Ya obtenidos los materiales, bloques, cemento, cabillas, etc., empezaron la construcción, bloqueando todos los accesos ubicados entre la Avenida Pedro María Freites y la calle San Juan de Barcelona, cerca de la Farmacia OK. Desde entonces comenzaron las quejas de los transeúntes, quienes reclaman su derecho a transitar libremente y a hacer uso de espacios para el esparcimiento, la recreación y la formación, ya que en el lugar se encuentra una cancha y una guardería simoncito, no solo para el disfrute de los vecinos de esa zona, sino para los de las zonas aledañas.
Donativos
La construcción es realizada, según el comité vecinal, con materiales donados por el alcalde Guillermo Martínez y con supuesta asesoría de una arquitecta de la alcaldía. Sin embargo la obra carece de permisos aprobados por la Dirección de Planificación del Hábitat y Gestión del Territorio, y por la Dirección de Catastro municipal. Tampoco posee permisos del Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU), ni las evaluaciones de riesgo de Protección Civil y Bomberos, para determinar la idoneidad, seguridad y calidad de acuerdo a las normas Covenin. ¿Cómo es que entonces la alcaldía de Barcelona donó supuestamente materiales para tal proyecto carente de toda la permisología? ¿Cómo se inician obras en Barcelona sin permiso de la alcaldía? Son motivos válidos para ordenar su demolición. Parte de la construcción la han financiado vecinos al ser obligados a realizar mensualmente donativos de dinero al comité, sin que se les informe cómo, cuánto y en qué invierten el dinero, si es con transparencia o si por el contrario es de forma turbia.
¿Comité, Asociación Civil o Consejo Comunal?
Aunque oficialmente la obra es realizada por un comité vecinal, para algunos trámites administrativos el comité se autodefine como la “Asociación Civil El Resplandor”, sin disponer de un acta constitutiva, registro, ni número tributario o declaraciones de impuestos, pudiendo ser objeto de sanciones por parte del SENIAT, al no cumplir con sus obligaciones fiscales. Sus miembros aseguran también pertenecer a un consejo comunal. Tales registros legales revisten de particular importancia, pues evitan el surgimiento de agrupaciones que se conviertan en figuras propensas a la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
Faltas penales
Algunos miembros del comité han incurrido en faltas penales al firmar documentos civiles con nombres y cédulas de terceros sin su consentimiento. En el Departamento Legal de la alcaldía de Barcelona hay documentos firmados por un ciudadano que se identifica como César Castillo, C.I. 18.567.493. Sin embargo Cesar Eduardo Exsequi Castillo Reyes no forma parte del comité vecinal y no es vecino de la parroquia San Cristóbal, donde realizan la obra, sino de la parroquia El Carmen. Cesar Eduardo Exsequi Castillo Reyes tampoco ha firmado los documentos, sino otro ciudadano que ha usurpado su firma y número de cédula, como podría constatar una verificación de documentos y experticia grafotécnica. El Código Penal contempla en el Artículo 321 sanciones para el delito de “Falsa atestación ante funcionario público” y en otros de sus articulados para los delitos de falsificación de firma y usurpación de identidad.
Robo municipal
¿El alcalde Guillermo Martínez apoyando un robo a Barcelona? No puede ser cierto y tiene que ser falso. El alcalde Guillermo Martínez, según el comité, les ha donado materiales para la construcción. Pero no todos han sido donados, parte de los mismos, en especial un lote de cabillas, habrían sido obtenidas de otra manera. Se presume que provienen de robos perpetrados por bandas delictivas en una instalación municipal en construcción ubicada en el antiguo Parque Tucusito del Bulevar 5 de Julio. En el Departamento de Investigaciones de la Policía Municipal de Barcelona habrían dado con los responsables del robo y posterior venta de las cabillas, pero por motivos desconocidos no fueron puestos a la orden del Ministerio Público. Una comparación policial de parte de las cabillas utilizadas en la obra vecinal y de las robadas en la obra municipal mostrarían su similitud en cuanto a características y nivel de deterioro. El comité vecinal tampoco dispondría de facturas ni documentos que demuestren que parte de las cabillas fueron adquiridas legalmente. El Código Penal establece en su Artículo 472 sanción también por aprovechamiento de cosas provenientes del delito. En los espacios destinados a los portones de la obra han colocado cabillas soldadas para obstaculizar la vía.
En la cancha del sector se han llevado a cabo en los últimos meses actos, conferencias y foros políticos con dirigentes de la oposición como Cecilia Sosa (ex presidenta del TSJ), Gaby Arellano (diputada), Ovidio González (ex gobernador) y Carlos Andrés Michelangeli (diputado), todos en los que miembros del comité vecinal han dado su aprobación y han participado. También el comité ha realizado verbenas en la cancha para recaudar fondos para la construcción de los paredones y la colocación de puertas y portones, donde se han expendido y consumido bebidas alcohólicas en la cancha destinada al deporte. La construcción implicará que los sectores aledaños ya no podrán hacer uso de la cancha, debido a su privatización y tampoco del Simoncito Virgen de Fátima, cuyo uso podría ser destinado a fines no educativos. El pasado jueves 21 de julio el comité vecinal realizó en la mencionada cancha una fiesta en supuesto homenaje a los niños, evento nunca antes realizado en los últimos años. Con el festejo han intentado opacar que en las últimas semanas miembros del comité expulsaron de la misma instalación a un grupo de escolares que fueron a realizar una actividad recreativa y a otro grupo de jóvenes que realizaban un evento de prograduación, a quienes policías intentaron extorsionar con cierta cantidad de dinero supuestamente por no tener una autorización. En la cancha también reciben clases de deporte estudiantes de escuelas y liceos y diversas asociaciones deportivas llevan a cabo torneos, lo que será limitado por su privatización.
Estudiantes expulsados de cancha |
Asamblea Popular en cancha con Carlos Andres Michelangeli, 5 de junio 2016
Evento en 2014 con Carlos Andres Michelangeli
Falta de denuncias
En el sector muchos vecinos no denuncian por temor a ser agredidos, ya que el comité mantiene un comportamiento ofensivo, hostil y de amenazas contra quienes no se sometan a sus decisiones. Muchos vecinos de los sectores circundantes temen por su integridad física, por lo que se advierte que cualquier cosa que pueda sucederle a cualquiera que se oponga a la obra, serán denunciados y responsabilizados públicamente y ante la jurisdicción penal con nombres y apellidos los miembros del comité.
¿Seguridad o inseguridad?
Aunque el fin de la obra es supuestamente proveer de seguridad al sector, el comité no se ha articulado con las distintas policías para combatir la delincuencia. No existe prueba documental que en la cancha se hayan producido varios homicidios o que la obra contribuya a disminuir los índices delictivos. Al contrario, la privatización de la zona podría convertirla en una zona de tolerancia para la venta y consumo de estupefacientes y para muchos otros delitos, ya que restringe también la circulación policial.
Carlos Pirona |
Fuente: Omar Gutiérrez - Voz de los Lectores
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