lunes, 22 de agosto de 2016

Notas del Día 22/08/2016

VENEZOLANOS CRUZAN EL CARIBE EN BUSCA DE UNA NUEVA VIDA. En noches despejadas, desde el extremo norte de la costa venezolana, es posible divisar las luces de las islas caribeñas de Aruba y Curazao. Envalentonados por los menos de 30 kilómetros que los separan de esas paradisíacas costas, cada vez más venezolanos que huyen de la profunda crisis económica en su país eligen las Antillas vecinas, a donde algunos llegan en embarcaciones con motores fuera de borda en una travesía de apenas unas horas.
Cuando ya están cerca de la arena blanca, los viajeros ilegales se lanzan a las tibias aguas con sus pertenencias en bolsas de plástico para llegar a la orilla intentando burlar a las autoridades en busca de una nueva vida. “La mayoría de los viajes se hacen de noche para poder soltar a la gente y que naden”, contó una mañana reciente un lanchero venezolano de 50 años que hacía viajes ilegales a Aruba hasta que este año las autoridades isleñas lo apresaron, lo retuvieron varios meses en la cárcel y confiscaron su lancha de seis pasajeros donde apiñaba hasta 20 personas. “Por la situación del país muchos más se van así”, dijo el padre de siete, en su casa en un pueblo de pescadores de la península venezolana de Paraguaná, donde confluyen delito y pobreza. “Este país te lleva a pensar en salir como sea”. Venezuela está atravesando uno de los peores momentos económicos de su historia contemporánea: la caída de ingresos petroleros y el entramado gubernamental de controles de cambio y precios han vapuleado la industria y la moneda. A diario hay saqueos y protestas por los escasos alimentos en el país con las mayores reservas de crudo del mundo, que se suman al clima político caldeado y al galopante crimen. Mientras los opositores al presidente Nicolás Maduro buscan revocar su gestión que concluye en el 2019 y hablan de una crisis humanitaria que ha empujado a miles a emigrar, el mandatario culpa a sus detractores por la situación. Venezuela no difunde cifras oficiales de migración, pero su consulado en Aruba calcula que por lo menos 3.000 venezolanos viven allí legalmente -un 3 por ciento de la población de la isla-, y que por lo menos otros 2.000 lo hacen de manera ilegal. Hoy, la mayoría de los hasta siete ciudadanos extranjeros que son deportados diariamente por violar leyes migratorias y laborales son venezolanos, dijo a periodistas el ministro de Justicia arubeño, Arthur Dowers. El funcionario sostuvo que en los últimos meses las expulsiones de ciudadanos de Venezuela subieron, pero pese a las reiteradas peticiones de Reuters, el gobierno arubeño no pudo brindar cifras exactas ni estadísticas comparativas. Aunque algunos inmigrantes venezolanos llegan en lanchas, la mayoría aterriza en Aruba en aviones comerciales. Autoridades de la isla calculan que 800 venezolanos entran por día, la mayoría para hacer turismo y comprar comida. Pero otros se quedan. ENDURECIENDO CONTROLES. Ante las calamidades que sufre Venezuela, otros gobiernos caribeños encendieron las alarmas e impusieron más controles. Curazao, también destino de venezolanos, frenó la entrega de permisos de trabajo para inmigrantes, endureció sus políticas laborales para favorecer a los locales y hasta creó con la Cruz Roja una comisión para ver cómo lidiar con una lluvia de inmigrantes ante un eventual colapso del país petrolero. Hace tan solo unos días, unos 20 venezolanos y un colombiano fueron interceptados por la Guardia Costera del Caribe cuando, amparados por la oscuridad de la noche, intentaban