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jueves, 9 de marzo de 2017

¿Por qué EE.UU. tiene información sobre actos de corrupción en PDVSA?

Por: Mariano de Alba - Desde el año 2015, un tribunal de Estados Unidos adelanta juicios contra ciudadanos venezolanos y extranjeros por sobornar a empleados de Bariven, una filial de PDVSA. Esto es posible conforme a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act oFCPApor sus siglas en inglés), cuya finalidad principal es prohibir y sancionar en Estados Unidos el soborno a funcionarios públicos extranjeros. Aunque inicialmente las noticias de estos casos fueron calificadas por PDVSA como producto de una “campaña de desprestigio internacional”, la compañía finalmente ha optado por participar en al menos un juicio, solicitando que se le declare como víctima y se le restituyan 600 millones de dólares en compensación por los actos de corrupción. El pasado 22 de febrero, el tribunal negó la solicitud de Bariven por anticipado, aclarando que podría reevaluarla cuando el juicio llegue a la fase de sentencia.

¿Cómo funciona la FCPA?

La FCPA es una ley estadounidense que prohíbe ofrecer o dar cualquier cosa de valor, de manera directa o indirecta, a un funcionario público extranjero para inducirlo a que abuse del cargo y otorgue una ventaja inapropiada a la persona natural o jurídica que realiza el ofrecimiento o la entrega de algo de valor. Esta prohibición es aplicable a las siguientes personas:

1. Emisores: cualquier compañía estadounidense o extranjera que tenga algún tipo de título-valor registrado en Estados Unidos, o que esté obligada a presentar informes conforme a lo dispuesto en el Securities and Exchange Act de 1934.

2. Personas estadounidenses: cualquier individuo que sea ciudadano, nacional o residente de los Estados Unidos, o cualquier compañía constituida bajo las leyes de Estados Unidos o que tenga su sede principal de negocios en dicho país; y

3. Cualquier ciudadano o compañía extranjera en el caso de que practique, directamente o a través de sus representantes, un soborno a funcionarios públicos extranjeros en territorio de los Estados Unidos.

La FCPA también contiene una serie de normas de contabilidad para empresas que califican como emisores, la cuales prohíben que se falsifiquen los libros de una compañía, que los registros no se lleven conforme a las normas aplicables y que la empresa no tenga un sistema de control interno para garantizar que las operaciones financieras sean realizadas con la debida autorización.

Las violaciones a la FCPA pueden generar responsabilidad civil o penal. En líneas generales, las empresas pueden estar sujetas a multas de hasta 2 millones de dólares. Los individuos se exponen a multas de 100.000 dólares y prisión de hasta 5 años por cada violación. El incumplimiento de las normas relativas a la contabilidad también puede dar lugar a multas o penas de prisión.

¿Por qué es posible que Estados Unidos
juzgue presuntos actos de corrupción en PDVSA?


Estados Unidos puede juzgar presuntos actos de corrupción en PDVSA porque quienes han sido acusados son personas o empresas a las que la FCPA es aplicable. El tribunal federal del distrito sur del estado de Texas está juzgando al menos a ocho personas. El caso más conocido es el de Roberto Rincón y Abraham Shiera. Rincón es un residente permanente de Estados Unidos que utilizó diversas compañías constituidas en ese país para asegurarse la adjudicación de contratos de PDVSA. Shiera es un ciudadano venezolano pero residente de Florida que además de hacer lo mismo que Rincón, fue su socio en varios procedimientos de contratación ante la filial de la estatal petrolera.

Rincón y Shiera son acusados de sobornar a cinco funcionarios de PDVSA para obtener contratos a favor de sus compañías. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, una vez recibidos los sobornos, los funcionarios de la estatal petrolera amañaban los procedimientos de contratación para que las compañías adjudicadas fueran las de Rincón y Shiera. Los sobornos otorgados involucraron la entrega de dinero, el pago de viajes, comida, entretenimiento y hasta el financiamiento de una hipoteca sobre una propiedad a nombre de un empleado de PDVSA en Texas. En total, Shiera y Rincón pagaron aproximadamente 790.000 dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en 16 millones de dólares.

En junio de 2016, Rincón se declaró culpable de algunos de los cargos por los cuales está siendo acusado y se espera que su caso se decida en junio de 2017. Shiera también se declaró culpable de algunos cargos en marzo de 2016.

