PETROMONAGAS. De un lector: Hay muchos rumores sobre posibles cambios en la estatal PDVSA y las empresas que conforman la Faja Petrolífera del Orinoco. Entre estas se encuentra Petromonagas, la cual hasta ahora está siendo presidida por un Ing. de apellido Sifontes, de quien se dice pudiese pronto ser designado para ocupar un puesto de mayor jerarquía. Hay quienes aseguran que será el sustituto de Orlando Chacin, actualmente Vicepresidente de Pdvsa.
Lo cierto del caso es que al parecer un historial negativo por manejos indebidos, cuestiones de presuntos tráficos de influencia, mal manejo de fondos y pare usted de contar, sucedidos dentro de la industria, le granjean duras críticas a Sifontes. A parte de que en el plano laboral ha dejado mucho más que desear. Existen casos donde se habla de supuesta “operación colchón”, como el de la situación lamentable vivida por una funcionaria del Departamento de Asuntos Públicos de apellido Ramos, del cual en próxima oportunidad comentaremos.
– William Brito
RUMORES. Rumores y más rumores en las redes sociales.
/---/ Investigaciones sobre presunto lavado y legitimación de capitales podrían próximamente llevar a juicio en EEUU a más de una docena de banqueros suramericanos, contra los que habría medida judiciales en sus respectivos países. Connotadas fiscalías que han adelantado recientes procesos polémicos contra venezolanos por tráfico de estupefacientes son mencionadas.
/---/ Comentarios y más comentarios sobre investigación en EEUU en torno a extrañas operaciones financieras y capitales de personajes que han estado ligados a la CVG. Omar Berto Montaño es mencionado.
/---/ Madre de protagonista de presunto hurto de 300 mil dólares en Naiguatá, en residencia de personaje financiero, habría atropellado y dado muerte el pasado 01 de enero a ciudadana en dicha localidad, mientras conducía camioneta Ford Runner en estado de ebriedad, en la cual luego se habría dado a la fuga. Mencionan gastos que supuestamente podría sufragar el citado personaje financiero. Señalan que fallecida laboraba como cajera en Club Camurí Grande y que se habrían fugado de la escena dos mujeres jóvenes. Aseguran que pareja de la víctima habría incendiado vehículo en Naiguatá.
– Daniel Morales
COMPRA DE MOTORES. El pasado 5 de noviembre alertamos en
Verdades y Rumores sobre la irregular compra de “emergencia” de seis motores franceses marca
Baudouin (…) A raíz de nuestra denuncia el presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, paralizó una parte del proceso. Sólo pudieron impedir en aquel momento la compra del lote de repuestos, porque los motores ya habían sido pagados y estaban en camino a Venezuela. Pues los seis motores marinos llegaron con una sorpresita: no traían la transmisión. Si el escándalo no hubiese estallado eso hubiera generado otra compra de emergencia para adquirir las transmisiones, pero ante las investigaciones en marcha los enchufados están tratando de adaptar las transmisiones viejas para no levantar sospechas. Incluso las pintaron del mismo color de los motores para tratar de engañar a los investigadores. En este momento tres de los 42 remolcadores que fueron comprados en 2010 como un favor a un aliado italiano, están en el Muelle Bolívar en Ciudad Ojeda siendo preparados para la instalación de los nuevos motores. Estos por ser de 12 cilindros en V y no de 6 en línea como los que usaban los barcos, van a ocupar más espacio y por eso se hace una costosa modificación de las salas de máquinas. Cada motor tiene un valor en el mercado de $450 mil, o sea que en este primer lote PDVSA pagó $2.700.000
¿Cuál es el ilícito? Tal como explicamos en el primer trabajo, esos remolcadores no necesitaban motores nuevos porque estaban parados por otros daños no relacionados con la motorización. Pero como reparar esos daños no dejaba ganancias en dólares, los autores intelectuales y materiales crearon una nueva emergencia y compraron en menos de un mes y medio esos motores y les quedó una buena comisión en dólares. Los culpables son OB y GP a quienes llaman “El Dúo” porque con sus acciones han logrado acumular un dineral en los pocos meses que tienen en cargos gerenciales. En tiempos normales una compra de equipos puede tardar hasta dos años, pero los gerentes apelaron a la figura de la “emergencia” para evadir los procesos legales. En este momento la única emergencia real a nivel de operaciones acuáticas en PDVSA tiene que ver con la necesaria compra de plantas generadoras, porque hay unos 50 barcos inoperativos por esa razón. Y además la compra de motores para lanchas. El proceso normal para comprar esas plantas ya tiene un año y medio y aún no tiene para cuando terminar
¿Por qué esa marca francesa que nunca usaron en PDVSA? Porque “El Dúo” no tenía relaciones con los proveedores tradicionales y apelaron a uno nuevo para ganarse un buen dinero. Por cierto, le informo a Eulogio del Pino y a Orlando Chacín que los destituidos por el guiso no son los responsables directos. “El Dúo” sigue operando sin ningún problema.
– Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez – http://verdadesyrumores.com
“TROIKA BANK”. Me informan que uno de los más prominentes miembros de la “Troika” ahora es un nuevo banquero. Lo acaban de designar en un alto cargo de una de las instituciones financieras del Gobierno nacional y ahora prefiere que lo llamen “el banquero”. Pobres ahorristas de ese banco. Esperemos los primeros guisos.
– Con información de Verdades y Rumores - Darwin Chávez – http://verdadesyrumores.com
FLORIDA. De un lector: Al contratista petrolero Pedro García, desaparecido después de una incautación de presunta droga en su yate Open Bar meses atrás en Oriente, le atribuyen una mansión en Coco Plum Beach (Florida, EEUU), a donde supuestamente se mudó, y donde también habría comprado recientemente un yate de 90 pies que haría contraste con su bronceada piel. El mismo es familiar de un funcionario de la Faja Petrolífera. (…) Es incomprensible que en dicho caso los organismos competentes de la justicia no hayan procedido aun a nivel internacional.
- Eduardo Castillo
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| Jesús Lazo |
SANTO DOMINGO, TERRITORIO FAVORITO DE LOS MILLONARIOS VENEZOLANOS. La fortuna de los venezolanos presuntamente estafados en el Banco Peravia, en la República Dominicana, genera muchas preguntas. Sobre todo una: ¿De dónde salen tantos millones de dólares? Finalmente se comienzan a conocer los nombres de algunos venezolanos cuyo dinero quedó atrapado en las bóvedas del Banco Peravia, en Santo Domingo. Mucho dinero, por cierto. Basta con empezar a hurgar en lo poco que se sabe de Luis Rafael Ríos Virla -el presidente de Beyond Techonolgies que se hace llamar militar retirado-, para concluir que su historia es, como mínimo, confusa. Y no es el único. La empresa de Luis Rafael Ríos Virla sólo ha realizado contrataciones con el estado venezolano y de allí su fortuna. Hoy, Ríos Virla es hoy uno de los protagonistas principales del escándalo del Banco Peravia, dado que sostiene que la entidad le adeuda 2,5 millones de dólares y que su reclamo culminó en un intento de secuestro por un grupo paramilitar, ordenado por los dueños del banco. Su abogado dijo que el interés de los dueños del banco era que Ríos “no regresara más al país (República Dominicana).” Por lo que cabe suponer que el empresario vive en España, donde mudó su empresa. De hecho, hasta mayo de 2001, Beyond Techonologies aparecía registrada en el estado de La Florida, Hialeah para más señas. “Beyond Tech Comm. Ca, Inc. ya no está activa, de acuerdo al Departamento de Estado de La Florida”, indicaban documentos oficiales. Y si bien también mantiene un despacho en Caracas, informes oficiales demuestran que Ríos Virla mudó la empresa a Madrid, Paseo La Castellana, 95 PL., pero luego la trasladó a Plaza Cataluña, número 20, Barcelona, de acuerdo al boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona. Allí publican que fungió como Apoderado por 5 años y medio (desde el 2009) y ahora es su Administrador Unico. La última actualización oficial de su empresa en España data de marzo de 2014. Lo siguiente que sabemos de este venezolano es que, desde la República Dominicana, declaró a la prensa que era dueño de la empresa Union de Seguros, pero el Superintendente de Seguros de la República Dominicana, Euclides Gutiérrez, negó lo aseverado por Luis Ríos Virla, quien alegaba haberla adquirido a través de un contrato de venta. Gutiérrez