Denuncian en corte de EEUU condiciones “peligrosas” en refinería propiedad de Pdvsa

La demanda presentada por un trabajador de la refinería de Lemont, ubicada en el estado de Illinois, revela datos sobre las reales condiciones en la que opera esta refinería propiedad de Citgo, la filial de Pdvsa en la nación estadounidense. Las denuncias sobre el ocultamiento de graves incidentes registrados en la planta, se cuentan entre las razones por las que los directivos habrían forzado la renuncia de Amando Arias, jefe de seguridad del complejo industrial. El caso se ventila en una corte federal de este país.

Amando Arias conoce con detalle el trabajo dentro de la industria petrolera y en particular el que se realiza en la refinería de Lemont, ubicada en el estado de Illinois, Estados Unidos y que es propiedad de Citgo, la marca petrolera venezolana con jurisdicción en Estados Unidos, de acuerdo con un reportaje de la periodista Fiorella Perfetto en caraotadigital.net.
Este ciudadano que vive en Romeoville, una pequeña villa ubicada apenas a unos siete minutos de la refinería, trabaja en esta planta desde 1980. Fue testigo de uno de los peores accidentes en el área industrial en Estados Unidos, ocurrido en 1984, cuando una fractura en la Unidad de Craqueo Catalítico (UCC) provocó una explosión que acabó con la vida de 17 trabajadores, algunos de ellos amigos cercanos a Arias.
En un intento por evitar que otro desastre como este se repita, el experto en seguridad industrial denunció ante la Agencia de Trabajo y Salud, “Osha” por sus siglas y perteneciente al Departamento del Trabajo de Estados Unidos, una serie de irregularidades dentro de la refinería propiedad de la estatal petrolera venezolana, que podrían derivar en un incidente tan o peor al ocurrido 33 años atrás. Como consecuencia de estas denuncias, Arias fue forzado a renunciar, por lo que su caso ahora se ventila en la Corte del Distrito Norte del estado de Illinois.

Lo revelador en esta demanda que cursa en esta corte federal de Estados Unidos desde el pasado 11 de diciembre e impulsada por quien se desempeñara como coordinador de seguridad de la planta, son los detalles que recoge el expediente sobre una serie de accidentes ocurridos en la refinería que además, a decir del demandante, “estaría a la venta”.

Pero no sólo eso, sino que a lo interno se habrían cometido hechos irregulares y alteraciones de los registros, “todos orquestados por los propietarios de la planta” – Pdvsa y su filial Citgo – según el relato del expediente. Que Amando Arias quisiera develar tales delitos sería la razón principal de su despido, en un intento por silenciar las condiciones actuales de la refinería para no “espantar” a los posibles compradores.

El expediente soporta una lista de accidentes descritos por el demandante que han ocurrido en la planta durante los últimos años y que afecta directamente el área de refinación. Alude que alrededor de 2011, los demandados – Citgo Holding, Inc., PDV America, Inc y Petroleos de Venezuela, S.A (Pdvsa) – poseían y tenían en operación en sus instalaciones una Unidad de Craqueo Catalítico (UCC) que tuvo varias fugas en el reactor y que se debilitó más allá de su vida útil”.  Como consecuencia de estos accidentes, la unidad experimenta periódicamente paradas de emergencia debido a filtraciones del reactor defectuoso. “Estas fugas dieron como resultado condiciones de trabajo extraordinariamente peligrosas”.

Que estos incidentes salieran a la luz, cobraría dividendos en la confianza de los potenciales compradores, por lo que el texto explica lo importante que es la “salud” de esta infraestructura. “Las unidades de craqueo catalítico de fluidos son ampliamente utilizadas en la industria de refinación de petróleo para convertir hidrocarburos de bajo valor en una gama de hidrocarburos de mayor valor, incluida la gasolina. La operación óptima de estas puede tener un impacto significativo en la rentabilidad de la refinería”.

Arias habría insistido a sus superiores en detener el funcionamiento de estas unidades hasta tanto no se les realizara el debido mantenimiento o su reemplazo, lo cual no fue bien acogido y derivó en una “renuncia forzosa”.

“Es una violación de las leyes de seguridad y gestión de procesos la exposición a materiales altamente peligrosos para tener un catalizador con fugas reactor”, por lo que la norma impuesta desde la Agencia de Trabajo y Salud (Osha) exige que los empleadores determinen y documenten que el equipo fue diseñado y construido con códigos y que cumplen con las leyes y esto será la base para la decisión de sacar el equipo fuera de servicio o continuar las operaciones”, obligaciones omitidas por los demandados.

