sábado, 21 de abril de 2018

Notas del Día 21/04/2018

GRUPO URBANO FERMÍN EN LA MIRA DE LA JUSTICIA DE REPÚBLICA DOMINICANA POR LAVADO DE ACTIVOS. Un importante grupo empresarial de capital venezolano, establecido en el distrito turístico de Verón, en Punta Cana, República Dominicana, está siendo investigado por presunto lavado de activos, por lo que fue formalmente notificado mediante acto de alguacil para que comparezca el próximo 23 de mayo, a las 9:00 de la mañana, ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, con sede en la ciudad de Higüey.
Resultado de imagen para cuferca site:informe25.comSegún se supo extraoficialmente, se trataría del Grupo Urbano Fermín, liderado por el empresario Carlos Eduardo Urbano Fermín. Al grupo pertenece CUFERCA y otras empresas investigadas por hechos de corrupción en la obtención y ejecución de contratos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), motivo por el cual fue detenido en septiembre pasado Carlos Esteban Urbano Fermín, hermano del ante señalado empresario. Los demandantes en Verón son los señores Claudio Antonio González Rojas y Fabricio Saputelli Michetti, ambos de nacionalidad venezolana, domiciliados en Bávaro, quienes tienen como abogado apoderado especial al señor Francisco Álvarez Aquino. Conforme al Acto Introductivo de Instancia Judicial Denuncia Internacional, al cual tuvo acceso el Grupo EB, ese grupo empresarial estaría involucrado en “la comisión de múltiples actos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela, lavado de activos, distracción de fondos sociales por miles de millones de dólares”. El documento, según consta en uno de sus párrafos, será remitido al presidente dominicano, Danilo Medina Sánchez; los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, la Dirección General de Migración y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Asimismo, a la Organización de Estados Americanos (OEA), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, diversas entidades bancarias comerciales de la República Dominicana, cadenas hoteleras, la Junta Municipal Verón-Punta Cana y la Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia. Además, al embajador de Venezuela en el país, Ali Uzcátegui, a la República Bolivariana de Venezuela, al fiscal general de esa nación, Tarek William Saab, a la Internacional Revenue Service (IRS) en la Florida, EEUU; Movimiento Cívico Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. Según los demandantes, “solicitan la condena al grupo empresarial al pago de 6 millones de dólares norteamericanos, en provecho de los demandantes, a modo de resarcimiento de los daños y perjuicios”. De acuerdo al Acto Introductivo de Instancia Judicial Denuncia Internacional, las supuestas acciones fraudulentas atribuidas al grupo empresarial cuestionarían “la credibilidad de los organismos, sistema financiero, el comercio nacional, por lo tanto República Dominicana quedaría envuelto en una tela de dudas que lo exponen, incluso, a conflictos internacionales innecesarios”. - Con información de Agencias


VENEZOLANO ENRIQUE COCHO DEL CAMPO INVOLUCRADO EN FRAUDE EN REPÚBLICA DOMINICANA. La Procuraduría Fiscal de La Romana, República Dominicana, admitió una querella por defraudación monetaria incoada contra los señores José Guillermo Strofer y Yolanda García Cáceres. Conforme con el dictamen del Ministerio Público dominicano estas personas estuvieron operando un fraude desde el año 2005 a través de las empresas Mobiliaria Arena Gorda e Inversiones Punta Arena, en perjuicio del Estado dominicano y de la empresa extranjera BAP Development, LTD, propiedad del empresario norteamericano Willy Bermello. El supuesto fraude, en el que también se involucra a un ciudadano venezolano de nombre Enrique Cocho del Campo, consistió en el cobro de aproximadamente US$ 5,000,000.00, dinero que habría sido distraído por los imputados. Los procesados son acusados de violación de los artículos 204, 236, 237, 238, y 239, 361 y 408 del Código Penal Dominicano, según las evidencias presentadas. Una fuente ligada a una de las partes explica en una nota de prensa, que las empresas Mobiliaria Arena Gorda y BAP Development firmaron un contrato por US$37,188,972.00 para la construcción de un proyecto multifamiliar de lujo de 116 apartamentos, por lo cual fueron cobrados los valores antes indicados en su totalidad y no fueron aplicados para los conceptos que fueron requeridos por los contratistas. “Este tipo de delitos por empresas locales frente a inversionistas extranjeros afecta la imagen y el clima de inversión de nuestro país, lo cual desincentiva la inversión extranjera, que es una piedra fundamental para la estabilidad económica del país”, dice el comunicado. Reseña además, que los querellantes han solicitado la imposición de prisión preventiva contra los imputados, sin embargo, han decidido omitir declaraciones respecto al señalado caso, alegando motivaciones legales. EMPRESAS EN PANAMÁ. Hay que resaltar que el venezolano Enrique Anselmo Cocho del Campo posee diversas empresas registradas en Panamá, algunas activas, como “FALLS LAKE MANAGEMENT,S.A.” y otras inactivas como GALAXY DOMINICANA, INVERSIONES LA COTORRA, INVERSIONES EL NISPERO, GALAXY DEL CARIBE e INVERSIONES EL RUISENOR, algunas destinadas al desarrollo de inmuebles. EN ESPAÑA. Cocho del Campo aparece también como realizador de obras civiles en el municipio de Pote, comunidad autónoma española de Cantabria. – Con información de Agencias


