/---/ Quejas en España por situación económica de jubilados venezolanos. Declaraciones de diputado sobre pago de pensiones en el exterior son desestimadas. Aseguran que algunos jubilados no recibirían pagos desde hace año y medio, otros tendrían 10 meses sin cobrar y un tercer grupo no ha logrado que la pensión les sea pagada en el exterior y tampoco en Venezuela desde que emigraron. Algunos migrantes que han regresado a Venezuela tampoco recibirían pagos desde hace varios meses. Mencionan creación de asociaciones de jubilados venezolanos en España y otros países con convenios con Venezuela, para el reclamo de pensiones. Además de España, jubilados venezolanos en Colombia y Florida también reclamarían. /---/ Detienen a seis conductores de carga pesada de empresa de transporte DDGS 2015, quienes trasladaban más de 150 toneladas de maíz amarillo desde Puerto Cabello, Carabobo, hasta Asociación de Ganaderos en Churuguara. Carga fue transportada durante la noche con guías de movilización de Sica y Sunagro, para ser recibida en la asociación de ganaderos por Jesús Cordero. Proveedora del maíz sería la importadora Alimentos Super S, propiedad de familia Curvelo, cuya encargada de pactar negocio con asociación de ganaderos habría sido Clara Plascencia. Ciudadana Irma Silva le habría pedido luego a uno de los choferes que la carga fuese dejada en Coro, pero éste decidió dejarla en la Asociación de Ganaderos en Churuguara, donde indicaba la guía. Sin embargo, presidenta de asociación de ganaderos desconoció que hubiese sido realizado tal pedido. Ante la situación, la GNB detuvo a conductores y a Silva. Caso se encontraría en tribunal, mientras que fiscalía aun no constataría autenticidad de guía y desconocería destino de gandolas. Detención de conductores es rechazada. Gobierno de Falcón habría ordenado a Sundde distribuir el maíz a la población. Transportistas de carga pesada de Carabobo decidieron paralizar labores en protesta por detención de 6 choferes. – Daniel Morales
VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
- ¿Hasta los boliburgueses respaldan a Boria en Doral?
- Así invierte en USA Gianfranco Rondón
- Venezolanos y empresas en nueva lista OFAC
- Petróleo: mafias, crímenes y nuevos ricos (revolucionarios)
- Supuestos familiares de mandatario compran casa en Panamá
- Así describen a venezolano requerido por apropiación de recursos financieros de ahorristas
- El papá de la quinceañera del Eurobuilding construye y goza
- Over 11 billion lost to corruption in PDVSA (+Traducción)
- Over 11 billion lost to corruption in PDVSA
- Factor Malaver: La Virgen del Valle, Capriles y el espíritu de Villa Rosa
- $2.000 millones de dólares en cuentas: El imperio a la captura de asesor externo de Pdvsa Gas
- anunciospuerto: Con razon los chavistas nos llevan chalequeados haha ,la #mud lo que esta es podrida
- Los 66 días de mi padre, Braulio Jatar Alonso
- Omar González: O nos paramos de la mesa o cambiamos de representantes en el diálogo
- Producción petrolera cayó 442.000 barriles en 3 años y medio
- (Opinión) Antonio Barreto Sira: Sin gasolina
- Julio Coco rechaza militar en VP y llama a “estar fuera de la MUD”
HIPÓDROMO. De un lector: El empresario Alejandro Ceballos es uno de los mayores operadores privados en el Hipódromo La Rinconada, con la cesión de operaciones y apuestas en las tribunas. Mucha de su fortuna se ha reinvertido en la compra de terrenos en el norte del estado Anzoátegui, a precios casi irrisorios. - Simón Flores
TEMEN POR LA VIDA DE DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS TRAS PRESUNTO AJUSTICIAMIENTO DE SU HIJO. Luego del pronunciamiento de diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos por el presunto ajusticiamiento de Luis Armando Urbano, hijo del defensor de DDHH José Urbano, policías implicados en el hecho han tratado de ubicar al padre del hoy occiso, según denunciaron activistas de derechos humanos en nota de prensa, en la que aseguran temer por la vida del defensor. De igual modo explican que otro hijo del defensor fue seguido recientemente a distintos lugares por un motorizado y su acompañante, presuntamente funcionarios de la Policía de Sotillo, de los cuales logró evadirse al notar la presencia de éstos, quienes no trataron de detenerlo sino solo de seguirlo, presumen que con la intención de ubicar al defensor de DDHH, cuyo hijo, Luis Armando Urbano, fue