ALBA DE EL SALVADOR TIENE OCHO OFFSHORE EN PANAMÁ. Alba Petróleos, la empresa que manejan dirigentes del FMLN, el partido en el gobierno, se llevó $290.6 millones a empresas domiciliadas en Panamá, un paraíso fiscal donde no pagan ningún impuesto. Mientras, en abril de 2015, el presidente Salvador Sánchez Cerén pidió a los grandes empresarios pagar sus impuestos y no sacar su dinero de El Salvador para contribuir al "desarrollo de la planta productiva del país".
El PH 909 es un edificio de 17 pisos al este de la ciudad de Panamá. La oficina principal está ocupada por un banco; en la entrada principal, a la derecha, hay un pasillo y un recepcionista que controla el ingreso hacia el ascensor. Por este pasillo desfilan elegantes hombres y mujeres de negocios que contratan abogados para crear en Panamá, uno de los paraísos fiscales más importantes del continente, empresas y cuentas bancarias al servicio de empresas y particulares de otros países. En el sector se los conoce como “servicios offshore”. El piso 16 del PH 909 es la sede de Arias, Alemán & Mora, la firma de abogados que, en 1998, creó empresas para que Carlos Perla y Mario Orellana, expresidente y exgerente de la empresa pública de aguas en El Salvador, ANDA, ocultaran sobornos por nueve millones de dólares durante el tercer gobierno del partido Arena. Aquellas empresas están hoy inactivas porque Perla fue condenado por corrupción, mientras que Orellana es prófugo. Se le busca por lavado de dinero. Han pasado los años, pero el edificio PH 909 es como un imán que sigue atrayendo a otros salvadoreños ansiosos de llevar su dinero a Panamá, un país caluroso en el que los propietarios de empresas offshore no pagan ningún impuesto. Dos pisos abajo del bufete que atendió a los exfuncionarios de ANDA, en el 14, está Infante & Pérez Almillano, otra firma legal, relacionada con la creación de empresas de Miguel Menéndez, Mecafé, según ha revelado la investigación de los #PanamáPapers. Infante & Pérez Almillano es también el bufete que Alba Petróleos de El Salvador contrató para representar a una de las ocho empresas filiales offshore que tiene en Panamá. Alba Petróleos es una empresa semipública, creada en 2006 por el entorno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para importar combustible subsidiado desde Venezuela. La empresa pública venezolana PDVSA es dueña del 60% de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el Frente son propietarias del 40% restante. Desde su nacimiento en 2006, Alba Petróleos de El Salvador compra combustible subsidiado al gobierno venezolano gracias a que el Estado salvadoreño, por medio de las municipalidades, se ha comprometido a pagar una deuda con PDVSA que en el año 2014 ya alcanzaba los 943.4 millones de dólares. El de Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas. Es decir: las alcaldías pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en Alba Petróleos; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino. Y, por ser estas empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas.
(PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.elfaro.net
EMBARGAN EN PUERTO RICO A HERMANO DE IMPUTADOS EN FRAUDE DE BANCO PERAVIA. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico informó que fueron embargadas varias empresas en la Isla, las cuales “mantienen una deuda millonaria por concepto de pagos de impuestos pendientes”, entre las cuales figura la empresa American Parking System, propiedad del dominicano Miguel Cabral Veras, socio en el negocio de dos de los imputados en el supuesto fraude del Banco Peravia de República Dominicana. Miguel es hermano de Nelson y Rolando Cabral Veras, quienes según autoridades dominicanas, estarían vinculados al fraude que llevó a la quiebra al Banco Peravia y se encuentran detenidos en la República Dominicana, acusados de lavado de dinero, “enriquecimiento ilícito y estafa”, entre otros cargos. En el expediente también figuran varios venezolanos. Como propietario de esta empresa también figura Julio Cabral Veras, otro de sus hermanos. De acuerdo con el Secretario Auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Víctor Pizarro Núñez, la entidad federal “embargó tres estacionamientos y las oficinas centrales de American Parking System Inc, la cual tiene deudas acumuladas por $6, 574,772 millones aproximadamente, por conceptos de IVU ($2,199,774) y otros $4,374,997 por conceptos de retención patronal.” Entre otras violaciones de la referida empresa propiedad de Miguel Cabral, Hacienda cita “penalidad por violación al Reglamento de IVU Loto; por contribución retenida a contratistas; contribución sobre ingresos corporativos; pagos por cheques devueltos; cheques devueltos de IVU y multas, penalidades y violación al Reglamento del IVU.” Pizarro Núñez, “este es el operativo más grande en términos de la totalidad de la deuda, que realizamos desde que comenzó el año. Lamentamos que estos comerciantes no reaccionaran a nuestros acercamientos para poner al día su situación contributiva. Como hemos dicho, continuaremos actuando como nos permite la ley, para que todos cumplan con sus responsabilidades, sin distinción”, dijo el funcionario. Explicó que, “el operativo consiste en incautar de forma preventiva la propiedad que utiliza este comerciante en la operación de su negocio y se les impide que continúen con la operación hasta que lleguen a un acuerdo con Hacienda o culmine el término preventivo, en el que entonces nosotros ejecutamos el embargo”. Los estacionamientos intervenidos están localizados en los hoteles Condado Plaza y Hotel San Juan de Isla Verde y frente a la Universidad Interamericana en Cupey. También se intervino la oficina central de American Parking, ubicada en San Juan. Agrega la entidad que “con los propietarios de la compañía American Parking, el Departamento de Hacienda realizó varias gestiones para que cumplieran con su responsabilidad contributiva, pero estas fueron infructuosas.” En Bayamón, Hacienda embargó un local con dos corporaciones; Green Windows Corp, una fábrica de puertas y ventanas y G W MFG Corp. Estas acumularon deudas por $259,758 por los conceptos de IVU, contribución sobre ingresos corporativos y contribución retenida, al igual que la fábrica de válvulas industriales Engineering Systems & Sales Inc.