Resultado de imagen para odebrecht site:informe25.comCORRUPCIÓN DE ODEBRECHT EN VENEZUELA. De acuerdo con personas que afirman conocer del tema, toda la gestión de corrupción de ODEBRECHT en Venezuela se diseñó bajo la batuta de Euzenando Prazeres de Azevedo y un abogado de apellido Gaspard, quien “está nadando en lujos que contemplan aviones privados, ferraris, obras de arte, yates y casa en la selecta urbanización Sony Island de la Florida”. Dager, quien fuera vecino de Azevedo en Chulavista recibía el 5% de comisión para repartir, y se quedaba con el grueso de la misma. No hubo negocio develado o por develar, que no pasara por el tamiz de Dager. “El mayor de los descaros fue la limpieza del Río Guaire. Tal fue la magnitud y la penetración de Dager en ODEBRECHT, que al trancarse la hemorragia de los pagos que hacia inviable liquidar comisiones, lo compensaron con un contrato de construcción de viviendas en Maracaibo que se había comprometido ODEBRECHT para Responsabilidad Social”, comentaron.

Resultado de imagen para raul falcon site:informe25.comCORRUPCIÓN EN INSALUD–CARABOBO. Tenía a toda la familia en cargos clave en INSALUD, que investiguen a la hermana Mariela Falcón”, expresan trabajadores del sector salud del estado Carabobo, en torno al exdirector de Insalud, Raúl Falcón. Indicaron que cuando la unidad de caumatología del hospital Adolfo Prince Lara de Puerto Cabello fue inaugurada por un monto millonario, el equipamiento fue con equipos chatarra, al igual que en la sala de partos y el quirófano. “La emergencia pediátrica la equiparon con equipos nuevos por 12 horas mientras la inauguraron. Cuando se fue la prensa y el gobernador, retiraron el equipamiento, monitores, entre otros. Nunca funcionaron los servicios por falta de dotación” afirmaron, responsabilizando de tales anomalías a la plana mayor de Insalud. Asimismo señalaron que fue desmantelada la lavandería, “porque a él le convenía vender material desechable proveniente de Panamá”.

INVESTIGAN PRESUNTAS ESTAFAS DE CONSTRUCTOR GIUSEPPE BAGLIONE MESSINA. De lectores: Por directrices emanadas del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Tarek William Saab, ha sido designado el Abg. Jesús Navarro actual Fiscal Superior (E) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, para recibir y procesar con carácter de urgencia todas las denuncias provenientes de las personas que se sientan ESTAFADAS por el constructor inmobiliario GIUSEPPE BAGLIONE MESSINA alias “PIPO” y/o a través de sus empresas: CONSTRUCTORA KUMACASA, C.A. RIF: J-31633512-7, CONSTRUCTORA KATAVEN, C.A. RIF: J-29674442-4, INVERSIONES SUKUNI (SUKUNICA), C.A. RIF: J-31005221-2, CONSTRUCTORA KYOTO, C.A. RIF: J-30600658-3, las cuales son presuntamente usadas para “DELINQUIR”; de acuerdo con nota enviada a medios por un grupo denominado “Asociación Victimas de Pipo”. Al respecto el Dr. Navarro indicó que los afectados deben dirigirse a las distintas Direcciones de Planeamiento Urbano, donde reposan los planos de arquitectura que muestran la cabida en metros cuadrados (M2) “reales” de los inmuebles comprados por ellos, y compararla con la cabida de metros cuadrados (M2) que constan en el documento de compra-venta. Si encuentra “diferencias” entre ellas, usted ha sido ESTAFADO por GIUSEPPE BAGLIONE MESSINA porque pagó metros cuadrados (M2) que “NO POSEE” y como si esto fuera poco, estaría pagando alícuotas de condominio “DE POR VIDA”, que tampoco le corresponderían pagar; Por otro lado el Fiscal General señaló que pondrá a disposición del Fiscal Superior de Anzoátegui, todo el recurso humano necesario -Fiscales Nacionales / Expertos Tecno-Científicos adscritos al Ministerio Público- para investigar eficazmente a este empresario acusado por estafas inmobiliarias de larga data, el cual, según miembros de la asociación denominada “Victimas de Pipo” , ha sido protegido por algunos Fiscales del MP y la anterior gestión de Luisa Ortega Díaz y su “TRIBU” con tentáculos en Anzoátegui. “Las instrucciones son claras para poner fin a las fechorías del tal “PIPO”, el cual deberá ser imputado, capturado y puesto a la orden de los Tribunales de Justicia aplicándole todo el peso de la ley y puesto tras las rejas, así como como también hacerle resarcir todos los daños morales y patrimoniales ocasionados a las familias inocentes -VICTIMAS- que han caído en sus “artimañas administrativas y judiciales” al burlarse de ellos y de la justicia venezolana, alterando documentos y recusando vilmente a Fiscales y Jueces honestos quitándoles los expedientes con el propósito de colocarlos en manos de aquellos que lo favorecen bajo sus sobornos… Y de esa manera continuar cometiendo sus fechorías”, indicaron miembros de la asociación. También acotaron que de nada sirve el esfuerzo que haga el MP para llevar ante la justicia personas como éstas sin la eficiente cooperación de los Cuerpos de Seguridad del Estado y de los tribunales competentes, por lo cual les hacen un llamado institucional para coadyuvar con la erradicación de la “Impunidad en Venezuela”. – Fuente: Nota de Prensa - Asociación Victimas de Pipo - asovictimaspipo@gmail.com

