martes, 19 de diciembre de 2017

Empresario venezolano investigado en Andorra por corrupción

A finales de 2016, después de su vinculación en el sonado caso Banco Peravia y el declive de la empresa Seguros Constitución, del empresario Omar Jesús Farías Luces – por lo menos en República Dominicana – no se supo más.
Farías Luces fue arrestado cuando se disponía a salir del país en un avión privado a través del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, el jueves 4 de agosto de 2016.

La orden fue emitida por la jueza Solange Raquel Vásquez, de la Unidad de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El llamado Zar de los Seguros fue acusado de complicidad de violación a la Ley Monetaria y Financiera y de coautor en lavado de activos, que llevaron consigo al desfalco del Banco Peravia.

Por esta causa, cuatro días después de su arresto, el juez José Alejandro Vargas dictó prisión domiciliaria y el pago de RD$ 40 millones de pesos, por el fraude millonario al quebrado banco. De ahí en adelante, se convirtió casi en un fantasma.

“Llegaron – los abogados de Farías Luces – a un acuerdo con el Ministerio Público”, asegura Joel Peña, parte de la barra de la defensa de Nelson Serret y Jorge Serret sobre el dueño de Seguros Constitución.

Peña explica que con el convenio, el magnate venezolano quedó fuera del proceso judicial por la quiebra del Banco Peravia, pero que de ese acuerdo, las partes involucradas no tuvieron conocimiento sino hasta después que había sido homologado.

“Aunque sea una facultad discrecional del Ministerio Público llegar a un acuerdo con otra persona, después que está judicializado, teníamos que tener conocimiento de que se iba a efectuar esa situación por si teníamos algún tipo de oposición al respecto”, subraya.

Sin embargo, no sabe cuál ha sido el destino de Farías Luces después de ese acuerdo o si existe otro proceso judicial en su contra en el país. Peña indica que su lugar de domicilio es desconocido y en los medios locales, su nombre arroja resultados de agosto de 2016 a enero de 2017.

Más de 10 años de acusaciones

Pero los líos del magnate venezolano no se limitaron a República Dominicana. Omar Jesús Farías Luces también era investigado en Ecuador, Panamá, España y su natal Venezuela, tras ser involucrado en el escándalo del Banco de Madrid en marzo del año 2015, y otros casos.

Fue señalado como uno de los venezolanos investigados por lavado de dinero en la filial de la Banca Privada de Andorra (BPA), y seis años antes ya eran mencionadas los manejos irregulares de su compañía, Seguros Constitución, en Ecuador en los Panama Papers – la filtración de los documentos confidenciales de Mossack Fonseca del bufete panameño especializado en ocultar fortunas de poderosos en paraísos fiscales –.

En 2009, la Fiscalía General del Estado abrió una indagación previa para investigar las inversiones realizadas en el Ecuador por el empresario venezolano, de quien la Superintendencia de Bancos poseía sospechas de hechos reñidos con la Ley.

Dos años antes, el periódico El Nuevo Herald, de Estados Unidos dio a conocer que el buque insignia de Farías Luces, Seguros Constitución, cubrió las pólizas de importantes organismos gubernamentales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), cuyos contratos abarcaban unos 120 millones de dólares anuales de sobreprecios entre pólizas de seguro y reaseguros nacionales e internacionales.

“El Negro Farías”, como también se le conoce, de familia humilde, comenzó como agente de seguros de Seguros La Seguridad. El oriundo de Güiria, estado Sucre, logró colocar su empresa Seguros Constitución como una de las principales compañías en ese sector en varios países. Además es dueño del Consorcio OFL, que agrupa a una veintena de compañías. Esto convirtió a Farías Luces en uno de los empresarios del sector de seguros que más creció durante el gobierno de Chávez.

Pero, fundamentalmente, el empresario ha sido vinculado a lo largo de los años a personajes claves del gobierno del expresidente Hugo Chávez, lo cual le habría ayudado a reunir su patrimonio actual.

Caso Andorra

Ahora el nombre del empresario ha vuelto a sonar, aunque con menos fuerza en el país caribeño. De nuevo, la investigación por lavado de dinero en la BPA del Principado de Andorra, le toca las puertas a Omar Farías Luces.

Según el periódico El País, varios ministros y testaferros de políticos del Gobierno venezolano presidido por Hugo Chávez (1999-2013) recibieron presuntamente comisiones ilegales – sobornos – superiores a 2,000 millones de euros por intermediar a favor de compañías extranjeras en adjudicaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Entre estos se encuentra Farías Luces, cuyos depósitos alcanzaron los 586 millones de euros.

La investigación publicada por el rotativo español resalta que los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas.

El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas.

¿Qué pasó con Seguros Constitución en el país?

La emisión de la resolución 01-2017, dada el 13 de enero de este año por la Superintendencia de Seguros, que revocó la autorización para operar en el mercado dominicano a la empresa de Omar Farías Luces, solo confirmó lo que muchos meses antes ya venía murmurándose: Seguros Constitución enfrentaba demandas locales por parte de clientes y suplidores, quienes reclamaban el cumplimiento de compromisos económicos.

El organismo estatal intervino para evitar la quiebra total de la compañía de capital venezolano, en momentos en el que su presidente y principal accionista enfrentaba a la justicia dominicana por su vinculación al quebrado Banco Peravia.

Meses después, la Superintendencia de Seguros dio a conocer que había entregado 32 millones de pesos en prestaciones a los 124 empleados de Seguros Constitución, lo que dio inicio, según su director, Euclides Gutiérrez Félix.

Posteriormente, en abril, la entidad procedería a la evaluación de los activos y pasivos, de los bienes muebles e inmuebles y cuentas por cobrar y pagar, para entonces dar paso a recibir las demandas de suplidores, reclamaciones de los asegurados y otras demandas, que deberán ser verificadas y certificadas para proceder a pagarlas, una deuda que se acercaba a los 400 millones de pesos.

Fuente: Con información de http://www.antilavadodedinero.com - (PULSE AQUÍ)

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