PROSPERIDAD DE LOS CABRAL VERAS. De acuerdo a importantes medios en Puerto Rico, Rolando, Miguel, Ramón, y Julio Cabral Veras, todos hermanos, cobraron amplia notoriedad en la Isla “por supuestos manejos de negocios con el Gobierno, cuestionados o que han sido objetos de procesos judiciales.” Según una investigación de Florida Center for Investigative Reporting, FCIR, “Ramón estuvo prófugo por un fraude en la Autoridad de los Puertos, a Julio se le han cuestionado negocios con el Departamento de Educación a través de Editorial Panamericana y alquiler de locales a agencias públicas, Miguel fue cuestionado por fiscales como parte del caso de corrupción del ex senador Jorge de Castro Font, a quien él y Rolando le daban donativos políticos, y Rolando también aparece como donante del senador demócrata Bob Menéndez, recientemente acusado a nivel federal por corrupción.” Agrega el informe investigativo de FCIR que “Julio Cabral Veras, que se identifica como propietario de American Parking Systems, es dueño de Editorial Panamericana, que desde 2009 ha sostenido contratos con el Departamento de Educación para servicios de adiestramiento y orientación, por más de $8.9 millones, según se registra en la base de datos del Contralor de Puerto Rico”, precisa la referida investigación realizada por un equipo de periodistas. Mientras que para nadie en Puerto Rico es un secreto que “esta familia realizó importantes donaciones para programas de asistencia social, no solo en la Isla del Encanto, sino también en su natal, República Dominicana.”
BIENES PODRÍAN SER SUBASTADOS. Sobre el proceso de embargo contra las empresas, Rentas Internas aclaró que “firmar un plan de pago con el Departamento de Hacienda, no les exime de las gestiones de cobros que pueda realizar la agencia en aquellas instancias que dicho plan de pago no se mantenga al día según pactado.” “Todos los embargos tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de deudas con el Estado Libre Asociado. Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad. Después de ese período, la propiedad embargada o parte de ella, será vendida en pública subasta tan pronto sea posible, sin más avisos.”
– Con información de Rose Mary Santana - http://acento.com.do
LOS PAPELES DE PANAMÁ: ABOGADO AFIRMA QUE EJECUTIVOS DE BANCO PERAVIA USARON EMPRESAS OFFSHORE. El abogado César Amadeo Peralta, representante legal de varios de los estafados del quebrado Banco Peravia de República Dominicana, afirmó que ejecutivos de esa entidad bancaria utilizaban aproximadamente unas 56 empresas ‘offshore o ultramar’ de origen panameño para desvío de fondos y distracción de bienes. Según explicó, estas empresas guardan relación con la filtración periodística del Consorcio Internacional de Periodistas del caso conocido como “los papeles de Panamá”, que muestra fraudes de varios países de Latinoamérica. Señaló que a través de estas sociedades ‘offshore o ultramar’, los ejecutivos de Banco Peravia, realizaban diferentes tipos de operaciones, la mayoría de estas fraudulentas y que sirvieron para estafar los ahorros de cientos de personas en la República Dominicana al simular ser bancos, empresas financieras, empresas constructoras entre otras. Peralta indicó que algunas de las cuales llegaron a emitir certificados financieros y papeles comerciales que eran cambiados por depósitos de capitales en dólares y pesos. El abogado se refirió al expresidente del Banco, el venezolano José Luis Santoro, y otros vinculados al fraude en el Banco Peravia. Las empresas utilizadas por los ejecutivos del Banco Peravia fueron Murviel Dominicana S.A, Aerolineas Ejecutivas de América C.A, Constructora J&K, C.A, Murviel Trading, INC., Plastico Celia CxA, Inversora Cablecentro CxA, Inversora Santoro CxA, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, LLC., Construcciones Cohombral CO, S.R.L., Save Just Buy Import SJBI, S.R.L., Caribbean Of Senses CARSEN, S.R.L., Murviel Capital Trading, INC., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma CxA, Inversiones Auyante Puy, Serret Travel, SRL. (RNC: 1-30-72325-7). Asimismo, se encuentran Hermanos Serret, SRL. RNC:1-01-07735-2, Centro de Acopio Banilejo (RNC:130-286752), Laboratorios Emerson CxA, Lubri Seguros RM, SRL., Green Universal Energy Cabral Veras, SRL., Mountain Ranch-Rio Arroyo Vuelta, SRL., Monteazul Invesments, SRL., Kemasik Inversiones, EIRL., Movimiento Económico de Acción Social Medas, C por A., Intercambio