Resultado de imagen para ministerio público site:informe25.comEXTRABAJADORA DE PDVSA GÜIRIA FUE CONDENADA POR CORRUPCIÓN. A tres años y ocho meses de prisión fue condenada Rainelis María Bastardo González, de 31 años, quien fuera líder de servicios logísticos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Güiria por incurrir en irregularidades administrativas según los cargos que se le atribuyeron. Pdvsa habría investigado y encontrado pruebas de las desviaciones administrativas que habría hecho durante un proceso de licitación para el servicio de transporte del Plan Vacacional de Güiria 2017 por medio del analista de seguridad industrial Ricardo Aguilera Caraballo de 32 años. Según el comunicado de prensa del ministerio Público, la investigación arrojó que Bastardo González aprobó el ingreso de una persona para ejercer funciones en el área de verificación y facturación en diferentes empresas de Pdvsa aunque éste tuviera una orden de aprehensión por extorsión. Los culpables fueron capturados tras una aprehensión emitida el pasado 27 de diciembre por el Tribunal de Control del estado Sucre. Tras una audiencia preliminar, la Fiscalía 5 ratificó la acusación por los delitos de evasión de los procedimientos de licitación, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos y agavillamiento. Tras la admisión de los hechos por parte de Bastardo Gómez el Tribunal 3 de Control dictó la condena y acordó la reclusión en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Carúpano. Por su parte, Aguilera Caraballo será enjuiciado por la misma instancia. – Con información de http://www.caraotadigital.net

Resultado de imagen para pdvsa guiria site:informe25.comDEMANDAN A MÁS DE 100 EXEMPLEADOS DE PDVSA 15 AÑOS DESPUÉS. Luego de casi una década y media del paro petrolero de 2002, Pdvsa ha llevado ante los tribunales a 132 huelguistas que participaron en aquellas protestas. Las demandas fueron presentadas por la estatal petrolera ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con la finalidad de obtener el pago de “reparo civil” que en 2013 les impuso la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal de la petrolera a los cabecillas. Los ahora demandados son, a criterio de Eddie Ramírez, expresidente de Palmaven, que fungió como vocero de los huelguistas y es uno de los principales afectados por la nueva acción. Asimismo, destacó que “No han podido señalar a nadie por hacer algo; una demanda tiene que proceder con una acusación formal”, entre otras razones porque ninguna de las personas acusadas realizó sabotaje alguno ni dañó de otra manera las instalaciones de la empresa. – Con información de Agencias - http://elpitazo.ml

CORONEL “BOXEADOR”. Recientemente un militar venezolano se enfrentó a golpes con oficiales de la Policía Local de La Laguna, en Canarias, España, cuando estos trataron de arrestarlo por alteración del orden público. El mismo, quien se encontraba bajo el influjo del alcohol y de alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente, manifestó que era campeón de boxeo. Fue identificado como G. E. J. B., de 47 años. Según fuentes al tanto, se trataría de un coronel, familiar de un político venezolano. “Tiene la costumbre de acomodarse y agredir a todo aquel que no le adula. No es extraña esta acción, solo que ahora lo hace en el exterior”, aseguraron.

VENEZOLANA SOLICITADA POR APROPIACIÓN INDEBIDA EN ESPAÑA. En marzo de 2010 fue detenida en la isla de Margarita la ciudadana Francis May Gómez Palmero, junto a otros tres sujetos, quienes pertenecían a una banda denominada “Los Caraqueños”. La detención se produjo luego que la organización delictiva perpetrase el secuestro de un aduanero argentino en el sector La Caranta del municipio Maneiro. Gómez Palmero posteriormente salió en libertad y se radicó en España, donde logró la facilidad de laborar en un negocio, donde se apropió del mobiliario y otros bienes del local. La mujer fue denunciada ante los juzgados españoles, los cuales ordenaron su captura.

CORONEL “ROJITO” DETENIDO POR CONTRABANDO PREPARABA SU ESCAPE. La juez del tribunal noveno de control del estado Táchira, Adrin Gámez, por órdenes de la presidenta del circuito judicial, Yorlei Pérez habría obligado a declinar al juez 8vo de control que llevaba el caso del coronel activo del Ejército, José Bolívar, capturado por FAES y DGCIM por contrabando de medicinas y cajas Clap, informó la periodista de 800 Noticias, Mildred Manriquez. Manriquez dijo que “en complicidad para proteger al coronel BOLÍVAR quién habría pagado al menos 75 mil dólares entre abogados y 13 fiscales”. Mildred Manriquez informó de manera exclusiva, que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Táchira detuvieron al coronel activo del Ejército, José Bolívar, presuntamente por contrabando de insumos médicos, cajas de alimentos CLAP y otros artículos. El militar es presidente de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Táchira (Cobiserta), empresa que fue creada por el exgobernador de esa entidad, José Gregorio Vielma Mora, “para cubrir las necesidades en organismos públicos y privados a precios justo“. Sin embargo, Bolívar en complicidad con el capitán del Ejército, Ángel Chacón sacaban todos los artículos suministrados por el Estado para abastecer hospitales y comunidades y los utilizaban para contrabandear. – Con información de http://epmundo.com