aclaró que “la Superintendencia de Seguros recibió la notificación de la compra de las acciones de esa compañía de Seguros por parte de Ríos Virla, pero la misma le fue devuelta sin haberse aprobado, ya que en la solicitud de aprobación de esta compra no se cumplió con las formalidades que expresa el artículo 36 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas”. Otra venezolana que aparece en la querella contra el Banco Peravia es Bertha del Carmen Fernández, quien les reclama tres millones de dólares más 35 millones de pesos dominicanos, equivalente a otros 783 mil dólares. Ella es la Presidenta de Consultores Nespir C.A, Rif: J308983195, ubicada en Puerto Cabello, empresa cuyo objeto social es, según el Registro Nacional de Contrataciones, “IMPORTACION, EXPORTACION, COMPRA-VENTA, AL MAYOR Y DETAL, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, ENSACADO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL RAMO AGROINDUSTRIAL; Y EN ESPECIFICO, TODO LO RELACIONADO AL MANEJO, ENSACADO, MEZCLADO, ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE FERTILIZANTES ORGANICOS”. Nespir C.A. negocia exclusivamente con Servifertil, una empresa que, de acuerdo con el portal Soberanía, se había dado gracias a Saúl Ameliach, Jesús Lazo, José l. Pérez y Carlos Wetter todos provenientes del Grupo Holanda de Venezuela/Brentag y el Sr. Francisco Toro. Eduardo Prasel, ex presidente de Pequiven y futuro ministro de Carmona, fue quien transformó el complejo Morón en SERVIFERTIL. “Importar es el negocio. El verdadero negocio de fertilizantes para estos grupos no es producirlo en el país, sino importarlo. Explico por qué: con la contratación, transporte, ensacado y almacenamiento de todos los productos y materias primas que fueron importadas en el año 2004, se generaron una serie de procesos administrativos de emergencia que justificaron adjudicaciones directas, adecuación de almacenes de emergencia, pagos aduanales exagerados, y pagos de intereses de mora millonarios de aproximadamente 1.500 millones de Bs. Por eso han llevado las plantas al colapso de tal forma de poder justificar el cierre técnico de las mismas y, por ende, tener la justificación para realizar las importaciones libremente, pero utilizando las instalaciones de Morón como un gran depósito, ensacador y distribuidor. Casualmente lo que hace Nespir C.A.”, según indicaba una publicación de prensa que se remonta a 2007.
Otro de los venezolanos que han presentado querellas contra los ejecutivos del Banco Peravia por presunta estafa son:
- Sol María Sthormes Bolívar. En Venezuela tenía una agencia de servicios funerarios y dos empresas mas en Maracaibo. Ella reclamó 800 mil dólares.
- New Asia Novelty Co., Limited. Empresa de venezolanos sobre la que no existe mayor información. Reclama dos millones de dólares.
- Juan Carlos Gómez Urdaneta.- Reclamó un millón 800 mil dólares.
- Carmen Magaly Gamargo.- Tenía dos certificados de inversión por 23 mil dólares y otro por 400 mil pesos dominicanos. La entidad se comprometía a pagarle por concepto de intereses la suma de un 8% anual. El primero vencía el 23 de noviembre del 2012 y el segundo el 4 de abril del 2013.
También existía una querella por 20 millones de pesos dominicanos de una empresa venezolana que, según el abogado, desistió por amenazas de los banqueros.
Y aquí cabe una ultima pregunta, por ahora. ¿Con qué amenazaban los banqueros a algunos de sus clientes venezolanos?
