martes, 20 de marzo de 2018

El País: Ganar con el hambre en Venezuela

Una empresa fantasma con sede en Sabadell (Barcelona), controlada por un ex funcionario venezolano, ha obtenido millonarios beneficios con la compraventa de alimentos básicos —arroz, aceite vegetal, azúcar, legumbres, leche en polvo…— destinados a la población desfavorecida de ese país. MIR Importació i Exportació SL ha conseguido contratos para vender al Gobierno de Nicolás Maduro hasta dos millones de paquetes de comida procedentes de México y Colombia por un total de 69,8 millones de dólares (56,8 millones de euros) mediante contratos opacos adjudicados a dedo, de acuerdo con El País de España. Venezuela paga por cada paquete a 34,87 dólares, según los documentos consultados, y la empresa logra un margen por unidad de entre el 25% y el 50%, según las distintas fuentes consultadas.
El destino de los alimentos son las conocidas como “cajas CLAP”. Estas cuatro letras son el acrónimo de Comité Local de Abastecimiento y Producción, una controvertida política de reparto de comida a precio subsidiado iniciada por el régimen bolivariano en 2016 para mitigar los graves problemas de abastecimiento e inflación que sufre la población. Tras casi dos años en marcha, sin embargo, los CLAP reciben duras críticas por su mala distribución —no llegan a muchas zonas o lo hacen muy de vez en cuando— y por la mala calidad de algunos productos. Un estudio del Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Venezuela, encargado por el medio digital de periodismo de investigación Armando.info, ha revelado que la leche en polvo es en realidad un sucedáneo que incumple los requisitos nutricionales fijados por la propia la normativa venezolana. Los CLAP, además, han sido acusados de fomentar el clientelismo —dependen de comités controlados por personas afines al régimen— y han acabado por convertirse en un colosal negocio de unos 3.000 millones de dólares para lucro de empresas como la de Sabadell y otras con sede en paraísos fiscales.

MIR Importació i Exportació fue creada en 2011 por un farmacéutico de L’Hospitalet (Barcelona). Hace dos años, “tras tenerla casi inactiva desde el principio”, este boticario decidió liquidarla. “Cuando fui a hacer los trámites, me dijeron que había una persona interesada en comprarla. Me pagaron los gastos que me había ocasionado y así pude recuperarlos”, recuerda. La operación se cerró en otoño de 2016, justo cuando la política de los CLAP empezaba a despegar.

MIR Importació i Exportació, sin embargo, no tiene trabajadores, ni despacho ni siquiera teléfono propio en España. Todos los datos que figuran en el registro mercantil son de una gestoría de Sabadell. Como accionista y administradora figura una mujer de origen venezolano, vecina de la ciudad, que es hija de la actual pareja del hombre que realmente ha gestionado (al menos hasta fechas muy recientes) el negocio, Juan Vicente Roversi Thomas, que fue director de Proyectos Especiales del municipio de Puerto La Cruz (Estado de Anzoátegui) al menos hasta 2012. Una empleada de la gestoría confirma que esta prestó “varios servicios” a Roversi, pero que ya han dejado de trabajar con él. “Si siguen nuestros datos en el registro mercantil es porque no ha atendido nuestras peticiones”, asegura esta empleada.

EL PAÍS ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con Roversi a través de la gestoría y de su entorno familiar. Tampoco los datos que figuran en los documentos de MIR Importació i Exportació en Venezuela permiten acceder a él. En ellos hay dos teléfonos, el de la gestoría de Sabadell y otro de Venezuela que atiende una persona que asegura no saber quién es Roversi. La dirección de correo electrónico no devuelve los mensajes.

Roversi, según personas de su entorno, vive a caballo entre Sabadell y Venezuela. Tras comprar MIR Importació i Exportació, logró una facturación inimaginable para una empresa sin estructura ni experiencia. La sociedad firmó hace un año un contrato con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior —organismo estatal que centraliza las importaciones públicas— por 34,8 millones de dólares por un millón de cajas CLAP. El contrato, como el resto de operaciones similares, ha estado rodeado de una gran opacidad.

Según información de la consultora Well Thought Consultants —dirigida por el exministro de Alimentación Hebert García Plaza, que hoy vive en Estados Unidos tras perder la confianza de Maduro y ser acusado de corrupción—, corroborada por otras fuentes, ambas partes acordaron una segunda venta por las mismas cantidades cuando la primera estuviera entregada.

La actividad de Roversi ha dejado un importante rastro en las bases de datos de tráfico marítimo de mercancías. Según los registros de Panjiva, empresa especializada en el comercio internacional, MIR Importació i Exportació envió el año pasado y hasta el pasado enero un total de seis cargamentos desde los puertos mexicanos de Lázaro Cárdenas (en el Pacífico) y Veracruz (Golfo de México) que, tras escala en Panamá, llegaron a Venezuela. Otros nueve envíos salieron de los puertos colombianos de Buenaventura y Cartagena.

Fuentes del sector, sin embargo, aclaran que “los envíos reales pueden ser muchos más, ya que es común el uso de empresas intermediarias para que figuren en los registros”.

UNA FACTURA DE 3.000 MILLONES DE DÓLARES
Mantener una dieta equilibrada se ha convertido en una odisea para millones de venezolanos. Las políticas de Nicolás Maduro han provocado una inflación galopante y problemas de abastecimiento en un país ya muy dependiente de las importaciones. Hace dos años, ante el descontento de la población, Maduro anunció el lanzamiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que pretendían hacer llegar a los venezolanos comida a precio reducido, preferentemente de origen nacional.

Venezuela, sin embargo, ha tenido que recurrir masivamente a las importaciones para llenar las “cajas CLAP”. El ministro de Alimentación, Luis Alberto Medina, anunció en noviembre que ya han sido importadas unas 100 millones de cajas, cuyo precio por unidad ronda los 30 dólares. Esto supone que Venezuela ha destinado unos 3.000 millones de dólares a una política que ha abierto enormes oportunidades de negocio a personas bien relacionadas, ya que las compras no son transparente ni salen a concurso público.

Ante la enorme factura que los CLAP, Maduro ha prometido en los últimos meses aumentar la producción nacional: “200.000 jóvenes irán al campo a producir alimentos y yo les garantizo todo […], vivienda dónde vivir y educación”, anunció el pasado septiembre.

Fuente: Con información de ORIOL GÜELL - https://politica.elpais.com - (PULSE AQUÍ)

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