Coorporativo, SRL. Otras empresas son GAF Natural Gas & Oil Terminal, SRL., La Esquina de Tejas, SRL., Plasticos Rositere CxA, Televisora TIC.tv, America Siol Innvation CR, S.A., Celia Investment, World Automotive of Florida INC, Hampton Chrysler Dodge & Jeep INC, Kegan Investment Corp, Space Big, CxA, Industrial Caucedo, SRL. (Registro Mercantil No. 16463SD), City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Lomert Realty Business, SRL. (Registro Mercantil No. 93561SD), Canteras Del Trópico, SRL. (Registro Mercantil No. 44427SD), Intercambio Corporativo DR, SRL. (Registro Mercantil No. 41274SD), Constructora y talleres de ensamblaje Del Caribe, SRL. (Registro Mercantil No. 101783SD), Inmobiliaria María, SRL., Inversiones María S.R.L., Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Impresos Latinoamericanos C.A., Consultoria Farlouber y Consultora Krispo CKPO. La mayoría de estas empresas, aseguró el abogado, les fueron comunicadas y denunciadas a la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana manera oportuna a los fines de que pudieran prever con antelación la ocurrencia de un evidente lavado de activos y operaciones fraudulentas que a través de las mismas se venían cometiendo. Sin embargo, indicó que las autoridades monetarias no hicieron nada hasta que sobrevino el escándalo de la quiebra del Banco Peravia.
– Con información de http://acento.com.do
PARAÍSOS FISCALES. De un lector: Numerosos venezolanos con fortunas controversiales, ligados varios antes o ahora al campo de la actividad petrolera y quienes supuestamente han enviado fondos a paraísos fiscales, han recurrido no solo al bufete Mossack Fonseca sino a otros bufetes como Morgan & Morgan. Algunas de las empresas registradas en dichos negocios pertenecen a connotados panameños, quienes también se han vinculado con contrataciones petroleras venezolanas.
– Adrián Ramírez
MINERALES POR MEDICINAS. El ministro Pérez Abad parece haberse topado con fuerzas que ejercen supremacía en las empresas básicas de Guayana. El plan que presentó para el canje internacional de minerales por medicinas, alimentos e insumos básicos estaba casi para concretarse, con ofertas ya propuestas y medicinas listas para ser embarcadas, pero esas fuerzas parecen haber jugado en oposición a su idea, dejando de ello internacionalmente una mala impresión.
– Daniel Morales
FRANKLIN DURÁN SE HABRÍA CONVERTIDO EN CLIENTE DE MOSSACK FONSECA ESTANDO EN PRISIÓN. Franklin Durán, un venezolano que purgaba una condena de cuatro años en Texas, acusado de ser agente no declarado de Venezuela, se habría convertido en cliente del bufete Mossack Fonseca estando en prisión. Según un artículo publicado por Miami Herald y cuya versión en español publicó El Nuevo Herald el viernes 15 de abril, Durán habría estado preso cuando supuestamente firmó un documento que le habría dado el control de Redes Private Foundation, establecida en 2009 y con sede en Curazao. Según la publicación con la firma de Durán, su participación en la empresa se extendería a otras compañías. "Así las cosas, a partir de ese momento Mossack Fonseca habría comenzado a hacer negocios con un delincuente convicto que tenía un archivo en el FBI y un rastro de documentos que llegaba a dos continentes”, aseveró el diario. La publicación implicaría a otra firma de Panamá, pues como antecedente explica que “a principios de 2012, Infante & Pérez Almillano, un bufete panameño que enviaba clientes a Mossack Fonseca”, habría establecido una empresa de fachada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Refproven Ltd. Según la publicación, los registros compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación mostrarían que el accionista de esta empresa era Ref Pro Ltd., una entidad registrada por Mossack Fonseca en el mismo territorio en 2010. A su vez, el accionista de Ref Pro habría resultado ser Redes Private Foundation”. Durán fue liberado de prisión el 3 de junio de 2011, según registros federales que cita el diario. En mayo de 2015, seis años después del escándalo argentino conocido como el “maletinazo”, cuando Durán intentó ingresar $800 mil en una maleta, el bufete Mossack Fonseca le habría pedido explicaciones de ese caso y cuatro meses después el Departamento de Cumplimiento de Normas del bufete habría enviado un e-mail a la firma que les refirió el cliente. Al día siguiente, dice El Herald, Infante & Pérez Almillano les habría autorizado a renunciar con efecto inmediato.