– Con información de Konzapata.com - http://www.americaeconomica.com
SUMITO ESTÉVEZ Y CARLOS GARCÍA REALIZARON UN ESPECIAL CIERRE DE AÑO. La cocina es una de las áreas que tiene más empleados en el mundo, así que Sumito Estévez para finalizar el año habló con Carlos García sobre la importancia de la gastronomía en el país, no solo por las buenas degustaciones sino la cantidad de empleo que ofrecen al mercado. El cocinero de la casa, Sumito, dijo que hay muchos jóvenes trabajando en los restaurantes, “hay mucha ilusión en ellos, es la manera de decirles a todos que se puede seguir luchando por el país”, dijo. Además, hablaron sobre el proyecto de Barriga llena y corazón contento, que trata de ofrecer comida al Hospital JM de los Ríos. “Mi sueño es ver que las generaciones se van formando vuelvan con todos sus conocimientos y logremos avanzar en lo que queremos”, fueron las palabras de cierre del invitado Carlos García.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Hillary - Romero http://ondalasuperestacion.com
ENCUESTA. ¿Si se produjeran unas elecciones primarias, quien le gustaría que fuese el candidato del Psuv a la gobernación de Anzoátegui?
ENCUESTA. ¿Considera positivo y satisfactorio para Guanta el viaje de trabajo realizado por su alcalde en navidad?
INTERNACIONALES
(ESPAÑA) ALTA COCINA. Un total de 36 centros de enseñanza de 27 provincias contarán con representación en las semifinales de la V Edición del Premio Promesas de la alta cocina de Le Cordon Bleu Madrid. Se trata de un certamen de referencia en España que ofrece a los estudiantes de cocina de último curso la oportunidad de seguir formándose como grandes profesionales capaces de transformar la sociedad. La escuela está "verdaderamente satisfecha" con el nivel de participación de este año, que según los datos de la organización ha superado a las anteriores y refleja el gran interés que existe por la gastronomía. Los jóvenes María Lapeña Illera y Miguel Sorzano Cabrera, ambos del C.I.P.F.P Camino de Santiago de La Rioja son los encargados de representar a La Rioja en esta fase y competirán con participantes de todo el país para lograr un puesto en la final. Andalucía, con 9 representantes, es la Comunidad Autónoma con mayor número de seleccionados, seguida de Cataluña, con 7 seleccionados, y la Comunidad Canaria con 6 participantes cada una, respectivamente. Además de La Rioja, también estarán presentes autonomías con gran tradición gastronómica como Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, Castilla la Mancha, Asturias, La Rioja, Euskadi, Aragón, Murcia, Baleares y Madrid. Los concursantes tendrán hasta el 31 de enero para presentar una vídeo-receta que partirá de un elemento común para todos. Además de la valoración del jurado profesional de la escuela, los interesados en contribuir con su voto en la selección podrán ejercer como jurado popular en la página del Premio en Facebook hasta finales de febrero. Sólo los diez mejores se medirán en la final, que se celebrará en Le Cordon Bleu Madrid el próximo 20 de abril de 2017. El ganador logrará una beca del 100% para cursar un diploma valorado en más de 23.000? en Le Cordon Bleu Madrid, mientras que el segundo clasificado podrá estudiar un certificado en la Escuela valorado en más de 8.000? a escoger entre las disciplinas de Cocina, Pastelería o Cocina Española. Y para las escuelas, la organización premiará el esfuerzo de los centros con una ayuda económica de 1.500?, que se entregará al centro del primer clasificado.
PREMIO. El Premio Promesas de la alta cocina está dirigido a cocineros de hasta 25 años que cursan su último año de formación de un programa de cocina en alguna escuela española. Cada vez son más las escuelas y centros de toda España que apoyan el Premio presentando a sus alumnos. Tras varias fases de preselección, llegan a la gran final, en la que deben demostrar sus habilidades ante un exigente jurado, que en ediciones anteriores ha estado presidido por chefs de talla mundial, como Pedro Subijana, Diego Guerrero, Martín Berasategui y Joan Roca, que presidió el jurado de la anterior edición. En palabras del propio Roca: "Es un premio que se está consolidando, que lleva ya una trayectoria muy sólida. Es muy importante porque viene de una gran institución como es Le Cordon Bleu, pero también porque hay un compromiso de la organización realmente extraordinario".