DENUNCIAN ESPECULACIÓN Y OTROS ILÍCITOS EN MERCADO DE PUERTO LA CRUZ. El dirigente político Leonardo Bolén y miembros de organizaciones del poder popular acudieron el pasado lunes 16 de abril al Ministerio Público en Puerto La Cruz donde consignaron un documento contentivo de denuncias contra vendedores y “bachaqueros” del mercado popular de la referida ciudad. “No hay nadie del gobierno que les de un parao a estos revendedores, que venden la leche a 450.000 Bs, azúcar a 250.000 con punto y sin punto a 200.000 Bs. Igual que el arroz y el espagueti. La verdura 80.0000 Bs con punto y en efectivo 60.0000 Bs.”, indicó Bolén, quien pidió al Ministerio Público que los delitos de especulación no queden impunes, ya que afectan a numerosas personas y familias del estado Anzoátegui. De igual forma denunció la acción de quienes revenden los productos de la cesta básica y alimentos de las cajas y bolsas CLAP a precios exagerados, en perjuicio de la ciudadanía. Opinó que los operativos contra la especulación debían ser permanentes en el mercado de Puerto La Cruz. Por otra parte indicó que algunos organismos policiales les darían protección a los “bachaqueros”, según le informaron distintas personas que hacen vida en el mercado. “Allí no hay detenciones por parte de los organismos competentes, como la GNB o la Superintendencia de Precios Justos (SUNDDE), contra los miembros de estas mafias. Deben pagar con todo el peso de la ley y no quedar en libertad por tener padrinos en la política”, afirmó el dirigente. Paralelamente pidió la instalación de una mesa de trabajo integrada por representantes de los poderes públicos, la SUNDDE, banca pública, CANTV, GNB, alcaldía y otras instituciones. Bolén dijo tener pruebas contra personas que prestan servicios para la sede de la CANTV en Puerto La Cruz, quienes les venderían ilícitamente líneas inactivas a los comerciantes informales para activar puntos de venta, lo cual pidió sea investigado por los órganos competentes. – Con información de Nota de Prensa