entrar ilegalmente a Curazao en un pequeño bote de pescadores, dijo a Reuters Rob Hoeboer, oficial de esa fuerza holandesa. En Aruba, la policía dijo que endureció el patrullaje en mar y tierra para evitar que “grupos, por miedo o para buscar mejor porvenir, crucen el mar”. Unos kilómetros más al este, las autoridades de Trinidad y Tobago también aumentaron el control a los venezolanos que llegan en avión o en ferri a la caza de trabajos temporales pagados en dólares, que venden en el mercado negro de Venezuela con jugosas ganancias por la debilidad del depreciado bolívar. “No tenemos nada en Venezuela”, dijo Ramón, un venezolano de 23 años que trabaja en Trinidad. “Vengo, trabajo, hago cualquier cosa, compro azúcar, harina y me voy otra vez”, agregó en un precario inglés, confesando su anhelo de conseguir una visa de estudiante que le permita quedarse en la isla. En el 2015, unos 21.000 venezolanos entraron a ese país, un aumento de más del 30 por ciento frente al año previo, según el Departamento de Inmigración de Trinidad y Tobago. Y hasta mayo de este año ya sumaban 14.000. Desde que el fallecido Hugo Chávez llegó al poder en 1999, cerca del cinco por ciento de los 30 millones de venezolanos han abandonado el país, calcula el sociólogo Tomás Páez, un experto que ha publicado libros sobre migración. Muchos entonces partieron en desacuerdo con las políticas o la ideología del líder socialista. Pero hoy los venezolanos que abandonan su país buscan seguridad, huir de las largas colas por alimentos y medicinas o de los cortes diarios de agua y luz. FIN DEL IDILIO. Los venezolanos que viajan a Aruba sienten de primera mano el alza de su mala fama. En los controles migratorios del aeropuerto comprueban que tengan al menos 300 dólares en efectivo por persona, y si no son devueltos en el mismo avión en el que llegaron. Los oficiales más precavidos cuentan los billetes y verifican su autenticidad. Reuters presenció cuando cuatro venezolanas fueron regresadas a Caracas por no tener efectivo. Pero no siempre fue así. Hasta hace un par de años, los venezolanos y las Antillas disfrutaron una luna de miel: volaban a vacacionar, comprar, y por supuesto, a lo que se conoce como “raspar el cupo”. El control cambiario vigente permite a cada venezolano comprar un cupo anual de dólares a precios subsidiados, para ser usados en el exterior a través de una tarjeta de crédito. Cada dólar en el mercado paralelo equivale a unos 1.000 bolívares. Esto dio lugar a un lucrativo negocio para los venezolanos que desbordaron las islas con compras ficticias, obteniendo dólares de los comercios a cambio de jugosas comisiones. Pero el idilio comercial se rompió cuando Venezuela empezó a tener problemas de liquidez. Muchos venezolanos quedaron debiendo cuentas de hospedaje o comidas porque sus tarjetas empezaron a fallar, y la devaluación de la moneda de este año hizo el diferencial cambiario mucho menos atractivo. Hoy, algunos comercios en la colorida “Mainstreet” de Aruba incluso advierten que “no se aceptan tarjetas venezolanas”. Aun así, pocos están dispuestos a volver a casa. “Me deportaron en febrero”, contó un venezolano de 31 años que estuvo trabajando por dos años en Aruba sin documentos hasta que fue desterrado a la ciudad venezolana de Maracaibo, y ahora busca regresar pero por la vía legal. “Lo que quiero es trabajar porque en Venezuela, como ayudante de albañil, no puedo sostener a mi familia. En cambio, allá envío dinero que aquí se multiplica”, dijo. – Con información de Reuters - Bloomberg - http://www.elfinanciero.com.mx

