Contratista habría comprado apartamento en Miami para asesor de exministro de energía eléctrica

En 2015, el consorcio venezolano que recibió contratos para construir plantas eléctricas en Venezuela, giró instrucciones para pagar por un condominio en Miami a nombre del asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Venezuela, usando como intermediario la empresa Miami Equipment, cuyos dueños están siendo juzgados por lavado de dinerointernacional.

En el primer día del juicio contra los empresarios cubano-americanos, Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo acusados de lavar más de 100 millones de dólares a funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela, a través de una empresa de venta de equipos de construcción, los fiscales federales presentaron al jurado una factura de una compañía de títulos inmobiliarios que evidenciaba que la compañía de los acusados habría desembolsado 294 mil 897,50 dólares por asesoría de ingeniería para plantas eléctricas, cuando en realidad se habría tratado del pago de un apartamento en Miami a nombre de Eduardo Rafael Cid Montes, quien fuera ex asesor del entonces Ministro de Energía Eléctrica venezolano, Jesse Chacón.

La acusación del gobierno de los Estados Unidos contra los Díaz, asegura que los dos hombres usaron una empresa Miami Equipment & Export como un banco sin licencia, violando las leyes federales que regulan los negocios de transferencia de dinero, y además se les acusa de haber lavado cientos de millones de dólares cuyos beneficiarios eran funcionarios o empleados de entes gubernamentales de Venezuela (Pdvsa y Cadafe).

KCT un cliente muy importante

Una de las empresas que habría usado la compañía de los acusados para lavar dinero es el consorcio KCT, una contratista del Estado venezolano que ganó multimillonarios contratos públicos.

Se inició el juicio

El juez de Distrito, William H. Pauley III, abrió el juicio este lunes seleccionando el jurado que quedó conformado por 12 mujeres y 3 hombres, en su gran mayoría simpatizantes del partido demócrata y admiradores del expresidente, Barack Obama.

Fiscalía logra su cometido

A primera hora de la mañana los fiscales del caso pidieron al juez Pauley III que permitiera  que el jurado conociera e identificara a los funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela que se beneficiaron de las transferencias ilegales hechas desde la cuenta bancaria de la empresa de los acusados. El fiscal auxiliar del caso dijo que es muy importante descubrir la identidad de los funcionarios públicos para que se entienda la razón por la cual las transacciones hechas por los Díaz eran suspicaces.

La fiscalía sostuvo que el dinero envuelto en el caso Díaz debió haber sido regulado porque la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCen) tiene reglas específicas sobre las transacciones que se hacen desde Venezuela, al igual que Corea del Norte o Irán, que forman parte de la lista de países de alto riesgo para el lavado de dinero.

Los fiscales señalaron que el consorcio venezolano KCT tiene cuentas bancarias en todo el mundo, pero las transacciones se dirigían exclusivamente hacia las Islas Británicas, España y Panamá.

Cuando el juez Pauley III aprobó la petición de los fiscales para identificar a los funcionarios del gobierno venezolano que recibieron el dinero, la defensa se quejó y dijo que el caso trataba de la violación de la ley en los Estados Unidos y el hecho de mezclar a funcionarios de un gobierno como el que existe en Venezuela, donde existe una dictadura, le haría mucho daño a los acusados porque, según los abogados, sus clientes no sabían quiénes eran esos individuos a quienes ellos hacían las transferencias de dinero.

La defensa sostuvo que la evidencia relacionada con la identificación de los funcionarios del gobierno no es importante, porque lo que el jurado tiene que saber es que la compañía KCT hacía proyectos importantes para el gobierno, pero que los dosacusados no sabían que había corrupción en Venezuela. "Mis clientes no han estado vinculados en corrupción, tocar el tema de Venezuela podría crear confusión en el jurado", acotó la defensa.

La fiscalía respondió que se necesita mostrar que las transacciones que se hicieron a lo largo de la conspiración ?que va desde 2010 hasta 2016? eran para personas vinculadas al gobierno de Venezuela. "Necesitamos informar quiénes eran y qué posiciones ocupaban en las agencias gubernamentales", argumentaron.

Los fiscales aclararon además que no tenían la intención de focalizar la presentación de evidencias a lo que ocurre en Venezuela, sólo se debe informar al jurado que los acusados sabían lo que estaban haciendo y acordaron hacerlo cobrando para ello un porcentaje por cada transferencia. Para soportar cada envío de dinero, los acusados utilizaron facturas falsas de servicios profesionales que nunca se prestaron o consultorías que no existían y, obviamente, los demandados sabían que sus clientes eran del gobierno venezolano y que las transferencias de dinero era producto de la corrupción.

El juez Pauley III aprobó la petición del gobierno y decidió instruir al jurado sobre el tema, mencionado los nombres de los funcionarios que se habrían beneficiado, entre quienes destacó el nombre del actual embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez Carreño, y el de su hermano, Fidel Ramírez Carreño, así como el de Rafael Cid Montes, entre otros. Nombraron además varias empresas, entre las cuales destacó Cuba Petróleo y Materiales Manzanillo C.A

Un juicio de dos semanas de duración

El juez abrió el juicio señalando que el proceso durará dos semanas en las cuales el jurado conocerá las evidencias que presentará la fiscalía para probar, más allá de la duda razonable, que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, son culpables de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y de haber lavado más de 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela.

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Fuente: Con información de Maibort Petit - http://www.miamidiario.com