PEDRO TORRES CILIBERTO: LA VOLTERETA FINANCIERA PARA CONTROLAR SEGUROS LA PREVISORA. El inversionista, ahora exiliado en Estados Unidos, se apoderó de la compañía en el vertiginoso 2009, año de la minicrisis bancaria. Mediante una intrincada operación de ingeniería legal y financiera que pasó por Panamá, con asesores españoles y unas ‘empresas de armario’, se aseguró de que la compra le produjera ganancias aún si le expropiaban y le obligaban a huir al extranjero. La minicrisis bancaria de finales de 2009 afectó a un grupo de bancos pequeños –Canarias, Bolívar, Confederado y Banpro– en manos de inversionistas. Si entre todos ellos despuntaba Ricardo Fernández Barrueco, llamado el Zar de Mercal, en una segunda fila seguía Pedro Torres Ciliberto, un empresario siempre polémico. En cuestión de doce meses ese grupo empresarial, que se había constituido sobre la marcha a partir de iniciativas individuales que se fueron entrelazando, protagonizó una vertiginosa campaña de compras corporativas. No solo los cuatro bancos habían quedado bajo su control; también ya había pagado la inicial por la operadora de telecomunicaciones Digitel, y estaba a punto de completar la compra del Banco Nacional de Crédito (BNC) de José María Nogueroles. Ese asalto al sector financiero descarriló en definitiva por un obstáculo político cuya naturaleza todavía se desconoce pero que, en lo anecdótico, se atribuye a la ojeriza que entonces profesaba por el grupo empresarial el Superintendente de Bancos, Edgar Hernández Behrens, y que secundó su cuñado, el ex capitán y ex gobernador Ronald Blanco Lacruz, para impedir activamente que las transacciones se cerraran. La versión oficial estableció que las compras de los bancos se habían efectuado con participaciones cruzadas entre ellos sin que, muchas veces, quedaran sustanciadas con intercambios de valores por acciones. Peor aún, esas entidades estaban dando fondos masivos, sin las correspondientes contraprestaciones de garantía, a empresas vinculadas a los nuevos accionistas. El 19 de noviembre de 2009, el entonces ministro de Finanzas, Alí Rodríguez Araque, anunció la intervención de los bancos “a puertas abiertas”, pero apenas una semana más tarde anunció su cierre y la liquidación de dos ellos. A la postre todos pasarían a reunirse en la masa crítica para un nuevo banco estatal, el Bicentenario. El 11 de diciembre, el propio presidente Hugo Chávez dio a conocer la nacionalización de Seguros La Previsora, entonces propiedad de Pedro Torres Ciliberto, a quien se dictó auto de detención y, el 19 de diciembre, aseguramiento de todos los bienes bajo orden judicial. En mayo de 2010, ante las evidencias de que se encontraba prófugo, se iniciaron las diligencias para pedir su extradición desde Estados Unidos, donde reside todavía. La nacionalización de La Previsora consiguió fundamento legal mediante un decreto de marzo de 2010, que ordena la fusión de sus operaciones con la recién creada Bolivariana de Seguros –algo que no se consumó– y otro de agosto del mismo año, en el que el Chávez declaró “de utilidad pública” las acciones de la compañía. Ahora los papeles filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca (MF) muestran evidencias de que tal vez la nacionalización y el exilio no fueron sorpresas paras Torres Ciliberto sino que, incluso, contaba con ellas cuando negoció la compra de Seguros La Previsora. CONTACTO EN GALICIA. Fundada en 1914, La Previsora es una de las marcas más importantes y reconocidas del sector en Venezuela. En diciembre pasado, bajo gestión estatal, ocupaba el quinto lugar entre 48 compañías en el ranking mensual que prepara la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con un poco más de 17.000 millones de bolívares en primas cobradas. En la primera década del siglo XXI la mayoría accionaria de Seguros La Previsora estaba bajo control de Freeway Global Ltd, una empresa incorporada en noviembre de 2000 en la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas. Freeway pertenecía entonces a Juan Carlos Maldonado, integrante de la familia tachirense fundadora de La Previsora –y también propietaria del histórico Hato El Frío del Alto Apure, hasta su confiscación–, con un grupo de socios que incluía a Alonso Maldonado Blaubach y Alberto Quintana Benshimol. En 2005 Freeway controlaba alrededor de 65% de Seguros La Previsora. Pero Maldonado prosiguió una labor de compra de acciones que lo llevó a amasar en 2009 cerca de 90% de la empresa, así como de otras personas jurídicas del conglomerado financiero de La Previsora, a través de las que llegó a controlar en 2007 el Banco Confederado, una entidad regional de Margarita que adquirió a la familia Saleh. Maldonado, que hoy y desde 2011 es presidente y propietario de Iberoamericana de Seguros, salió nominalmente de Freeway Global en mayo en 2008, aunque sus allegados y algunos familiares siguieron en la junta de directores hasta su venta a Pedro Torres Ciliberto. En julio de 2009, en todo caso, las 50.000 acciones de Freeway –empresa propietaria, a su vez, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora– dejan de estar al Portador y pasan a poder de Lionesse Real Estate Corporation. Lionesse es una compañía de Pedro Torres Ciliberto, registrada en Panamá en 2008 por Mossack Fonseca, con directores que el propio bufete aporta. Lionesse había realizado el 15 de junio de 2009 el pago, con títulos de deuda venezolanos denominados en dólares, de las acciones de Freeway. Como se verá después, no fue esta la pieza clave que MF puso sobre la mesa para construir la estructura jurídico-financiera desde la que Torres Ciliberto se apoderará de La Previsora. Pero sí es una de las razones que explica por qué un expediente de MF contiene documentos importantes sobre esa transacción. En los papeles de Mossack Fonseca se verifica que, ese mismo julio de 2009, al sexto día, cuando Torres Ciliberto asume las riendas de La Previsora, se registran otras dos novedades en Freeway Global: una, que queda con un solo director, Jesús Alberto Abilahoud, reconocido compañero de negocios de Torres; la otra, que ha cambiado su domicilio a una dirección en la capital gallega de A Coruña. Un año más tarde, Abilahoud ha desaparecido de la Junta Directiva. Lo sustituye Manuel Mariño González, un empresario gallego con inversiones en la industria pesquera del estado de Sucre (costa nororiental de Venezuela). En marzo de 2010 Mariño suscribe un certificado por 50.000 acciones de Freeway en el que ratifica que estas son de Lionesse Real Estate Corporation. ¿A qué se debía la galleguización de Freeway o, lo que es lo mismo, de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora? La clave está en la incorporación de un nuevo actor en la trama, José Fraga. Fraga, abogado y asesor español, es sobrino del legendario Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España y por mucho tiempo presidente de la Xunta de Galicia. En octubre de 2009, la revista América Economíalo presentará como líder de un grupo de inversionistas españoles que, junto al venezolano Julio Herrera Velutini, pretendía comprarle a José María Nogueroles una participación importante del Banco Nacional de Crédito (BNC). Fraga, según anticipaba la publicación entonces, iba a mantener “una posición puramente financiera en la estructura del banco. El compromiso es entrar y retirarse al cabo de dos años”. Pero antes de esa operación, que nunca cuajó, y fuera del rango de los radares de la prensa de negocios, Fraga había alcanzado un acuerdo de asesoría con Lionesse. El contrato, con fecha del 29 de junio de 2009 y el rótulo de “Estrictamente Confidencial”, estipula que Fraga, a nombre de su empresa FAEB Consulting, llevará adelante un proyecto para diseñar una estructura jurídica que acompañe la inversión de Lionesse en Seguros La Previsora. El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”. Todavía más: el documento prevé que el andamiaje corporativo que se arme para el control accionario de La Previsora se internacionalice; aunque no descarta opciones como Malta u Holanda, menciona en específico la jurisdicción de Estados Unidos, de modo de “estudiar la posible emigración de los accionistas de LIONESSE REAL ESTATES a ese país, producto de la expropiación y en su caso, expulsión de Venezuela de algunos de los mencionados accionistas”. Fraga cotiza en unos 550 millones de bolívares sus honorarios, pagaderos mediante 70.000 euros en efectivo y la cesión de 12% de las acciones de Freeway, la codiciada tenedora de las acciones de La Previsora. En marzo de 2012, José Fraga aparecerá en los registros de Tortola, Islas Vírgenes Británicas, como único director de Freeway Global Ltd. COMO PAGAR Y DARSE EL VUELTO. Fuera un derivado de su intuición o del acceso a información privilegiada, lo cierto es que no tuvo que pasar ni un año para que la profecía se cumpliera: en enero de 2010, La Previsora había sido expropiada y Torres Ciliberto estaba en el exilio estadounidense. Entre tanto, la ejecución de la estructura jurídica y fiscal que prometió Fraga desde España debió completarse. En esta fase fue que Mossack Fonseca entró a jugar un papel. Ni Torres Ciliberto, como ninguna de sus parabanes corporativos –Lionesse o Freeway– aparecen como clientes de MF. El cliente formal de Mossack Fonseca es un bufete de Coral Gables, en Miami: González & Rodríguez PL. Ese bufete es el agente registrador en Florida de la Torres Picón Foundation Corp, una persona jurídica de Torres Ciliberto, donde participan como directores su esposa, Blanca Cecilia Picón de Torres, el hijo de ambos, Pedro Torres Picón, y hasta uno de los socios del bufete, Humberto Luis Rodríguez. En 2010 –esto es, cuando ya La Previsora había sido estatizada en Venezuela– el bufete de Rodríguez & González pide a la oficina de Mossack Fonseca en Miami que consiga “para su cliente” una sociedad en Panamá que date de 2008. Finalmente, MF ofrece una compañía de nombre Brookline Business S.A. Se trata de una shelf company o compañía de armario: empresas que MF va incorporando en distintas jurisdicciones y guarda en sus anaqueles para luego ofrecérselas oportunamente a sus clientes con fecha de constitución “a la carta”. Brookline Business era una de ellas. En un correo electrónico con fecha del 10 de noviembre de 2010, Irene Andreve, del departamento “Corporations” de Mossack Fonseca, confirma a Olga Santini, cabeza de la oficina de Mossack Fonseca en Miami, el precio de “adquisición” para Brookline Business S.A.: “2660,34 dólares para representante y 3048,75 para profesional”. Por cierto, el bufete González & Rodríguez PL, que atiende en Miami a Torres Ciliberto, en 2013 registrará en Florida una Brookline Business C.A. A partir de la adquisición de Brookline Business C.A. en Panamá para un cliente no identificado, empiezan a ocurrir cosas extraordinarias: con fecha de diciembre de 2008, se vende por precios irrisorios a Brookline Business –la recién incorporada empresa panameña– una serie de bienes inmuebles en Venezuela, presumiblemente de Pedro Torres Ciliberto, pero puestos a nombre de diversas personas jurídicas: por ejemplo, la Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70.000 bolívares; Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui; Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas; Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas; y Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. Como representantes de las empresas vendedoras, firman allegadas a Torres Ciliberto: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas. Dos apartamentos del Condominio The Four Ambassadors, en la avenida Brickell de Miami, también pasan a ser patrimonio de Brookline Business, que las vende en febreo de 2014. Mediante un acuerdo firmado el 13 de septiembre de 2012, Vladimir Gessen cede a Brookline Business su 50% de participación en la empresa Diario de CCS LLC. Se trata de una compañía registrada en Florida apenas un mes antes. Pero el suceso más notable en la trayectoria de la afortunada compañía panameña, Brookline Business, se verifica cuando aparecen a su nombre las 50.000 acciones de Freeway Global Ltd, tenedora de la mayoría accionaria de Seguros La Previsora. Son las mismas 50.000 acciones en Islas Vírgenes Británicas que en 2010 Manuel Mariño había certificado, en un Incumbecy Report, como propiedad de Lionesse Real Estate Corporation. El 7 de julio de 2009, el abogado George Allen –miembro de la Junta, y uno de los directores que Mossack Fonseca suele nombrar para sus shelfcompanies–, a nombre de Brookline Business C.A., suscribe un “Contrato de Préstamo Participatorio” con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, a cuyo nombre actúa “don Pedro Torres Ciliberto” en calidad de “Administrador Solidario”. Por ese contrato, suscrito en Panamá, Brookline Business vende a Banreal Holding SLU, de Torres Ciliberto, las 50.000 acciones de Freeway Global, que controla a su vez la mayoría de Seguros La Previsora. El vendedor, Brookline Business, además accede a prestar al comprador, Banreal, la cantidad de 730 millones de dólares en la que tasa la transacción. En otras palabras: el prodigio de ingeniería jurídica y financiera ha puesto a Torres Ciliberto a comprarle a Brookline Business las acciones que él mismo había comprado antes a Maldonado y traspasado –a través de una figura que no consta en los papeles de Mossack Fonseca– a Brookline Business. Nótese que esto ocurre apenas un día después de que, según los registros de las Islas Vírgenes Británicas, Jesús Alberto Abilahoud, socio de Torres Ciliberto, se encargaba del directorio de Freeway Global Ltd. El contrato establece un plazo de diez años, prorrogable por otros dos, para la amortización del préstamo, que eventualmente podía pagarse mediante la capitalización de la deuda. Pero una cláusula muy ad hoc advierte, de manera explícita, que “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuelase le pagará a la Prestamista”, es decir, a Brookline Business, “la indemnización que cobre por dicha expropiación”. Para este reportaje se intentó concertar una entrevista con Pedro Torres Ciliberto, a través de sus abogados y su secretaria en Caracas. Torres no atendió la petición. - Con información de EWALD SCHARFENBERG - http://panamapapersvenezuela.com