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones…
  1. El empresario que “prestó” su avión al exjuez Garzón
  2. Así hijo de Alejandro Andrade participó en los juegos olímpicos
  3. Así Gianfranco Rondón describe a los ‘mediocre sin futuro’ y se enorgullece de su clínica
  4. Producción petrolera de Venezuela cae a niveles críticos, según ABC
  5. Califican"megaestafa" manejos con el petróleo venezolano en Nicaragua
  6. Coronel venezolano Rafael Quero Silva 'solicita asilo político en EEUU' 
  7. Familia roja en Casa Amarilla
  8. Lo que hace el Defensor del pueblo
  9. EEUU vigila manejos turbios en Florida de aspirante a presidencia de El Salvador
  10. Respuesta de Sonia A. Chavez B. al blog laorquideailustrada publicada 14 de Marzo 2016
  11. Hombre grabó video antes de suicidarse
 

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2015/12/pic98054906-1.jpg
CONTRATISTA PETROLERA HABILITADA PROVISIONALMENTE. De un lector: La empresa TIERRA ALTA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA, de Antonio y Carmelo Moschella, está solo habilitada provisionalmente en el Registro Nacional de Contratistas, y algo extraño ha de haber, ya que el RNC les ha exigido la documentación legal, técnica y financiera que soporte la calificación que poseen. Y esto que la empresa ha ejecutado servicios desde varios años para PDVSA SAN TOMÉ, PDVSA OCCIDENTE y PDVSA ORIENTE. Antonio Moschella, “Mr. SAM”, encabeza el grupo Lukiven y tiene el control del suministro de todas las embarcaciones marítimas de la filial de Pdvsa y de las operaciones acuáticas en la costa oriental del lago. - Miguel Figuera



EXPRISIONERO DE GUANTÁNAMO DETENIDO EN VENEZUELA. Un ex prisionero de Guantánamo que se trasladó a Uruguay hace casi dos años está bajo custodia del servicio de inteligencia del Gobierno de Venezuela, luego de que viajó a Caracas en un aparente intento por reunirse con su familia, informó un abogado con conocimiento del caso. Jihad Deyab permaneció 12 años en la cárcel de Guantánamo sin enfrentar cargos y quedó en libertad en el 2014, cuando fue enviado a Uruguay como parte de un acuerdo para reducir el número de detenidos en la prisión, explicó el abogado Jon Eisenberg desde California. El hombre de origen sirio abandonó su casa en Montevideo a mediados de junio y su desaparición despertó la alarma de las autoridades de algunos países, como Brasil y Estados Unidos, que lo consideran una amenaza de seguridad. Llegó a Caracas el 26 de julio, dijo el abogado en una entrevista telefónica. En ese momento acudió al consulado uruguayo en Venezuela con la idea de pedir apoyo para viajar a Turquía, donde planificaba reunirse con su familia. Tras su visita a la sede diplomática de Uruguay en Caracas, Deyab fue detenido por fuerzas de seguridad y desde aproximadamente el 30 de julio está bajo custodia del servicio de inteligencia de Venezuela, Sebin, sin acceso a abogados ni visitas, denunció Eisenberg. "No he conseguido contactarlo y tampoco he recibido ninguna respuesta oficial del Gobierno venezolano sobre el porqué de su detención y en dónde está", dijo a principios de agosto el abogado, quien representó a Deyab ante una corte de Estados Unidos cuando denunció al Departamento de Defensa por su política de alimentación forzada a reos en Guantánamo que realizaban huelgas de hambre. Eisenberg, quien también asesoró a Deyab en un esfuerzo legal para conseguir que se difundieran videos en los que se registran los malos tratos que recibió en Guantánamo, habría conversado por última vez con su cliente en junio. Legisladores de Estados Unidos, tras conocer que el ex preso de Guantánamo abandonó Uruguay, exigieron al presidente de ese país, Barack Obama, que detenga las liberaciones de los reos de esa cárcel, argumentando que representan un riesgo para la seguridad de los estadounidenses. Deyab fue detenido en 2002 cerca de la frontera entre Afganistán y Pakistán y fue trasladado a Guantánamo, según una carta de senadores de Estados Unidos difundida en julio, que lo describe como un traficante de armas. El Gobierno de Venezuela, que ha sido un adversario ideológico de los Estados Unidos desde la administración del fallecido líder socialista Hugo Chávez, se ha mantenido crítico al tratamiento que reciben los prisioneros en Guantánamo. Chávez en 2009 dijo que Venezuela estaría dispuesto a recibir reos de Guantánamo como parte de los esfuerzos para ayudar a cerrarla y regresar la base militar al Gobierno de Cuba – Con información de Reuters - http://mx.investing.com

