kimberly-Clark Dutch Holdings B.V. el 17 de abril de este año, en reclamo por la estatización de la que fue objeto en julio de 2016, cuando el gobierno de Nicolás Maduro expropiara sus activos (y renombrara la planta como “Industria Gran Cacique Maracay”), en respuesta al cierre indefinido de la planta que mantenían en la región central de Venezuela por agotamiento del inventario.
El cierre de la fábrica de la empresa neerlandesa fue el punto final a una complicada situación que inició en 2011, año desde el cual la compañía enfrentó dificultades para obtener materia prima. El destino de la empresa fue el de casi todas las que han pasado por procesos expropiatorios: se suspende la producción, se abandonan o deterioran los espacios ocupados a la fuerza y escasea o desaparecen los materiales que mantendrían las fábricas andando.
Las expropiaciones empezaron en el gobierno de Hugo Chávez Frías y continuaron durante el mandato de su sucesor. En total, desde 2002 hasta 2016, el Gobierno había arrebatado de manos privadas 692 empresas.
De hecho, de acuerdo con medios internacionales, en apenas diez años (2006 a 2016) el gobierno chavista obtuvo forzadamente el control de 313 empresas. Sin embargo, otras investigaciones dan cuenta de una cifra más desalentadora: 700 empresas expropiadas (y 500 mil cerradas) en un país de más de 30 millones de habitantes que, para 2008, contaba con la producción de cerca de 800 mil empresas (entre nacionales y extranjeras), que han desaparecido por diversos motivos pero todos relacionados con una sola causa: la falta de seguridad jurídica y los ataques constantes del proceso chavista.
A la fecha, 45 sociedades han demandado a Venezuela ante el tribunal del Banco Mundial por incumplimiento de indemnizaciones luego de una expropiación, de estas solo 25 han sido resueltas.
La última de ellas fue la compensación de USD 2.000 millones que la Cámara de Comercio Internacional concedió a ConocoPhillips al concluir un laudo arbitral iniciado por la petrolera estadounidense por la nacionalización de sus activos en Venezuela en 2007. Para garantizar el cobro de la deuda, la empresa norteamericana retuvo buques y otros bienes de PDVSA en Bonaire, Curazao, Aruba y San Eustaquio.
De la más reciente a la más antigua, las demandas abiertas contra Venezuela son la de Venoklim Holding BV (septiembre 2017), Air Canada (enero 2017), Saint Patrick Properties Corporation (diciembre 2016) y Agroinsumos Iberoamericanos SL (julio 2016).
Estas se suman a los procesos solicitados por Anglo American PLC, Oil European Group, Longreef Investment, Highbury Internacional AVV, Ramstein Trading Inc., Temaris SA, Talta Trading Marketing Sociedade Unipessoal LTD, Fábrica de Vidrios Los Andes C.A, Owens Illinois de Venezuela y Blue Bank International and Trust LTD.
Fuente: Rosa Ramos Cabello - http://lexlatin.com
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