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(08/04/2015) FONDO PARA EMPRENDIMIENTOS. De un lector: [PreMoney MIAMI] Quotidian Ventures, Pedro Torres Picón "Cómo construir una Tesis de Inversión"
El venezolano Pedro Torres Picón se abre camino en EEUU financiando proyectos a través del fondo para emprendimientos Quotidian Ventures, tras mudarse a Nueva York en 2010. Torres es hijo del banquero Pedro Torres Ciliberto. En 2012 La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró improcedente in limine litis la acción de amparo interpuesta por los abogados Gregory Odreman Ordozgoitty, Gregorio Finamore y Jorge Paris Mogna, quienes actuaron como apoderados judiciales de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, contra la sentencia del 1 de febrero de 2011 de la Sala N° Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La referida decisión de la Corte de Apelaciones declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los apoderados de Torres Ciliberto y Torres Picón, contra la decisión emitida el 9 de noviembre de 2010, por el Juzgado Décimo Primero en Funciones de Control de ese mismo Circuito Judicial Penal, que decretó la inadmisibilidad de la pretensión de oposición a las medidas cautelares de aseguramiento de los bienes propiedad de dichos ciudadanos, sobre quienes pesa orden de aprehensión en el marco del proceso penal que se les sigue. Constató la Sala Constitucional que Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, al momento de ser interpuesta la presente acción de amparo, se encontraban fuera del país, pesando sobre los mismos orden de aprehensión, sin que se compruebe que se hayan puesto a derecho ante el respectivo tribunal de control con la finalidad de designar a sus abogados de confianza, con el de objeto ejercer los medios de defensa que consideren necesarios y someterse al proceso penal que se instauró en su contra. En conclusión la Sala determinó que los abogados de Torres Ciliberto y Torres Picón "carecieron de legitimación para interponer el recurso de apelación". Torres Ciliberto era dueño de la compañía de seguros La Previsora y se encuentra fuera del país. En 2010 el Gobierno se hizo con la "custodia" de los bines de su propiedad. – Daniel Morales



