Celada en La Campiña

El martes 21 de noviembre a las 9:30 am salió de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta una comisión de cinco oficiales hacia la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña.

El grupo enviado por el jefe de la Dgcim, general de división (Ejército) Iván Hernández Dala, estaba encabezado por el jefe de Apoyo a la Investigación Penal y Criminalística, general de brigada (GN) Ramón Balza Liota, quien anteriormente se había desempeñado como agregado militar de ese componente en Cuba, de acuerdo con un reportaje de Javier Ignacio Mayorca en Tal Cual..

La presencia del alto oficial en este grupo evidenciaba de la importancia que el Gobierno daba a las acciones que serían emprendidas minutos después. Lo acompañaban el mayor Freddy Obregón y los tenientes Johann Goitia, Franklin García y Pedro Duque. La misión era ejecutar una orden tribunalicia.

Los militares interrumpieron una reunión que se desarrollaba en la sala B del complejo Simón Bolívar, en la planta baja de la torre Este de la estatal petrolera, donde seis representantes de Citgo intentaban explicar los planes para refinanciar la deuda externa de la corporación y así obtener “dinero fresco”.

El general Balza ordenó que los ejecutivos pasaran a la sala C, e inmediatamente procedió junto con los demás oficiales a despojarlos de todas sus pertenencias, sin testigos consignados en actas ni fiscal del Ministerio Público. Quedaron en custodia computadoras portátiles, unidades de memoria, teléfonos celulares y documentos de identificación. Allí estaban José Ángel Pereira, presidente de la filial inscrita en Delaware; Tomeu Vadell Recalde, vicepresidente de Operaciones de Refinación; Alirio José Zambrano, gerente general de la refinería Corpus Christi (una de las tres propiedad de la corporación); Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización; Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones con Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos, y José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos.

Aunque el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab los describió como “altos directivos”, en realidad el único integrante de la Junta Directiva (board of directors) era Pereira. Los demás efectivamente son empleados de suma importancia para la empresa, pero no del grupo que podía comprometerla desde el punto de vista financiero.

Los otros integrantes de la Junta Directiva eran hasta la semana pasada Guillermo Blanco, Nelson Ferrer (director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco), Ysmel Serrano (antiguo Secretario de Comercio del gobierno de Aragua durante la gestión de Tareck el Aissami, nombrado en febrero vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa) y Rick Esser (vicepresidente de Cumplimiento).

Aunque los detenidos son nacidos en Venezuela, por lo menos cuatro tenían ya nacionalidad estadounidense, a juzgar por los pasaportes que quedaron en manos de los militares: Vadell, Toledo, Cárdenas y Zambrano.

Investigación…desde la víspera

Pereira y el resto de los representantes de Citgo fueron recluidos desde entonces en los calabozos de la Dgcim Boleíta. Solo salieron del sótano 1 para participar en la audiencia de presentación ante la juez tercera de control del Área Metropolitana Rosvelin Gil, quien como era de esperarse ratificó las detenciones por los supuestos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Al hablar de lavado de dinero y concierto para cometer delitos se podría pensar que la irrupción militar en Pdvsa La Campiña fue la coronación de una ardua y prolongada pesquisa.

En realidad, según fuentes ligadas a este caso, las diligencias llevadas a cabo hasta el momento de escribir esta columna tan solo ocupaban media resma de papel. El expediente comenzó a formarse el lunes 20 de noviembre, apenas un día antes de las detenciones, sobre la base de lo que William Saab denominó “información de inteligencia”. Estos datos no eran otra cosa más que los documentos del preacuerdo entre la junta directiva de la filial, encabezada por Pereira, y las corporaciones Frontier Group y Apollo Global, que en junio habían mostrado su disposición de lanzarse en una aventura de altísimo riesgo: aportar hasta cuatro millardos de dólares a una empresa en default, que desde agosto es afectada por una prohibición de financiamiento impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de las sanciones al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Durante la audiencia de presentación, Pereira argumentó en su defensa que el financiamiento –de haberse logrado- hubiese servido para fortalecer el llamado “proyecto Aruba”, cuya refinería según sus propios cálculos hubiese levantado la producción de crudo venezolano hasta 300.000 barriles diarios. Pero nada de eso se dio, pues hasta ahora no hay evidencia de que las negociaciones con Frontier y Apollo se hubiesen concretado con las formalidades de ley.

El martes dos abogados, Aníbal Ruiz y el exfiscal Víctor Pacheco Rojas, intentaban asumir la defensa de los detenidos. Ruiz se abstuvo de declarar con el argumento de que finalizaba un escrito de apelación. Mientras tanto, el fiscal designado por la ANC amenaza con nuevas detenciones. Pero ya el resto de los directivos de la filial están advertidos. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS)

Fuente: Con información de Javier Ignacio Mayorca - http://www.talcualdigital.com