– Con información de http://www.prensa.com // Agencias
EMPRESARIO. (+TRADUCCIÓN). Ahora, el dueño minoritario de XY Jet, que se dirige a Dubai a finales de este mes para impugnar la Shaheen oro, Iván Rodríguez Gelfenstein construyó su estado-of-the-art Gelfenstein Granjas hace tres años en Ocala, FL. La instalación de $ 20 millones de dólares incluye 76 puestos, 22 potreros, una pista de entrenamiento de media milla y de caminadora mecánica. El nativo de Venezuela, que es muy respetado en los círculos de carreras americanas, también tiene vínculos con personajes de su país de origen, de acuerdo con palmettobusinessdaily.com. El hermano de Gelfenstein fue una vez un alto asesor del ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que dio lugar a la revolución anticapitalista en ese país, y fue más recientemente el viceministro de relaciones exteriores para el sucesor socialista de Chávez, Nicolás Maduro. Gelfenstein mismo se involucró con un mayor general Carlos Osorio través de su empresa Comercializadora LGT, obtener un beneficio de la importación de alimentos al país. Osorio está ahora bajo investigación por un escándalo de corrupción importación de alimentos. El director de relaciones internacionales de Gelfenstein Granja aparece como Freddy Arenas, que trabajó en el círculo íntimo de Chávez, junto con Osorio para facilitar la compra de medicamentos del gobierno para ser vendidos a los ciudadanos venezolanos. Gelfenstein mismo nunca ha explicado públicamente que el dinero invertido a su imperio de carreras de caballos viene, a pesar de que está vinculado a un número de empresas registradas en el sur de la Florida.
– Con información Agencias
CONTRATISTA DE CITGO SEÑALADO DE IRREGULARIDADES EN PDVAL VENDE MAQUINARIA PESADA A SIDOR. De un lector: Uno de los propietarios (ambos venezolanos) de la empresa Swissxer, registrada en Suiza, sería el muy conocido José Manuel González, uno de los más favorecidos contratistas de CITGO. Se asegura que concretó la venta de más de 120 equipos (maquinaria pesada de movimiento de tierra, camiones y grúas) a SIDOR, vía Corpovex. La negociación se habría concretado entre finales de 2015 y principios de 2016. Tulio Farías y José Manuel González T., ex gerente de PDVAL, uno de los señalados de las compras de PDVAL con presuntos sobreprecios de 1000%, quien tiene prohibición de salida del país y mantiene un expediente en los EE.UU., continuaría haciendo negocios con PDVSA, CITGO, BARIVEN HOUSTON y HOLANDA y CORPOVEX (con precios aparentemente inflados, según verifican los contratos asignados por empresas como PDVSA, BARIVEN y CITGO a las siguientes compañías: Ameritraders, Bridco, Thomas Pipe, SGL Tecnic, Petrologis, Petequip, y muchas otras empresas mas. Los costos en exceso de estas contrataciones oscilarían alrededor de 300%. Adicional a esto, se asegura que mantiene en su nómina a funcionarios de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como vinculación con el Gerente de Procura de Pdvsa Gas Francisco Prada y Roy Gamboa, Gerente Regional de Procura de Pdvsa Gas, Rick Esser Vice President, Supply and Marketing CITGO, Eduardo Assef Vice President, Refining CITGO, Jose luis de Jong Ex Gerente de Procura de CITGO, Tomeu Vadell Vice President and General Manager, Lake Charles Manufacturing Complex CITGO, Presidente de Bariven Jesús Guaraco, al Gerente de Bariven Holanda y Houston. En Pdvsa y Citgo en Houston José Manuel González es conocido en todas las gerencias y en Bariven la oficina de Jesús Guaraco lo conocen todos y reciben. Actualmente Tulio Farías y José Manuel González T., habrían hecho negocios con PDVSA, BARIVEN y CITGO a fin de vender una serie de repuestos y equipos a estas filiales de PDVSA con supuestos precios inflados a través de su vínculo con el José Luis de Jongh, ex gerente de procura de CITGO. González, con prohibición de salida del país, logra dejar el territorio venezolano cada vez que quiere desde el aeropuerto de Valencia con uno de sus aviones que tiene un costo de 12 millones de dólares e ingresaba a los EE.UU., de donde al parecer tuvo que salir y es seguido por las autoridades por diversas causas. Ingresaba a EE.UU. a través de aeropuertos pequeños del Estado de Florida, donde no quedan registrados sus ingresos. No sólo jugo con la alimentación del pueblo, sino con las empresas de Guayana, con la venta de equipos con supuestos excesos de costo hasta de 1000% e inclusive el presunto cobro de equipos que nunca habrían sido entregados a las empresas.