presuntamente ajusticiado el pasado 10 de octubre, en extrañas circunstancias, por policías de Puerto La Cruz, en lo que según afirman, pudo ser una retaliación contra José Urbano, por los diversos casos que lleva su ONG contra la violación de derechos humanos, donde presuntamente estarían involucrados policías de Sotillo. En su denuncia, los activistas de DDHH señalan a un presunto grupo parapolicial denominado “Los Cuatro Fantásticos de la Muerte”, según indican, conformado por funcionarios policiales implicados en numerosas ejecuciones contra habitantes de sectores populares, con y sin antecedentes, cuyas muertes serían presentadas a la prensa como presuntos ajusticiamientos. En ese sentido rechazan que la Fiscalía 19 solo escuche la versión de los policías, pero no tome declaración a familiares o testigos que puedan desvirtuar la existencia de tales enfrentamientos en el estado Anzoátegui, que los defensores de DDHH catalogan como “genocidio”, debido al sinnúmero de presuntos homicidios y desapariciones, que aseguran han ocurrido durante varios años. Finalmente consideran que la directiva del cuerpo policial, la defensoría del pueblo y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz no han procedido en consonancia ante los hechos. – Con información de Nota de Prensa
INTERNACIONALES
(COLOMBIA) PETRO TENDRÁ QUE RESPONDER POR EL NEGOCIO DE LA VENTA DE TGI. Cuando los bogotanos apenas se están reponiendo del robo al que fue sometida la capital durante la Administración de Samuel Moreno por el cartel de la contratación y el Grupo Nule, un escándalo parece ensombrecer de nuevo el panorama, por lo menos en cifras. La Contraloría Distrital acaba de abrir el juicio de responsabilidad fiscal más grande de la historia de la capital y tal vez del país, por 509 millones de dólares, es decir, algo más de 1,5 billones de pesos, contra la junta directiva de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) que estuvo entre 2011 y 2014. Encabeza la lista de los llamados a responder el entonces alcalde, Gustavo Petro, quien presidía la junta directiva de la EEB, las expresidentas de esa empresa Sandra Fonseca y Mónica de Greiff, y los demás miembros de la cúpula entre los que aparecen nombres como el exministro de Hacienda Guillermo Perry, el analista Mauricio Cabrera, el exgerente de la Empresa de Acueducto Alberto Merlano y el exgerente de la ETB Saúl Kattan, entre otros. La EEB, históricamente encargada de generar y llevar la electricidad a la ciudad, se convirtió desde hace algunos años en un grupo dueño o accionista de empresas de energía y gas natural en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil, con más de 12 billones de pesos en activos. En Colombia posee, entre otras, la Transportadora de Gas Internacional (TGI) que opera y mantiene 3.957 kilómetros de gasoductos. Esta red lleva el gas desde La Guajira al interior del país y desde los Llanos Orientales a Huila y Tolima. TGI nació en 2007 después de que la EEB pagó 3,25 billones de pesos por el 97,91 por ciento de Ecogas, empresa del gobierno nacional. La ciudad financió esa operación, considerada una gran jugada, con recursos propios, créditos y emisión de bonos. Frente a este endeudamiento y a la necesidad de ampliar e instalar nueva infraestructura, la Administración decidió vender el 31,92 por ciento de la empresa en 2011, durante la alcaldía de Samuel Moreno. Tras un largo proceso, Citi Venture Capital International (CVCI), un fondo del Citibank, decidió pagar 400 millones de dólares, que fueron invertidos en ampliar la infraestructura de TGI. Dicho fondo creó la empresa Inversiones en Energía Latinoamérica Holdings (Ielah) con sede en España, que quedó con la titularidad de las acciones. Dentro de la negociación con el nuevo socio, la Empresa de Energía le otorgó al comprador la primera opción en caso de que decidiera vender, pero pactó un periodo de congelación de venta de tres años. Efectivamente, a finales de 2013 Ielah informó a la junta directiva de la EEB que iba a vender su participación en TGI. En ese punto comienzan las dudas de la Contraloría. Si la EEB tenía el control, se pregunta, ¿qué valor adicional o qué ganaban los bogotanos con recomprar el 31,92 por ciento? En la junta se esgrimieron argumentos como frenar la llegada de un socio hostil, la alta rentabilidad de TGI y, por supuesto, la idea petrista de que las empresas de