ASEGURAN QUE EX JEFA DE PDVSA EN COLOMBIA SE MOVÍA “EN TERRITORIOS DE ULTRAMAR”. El nombre de la ex jefa de la petrolera venezolana en Colombia, Sarah Moya, aparece en los papeles de Mossack Fonseca con 100% de las acciones de una compañía creada en junio de 2011 y de la que solicitó la disolución seis meses después. Ahora está desempleada desde agosto de 2015 (…) (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.armando.info

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SOCIEDADES. Fuentes del sector alimentario insisten en vincular al abogado Fabio Méndez Rico, hijo de un exgobernador copeyano de Táchira, con un ex ministro de alimentación. Aseguran que Méndez es socio de un hermano del exfuncionario en más de una decena de empresas en Panamá, que figuran en los Panama Papers. También hacen mención al Cnel Sergio Ramón Caldera, expresidente de CASA y Director Gral. del Ministerio de Transporte Aéreo y Marítimo en la gestión del MG García Plaza, y a la relación del Cnel Caldera con Héctor Moreno Callandrieri y Lastenis Chirinos, quienes controlan una empresa de Administración de Pólizas de Seguros ubicada en el CCCT, cuya función real es motivo de señalamientos. Héctor Moreno Calandrielli es, según el Registro Nacional de Contratistas, propietario del 50% de la empresa Vitalsalud Administradora de Planes de Salud, ubicada en el CCCT de Caracas. El director principal de la empresa es Lastenis Chirinos. ¿Qué relación existe entre el para algunos “Zar de Guayana” Roberto Wellisch (Palmat y Glencore) y Vitalsalud? ¿Ha realizado Wellisch pagos a terceros con mediación de la referida empresa? Son dudas que surgen de un breve informe que aborda una serie de presuntas inexistentes contrataciones de empresas que se traducen en giros de dineros destinados a comisionistas. En la misma plataforma ubican al Cnel. Sergio Ramón Caldera, expresidente de la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas, y exdirector encargado del Despacho del Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo, allegado según algunas voces, amistosa y comercialmente al ex ministro Hebert García Plaza. En este caso la historia tiene que ver con la presunta entrega de la mitad de sus propiedades a cambio del suministro de carne producida en su finca del estado Guárico.

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EMPRESAS FANTASMAS. ¿Por que liberaron al empresario libanés José Youssef, a quien el SEBIN detuvo infraganti en Los Teques (Miranda) introduciendo varias camionetas de súper lujo y subfacturadas, todas a su nombre, el 10/7/2015? Según cuestionan contralores sociales. “¿Quien lo protege pese al saqueo a CADIVI en más de cien millones de dólares a través de empresas fantasmas? En el CICPC cursan muchos expedientes que al acumularlos se miden por metros de altura. ¿Quién es el protector de Youssef? ¿Quién dio la orden de soltarlo por encima y desautorizando al Jefe del SEBIN en Los Teques? ¿A quién supuestamente le entregó 4 millones de $ según se comenta en tertulias de conocedores de origen Árabe? ¿Cual seria su relación con el Cartel del Líbano?”, agregan.

PRÓFUGOS. El ciudadano Yorman Vega, quien durante su juicio dijo ser de nacionalidad Venezolana, natural de Puerto Cabello, estado Carabobo, fue condenado en 2011 en el estado Vargas a 15 años de prisión por el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. El número de cédula que aparece en las sentencias contra Vega sin embargo, pertenece a una ciudadana del estado Táchira. (PULSE AQUÍ). En otro caso fue privado de libertad Jesús Oscar Velásquez González por el delito de transporte ilícito de sustancias estupefacientes (PULSE AQUÍ). Ambos, tanto Vega, como Velásquez, de acuerdo a una fuente, se habrían fugado de la cárcel de Los Teques. Ahora, con cédulas falsas Yorman Vega se haría llamar con el apellido Contreras y Jesús Oscar Velásquez habría cambiado su nombre al de Luis Fernando Velásquez Pérez. Ambos habrían huido a Cúcuta, Colombia.

