Contratista de Pdvsa señalado de corrupción había sido acusado por violencia de género

"La publicación de una parte de las evidencias que prueban los sobornos pagados por las empresas Castillomax Oil & Gas, Guevara Trading Company y NF a funcionarios de Pdvsa, en especial al ex gerente de la terminal José, Jesús Cornelio Osorio para lograr contratos con sobreprecio, inundó mi correo electrónico con información escandalosa sobre el empresario (...), Miguel Angel Castillo Lara",  informó la periodista Maibort Petit.
Corroborando parte de la información recibida, se constató que Castillo Lara, usando sus contactos y recursos económicos, consiguió que una juez del estado Vargas decidiera a su favor para quitarle la patria potestad de sus tres hijos a su exesposa, a quien -incluso- había golpeado, por lo cual fue denunciado ante el tribunal. Ver documento original aquí.

 

De acuerdo a la documentación del tribunal, Castillo Lara es objeto de una investigación penal que tiene lugar en la Fiscalía 4ta del Ministerio Público del Estado Vargas, en la que se lo señala de cometer violencia de género, violencia psicológica y acoso en contra de su ex esposa y madre de tres hijos.

Una jueza complace a Castillo Lara en Vargas

Según documento del citado tribunal, en marzo de 2016, la jueza segunda de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, María Eugenia Bedoya González, dictaminó que la ex esposa de Castillo Lara ya no tendría la guarda y custodia de sus hijos de uno, tres y 7 años de edad.

De acuerdo a los abogados que defendieron a Arlene Rodríguez (ex esposa), la decisión de la jueza Bedoya González contravino el debido proceso, el derecho a la defensa y lo establecido en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, LOPNA, que en su artículo 360 establece que los niños menos de 7 años no pueden ser separados de su madre.

En aquel momento, los especialistas aseguraron en un comunicado público que la jueza Bedoya González desatendió el mandato de la LOPNA en el proceso de divorcio de la susodicha Arlene Rodríguez y Miguel Ángel Castillo Lara.

Dice el comunicado que "Sin prueba alguna y alterando el orden jurídico, Bodoya González tomó la despreciable decisión de separar a los niños de su madre, al igual que cercenó el derecho a la defensa de Arlene Andreina Rodríguez González de su legítimo derecho a la defensa y el debido proceso como lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 49".

Igualmente, la Juez Provisorio del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, desestimó la orden que dicta el artículo 80 de la LOPNA de escuchar el testimonio de los niños antes tomar una decisión y, al mismo tiempo escuchar la opinión de un equipo de profesionales multidisciplinario sobre el caso en cuestión.

Más adelante, los abogados de Rodríguez señalaron que "No conforme con las irregularidades ya señaladas, la jueza Bedoya González incurrió en otros vicios, como la alteración de los lapsos procesales, la negativa a entregar el expediente, la alteración de las actas, actuar con parcialidad y discriminación al atender extremadamente rápido en las peticiones de la otra parte y negar todas las peticiones de la madre, dejando más que evidenciada la clara parcialidad con el accionante Miguel Ángel Castillo Lara".

Parte de los alegatos de Miguel Castillo en contra de Arlene Rodríguez y de los que la jueza María Eugenia Bedoya González, se hizo eco, fue la publicación de unas fotografías en su cuenta de la red social Facebook a las que atribuye un carácter inmoral cuando en las mismas no hay nada que suponga un mal ejemplo o carácter impropio.

Sin especificar cómo esa serie de fotos constituían una violación de la ley, la juez ordenó borrarlas de la cuenta Facebook al tiempo de atribuirles un carácter de prueba sin que se explicara para nada su naturaleza, ni cómo afectaba a los menores, ni porqué determinaban la sentencia adoptada, dicen los defensores.

"En tal sentido, la comunidad de padres y representantes de la institución educativa en la que estudiaba la mayor hija de la pareja salió en defensa de Arlene Rodríguez y negó que la niña fuera objeto de bullying por las fotos de su madre en las redes sociales como sostuvo Miguel Castillo y la jueza lo secundó", señala el comunicado.

Para ese momento, Rodríguez acusó formalmente a Miguel Ángel Castillo Lara de acoso y de valerse de su posición económica y vínculos con el poder para mantener en constante zozobra a la madre y abuelos maternos. Los padres de la mujer pidieron protección a las autoridades, tal como se puede leer en el documento de la corte. Ver aquí.

Igualmente, Miguel Castillo Lara amenazó en marzo de 2016 con sacar a los niños del país, al tiempo que Rodríguez intentó recusar a la juez Bedoya González por actuar fuera de la ley.

Nuevamente, Miguel Castillo Lara hizo uso de su poder e influencias políticas para que las decisiones del Tribunal Superior en la que cursaron ambas acciones legales, resultaran en su favor, aseguraron los abogados de Rodríguez.

El caso no ha concluído

La defensa de Rodríguez denunció a la juez y llevó el caso a instancias superiores en los meses siguientes a la decisión contraria a derecho.

Los abogados, conscientes de las injusticias del caso, prepararon una fundamentación que reforzó la denuncia ante la dirección de corrupción de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) contra la juez Segundo de Sustanciación y Mediación del Tribunal de Protección del estado Vargas, Bedoya González por el caso de los 3 menores que separó de su madre.

La denuncia obedece a los presuntos nexos de familia que unen a la juez Bedoya González con el abogado Darling Alexander Hernández Guerrero, quien es el vínculo entre la juez y el contratista de Pdvsa, Miguel Angel Castillo Lara. Hernández Guerrero es, a la vez el representante legal de la empresa Castillo Max Oil & Gas.

La denuncia presentada al DEM incluye otras irregularidades relacionadas con este sonado caso del tribunal de menores del estado Vargas.

Fuente: Con información de Maibort Petit - https://maibortpetit.blogspot.com