- Alejandro Mejías
INTERNACIONALES
EE.UU. NEGÓ VISA A EXSENADORA COLOMBIANA PIEDAD CÓRDOBA. El martes 12 de abril la exsenadora de Colombia Piedad Córdoba dijo al portal Semana.com que la Embajada de Estados Unidos le había negado, sin explicación alguna, la renovación de su visa para poder entrar al país del norte. Córdoba explicó que hacía dos semanas se había acercado a la Embajada de Estados Unidos en Colombia con el fin de renovar su visa. El motivo era poder hacerle seguimiento a la demanda que interpuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por una sanción disciplinaria que recibió de parte del procurador Alejandro Ordóñez, cuya destitución la dejó fuera de la actividad política. De esta manera, la líder de la Marcha Patriótica, indicó que durante la entrevista con el cónsul, éste le solicitó a la política que aportara una invitación de la CIDH para certificar su asistencia. “No puedo esperar una invitación porque soy yo quien le hago seguimiento a mi proceso”, exclamó Córdoba para después señalar que no comprende el motivo por el cual la Embajada de Estados Unidos no aprobó la renovación de su visa, debido a que, desde hace muchos años, tenía el documento de viaje y nunca había tenido problema alguno. Asimismo, la comunicadora Darcy Quinn de Caracol Radio, comentó la posibilidad de que esta decisión tenga alguna conexión con la relación de apoyo que mantiene la exsenadora con el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro. “Piedad Córdoba es una ex senadora política reconocida que ya tenía visa, ¿por qué no renovársela como sucede con cualquier ciudadano? ¿Qué pasara con los viajes de la senadora para encontrarse con Simón Trinidad? ¿Qué tanto tiene que ver la relación de Piedad Córdoba con Venezuela en esta decisión? Lo que está claro es que no le negaron la visa por la falta de un documento. Ahí hay algo más”, concluyó Quinn.
– Con información de Agencias
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| Piedad Córdoba, Jorge Pretelt, Fuad Char Abdalá |
SEIS PESOS PESADOS COLOMBIANOS SIN VISA PARA USA. El gobierno de Estados Unidos decide discrecionalmente a través de sus consulados en todos los países del mundo y mediante un procedimiento de verificación y de información ligada a sus agencias de inteligencia, a quien le permiten o no la entrada a su país. Varios colombianos han entrado en su lista negra y a pesar de que localmente gozan de prestigio y poder político, los Estados Unidos no quieren verlos en su territorio. El comportamiento que sancionan prioritariamente es cualquier sospecha de vínculos con el narcotráfico. El colombiano de mayor jerarquía que encabeza la lista de los que no pueden entrar a Estados Unidos es el ex presidente Ernesto Samper quien desde 1994 perdió su visa por cuenta del escándalo del proceso 8000 cuando se confirmó la entrada de recursos del Cartel de Cali a su campaña. El presidente Samper volvió en el 2015 por su condición de Secretario General de la Unasur que le da una condición diplomática especial. A la exsenadora y dirigente de Marcha Patriótica Piedad Córdoba no se le renovó su visa, aunque los Estados Unidos no tienen obligación de dar explicaciones, se presume que la decisión pudo haber sido tomada por los vínculos de la ex parlamentaria con el gobierno de Hugo Chávez. El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt perdió su Visa a finales del año pasado cuando la Comisión de Acusaciones de la Cámara lo acusó formalmente, por el presunto delito de soborno en el caso de Fidupetrol. El general Mario Montoya: desde que regresó de su Embajada en República Dominicana, perdió su visa por su vinculación con los llamados falsos positivos. Hace unos días la Fiscalía solicitó audiencia para imputarle cargos y pedir su detención. General Luis Eduardo Martínez: Fue el propio presidente Santos y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas quien una vez le pidió la baja de la institución por posibles relaciones con narcotraficantes pidió que se le retirara la visa. El general apareció mencionado en informes de la DEA que lo relacionan con carteles de la droga y grupos paramilitares cuando fue comandante de la policía de Antioquia. Fuad Char Abdalá: El exsenador de Cambio Radical, perdió su entrada a Estados Unidos a mediados de los años 80 en el marco de una investigación en Estados Unidos. El ex senador y papa de Alcalde de Barranquilla Alex Char habría participado en un negocio para exportar jugadores del América de Cali manejado por los extraditados hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
– Con información de http://www.las2orillas.co