(ANZOÁTEGUI) ALQUILER DE MAQUINARIAS EN PRESUNTO PERJUICIO DE ALCALDÍA DE BARCELONA. De un lector: Un funcionario municipal presuntamente tiene una empresa que contrata con la alcaldía de Barcelona, a la cual prácticamente se encargaría que le asignen los contratos. Un hermano sería socio y quien funge como presidente de la empresa, denominada RJI, C.A., es el ciudadano Carlos Viloria. La mayoría de los contratos implican movimientos, acondicionamientos y mantenimientos de terrenos, lo cual amerita el uso de múltiples tipos de maquinaria pesada que no posee la empresa RJI. Aunque el funcionario antes mencionado alquilaría cualquier cantidad de maquinarias, como si fuesen a prestarle servicios a la alcaldía y presuntamente las desviaría a las obras que está ejecutando la empresa, pero el alquiler de las mismas es cancelado a través de la alcaldía y luego facturado por la empresa en detrimento y perjuicio del patrimonio del ayuntamiento capitalino del estado Anzoátegui. Tal asunto generaría múltiples enfrentamientos entre el funcionario y la Dirección de Ingeniería Municipal, ya que éstos son los que deben avalar el uso y disposición de dichas maquinarias. Al parecer un funcionario de Ingeniería Municipal ha renunciado dos veces al cargo por estar en desacuerdo, pero al nivel más alto de la alcaldía no le han aceptado la renuncia y han mediado para evitar males mayores. ¿Qué tendrá que decir al respecto el director general del ayuntamiento Zelim Avendaño? - Miguel Suárez

http://www.informe25.com/images/wp-content/uploads/2016/06/pic760604-1.jpgFALLIDO PROYECTO ESPAÑOL Y SU POSIBLE IMPACTO EN VENEZUELA. De un lector: Uno de los socios del empresario y banquero venezolano Edmundo Kabchi, quien promueve el desarrollo del Complejo Turístico y Recreacional del Caribe, estandarte del gobierno municipal del alcalde Guillermo Martínez en Barcelona, es el jeque Abdullah Al-Thani. Kabchi y Al-Thani son socios en el Malága FC. El jeque Abdullah Al-Thani, principal accionista del equipo, recibió un ultimátum por La Bajadilla, el “nuevo” Puerto Banús en España. La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha resuelto iniciar el segundo expediente para rescatar la concesión de la ampliación del puerto de Marbella-La Bajadilla, el fallido proyecto del jeque. Se ha resaltado el incumplimiento de contrato por parte de éste, quien aún tiene tres meses para presentar alegaciones, cuya sociedad creada para este macroproyecto incluye un helipuerto, un hotel de lujo de 190 habitaciones y 1.200 puntos de atraque, se eleva a 700.000 euros. ¿Afectará esto de alguna manera el respaldo financiero de Kabchi al Complejo Turístico? Todavía no se sabe, si dada su sociedad en España, al jeque también se la ha propuesto financiar el proyecto inmobiliario en Venezuela, que incluye canales navegables, hoteles, conjuntos residenciales, tiendas y restaurantes, entre otros. – Miguel Suárez

