jueves, 28 de diciembre de 2017

Para entender los casos de Andorra (segunda parte)

Por: Javier Ignacio Mayorca - La Banca Privada de Andorra estableció en 2006 una oficina de representación o de “segundo piso” en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. La sucursal no tenía el nombre de la entidad financiera en la puerta, como podría imaginarse, sino que operaba bajo la fachada de una “asesoría financiera”.
Para ser recibido allí, era necesario poseer la referencia de alguien que ya fuese cliente. Otros bancos internacionales operaban en Venezuela con el mismo procedimiento. En todos los casos, la intención era proveer una alternativa a las personas que deseaban eludir el control de cambio implantado por el Gobierno de Hugo Chávez.

No todas las personas que utilizaron los servicios de estas entidades estaban lavando dinero. Algunas simplemente querían poner sus ahorros fuera del alcance de un régimen que avanzaba hacia la confiscación del patrimonio individual. Pero en el caso de la BPA, había un interés especial en la captación de clientes ligados al Gobierno. Así fue declarado por los representantes de la entidad durante el juicio que hubo a propósito del congelamiento de las cuentas del comisario general jubilado de Cicpc Norman Puerta. De manera que el riesgo de manejar fondos procedentes de la corrupción estaba a la vuelta de la esquina.

El escándalo suscitado en 2010 por el caso Puerta (referido en la entrega anterior de esta columna) sería rebasado apenas dos años después, cuando comenzó una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero contra el entorno del entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez.

Este fue el segundo caso de funcionarios venezolanos ligado a la Banca Privada de Andorra.

El expediente comenzó cuando los órganos de investigación del principado europeo recibieron una alerta de la policía antilavado de Francia, Tracfin, sobre una transferencia llevada a cabo desde la BPA a un banco francés, por 99.980 euros, “en beneficio de un empleado de una cadena hotelera (…) en gratificación o regalía por servicios prestados”. Era, en dos platos, una propina. Tanta generosidad provenía de las arcas de la firma Highland Asssets Corp, propiedad del empresario asegurador y primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar Carreño, y representada por su primo Luis Mariano Rodríguez.

Las pesquisas de los órganos de control, de acuerdo con documentos enviados a Andorra y al Ministerio Público venezolano, revelaron que los implicados, “y especialmente Diego Salazar y su primo y hombre de confianza Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, hacían importantes gastos de millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo”. En su frenesí de consumo, Salazar solicitó a la BPA la transferencia de cuarenta millones de euros para la adquisición de un apartamento en París, a través de un banco suizo. Esta operación fue impedida momentáneamente por una decisión de congelamiento de fondos.

¿De dónde venía todo este dinero? Un auto emitido en mayo de 2016 por la Sección de Instrucción Especializada 1 de la bastilla de Andorra indica que Salazar, Rodríguez Cabello y otros individuos como el ex viceministro Nervis Villalobos, el llamado “zar de los seguros” Omar Farías (preso en Dominicana por el fraude con el Banco Peravia), el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, Estibaliz Basoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano y Luis Laplana (directivo de la BPA para el momento) “organizaron un sistema de comisiones de los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que implica que las empresas que accedían a las licitaciones eran obligadas a contratar al entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los implicados por asesoramientos”.

Los pagos de los sobornos se hacían en buena medida a través de cuentas en la BPA, a nombre de compañías registradas en Panamá, “por donde transitaron más de dos millardos de euros”, es decir, casi 2,6 millardos de dólares.

En la lista de 24 empresas, pertenecientes en forma total o parcial a Salazar y sus allegados, estaban por ejemplo la Fundación Caixa Bella, Megana International, Central Berfort, Worldwide Traders Line, Fundación Terramar Hall, Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros y Lomond Overseas.

Esta información estaba en poder del Ministerio Público venezolano poco después de que la investigación a este grupo en Europa tomó la forma de una causa penal por lavado de dinero, en noviembre de 2012. Hoy, la fragmentación del chavismo hace que unos y otros bandos se recriminen por no haber adoptado entonces medidas contra los implicados, que formaban parte de los más altos círculos de poder. Tan altos que no tenían ningún empacho en exhibir su opulencia y dar propinas millonarias alrededor del mundo. Pero no se puede olvidar que entonces todos ellos formaban parte de la misma estructura, que usaba tanto a la Fiscalía de Luisa Ortega como a los tribunales para garantizar la impunidad.

Fuente: Javier Ignacio Mayorca - http://talcualdigital.com - (PULSE AQUÍ)

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