El Departamento de Justicia adelanta acusaciones en contra de dos empleados de Shiera en Estados Unidos, Moisés Millán y Juan José Hernández-Comerma. Por otro lado, están siendo acusados tres exempleados de PDVSA, José Luis Ramos, Christian Maldonado y Alfonzo Gravina, quienes al momento de ser acusados residían en Texas. Finalmente, ha sido acusado el ciudadano estadounidense Charles Quintard Beech, quien al igual que Rincón y Shiera, utilizó diversas compañías constituidas en ese país para asegurarse la adjudicación de contratos.

En enero de 2017, Hernández-Comerma y Quintard Beech se declararon culpables de algunos de los cargos por los cuales están siendo acusados. Castillo, Maldonado y Gravina habían hecho lo propio en diciembre de 2015.

La solicitud de restitución de Bariven

A principios de diciembre de 2016, y en el marco del juicio contra Rincón y Shiera, Bariven solicitó que se reconocieran sus derechos como “víctima” de los sobornos conforme a una ley conocida como el Crime Victims Rights Act. La subsidiaria de PDVSA calculó las pérdidas por estos hechos en el orden de los 600 millones de dólares, cantidad que solicitó le fuera restituida.

Oponiéndose a la solicitud de Bariven, el Departamento de Justicia argumentó que la filial de PDVSA no podía “ser considerada como víctima porque fue cómplice en la conducta ilegal adelantada por los acusados”. En tal sentido especificó que “la información obtenida hasta ahora a través de la investigación demuestra que las acciones de numerosos empleados y ejecutivos de alto rango de Bariven podrían ser responsabilidad de la empresa y en consecuencia ésta podría llegar a estar sujeta a responsabilidad penal”. Finalmente, el Departamento de Justicia sostuvo que lo que Bariven estaba buscando con su solicitud era “obtener información confidencial en manos del gobierno estadounidense para transmitirla a los investigados y comprometer la investigación pendiente”.

La solicitud fue negada por el tribunal el pasado 22 de febrero al considerarla fuera del tiempo procesal. No obstante, aclaró que podría reevaluarla cuando el juicio llegue a la fase de sentencia. Sin embargo, luce improbable que el tribunal finalmente acepte la solicitud de Bariven pues esta situación ya se dio en un caso análogo contra la empresa Alcatel-Lucent por actos de soborno en Costa Rica.

En esa oportunidad, el Instituto Costarricense de Electricidad presentó una solicitud similar a la de Bariven, siendo ésta negada tanto por el tribunal de juicio como por el de apelación. El tribunal de apelación consideró que, en todo caso, el Instituto Costarricense de Electricidad podría ser calificado como co-conspirador en los hechos de corrupción, luego de que el Departamento de Justicia argumentara que “vista la profunda y omnipresente corrupción en los niveles más altos del Instituto, no era apropiado que se le considerase como víctima. Una empresa estatal en la cual la corrupción esté tan diseminada en su proceso de contratación no debe tener derecho a ser considerada como una víctima o a recibir algún tipo de restitución”.

¿Podrá recuperar PDVSA las pérdidas fruto de la corrupción?

Existe un debate en Estados Unidos sobre el destino final del dinero que es recuperado como consecuencia de la aplicación de la FCPA. Por ahora, la regla general es que se lo queda el Departamento de Justicia, aunque efectivamente los sobornos a funcionarios públicos extranjeros pueden ocasionar cuantiosas pérdidas a los países cuyos funcionarios fueron sobornados.

Ese no es el caso en la ley antisoborno, equivalente a la FCPA, que tiene el Reino Unido. Por ejemplo, en 2012, la Oficina de Fraudes del Reino Unido anunció que había acordado con la empresa involucrada en los hechos de corrupción, BAE Systems, un pago a Tanzania para financiar proyectos de educación.

Pero esa situación podría estar empezando a cambiar. El 21 de diciembre de 2016, la empresa brasilera Odebrecht se declaró culpable de sobornar a funcionarios públicos en diversos países del mundo. El esquema puesto en práctica utilizó el sistema financiero de Estados Unidos, en donde se crearon varias empresas de maletín para pagar los sobornos. Las acusaciones emitidas por las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil tuvieron como resultado que éstas acordaran que un 10% de los 2.600 millones de dólares que Odebrecht tendrá eventualmente que pagar irá al fisco estadounidense, otro 10% a Suiza y el 80% restante a Brasil.

Esto evidencia que mientras tanto no cambie la regulación anticorrupción en Estados Unidos o el criterio de sus tribunales, es necesario tener relaciones cordiales y de colaboración con las autoridades del Departamento de Justicia si se desea recuperar el dinero que se ha perdido como consecuencia de hechos de corrupción.

Fuente: Mariano de Alba - http://prodavinci.com

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