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(ANZOÁTEGUI) ACUSAN A FUNCIONARIOS DE “TRAFICAR CON EL HAMBRE DEL PUEBLO” EN PUERTO LA CRUZ. De un lector: Funcionarias de la Cámara Municipal de Puerto La Cruz afiliadas a la corriente particular de altos funcionarios regionales del estado Anzoátegui, siguen siendo señaladas por comerciantes del sector alimentos de obligarlos a pagar vacunas, de negociar espacios en el mercado municipal, traficar con el hambre del pueblo del municipio Sotillo y además por impedir el derecho al trabajo de los motorizados, al pretender recortarles su horario laboral en las horas de mayor afluencia de pasajeros, negando a los mismos el sustento para sus familias, ya que según algunos, una funcionaria edilicia sería la dueña de al menos 7 taxis asignados a ésta por la Misión Transporte. En esas denuncias no dejan en el mejor de los conceptos a la concejal Amarilis Soto, ex de Centeno, presidenta de la Cámara Municipal. Por otra parte está el manejo de las bolsas de alimentos, que según representantes de consejos comunales, es una mina de oro para algunos funcionarios, por lo que los comunales estarían protestando ante el vicepresidente Aristóbulo, pero en este caso sin la mejor de las opiniones sobre la directora de los Clap Ingrid Cortez, muy allegada de un ex parlamentario nacional por Anzoátegui, ex ministro de energía eléctrica. Lo cierto es que ambas, Soto y Cortez, a decir de algunos descontentos con que se les dé más poder, parecieran estar en una carrera por la máxima silla del ejecutivo municipal. – Jesús González

(ANZOÁTEGUI) FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO BOLÍVAR EXIGEN INDEMNIZACIÓN LABORAL. Un grupo de funcionarios de Polibolivar incapacitados de manera temporal para cumplir con sus funciones, por diferentes enfermedades y accidentes laborales sufridos en su área de trabajo, y quienes están cobrando solo el 33,33% de su salario, acudieron a las oficinas administrativas del seguro social ubicadas en Puerto La Cruz; con la finalidad de iniciar los tramites necesarios para que este ente de la seguridad social les pague la indemnización correspondiente al 66,66% restante; llevándose la gran sorpresa, que no les fueron recibidos los recaudos, para la cancelación de sus indemnizaciones; ya que la jefa de la oficina luego de revisar en el sistema, les manifiesta que la institución estaba insolvente, desde mediados del año 2015 por lo que era imposible que se iniciaran los tramites pertinentes, diciéndoles además que había sostenido conversación telefónica con el director de Polibolivar Jean Carlos Franco, para imponerlo sobre la petición de los funcionarios policiales manifestándole el referido funcionario, que no se negaba a pagarles siempre y cuando se sometieran a una evaluación de una junta de médicos, y que si resultaba falso su enfermedad iba a actuar legalmente en contra de los médicos especialistas tratantes, metiéndolos presos. Los funcionarios se sintieron desmoralizados con la respuesta de esta ciudadana, ya que sienten que se les están vulnerando sus derechos, porque mientras persista la morosidad por parte de Polibolivar los funcionarios no cobraran sus indemnizaciones, cabe destacar que es precisamente el ente de la seguridad social, quien debe por ley iniciar el procedimiento de fiscalización a las instituciones y empresas morosas y aplicar las sanciones correspondientes, mientras tanto los funcionarios policiales quienes han dado parte de su vida al servicio de la comunidad siguen sin cobrar, ellos solo exigen que la institución se ponga al día. Manifiestan que seguirán luchando por hacer valer sus derechos. – Oscar Salazar

(ANZOÁTEGUI) IRREGULARIDAD CON DETENIDA EN POLISOTILLO. De un lector: La funcionaria Viviana Salcedo, quien está detenida en Polisotillo por el secuestro de un empresario, el cual el novio de la misma presuntamente asesinó durante el hecho, saldría a su antojo para visitar a sus familiares. Al parecer logra persuadir a sus carceleros con sus atractivos, cirugías y prótesis estéticas. – Oscar Salazar

SUPERINTENDENCIAS DE DERECHOS SOCIOECONÓMICOS PARALELAS EN ANZOÁTEGUI. De un lector: En la gobernación de Anzoátegui y las alcaldías de los municipios Bolívar y Sotillo se habrían creado a motus propio unos SUNDDE paralelos, sin ser autorizados por la providencia del ente que regula la materia, que es el SUNDDE regional. Extraoficialmente se comenta que habría sido idea de un antecesor del coordinador regional Francisco Álvarez y que a dicho ex coordinador lo destituyeron por asesorar la creación de tales organismos paralelos, quitándole la competencia al ente legal. El punto es que funcionarios de los SUNDDE paralelos presuntamente pretenderían convertir a dichos entes en un negocio lucrativo, obligando a comerciantes a desembolsar grandes sumas de dinero para no multarlos. Esta situación ha generado choques entre el SUNDDE regional y sus similares paralelos. – Oscar Salazar

