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lunes, 3 de julio de 2017

Más de 60 minas ilegales funcionarían en Amazonas

En el estado Amazonas se denuncia la existencia de 63 asentamientos mineros ilegales, integrados por 8.000 a 10.000 personas involucradas en las minas de oro. Esto ocurre pese a que la explotación minera está expresamente prohibida sobre los 184 mil kilómetros de este importante territorio, donde nace el río Orinoco, de acuerdo con un reportaje de El Pitazo.

De la zona, 65% la conforman los parques naturales Cerro Yapacana, Parima-Tapirapecó, Duaida-Marahuaka, La Neblina, Reserva de Biósfera Alto Orinoco-Casiquiare, y otras zonas protectoras, reservas forestales y monumentos naturales. Esta vasta extensión de territorio, cuya vía de penetración es fluvial o aérea, está habitada por 20 etnias, en la que predomina la población Yanomami.

Las organizaciones de la región, junto a los representantes indígenas, han alertado sobre el incremento de la minería ilegal y las terribles consecuencias que se viven en los poblados del interior del estado, donde yace ese submundo del oro dominado por distintos actores y nacionalidades como brasileños, colombianos y venezolanos. Además de la preocupación que genera el impulso que tiene este año el plan Arco Minero del Orinoco, en el vecino estado Bolívar, cuyos efectos podrían abarcar también a Amazonas.

La oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho junto a la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas y de la Naturaleza del estado Amazonas adelanta un nuevo diagnóstico sobre este problema. Precisamente, Héctor Escándell, geógrafo, egresado de la UCV, jubilado del Ministerio del Ambiente, y en la actualidad facilitador de proyectos en la oficina de DDHH del Vicariato, en entrevista informó que “ellos lograron identificar más de 63 sitios de mina en su territorio, lo conocen, saben que existen y que tienen mineros. Se está hablando de lugares como Alto Ventuari, Manapiare, Guainía, Sipapo y Autana”.

Diez mil mineros

A principio de 2017 la cifra era menor; “por lo menos unos 56 sitios de minas”, de acuerdo con la publicación realizada por la Red de Defensores indígenas en la revista la Iglesia en Amazonas, cuyo artículo refiere que estos puntos están dispersos sobre principales cuencas hidrográficas en Orinoco, Atabapo, Río Negro, Ocamo, entre otros caños menores.

“A ciencia cierta no sabemos el número de mineros que hay, pero las estimaciones hablan entre 8.000 y 10.000 personas, dependiendo de las épocas del año. Incluye mineros y la gente que hace economía alrededor, porque la minería es más que el acto propio, como la de los alimentos y de combustibles, que se convierten en negocios ilícitos que respaldan también esa economía ilícita”, acotó el especialista.

“La actividad minera es puntual, se desenvuelve en sitios pequeños, donde un sitio de mina puede tener dos, tres o diez hectáreas, dependiendo del oro que haya allí. Lo cierto es que los efectos ambientales y socio ambientales no se quedan en ese sitio, sino que están en todo el impacto como la contaminación”, destacó Escándell.

La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia) y la Coordinación de la Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (Coiam), ya en abril del año 2016 solicitaron al presidente de la República, Nicolás Maduro, adoptar medidas “urgentes” frente a la creciente minería ilegal en ese estado. En la revista La Iglesia en Amazonas, en su edición de diciembre pasado, expresan “una profunda preocupación” por la minería del oro en varias zonas, que se han ido elevando desde el año 2014 y que afecta a numerosos pueblos y comunidades indígenas.

Según sus reportes esta actividad ha causado una evidente destrucción en zonas como “Parque Nacional Yapacana, y en los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo, Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Maniapiare, Ventuari, Parucito-Majagua, Parú, Asita, Siapa y otros, así como contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas que altera el ecosistema fluvial y la deforestación de selva tropical”.