– Con información de EUROPA PRESS - http://www.eleconomista.es(COLOMBIA) EL GOBIERNO SE AFERRA AL EXTRACTIVISMO. El Gobierno colombiano sigue aferrado a los hidrocarburos y la minería como motor económico del país. Es la principal conclusión de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que el Ministerio de Minas celebró en Cali. Cuatro horas en las que, junto a las autoalabanzas por las mejoras de seguridad jurídica, agilidad y transparencia, el mensaje -o la advertencia-, lanzada fue que sin minería o hidrocarburos se ponen en riesgo la mayoría de las inversiones sociales. La idea que se repitió varias veces es que la actividad minero-energética aportó de 10 billones de pesos en regalías que “benefician a la inversión en educación, vivienda, agricultura, salud y cultura de miles de familia”. Sin esas regalías de dónde saldrían los recursos, se pregunta el Gobierno. “La dicotomía petróleo o no, no es posible (…) o aprovechamos esos recursos o nos quedamos sin posibilidad de desarrollo social”, apuntó el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia. La posición del Gobierno se enfrenta radicalmente a las alertas de movimientos ambientalistas, de derechos humanos y juristas que señalan que el modelo extractivista sólo supone una reprimarización de la economía y genera destrucción, miseria y explotación, afecta a la seguridad alimentaria de los pueblos, y provoca daños irreversibles en el ambiente. Informes de la propia Contraloría señalan que los municipios con más minería son los que tienen más necesidades insatisfechas. La campaña de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo ‘La gran minería envenena’ alertaba además de que la normativa Colombiana está hecha para favorecer a las transnacionales y que las regalías son escasas y “cada vez se paga menos”. Esta campaña puso en marcha la petición de una moratoria minera. Un estudio de 2013 dirigido por el economista Luis Jorge Garay para la Contraloría General de la Nación, titulado ‘Minería en Colombia: Fundamentos para superar el modelo extractivista’, señalaba que Colombia es uno de los países de América Latina con más bajos ingresos fiscales derivados del impuesto a la renta y de las regalías del sector de la minería e hidrocarburos. Esta semana, en una audiencia pública sin apenas voces críticas –solo tres de los asistentes a los que se dio la palabra cuestionaron la acción del Gobierno-, el Ministerio de Minas dejó claras sus apuestas. Por un lado la minería y por otro los hidrocarburos. Las energías ‘limpias’ se potencian en las zonas sin interconexión: eólicas y solares. Pero en este paquete se incluyen también las hidroeléctricas, es decir las grandes presas como la Hidroituango, con un gran rechazo de la población afectada. El 4% del territorio nacional está titulado para minería, el 2% en explotación, según los datos facilitados en la Audiencia Pública. En Colombia, la minería de carbón se centra en el oriente, la de oro en la zona occidental y la minería a cielo abierto, en el norte. Como proyecto destacado, en la audiencia pública se citó el licenciamiento ambiental de cuatro iniciativas de gran minería de oro en Antioquia que, con 20 toneladas/año, duplicarán la producción anual. Se trata de Gramalote, de AngloGold Ashanti; Cisneros, de Antioquia Gold; Santa Rosa de Osos, de Red Eagle Mining; y Buriticá, de Continental Gold. Todos ellos operados por multinacionales de Canadá, Sudáfrica y Perú. Eso sí, en la audiencia pública, se repitió hasta la saciedad que la apuesta es por la “minería bien hecha” y por la protección de la minería tradicional o de subsistencia. Ello conlleva promesas de enfrentar la minería ilegal y acabar en tres años y medio (2020) con los vertidos de mercurio a los ríos colombianos –hasta 140 toneladas llegan en la actualidad a las cuencas- y legislar para diferenciar al minero tradicional y el barequero de las mafias de minería ilegal. Esa defensa de los mineros tradicionales pasa por un proyecto de ley que identificará a todos los implicados en el proceso de minería ilegal y