(ANZOÁTEGUI) ACUSACIONES CONTRA CONCEJALES DEL MUNICIPIO SOTILLO. De un lector: La defensa de un grupo de concejales del municipio Sotillo de Anzoátegui frente a una investigación del MP por presunta extorsión, respecto a una denuncia realizada por comerciantes, aseguraría que no fueron concejales sino policías del municipio Sotillo, los responsables, ya que las ediles acusadas, según su defensa, fueron supuestamente sorprendidas en su buena fe al pedirles que los policías les acompañaran a inspeccionar comercios para combatir la guerra económica. De esa manera, señalando a policías, miembros de la Cámara Municipal asegurarían su inocencia. Los policías no podrían hablar y decir si ciertamente fueron cargadas cajas de dinero a vehículos particulares, pagadas por comerciantes. – Oscar Salazar

(ANZOÁTEGUI) ATROPELLOS POLICIALES EN PROVEEDURÍA SIGO. De un lector: El control en la venta de alimentos en el estado Anzoátegui ha generado presuntas violaciones de derechos humanos por parte de policías en la proveeduría SIGO, ubicada en la vía Mesones de Barcelona, donde disponen de cupo para 400 funcionarios pertenecientes al estado. De éstos, policías de Anzoátegui entregan 200 y los demás irían a un mercado negro donde cobrarían 2 mil bolívares por ticket. A las madres que no pueden pagarlos les realizan propuestas indecorosas, como la llamada operación colchón, y de manera cruel son grabadas por funcionarios policiales, quienes se distribuyen entre ellos los videos de cómo humillan a jóvenes madres, que acceden a tales actos para poder comprar alimentos. Algunos policías, abusando de la situación, le niegan la compra al personal administrativo que labora en el departamento de atención a la víctima de la policía de Anzoátegui y les exigen no recibir las quejas cuando sean denunciados atropellos policiales. – Oscar Salazar

INTERNACIONALES

(PANAMÁ) FRENADESO SE PRONUNCIA SOBRE RENUNCIAS DE STIGLIYZ Y PIETH. Se jactaron de haber sumado al Premio Nobel, Joseph Stiglitz, y al experto internacional Mark Pieth. Incluso la llamaron la Comisión Stiglitz. Pero ahora que renunciaron por imposición de censura y falta de transparencia del gobierno, los acusan de “comunistas”, “socialistas”, “izquierdistas”, “lobos vestidos de ovejas”, “prima donna”, “enemigos de nuestro sistema”, “que ya lo sabíamos desde un inicio”, etc. Y que vieron Stigitz y Pieth y aún no permitieron que publicaran, lo que todos sabemos: que este es un centro de operaciones de la mafia local e internacional y un gran lavadero, donde se ayuda a ganters, empresarios y “políticos” nacionales y de otras latitudes como Macri, a ocultar fortunas y blanquear dinero, con intermediarios como Mossack Fonseca, Morgan & Morgan, IGRA, ARIFA y otros bufetes. Solo por delitos cometidos en la administración pasada, el centro financiero de Panamá logró captar y lavar cientos de millones mal habidos, como lo confesó el ex Director del PAN, Rafael Guardia, y otros implicados en este atraco a la nación. Representantes de bancos locales fueron querellados, pero no hay un solo banquero preso. Y el Establishment se molesta cuando se habla de Paraíso Fiscal y de “Panama Papers”. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de Frenadeso - http://kaosenlared.net