(17/04/2015) BANCO REAL. De las tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Iverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura.– Con información de Agencias

Resultado de imagen para "la previsora" site:informe25.com(11/05/2016) SEGUROS LA PREVISORA (+PANAMA PAPERS). Pedro Torres Ciliberto se hizo de Seguros La Previsora en una enredada operación en la minicrisis bancaria de 2009, según los documentos filtrados por The Panama Papers. Al tercer día de los documentos filtrados, la publicación señaló que la compra se hizo desde Panamá con una "intrincada operación de ingeniería legal y financiera con asesores españoles y empresas de armario" para hacerse con Seguros La Previsora sin correr riesgos. Es decir, garantizar el retorno de los recursos si la aseguradora sería expropiada. Para ello, señala el portal, que el bufete panameño Mossack Fonseca muestra evidencias de que la expropiación no sería una sorpresa para Torres Ciliberto pero, ¿Cómo se logró la operación?. El inversionista venezolano, hoy prófugo de la justicia venezolana, fundó Lionesse Real Estate Corporation, en Panamá, una empresa que fue registrada por Mossack Fonseca, y con la que seis días después compró Seguros La Previsora. "El documento sigue enumerando, ese junio de 2009 –apenas días antes de que Torres Ciliberto se quede con La Previsora, y a escasos cinco meses de la crisis bancaria que vendrá–, las condiciones particulares del proyecto. Hace alusión a una de ellas, llamativa por lo demás: la estructura legal y fiscal que surja de la asesoría deberá proteger “los intereses económicos de LIONESSE REAL ESTATES y sus accionistas por una posible expropiación del gobierno venezolano de PREVISORA”, señaló The Panama Papers. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung publicaron millones de documentos filtrados desde el despacho de abogados Mossack Fonseca, en Panamá, que reveló lavado de dinero en paraísos fiscales de reconocidas personalidades políticas y deportistas. En el escándalo, Venezuela vuelve a figurar, y esta vez se trata de la astronómica cantidad de menciones que recibe el país en el escándalo multinacional de lavado de dinero, conocido como "Panama papers". (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Agencias

