Más sobre los desfalcos a Pdvsa investigados por la Asamblea Nacional

Desde que en octubre de 2016, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional presentara el informe sobre las presuntas irregularidades administrativas cometidas en Pdvsa en contra del patrimonio público, poco o nada se conoce sobre las diligencias practicadas por los organismos competentes – Ministerio Público, Contraloría General de la República, entre otros – para determinar responsabilidades en el desfalco de al menos 11.000 millones de dólares a la Nación. Caraota Investiga revela nuevos datos de estos casos que los podrían colocar en la mira del Ministerio Público

Las investigaciones realizadas en casos como los “taladros chinos”, Banca Privada D’Andorra, Pdval,  la Gabarra “Aban Pearl” o el caso de “Liaoning Northem Steel Pipes”, entre otras, presentadas en octubre de 2016 bajo el expediente N°1648 de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, aun no cobra responsables en el desfalco a la Nación, cuya magnitud se estima en al menos 11.000 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje de Fiorella Perfetto en Caraotadigital.net.

Tanto la Presidencia de la República, como el Ministerio Público – a cargo en ese entonces de la fiscal Luisa Ortega Díaz – como la Contraloría General de la República y los órganos con competencia en esta materia recibieron en su oportunidad el informe remitido desde las altas instancias del Parlamento.

Las irregularidades que fueron investigadas tuvieron lugar entre 2004 y 2014, período en el cual el zar del petróleo Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y uno de los señalados como principal responsable en las irregularidades administrativas cometidas contra el patrimonio público de la Nación, ejerció como presidente de la estatal petrolera venezolana.

Al momento de su designación como presidente de Pdvsa – el 20 de noviembre de 2004- Ramírez era parte del tren ejecutivo del fallecido presidente Hugo Chávez, en franca violación de los estatutos sociales de Pdvsa, que prohibía a funcionarios con cargos ministeriales ocupar un curul en la Junta Directiva de la sociedad (Pdvsa), tal como era su caso, tras ser designado Ministro de Energía y Minas un par de años antes, el 17 de julio de 2002, según consta en la Gaceta oficial N°. 37.486. La ley fue entonces “enmendada” para cubrir la ilegalidad, el 7 de diciembre de 2004.

A la espera del Ministerio Público: los nuevos datos que engordan aún más los 11 mil millones estafados a la Nación

Dentro del compendio de al menos una decena de casos investigados por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, existen otros hechos que harían mucho más grande la ya grosera cifra de 11 millardos de dólares que la Nación dejó de percibir por prácticas de corrupción.

Una de ellas es la investigación señalada con el número nueve en el grueso expediente del Parlamento.  Allí se determinó que empresarios venezolanos actuaron como representantes de una sociedad extranjera, la china “Liaoning Northem Steel Pipes” para recibir de Bariven, filial de procura de Pdvsa, más de 56 millones de dólares, “con facturas emitidas a nombre de empresa origen chino”.

Estos empresarios, que según el informe fueron representados por Joseph Benoudiz, habrían sobrefacturado más de 12 millones de dólares, “en concatenación con lo que demuestran las pruebas anexadas al expediente respectivo”.

En el año 2012, estos empresarios habrían hecho creer a Bariven, filial de procura de la estatal petrolera venezolana Pdvsa, que compraba tuberías al gigante chino Liaoning Northem Steel Pipes Co., LTD, la segunda mayor fabricante del orbe, cuando en realidad Benoudiz y su socio Pablo Cárdenas constituyeron una empresa en el estado de Texas, Estados Unidos, con un nombre similar para así suplantar la identidad del proveedor asiático. Esto no habría sido posible sin la anuencia y complicidad de funcionarios a lo interno de la estatal petrolera venezolana, que recibieron sobornos a cambio de estos favores, una frecuente práctica dentro de la industria en las tramas de corrupción y lavado de capitales que han salido a la luz.