diferenciará y castigará al “capo y al dueño”. “Esas fotos de las redes sociales [en referencia a las campañas contra la minería] no es minería bien hecha, no es lo que nosotros queremos. Es importante dar instrumentos a quienes lo quieran hacer bien”, insistía el ministro de Minas y Energía, Germán Arce Zapata. Junto a ello se sigue con la política de formalización de títulos (legalización) para esos mineros tradicionales –ya sea de oro, de arenas o de otros materiales- pero dos de los presentes en la audiencia, uno del Chocó y otro de Buriticá (Antioquia), cuestionaron este mecanismo porque dicen que al final esa formalización se hace a través de grandes empresas como Continental Gol “y muchos nos sentimos por fuera de estos procesos”. “Están vendidos a las trasnacionales”. El Ministerio defiende que desde mayo de 2015 a septiembre de 2016, 550 mineros pasaron de la ilegalidad a la legalidad y defiende que la minería genera 1,7 millones de empleos indirectos en el país. La campaña ‘La Gran minería envenena’ advertía de los daños en la subsistencia de las familias y violaciones del derecho a consulta previa y a la participación ciudadana. En Cali, el Ministerio explicó que a los 10 billones de pesos en regalías hay que sumar 180.000 millones de incentivo a la producción para los municipios que con su labor minera y de hidrocarburos se encargan de hacer una minería responsable y que también han sido invertidos en proyectos de restauración social, económica o ambiental de las zonas productoras de crudo, gas, carbón y níquel. Sin embargo, un informe del CINEP de 2012 alertaba de que la incursión de grandes empresas mineras estaba cambiando estructuralmente la economía y el rol del Estado y se estaban produciendo “grandes impactos ambientales, sociales y políticos”. “La ampliación de la gran minería legal hace que la minería ancestral -práctica histórica, cultural y de supervivencia de distintos grupos sociales- se convierta, en términos económicos, en una actividad cada vez menos rentable para quienes la ejercen y que además, en el marco de la actual política minera, corre el riesgo de convertirse en ilegal. Además, el impacto de esta gran minería en los territorios ancestrales hace que el tejido social, cultural y las condiciones se agreguen al deterioro económico”. En 2013 las Naciones Unidas ya alertaron de que la minería a gran escala había aumentado la pobreza en Colombia y se centraba en la explotación carbonífera en el departamento del Cesar donde aludía a problemas de crisis alimentaria, contaminación y fenómenos sociales. La ONU señalaba que había afectado “principalmente el acceso al agua, la salud, el desarrollo de la actividad agropecuaria y el cambio en su entorno al ver crecer a diario montañas de material estéril o desperdicios de la explotación”. El pasado mes de julio, en el marco de la Jornada Mundial contra la Gran Minería, diversas organizaciones sociales denunciaron los efectos nocivos de la minería a gran escala, como la que defiende el Ministerio, y advertían de que los terrenos entregados en concesión suman cerca de 5 millones de hectáreas, mientras que las extensiones de tierra dedicadas a la agricultura no superan las 4 millones de hectáreas. Las solicitudes de concesión abarcan cerca de 25 millones de hectáreas, según Alejandro Pulido, uno de los integrantes de la campaña “La gran minería envenena”. En mayo, Greenpeace denunció que Colombia no está cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional que prohibía actividades mineras en los páramos del país. Desde el 2013, Greenpeace viene denunciando la grave situación de los páramos de Colombia y que se otorgan licencias ambientales a compañías mineras de manera irregular, que los proyectos ambientales están generando contaminación en las fuentes de agua, que las autoridades no asumen sus responsabilidades y que los pobladores locales están generando procesos de resistencia justificados que el Gobierno Nacional no parece reconocer. Varias multinacionales demandaron al Estado colombiano tras la sentencia de la corte.
