El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó por “lavado de activos de origen delictivo” y embargó por diez millones de pesos argentinos al empresario Juan José Levy y demás responsables del laboratorio “Esme” y otras dos empresas de su familia, al dar por probado que hubo sobreprecios y otros delitos en exportaciones hacia Venezuela durante el kirchnerismo, al amparo de un fideicomiso firmado con ese país.Además, el magistrado anticipó que podrían abrirse nuevas investigaciones por otros casos “análogos” al que derivó en estos procesamientos contra otros exportadores a Venezuela y por ello ordenó a Nación Fideicomisos SA conservar “a resguardo seguro la documentación relacionada a la operatoria de compensación entre PDVSA Petróleo SA y empresas argentinas por productos exportados o vendidos en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Argentina”, según el fallo firmado el viernes último y al que accedíó Télam.
El fideicomiso con Venezuela se firmó bajo la gestión del actual diputado nacional Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal y por distintas irregularidades al respecto hay abierta otra causa penal que investiga la supuesta existencia de una “embajada paralela” en ese país, que habría negociado de manera independiente a la representación diplomática oficial.
De Vido fue vinculado con el ahora procesado Levy pero el ex ministro lo negó en distintas oportunidades.
El juez Aguinsky procesó sin prisión preventiva a Juan José, Carlos Alberto, Alejandro Javier Levy y Juan Ignacio Simó de laboratorios “ESME SAIC” y de “Bleu TEL SA” como coautores de “lavado de activos de origen delictivo” de manera habitual entre 2011 y 2015.
A todos les dictó la falta de mérito por otro delito que se investigaba, el contrabando.
Los Levy fueron embargados por diez millones de pesos casa uno, con prohibición de salida del país.
Y además el juez dispuso que la Aduana mantenga el llamado “canal rojo” obligatorio de control a “todos los embarques de mercaderías destinadas a la República Bolivariana de Venezuela por parte de Laboratorios ESME”.
También pidió medidas de prueba a la AFIP y ordenó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación que en 15 días envíe a su juzgado los registros de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y celdas de captación de las líneas usadas por responsables de Laboratorios ESME, de otra empresa investigada, “Corporación Gulfos SA” y los teléfonos personales de Juan José Levy desde seis meses antes de la firma de cada contrato de suministros con Venezuela.
El objetivo del magistrado es determinar con quién se comunicaron en el transcurso de cada negociación.
En la causa se investiga la firma de contratos de provisión de bienes y servicios en el marco del acuerdo binacional que establecía que debían ejecutarse a “precios competititvos a nivel internacional”.
Sin embargo para el magistrado se demostró que “las mercaderías vendidas, como así también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios ESME SAIC, Bleu TEL S.A. y Corporación Gulfos S.A., habrían sido sobrevaluados, esto es, contratados con precios mucho mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas argentinas a otros países”, sostuvo en el fallo.
Fuente: Con información de Télam - http://noticiaaldia.com
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