Denuncia además que “a pesar de los numerosos informes de que la Unidad de Craqueo Catalítico no operaba adecuadamente, los demandados no inspeccionaron el equipo. Era bien conocido entre los empleados de estos que la unidad no cumplió con los requisitos que obliga la Agencia de Trabajo y Salud (Osha) en cuanto a preservar los estándares establecidos y por esa razón no podría operar de manera segura”, alude el documento legal.

¿Un ardid de Pdvsa para ocultar la verdad?

En julio de 2013, Amando Arias se comunicó con Roger Evans, representante de la agencia federal estadounidense encargada de investigar accidentes químicos, conocida como Chemical Safety Board (CSB) o Consejo de Seguridad Química y denunció las condiciones peligrosas en la que la refinería propiedad de Citgo-Pdvsa opera, que incluye pero no se limita a los peligros por las fallas en la Unidad de Craqueo Catalítico, además de discutir cómo se había aprobado un plan de seguridad peligroso a pesar de que varios empleados en la refinería estaban en conocimiento de que el mismo podría conducir a una explosión.

Esta acción de Arias fue el detonante de los hechos que se sucedieron después. Su jefe inmediato, de nombre Casey Bullock, le advirtió que no estaba autorizado para discutir problemas de seguridad con cualquier persona ajena a su empleador y que de hacerlo esto sería motivo de despido. “Bullock indicó que cualquier tema relativo a la seguridad debían presentarse internamente y no ante un organismo gubernamental”.

Quedó claro para Arias los tres elementos que sí consideraron “peligrosos” los directivos de la refinería de Lemont: la posibilidad de ser sancionados y penados por un órgano federal estadounidense, verse forzados a reemplazar la unidad defectuosa – cuyo valor estaría alrededor de los 50 millones de dólares – y la pérdida de potenciales compradores.

Durante ese 2013, el trabajador no cesó en su intención de notificar a la agencia federal las peligrosas condiciones de trabajo a las que estaban siendo sometidos en la planta. Y las consecuencias no se hicieron esperar. Con la complicidad del equipo médico que argumentó que Arias sufría de artritis, este fue asignado a labores de “trabajo ligero” en una oficina y más tarde fue asignado a trabajar horas nocturnas a temperaturas bajo cero, según se lee en el texto de la demanda.

Entre 2012 y 2013 se produjeron otros dos incendios en otras áreas de la unidad de procesamiento de crudo, en los cuales Arias participó como personal activo de los operativos de control de accidentes en la planta.

Durante la investigación del accidente de 2013 ocurrido en el mes de octubre, Glenn Moody, investigador de una contratista que operaba en la refinería, quiso revisar el plan de seguridad. Fue inmediatamente removido de la operación y su reemplazo, de nombre Mark Lydick, aprobó sin objeción alguna el plan. Posteriormente, se produjo otro incendio que requirió una gran reconstrucción de la infraestructura de la refinería, entre finales de 2013 e inicio de 2014.

Para ese año, el reactor de la Unidad de Craqueo Catalítico estaba “goteando” tan drásticamente que era de común conocimiento entre los empleados de la refinería Lemont que tenían que permanecer tan lejos como fuera posible del lugar.

“Los compañeros de trabajo del demandante, incluida la gerencia, indicaron que creían que los propietarios de la refinería Lemont esperaban que la unidad explotara nuevamente porque un accidente así estaría cubierto por una póliza de seguro. Además, era de conocimiento común que los propietarios estaban tratando de vender la refinería con este equipo en su estado actual”, se explica en la demanda.

La refinería propiedad de Citgo-Pdvsa optó por contratar los servicios de la empresa llamada One Way Safety, especializada en seguridad industrial, la cual y según lo testifica el demandante, “manipuló información para reducir la clasificación de incidentes notificables a la Agencia de Trabajo y Salud (Osha). El demandante advirtió a su superior, Casey Bullock y a Chris Newcomb, el abogado de la compañía, que no participaría en el fraude clasificaciones erróneas. A pesar de ello, los contratistas recibieron instrucciones para presentar cartas que incluyeran clasificaciones de menor importancia de los incidentes registrados en la refinería”.



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Fuente: Con información de Fiorella Perfetto http://www.caraotadigital.net - (PULSE AQUÍ)