PANAMÁ, UN PAÍS HECHO POR Y PARA LOS ABOGADOS. En Panamá hay cuatro abogados por cada médico. Son un ejército de más de 22.500 letrados, uno por cada 183 panameños, el mayor porcentaje per cápita de Latinoamérica. Su condición de país de negocios –marcado por el canal, su inmensa zona franca para el comercio y una laxa legislación tributaria y financiera– ha ido gestando una legión de expertos en leyes incrustados muchas veces en las altas esferas de poder económico y también político. El propio Ramón Fonseca Mora, el fundador de la firma de abogados colocada en el centro del escándalo por la filtración conocida como Papeles de Panamá, era hasta hace unas semanas ministro Consejero y presidente del partido en el poder. Y al menos otros cinco altos cargos del Gobierno, dos de ellos ministros, son abogados en excedencia de despachos especializados en empresas opacas. La puerta giratoria de más recorrido es la del ministro de Economía. Dulcidio De La Guardia pasó por varios de los grandes bancos panameños hasta que en 2009 fue nombrado viceministro de la cartera económica. Tan sólo un mes después de concluir su cargo público fue fichado como director financiero por el despacho más importante del país, Morgan & Morgan, para en dos años volver al Gobierno pero ya a la cabeza del ministerio. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, experto en derecho fiscal y mercantil, cuenta incluso con bufete propio –entre los 10 más grandes– heredado de su padre. Mientras que el vicecanciller de Exteriores y el director del registro público pertenecen también a la camada de Morgan & Morgan. El idilio entre la firma de abogados y el gobierno se remonta a cinco décadas atrás, cuando Eduardo Morgan Jr., socio e hijo del fundador del despacho puntero panameño con presencia en tres continentes, fue nombrado ministro de Justicia por el dictador Omar Torrijos. No toda la abogacía se dedica sólo a manejar empresas offshore. Pero, como reconoce Juan Carlos Arauz, vicepresidente del Colegio de Abogados, el derecho mercantil panameño está profundamente condicionado por una legislación que apenas se ha tocado desde 1927, cuando inspirados por el ejemplo estadounidense se abrieron las puertas a estos polémicos vehículos jurídicos: “Todo el derecho corporativo está tan implantado en la sociedad panameña que no es sesgada la presencia de abogados en el Gobierno”. El segundo hombre en la cartera de Exteriores y socio en excedencia de Morgan & Morgan, Luis Miguel Hincapié, es por ejemplo especialista en “la incorporación de estructuras offshore en Panamá, Belice e islas Vírgenes Británicas”, según informa el despacho. Su nombre parece en 193 operaciones entre los documentos filtrados a los que ha tenido acceso el medio panamericano Connectas, uno de los colaboradores de la investigación. “En Panamá no existe ninguna legislación sobre el conflicto de interés, ni hay ninguna intención de crearla. Puedes pasar de lo público a lo privado y la inversa. Ha pasado siempre. Este es un país hecho por abogados y para abogados”, sostiene el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Antonio Bernal. Desde su independencia de Colombia a principios del siglo pasado, la historia del istmo está atravesada por el juego de intereses comerciales y geopolíticos abiertos alrededor del canal transoceánico. Desde la insistente presencia de EE UU hasta el diseño de un andamiaje jurídico y bancario pensado para que el cliente siempre tenga razón. La configuración de su plataforma bancaria en la década de los 1970 –aún en plena dictadura– con holgadas ventajas fiscales y de confidencialidad ha sido imán para los capitales internacionales. El pequeño país centroamericano cuenta con la presencia de 90 bancos –el doble que en México, más del triple que en España–, que el año pasado sumaron en total 118.477 millones de dólares en activos. Pese algunos avances en la legislación, Panamá sigue apareciendo en muchas de las listas de paraísos fiscales. “Hay demasiados abogados en el gobierno que vienen del sector offshore. A veces uno duda si realmente representan los intereses de cuatro millones de panameños o su sector”, apunta el representante de Transparencia Internacional en Panamá, Ramón Arias. En principio, no es una cuestión directamente económica. Un ministro panameño gana alrededor de los 7.000 dólares al mes mientras que el socio de un despacho de los grandes puede superar los 25.000 más variables. Se trataría más bien de una fascinación por el poder y sobre todo de como engorda la agenda de contactos tras pasar por un cargo público. Fonseca Mora, el hombre que se jacta de haber creado más de 240.000 empresas y cuya filtración ha vuelto a poner en sobre la mesa de la comunidad internacional la necesidad de tapar los agujeros de la opacidad financiera global, ha sido ministro con los dos últimos presidentes panameños. Su hijo, Eduardo Fonseca Ward, fue designado hace dos años cónsul general en Emiratos Árabes Unidos, donde tiene una de sus sedes la firma de abogados de su padre. Alfredo Fonseca Mora, uno de sus hermanos, es el actual director general de la Autoridad Aeronáutica Civil. Los despachos de los actuales ministros informan de que sus antiguos empleados están temporalmente dados de baja de la firma. Uno de los asesores de la cancillería de Exteriores compagina sin embargo los dos papeles. Gian Castillero es uno de los pesos pesados en las negociaciones de Panamá con los organismos internacionales sobre lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal. Y a la vez, aparece entre la lista de socios de Arifa, otro de los grandes despachos. El nombre de Castillero también se encuentra relacionado hasta con 90 empresas en las filtraciones de los llamados Papeles de Panamá.