(24/08/2016) BANQUERO. El 4 de mayo de 2010, los ciudadanos abogados Zair Mundaray Rodríguez, Ana Ysabel Hernández, Alicia Monroy, José Rivero Otamendi y Daniel Medina, Fiscales Cuadragésimo Octavo, Quincuagésimo Tercero, Quincuagésimo Quinto, Quincuagésimo sexto con Competencia Plena a Nivel Nacional y Septuagésimo Tercero a Nivel Nacional con Competencia en Materia Contra la Corrupción con Competencia especial en Bancos, Seguros y Mercado de Capitales, respectivamente, solicitaron iniciar los trámites judiciales para la extradición activa del ciudadano Pedro Torres Ciliberto, venezolano, (…), ante el Tribunal Undécimo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, sobre la base de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 285, numerales 3, 4 y 6), del Código Orgánico Procesal Penal (artículo 392), de la Ley Orgánica del Ministerio Público (artículo 37, numeral 13), del Tratado de Extradición suscrito entre la República de Venezuela y los Estados Unidos de Norte América (artículos I, II, numerales 12, 18, 20 y 21 y XII), argumentando lo siguiente: “… se sirva iniciar los trámites judiciales necesarios, para la EXTRADICIÓN del ciudadano PEDRO TORRES CILIBERTO, quien es venezolano (…) en contra de quien pesa ORDEN JUDICIAL DE APREHENSIÓN dictada por el mismo Tribunal 11 en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la presunta comisión de los delitos de APROPIACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, conforme a lo previsto en los artículos 432 de la ley general de Bancos y otras Instituciones Financieras y 6° de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (sic)…” (…)Pedro Torres Ciliberto adquirió el control de ‘C A Central Banco Universal’ a través de la empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’, la cual el 25 de junio de 2009 representada por su presidenta LUZ MARINA GUTIERREZ; suscribió con los accionistas anteriores de la Institución Bancaria, un contrato de promesa bilateral de COMPRA-VENTA del 99,93 % del capital accionario, fijando el precio de la transacción en Bs.F. 500.000.000,00, de ese monto el ciudadano Alejandro Gómez Siga la como representante de la parte vendedora recibió Bs. F. 305.000.000,00 al momento de la firma del acuerdo, y se estableció que el remanente (Bs.F. 195.000.000,00), sería honrado el 15 de julio de 2009, en efectivo o mediante la entrega de bonos de la República Bolivariana de Venezuela. La empresa ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’ (FINATRA), con RIF. J­30996590-5, tiene como directivos a los ciudadanos: Luz Marina Gutiérrez (Presidenta), Yolanda Coromoto Salazar Palma (Vice-presidenta) y Carlos Ignacio Santaella San Román (Director General) y según Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de noviembre de 2008, debidamente Protocolizada ante Registro Mercantil Primero Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, el 7 de mayo de 2009, bajo el Tomo 76-A, Nro. 43 del año 2009; el 50% de sus acciones es propiedad de la empresa ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ el otro 50% del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO C.A.’. Por su parte el 100 % de las acciones del ‘GRUPO EMPRESARIAL TAMANACO CA’ son propiedad de ‘ORGANIZACIÓN TPF S.A.’, con lo cual en el fondo la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F. S.A.’ es la propietaria del 100% de las acciones de ‘FINANCIADORA DEL TRABAJO CA’. En cuanto a la "ORGANIZACIÓN T.P.F., CA", con RIF J-00266442-8, fue inscrita el 12/02/1988, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo., en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital y el Estado Miranda; en esa acta constitutiva figuran como accionistas: PEDRO JOSÉ TORRES CILIBERTO y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ de TORRES, (…). De acuerdo a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 17/11/2008, inscrita en el respectivo Registro Mercantil en fecha 07/01/2009, bajo el N° 50, tomo 33-A Sgdo, los accionistas actuales de la empresa son: PEDRO JOSÉ MIGUEL III TORRES PICÓN FEBRES (…) y BLANCA CECILIA PICÓN FEBRES LA CRUZ, con el 90% y el 10% de las acciones respectivamente; y la Secretaría Ejecutiva de la ‘ORGANIZACIÓN T.P.F., CA’ es la ciudadana Luz Marina Gutiérrez. De igual forma se observa que la Empresa ORGANIZACIÓN TPF SA, es poseedora del 100% de las acciones de la Empresa Unión Chelsea International Financial Corporatión de Venezuela, es decir que sus accionistas son PEDRO JOSÉ TORRES PICON con el 90% de las acciones y BLANCA CECILIA PICÓN DE TORRES, con el 10% de las acciones. (PULSE AQUÍ PARA VER COMPLETO)

(22/01/2018) SÍ DESCRIBEN LA ‘LAVANDERÍA’ DE PEDRO TORRES CILIBERTO CON LOS CARTELES DE LA BOLIBURGUESÍA.Pedro Torres Ciliberto huyó de Venezuela luego de la crisis bancaria que sacudió al gobierno de Hugo Chávez y que llevó a la quiebra a varias instituciones financieras, llevándose cientos de millones de dólares de depositantes y ahorristas. El crimen perfecto, ya que colaboró en USA con las autoridades federales y se quedó con la mayor parte de su fortuna mal habida. Torres Ciliberto contrató a prestigiosos bufetes de abogados, logrando obtener estatus migratorio de protección. Pedro Torres Ciliberto inicialmente residía en Florida, pero ante el rechazo de sus paisanos y latinos e incidentes frecuentes en las calles, terminó marchándose a Nueva York, en donde vive como un gran magnate y se dedica a actividades sociales, de beneficencia y las bellas artes. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS). – Con información de http://fueradepauta.blogspot.com

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