COLOMBIA: PROCURADURÍA DEBERÁ INDEMNIZAR A PIEDAD CÓRDOBA. Los abogados de Piedad Córdoba podrían exigir otros salarios no pagados; daño moral, político y a la salud. La Procuraduría General de Colombia deberá indemnizar a la ex senadora Piedad Córdoba Ruiz, destituida irregularmente hace seis años, por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP). La reparación económica es el primer efecto de la decisión adoptada por el Consejo de Estado que invalidó la sanción de destitución realizada por la Procuraduría el 27 de septiembre de 2010 y la inhabilitación para ejercer cargos y funciones públicas durante 18 años. “La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014”, informó el Consejo de Estado. Según el abogado penalista Rafael Rincón, otros factores como el daño político, el daño moral y el daño a la salud, que con frecuencia se alegan, también se tasan en dinero. “El daño político es el que ella sufre en su actividad pública, la merma en su legitimidad y credibilidad y la afectación de su buen nombre público cuando la hacen aparecer como aliada de un grupo guerrillero o terrorista”, explica el jurista. EL DATO: Por el daño moral la tasa que establece el Consejo de Estado son 100 salarios mínimos mensuales vigentes (casi 69 millones de pesos). En los demás se determinar la magnitud de la afectación de acuerdo a cada persona. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría a la exsenadora, decisión que la había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos. La decisión del Ministerio Público fue proferida en septiembre de 2010 y se dio con base, esencialmente, en los documentos que incautó el Ejército Nacional durante la “Operación Fénix” (que tuvo lugar en Ecuador), los cuales daban cuenta de presuntos vínculos de la entonces senadora con las Farc. La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos constitucionales y legales esenciales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos. “La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido procesode la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, indica la sentencia. EN CONTEXTO. Piedad Córdoba fue sancionada disciplinariamente por el Ministerio Público por "colaborar y promover la guerrilla de las FARC-EP", esto con base en la información encontrada en los computadores hallados en el campamento de 'Raúl Reyes' cuando fue bombardeado. La Corte Constitucional valoró las pruebas presentadas por la Procuraduría y dijo que eran legales; sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró que la cadena de custodia del computador de Reyes se había roto, por lo que no había forma de garantizar que lo que se dijo que se encontró en él fuera verdad. La Corte Suprema dijo entonces que las pruebas eran ilegales, además, manifestó que los documentos que hablaban de la relación de Piedad Córdoba con las FARC-EP eran archivos de Word, que podían modificarse fácilmente, y no correos electrónicos. No obstante, el Ministerio Público decidió destituirla de su cargo como senadora e inhabilitarla para el ejercicio de cargos públicos - Con información de Agencias - Telesur


PROCURADOR DE COLOMBIA INSISTE EN SUPUESTAS PRUEBAS. En el marco del Congreso a la “Vanguardia en la lucha contra la corrupción y por la transparencia”, que adelanta la Procuraduría General en Cartagena, Alejandro Ordoñez se refirió a la decisión que fue tomada por el Consejo de Estado, que determinó anular la destitución de 18 años a la exsenadora Piedad Córdoba, por su supuestos nexos con las Farc. Dijo que respeta la decisión, pero enfatizó, en que sí hubo pruebas que demostraban su relación de Córdoba con el grupo armado. "La Procuraduría es respetuosa de la institucionalidad, la Procuraduría acata el fallo del Consejo de Estado, pero echa de menos que en el proceso hay numerosas pruebas diferentes al computador de Reyes", dijo Ordóñez. Aseguró que existen más pruebas que demostrarían el vínculo de Piedad y las Farc. "Existen interceptaciones legales hechas por la Fiscalía, al comandante del frente ‘30 Mincho’, donde se habla de las relaciones de Piedad Córdoba con las Farc, está el testimonio del ucraniano en el mismo sentido. Hay información sobre reuniones de Piedad Córdoba, hay pruebas donde se establece que asesoraba y daba consejos a las Farc para que se explotara políticamente y mediáticamente la liberación de los secuestrados", señaló. Agregó que la Procuraduría tiene la convicción que Piedad Córdoba tiene relaciones con las Farc, tiene la certeza de que Piedad Córdoba es la misma Teodora de Bolívar”. – Con información de http://www.wradio.com.co

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