– Con información de David Marcial Pérez - http://internacional.elpais.com
El PH 909 es un edificio de 17 pisos al este de la ciudad de Panamá. La oficina principal está ocupada por un banco; en la entrada principal, a la derecha, hay un pasillo y un recepcionista que controla el ingreso hacia el ascensor. Por este pasillo desfilan elegantes hombres y mujeres de negocios que contratan abogados para crear en Panamá, uno de los paraísos fiscales más importantes del continente, empresas y cuentas bancarias al servicio de empresas y particulares de otros países. En el sector se los conoce como “servicios offshore”. El piso 16 del PH 909 es la sede de Arias, Alemán & Mora, la firma de abogados que, en 1998, creó empresas para que Carlos Perla y Mario Orellana, expresidente y exgerente de la empresa pública de aguas en El Salvador, ANDA, ocultaran sobornos por nueve millones de dólares durante el tercer gobierno del partido Arena. Aquellas empresas están hoy inactivas porque Perla fue condenado por corrupción, mientras que Orellana es prófugo. Se le busca por lavado de dinero. Han pasado los años, pero el edificio PH 909 es como un imán que sigue atrayendo a otros salvadoreños ansiosos de llevar su dinero a Panamá, un país caluroso en el que los propietarios de empresas offshore no pagan ningún impuesto. Dos pisos abajo del bufete que atendió a los exfuncionarios de ANDA, en el 14, está Infante & Pérez Almillano, otra firma legal, relacionada con la creación de empresas de Miguel Menéndez, Mecafé, según ha revelado la investigación de los #PanamáPapers. Infante & Pérez Almillano es también el bufete que Alba Petróleos de El Salvador contrató para representar a una de las ocho empresas filiales offshore que tiene en Panamá. Alba Petróleos es una empresa semipública, creada en 2006 por el entorno del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para importar combustible subsidiado desde Venezuela. La empresa pública venezolana PDVSA es dueña del 60% de las acciones y 18 alcaldías gobernadas por el Frente son propietarias del 40% restante. Desde su nacimiento en 2006, Alba Petróleos de El Salvador compra combustible subsidiado al gobierno venezolano gracias a que el Estado salvadoreño, por medio de las municipalidades, se ha comprometido a pagar una deuda con PDVSA que en el año 2014 ya alcanzaba los 943.4 millones de dólares. El de Alba Petróleos es un millonario negocio, un delicioso banquete en el que los principales comensales son un puñado de empresas relacionadas con dirigentes del FMLN, que gozan de millonarios créditos a bajos intereses, sin responsabilidad directa alguna con Venezuela. Las alcaldías, que han comprometido el dinero de los contribuyentes en esa inversión, se alimentan mientras tanto de las migajas. Es decir: las alcaldías pusieron su dinero en Alba Petróleos; Venezuela puso el combustible en Alba Petróleos; pero Alba Petróleos no ha repartido utilidades a las alcaldías sino que ha destinado sus ingresos a hacer préstamos a empresas, dirigidas por socios y abogados relacionados con José Luis Merino. Y, por ser estas empresas privadas, el dinero que entra a sus cuentas bancarias ya no puede ser fiscalizado por la Corte de Cuentas. (PULSE AQUÍ PARA VER MÁS) – Con información de http://www.elfaro.net
EMBARGAN EN PUERTO RICO A HERMANO DE IMPUTADOS EN FRAUDE DE BANCO PERAVIA. El Departamento de Hacienda de Puerto Rico informó que fueron embargadas varias empresas en la Isla, las cuales “mantienen una deuda millonaria por concepto de pagos de impuestos pendientes”, entre las cuales figura la empresa American Parking System, propiedad del dominicano Miguel Cabral Veras, socio en el negocio de dos de los imputados en el supuesto fraude del Banco Peravia de República Dominicana. Miguel es hermano de Nelson y Rolando Cabral Veras, quienes según autoridades dominicanas, estarían vinculados al fraude que llevó a la quiebra al Banco Peravia y se encuentran detenidos en la República Dominicana, acusados de lavado de dinero, “enriquecimiento ilícito y estafa”, entre otros cargos. En el expediente también figuran varios venezolanos. Como propietario de esta empresa también figura Julio Cabral Veras, otro de sus hermanos. De acuerdo con el Secretario Auxiliar de Rentas Internas del Departamento de Hacienda de Puerto Rico, Víctor Pizarro Núñez, la entidad federal “embargó tres estacionamientos y las oficinas centrales de American Parking System