servicios públicos deben ser cien por ciento del Estado. Además, surgieron nuevas dudas, como la de si era tan buen negocio para qué vendieron esa participación. Y por qué se dejó abierta la posibilidad de recomprar ese porcentaje tres años después. Es como si el gobierno vendiera Isagén y dejara la puerta abierta para comprarla nuevamente. A finales de noviembre de 2013, el comité de inversiones de la EEB recomendó recomprar las acciones e informó que el valor de referencia era de 614 millones de dólares, de acuerdo con el cálculo realizado por la banca de inversión Sumatoria. Es decir, una increíble valorización de 214 millones de dólares en dos años. Sin embargo, aquí aparece otro gran interrogante. Si Ielah estaba vendiendo, ¿no debió haber fijado un precio de oferta de la compañía para que el comprador pudiera proponer sobre esa base? Lo cierto es que la junta directiva de la EEB, reunida el 11 de diciembre de 2013, delegó en el alcalde Petro y en la gerente Fonseca la gestión de recomprar las acciones por 614 millones de dólares. Las negociaciones se interrumpieron en diciembre porque The Rohatyn Group adquirió el fondo CVCI y, por supuesto, su participación en TGI. En medio de ese proceso, la Contraloría Distrital no entiende por qué, si la empresa iba a recomprar las acciones, decidió en febrero de 2014 repartir el ciento por ciento de las utilidades obtenidas en 2013, estimadas en 130.000 millones de pesos, de los cuales giró 41.558 millones a Ielah a España. Tampoco entiende por qué Sumatoria afirmó en febrero que el valor estimado del 31,92 por ciento ya no era de 614 millones de dólares, sino 842 millones. Lo más increíble es que la presidenta de la empresa, según ella con la autorización de Petro, decidió comprar el 31,92 por ciento por 842 millones de dólares, es decir, 442 millones de dólares más. Eso sin contar que se pagaron 29 millones de dólares en comisiones e intereses. “¿Por qué no se contrató a una o varias bancas internacionales, expertas y reconocidas, y solo se mantuvo la misma empresa colombiana? ¿No es exagerado aceptar una valoración que supera el 35 por ciento anual? Las Administraciones de Bogotá, y la de Petro, jugaron a Tío Rico o Monopolio con la plata de los bogotanos”, dijo Granados. Para pagar, la EEB recurrió a recursos propios y préstamos, algunos de los cuales fueron asumidos por filiales internacionales. Otro aspecto no muy claro es que para la compra se constituyó en junio la Sociedad Transportadora de Gas Iberoamericana España, no se sabe si para evitar pagar impuestos en Colombia o para aumentar aún más la rentabilidad a los vendedores. Lo cierto es que TGI España se constituyó con 264 millones de dólares y una deuda de 616 millones de dólares. Al momento de adquirir a Ielah España, que siempre fue una empresa de papel, ya no había ni un peso de las utilidades que recibió. “Aquí, lo más grave es que el dinero a futuro a pagar por intereses y demás puede ser mayor a 880 millones de dólares, y no se sabe si el préstamo tomado tiene una cobertura de riesgo cambiario, pues el dólar ha subido su valor”, dice uno de los investigadores. Según la apertura del juicio de responsabilidad fiscal, la Contraloría evidencia “un presunto daño al patrimonio público por 509 millones de dólares, que resultan de la diferencia entre el valor de venta inicial de 400 millones de dólares en 2011 y la recompra por 880 millones de dólares más 29 millones de dólares pagados en comisiones en 2014, generando una lesión al patrimonio público, una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna”. Mientras que Petro y los demás miembros ya fueron citados para escuchar sus versiones de este meganegocio, la Contraloría lanzó una alerta por el manejo que se le puede estar dando a las 14 empresas y filiales constituidas con capital de la ciudad en el exterior, que no han sido auditadas por tener un régimen privado o de otra nación. “Las vamos a auditar, sin importar dónde estén, pues se terminó el tiempo en el que nadie las ronda ni las vigila”, dijo el contralor distrital. Este caso llega en un mal momento para el actual alcalde, Enrique Peñalosa, quien le ha pedido autorización al Concejo para vender el 20 por ciento de la Empresa de Energía para financiar parte de su ambicioso plan de renovación para la capital. – Fuente: http://www.semana.com
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