El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició este martes, 20 de junio, el proceso para remover a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Pese a que admitió el antejuicio de mérito interpuesto por el diputado Pedro Carreño, el artículo 279 de la Constitución es claro: los integrantes del Consejo Moral Republicano solo pueden ser removidos por la Asamblea Nacional. Ante este escenario, abogados constitucionalistas no descartan que el máximo tribunal vuelva a arrogarse las competencias del Legislativo para proceder.“La remoción de la Fiscal General está en manos de la AN y ésta no la va a destituir”, aseguró el abogado constitucionalista Pedro Afonso del Pino. Sin embargo, el también docente universitario señala que uno de los posibles escenarios es que el máximo tribunal se valga de “la tesis del desacato” para que Ortega Díaz deje de ejercer el cargo.
“Debemos estar atentos al TSJ, que ha sido el protagonista de este golpe continuado. Puede que se planteen suplantar a la AN y asuman las funciones del Legislativo. Eso fue lo que hicieron cuando publicaron las sentencias Nº 155 y Nº 156 en marzo“, recordó el abogado.
El abogado constitucionalista Carlos Ayala Corao no descarta que este escenario se produzca, pues advirtió que la apertura de un antejuicio de mérito contra la Fiscal de la forma en que se hizo es un “proceso irregular”.
La tarde de este martes el TSJ admitió el recurso interpuesto por el diputado Pedro Carreño que señala a Ortega Díaz de haber incurrido en faltas graves. Tras celebrarse la reunión de la Sala Plena, el máximo tribunal comunicó que la decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en la Constitución, en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.
“Es una retaliación a la Fiscal por haber ejercido sus funciones de salvaguarda del ordenamiento constitucional”, indicó Ayala Corao. Añadió que las acciones de la titular del MP no solo se circunscriben a su primera denuncia de la ruptura del orden constitucional, sino a una actuación progresiva tras los pronunciamientos en contra de las bases comiciales de la Constituyente y contra los magistrados del TSJ.
Para Ayala Corao, el TSJ se “excede” al valerse de la figura de antejuicio de mérito en una situación que no procede y advirtió que, de arrogarse las funciones del Poder Legislativo, se seguiría consolidando lo que calificó como “un golpe de Estado continuado”.
Ambos constitucionalistas consideran que la medida refleja que Venezuela se convirtió en “un Estado sin derecho” y que en el país existe “una usurpación de la soberanía popular”.
Del Pino indicó que, de arrogarse las funciones del AN y de remover a Ortega Díaz, entonces el máximo tribunal también podría designar un nuevo Fiscal General y deteriorar la autonomía del Ministerio Público.
“El TSJ está desafiando la soberanía popular. Avanza de una manera poco precavida y más allá de los constitucional. Está gobernando al país a punta de sentencias”, indicó Del Pino.
Fuente: Julett Pineda Sleinan - http://efectococuyo.com
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