Estos hechos, que fueron investigados por la Comisión de Contraloría del Poder Legislativo contemplaron, además de la impostura de la identidad jurídica del gigante chino, la sobrefacturación en las órdenes de compra. A la acusación, Benoudiz respondió a los representantes del Parlamento con una carta que, lejos de allanar el camino de las pruebas con una explicación convincente sobre el hecho, terminó por añadir nuevas aristas de irregularidades a la investigación.

“La carta recibida en original y signada por el ciudadano Joseph Benoudiz (…) generó como consecuencia la evidencia de una mayor cantidad de irregularidades de las que ya se han podido analizar previamente con los documentos probatorios del expediente, irregularidades estas que son ADMITIDAS por el representante de la CONTRATISTA en su declaratoria”.

Así, el empresario franco-venezolano admitió ante los parlamentarios que otra empresa china llamada Shanghai Jiafang Steel Pipe Group Co, LTD le habría autorizado a licitar en su nombre ante el Estado venezolano, hecho que contraviene la normativa de los estatutos de Bariven, la cual se erige como la única para intermediar en estas operaciones, así como la violación a la Ley de Contrataciones Públicas contempladas en la Gaceta Oficial N° 39.503 del 6 de septiembre de 2010.

Admitió además, que se realizaron modificaciones  a las condiciones establecidas inicialmente en el contrato “lo cual presupone una infracción sobre los artículos 44, 46 y 96 de la Ley de Contrataciones Públicas de 2010”, como también su declaración sobre la falta de pago por parte de Bariven.

La responsabilidad sobre estos hechos recae sobre Javier Alvarado, quien ejerciera la presidencia de la filial de procura de Pdvsa, “que omite realizar alguna acción que conllevara a la rescisión del contrato actuando con negligencia e imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes y capitales de la Nación” hechos que hacen más peso en la declaratoria de responsabilidad política sobre Alvarado.

Sin embargo, este no es el único caso por el cual se señala a Benoudiz o sus socios de haber cometido presuntas prácticas corruptas y que con más razón debería encender las alarmas a lo interno de los organismos competentes para abrir las investigaciones de este caso.

Según el expediente número MP-268713-2015 que cursa en la fiscalía 67 con competencia nacional, el empresario y su socio Pablo Emilio Cárdenas, accionistas de la empresa estadounidense ATN Industries, INC y la venezolana Consorcio Pentamat, C.A, estarían presuntamente incursos en otra práctica de corrupción.

Se lee en el documento legal que los mencionados empresarios habrían “cometido hechos irregulares que presuntamente revisten carácter penal en contra del Estado venezolano” referido al cobro doble por la ejecución de contratos de instalación de tuberías en sistemas de agua en el estado Zulia, contratos celebrados entre dichas empresas y el Ministerio del Ambiente.

El cobro doble se concretó al recibir el pago por el contrato por parte del Ministerio del Ambiente y luego el Consorcio Pentamat, C.A.habría solicitado otra cantidad de dinero en divisas estadounidenses por el mismo contrato  a la extinta Comisión Administradora de Divisas (Cadivi).

La denuncia, interpuesta el 4 de junio de 2015 ante la Dirección Nacional Contra la Corrupción de la Fiscalía General de la República, también entregada por ante el despacho del Procurador General de la República, en septiembre de ese mismo año. A partir de estas fechas se han consignado escritos para solicitar el “impulso procesal”, sin resultado.

La trama de corrupción: cobro por aquí, y por allá también

En 2007, la entonces ministra de Ambiente Yuvirí Ortega y las empresas ATN Industries, INC con sede en Miami, estado de Florida en Estados Unidos y su representante en Venezuela, Consorcio Pentamat, C.A, cuyo representante legal es Pablo Emilio Cárdenas y Joseph Benoudiz, según el Registro Nacional de Contratistas (RNC), firmaron el contrato N° DGEA-DPPP-SAM-07-SUM-07-ZU-3735 que consistió en el suministro de tuberías de acero “para aducción presa Tres Ríos-Cerro Cochino-Winka” ubicada en el estado Zulia. El monto del contrato se pactó en 130 millones de dólares. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de http://www.caraotadigital.net