LAS ESPERANZAS EN LOS HIDROCARBUROS. La segunda gran apuesta para el Gobierno son los hidrocarburos, que son la principal fuente de financiamiento nacional, según el ministro. “Cuando se bloquea el acceso de un taladro (de prospección o extracción) se bloquea el acceso a los recurso sociales”. Durante la Audiencia Públicas celebrada en Cali se resaltaron las esperanzas puestas en las primeras tres zonas francas en el Caribe para la exploración costa afuera y aumentar en diez veces las actuales reservas de hidrocarburos del país. Para permitir todo esto se apuesta por una normativa flexible porque, como dijo el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, “si el país no tiene capacidad de ajustarse a las condiciones [que exigen las multinacionales], los compradores se van”. Y como insistió el ministro de Minas, Germán Arce Zapata, “si a la industria de los hidrocarburos le va bien, si a Ecopetrol le va bien, entonces le va bien a Colombia”. El Ministerio presumió de que el BID había alabado la forma en la que Colombia habría afrontado la crisis de los precios del petróleo (gracias a esa flexibilización) con una producción cercana a las 900.000 barriles/día, mientras que el año pasado se lograron 1.006.000 barriles/día. Para Velandia las reservas de crudo de Colombia darían para 7 años “y las medidas que tomemos ahora serán fundamentales”. En esta audiencia pública no se habló de la fracturación hidráulica (fracking) como sistema de extracción para incrementar esas reservas, pero lo cierto es que a pesar de las voces que cuestionan este método por sus riesgos y falta de regulación, el Gobierno ya tiene clasificados 43 bloques clasificados como no convencionales, de los que hay licitados en exploración siete. Pese a los hallazgos en el mar Caribe y los nuevos descubrimientos en Sucre de Canacol Energy, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) ha llamado la atención sobre la situación para el suministro energético, ya que la caída en la producción, la ausencia de nuevos desarrollos, la disminución de taladros y de exploración sísmica, más la reducción de inversión, permiten prever que las incorporaciones de reservas van a seguir limitadas, según publicaba El Tiempo esta misma semana. En esa misma información, y pese a las positivas perspectivas mostradas en la Audiencia Pública de Cali, el Banco de la República muestra que se ha profundizado la caída en la inversión extranjera en el sector petrolero, pues mientras en el 2015 hubo una contracción del 46%, durante el primer semestre del 2016 el desplome ha sido mayor y va en el 67,6%. Los riesgos de la explotación petrolera tienen que ver con impacto ambiental en sus diferentes etapas (exploración sísmica, perforación exploratoria, producción, transporte y refinación). Los explosivos usados durante la exploración sísmica, por ejemplo, envían los recursos hídricos a mayor profundidad o desvían su cauce. Además, durante estas etapas se generan desechos, se presenta contaminación por gases y sobre los suelos, deforestación y se construyen trochas de penetración a lugares de reserva natural o de importancia para la conservación ecosistémica. A ello se suman los daños causados por los vertidos, que en el caso de Colombia se han visto multiplicados por el conflicto armado y los ataques a instalaciones petroleras. Como ejemplo, la Federación Internacional de Derechos Humanos alertaba sobre los daños ambientales y sociales que causó Pacific Rubiales en Meta, departamento de donde proviene más de la mitad del crudo del país: Vertidos contaminantes en Caño Rubiales, sismos en el municipio de Puerto Gaitán, represión de los líderes sindicales y un impacto negativo sobre el pueblo indígena Sikuani. Otra paradoja, la Unión Matoso, el pueblo más pobre de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo. Para el ministro, sin embargo, la compatibilidad entre el extractivismo como motor económico y la defensa del territorio no tiene debate y las críticas a los daños medioambientales son parte de “los mitos creados en las redes sociales. Ahorita las redes han creado una serie de conocimiento sin conocimiento, sin soporte técnico, porque lo que estamos desarrollando es una actividad con control ambiental, mediciones y compensaciones”. Sin embargo, estudios como el de Jorge Iván González, profesor de la Universidad Nacional, constatan que “los excedentes de la minería y el petróleo no provocan mejoras significativas en las condiciones de vida de la población: la red de mercados es débil, la producción interna no es suficiente para abastecer los territorios donde se ubican las explotaciones minero energéticas, las vías internas son deficientes y las troncales que la atraviesan no dan origen a procesos endógenos de desarrollo”.
– Con información de Pilar Chato - https://colombiaplural.com
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