Venezuela había acudido el año pasado a la corte estadounidense para apelar la decisión emitida por el CIADI y anular el laudo arbitral, que en abril de 2016, ordenó a Venezuela pagar a Crystallex USD 1.202 millones por daños y perjuicios, más los intereses devengados, lo que suma USD 200 millones adicionales, contados a partir de abril de 2008, por un total de USD 1.400 millones, considerada una de las compensaciones más altas otorgadas por la institución.
Originalmente, la compañía reclamaba una indemnización por USD 3.100 millones, tras la expropiación de la que fue objeto en 2011, cuando el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez nacionalizó la industria aurífera, mientras esperaba los permisos para explotar la mina que operaba como una concesión del Estado venezolano. La nacionalización del sector obligaba a las compañías privadas a conformar empresas mixtas en las que el Estado tendrá la mayoría accionaria.
Esta es apenas una de unas 20 demandas que cursan ante el CIADI contra Venezuela, que en 2012 anunció su retiro de esa instancia.
Tampoco es la primera que entabla Crystallex contra el país sureño. En noviembre de 2015, la minera canadiense demandó a la estatal venezolana Pdvsa, ante la Corte de Distrito de Delaware, en Estados Unidos, para exigir a la estatal venezolana el pago de una compensación de cerca de USD 2.800 millones de dólares, también por la expropiación de Las Cristinas. Entonces, Crystallex denunció que la petrolera venezolana emitió deuda para dejar a sus filiales en Estados Unidos sin activos líquidos, lo cual le impediría lograr la indemnización que reclamaba.
Fuente: Con información de Ingrid Rojas Rosales - http://lexlatin.com - Agencias
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