Inc, la cual tiene deudas acumuladas por $6, 574,772 millones aproximadamente, por conceptos de IVU ($2,199,774) y otros $4,374,997 por conceptos de retención patronal.” Entre otras violaciones de la referida empresa propiedad de Miguel Cabral, Hacienda cita “penalidad por violación al Reglamento de IVU Loto; por contribución retenida a contratistas; contribución sobre ingresos corporativos; pagos por cheques devueltos; cheques devueltos de IVU y multas, penalidades y violación al Reglamento del IVU.” Pizarro Núñez, “este es el operativo más grande en términos de la totalidad de la deuda, que realizamos desde que comenzó el año. Lamentamos que estos comerciantes no reaccionaran a nuestros acercamientos para poner al día su situación contributiva. Como hemos dicho, continuaremos actuando como nos permite la ley, para que todos cumplan con sus responsabilidades, sin distinción”, dijo el funcionario. Explicó que, “el operativo consiste en incautar de forma preventiva la propiedad que utiliza este comerciante en la operación de su negocio y se les impide que continúen con la operación hasta que lleguen a un acuerdo con Hacienda o culmine el término preventivo, en el que entonces nosotros ejecutamos el embargo”. Los estacionamientos intervenidos están localizados en los hoteles Condado Plaza y Hotel San Juan de Isla Verde y frente a la Universidad Interamericana en Cupey. También se intervino la oficina central de American Parking, ubicada en San Juan. Agrega la entidad que “con los propietarios de la compañía American Parking, el Departamento de Hacienda realizó varias gestiones para que cumplieran con su responsabilidad contributiva, pero estas fueron infructuosas.” En Bayamón, Hacienda embargó un local con dos corporaciones; Green Windows Corp, una fábrica de puertas y ventanas y G W MFG Corp. Estas acumularon deudas por $259,758 por los conceptos de IVU, contribución sobre ingresos corporativos y contribución retenida, al igual que la fábrica de válvulas industriales Engineering Systems & Sales Inc. PROSPERIDAD DE LOS CABRAL VERAS. De acuerdo a importantes medios en Puerto Rico, Rolando, Miguel, Ramón, y Julio Cabral Veras, todos hermanos, cobraron amplia notoriedad en la Isla “por supuestos manejos de negocios con el Gobierno, cuestionados o que han sido objetos de procesos judiciales.” Según una investigación de Florida Center for Investigative Reporting, FCIR, “Ramón estuvo prófugo por un fraude en la Autoridad de los Puertos, a Julio se le han cuestionado negocios con el Departamento de Educación a través de Editorial Panamericana y alquiler de locales a agencias públicas, Miguel fue cuestionado por fiscales como parte del caso de corrupción del ex senador Jorge de Castro Font, a quien él y Rolando le daban donativos políticos, y Rolando también aparece como donante del senador demócrata Bob Menéndez, recientemente acusado a nivel federal por corrupción.” Agrega el informe investigativo de FCIR que “Julio Cabral Veras, que se identifica como propietario de American Parking Systems, es dueño de Editorial Panamericana, que desde 2009 ha sostenido contratos con el Departamento de Educación para servicios de adiestramiento y orientación, por más de $8.9 millones, según se registra en la base de datos del Contralor de Puerto Rico”, precisa la referida investigación realizada por un equipo de periodistas. Mientras que para nadie en Puerto Rico es un secreto que “esta familia realizó importantes donaciones para programas de asistencia social, no solo en la Isla del Encanto, sino también en su natal, República Dominicana.” BIENES PODRÍAN SER SUBASTADOS. Sobre el proceso de embargo contra las empresas, Rentas Internas aclaró que “firmar un plan de pago con el Departamento de Hacienda, no les exime de las gestiones de cobros que pueda realizar la agencia en aquellas instancias que dicho plan de pago no se mantenga al día según pactado.” “Todos los embargos tienen carácter preventivo y se efectúan con el propósito de garantizar el cobro de deudas con el Estado Libre Asociado. Transcurridos 30 días a partir de la fecha de notificación, el embargo será ejecutado si no se ha cancelado la deuda en su totalidad. Después de ese período, la propiedad embargada o parte de ella, será vendida en pública subasta tan pronto sea posible, sin más avisos.” – Con información de Rose Mary Santana - http://acento.com.do
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