El control de las minas

El gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, recordó que en varias ocasiones ha denunciado este problema de la minería ilegal, incluso, sin tomar en cuenta amenazas contra su vida o la de su familia. “Cuando a mí se me preguntan por el tema de las minas, es para mí algo realmente indígnate pensar que el Estado venezolano ha propiciado que elementos extraños manejen estos, porque ni el Banco Central y ni bancos venezolanos se benefician de ningún gramo de esto que se está extrayendo, pero indudablemente que esos destruye nuestra naturaleza, genera prostitución, negocios sucios y, finalmente, todas esas toneladas de oro van a otros países; van al mercado internacional”.

Recordó que la minería en Amazonas siempre va a ser ilegal, porque en el estado hay una resolución presidencial, Decreto 269, para la no explotación de minerales preciosos en el estado, firmado desde la presidencia de Carlos Andrés Pérez, en su primer gobierno.

Para Guarulla “duele ver que ya no es la cabecera del Orinoco ni el cerro La Neblina, sino que se ve cómo es afectado todo el Orinoco medio, todo el río Manapiare, que se conecta con el estado Bolívar, y allí existe una mina incontrolable que está contaminando las aguas de los ríos pequeños, afluentes del Orinoco. A la larga se verán las cosecuencias graves”.

“Por supuesto, las minas no es solo el tema grave de Amazonas, es la droga y el lavado de dinero que se viene produciendo”, detalló Guarulla, y agregó que “finalmente el gobierno venezolano ha pretendido vender el estado Amazonas a las trasnacionales, mucho antes que el Arco Minero, porque ya Venezuela había hecho un convenio con una trasnacional de China para la prospección de minerales estratégicos como el coltán; pero también se estaba hablando del uranio. Entonces, eso es muy grave porque se está haciendo a espalda de todos los venezolanos”.

Caldo de cultivo

Para monseñor Jonny Reyes, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, no se hace extraño escuchar hablar de la minería ilegal en la región, aunque reconoce que ni él ha podido evidenciarlas por el máximo control que existe para penetrar hacia ciertos lugares de los municipios del sur de Amazonas, donde se hace este negocio.

Sin embargo, dijo que de este “coto cerrado” que es la minería ilegal se hace el caldo de cultivo de las mafias, es decir, “eso está en estatus de mafia”. (…) yo no puedo decir quiénes son (…) esas otras fuerzas que están metidas en esto, pero que allí están”.

“Aquí esto es tan grande, que a veces no le paramos”, describe Reyes, al tiempo que asegura que “hay formas de control que no permiten el acceso para allá, de periodistas o gente de Derechos Humanos, o querer realizar una misa, porque eso se ha hecho un coto cerrado y ellos hacen y deshacen”.

Quieren ser escuchados

La integrante la Red de Defensa Indígena, Mileidys Guerrero, indicó que se han unido varios representantes indígenas de los distintos municipios de Amazonas para hacer que se respete la autonomía que deben tener los pueblos originarios, los derechos fundamentales de esas comunidades y también se defienda la naturaleza. Entre sus exigencias está el cese de la violación a su derecho a recibir combustible porque es primordial para desplazarse por el río desde su comunidad hasta Puerto Ayacucho y es fuente fundamental para alimentar las platas eléctricas o activar las máquinas para la elaboración de sus alimentos, como el mañoco.

La segunda preocupación de Guerrero radica en la práctica de la minería ilegal en el estado Amazonas, específicamente en el municipio Atabapo. Ellos ven cómo a su madre tierra la están desangrando; cómo están contaminando sus aguas a través del uso del mercurio y están acabando con la biodiversidad. Se trata de una amenaza a la propia vida humana.

Nieves López, representante de la etnia Baré, agregó que esta minería trae consigo drogadicción, alcoholismo, enfermedades como el VIH, contaminación de las aguas del río padre, el Orinoco.

Ambas representantes destacaron que se han realizado mesas de trabajo conjuntas y se han presentado informes ante la Defensoría del Pueblo. Están esperando respuesta a sus planteamientos, sobre todo en lo relacionado a la desviación del combustible y los efectos de la minería. De no ser escuchados, advierten que acudirán a instancias nacionales.

Fuente: Con información de Nancy Faría Lugo - https://elpitazo.com

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