Notas del Día 06/05/2015

EXPORTACIONES FANTASMAS DESDE ECUADOR. Por: Rafael Medina - A más de 200 millones de dólares ascendería el fraude detectado en Ecuador a través de exportaciones fantasmas a Venezuela mediante compañías fachada, con divisas preferenciales.
Las señaladas son al menos 90 compañías entre venezolanas y ecuatorianas, las cuales habrían implementado un esquema de presunto lavado, mientras que los señalados en la trama que involucró al Banco Territorial y a la cooperativa Coopera en Ecuador, serían al menos nueve empresarios venezolanos, cuyos nombres no se han dado a conocer hasta ahora, aunque se estima que podría haber entre ellos empresarios financieros que fungían como supuestos gestores. En algunos medios se ha afirmado que ciertas informaciones digitales sobre el tema han dejado de circular súbitamente.

VARIOS. A continuación destacamos polémicos artículos difundidos recientemente por distintas publicaciones y medios de comunicación. Dejamos a consideración de nuestros lectores las respectivas opiniones… Conozca los propietarios del avión que transportó droga a República Dominicana “Caso Solid Show “ Juan Carlos Escotet, un broker hecho a sí mismo El banquero que no está en rojo Caso 6to Poder crea crisis en el Poder Judicial (+audio) Padre de Leocenis García realiza portesta en Asamblea Nacional Comunicado de Leocenis García por la huelga de su padre en la AN Marea Socialista va por su cuenta a la AN pero no abandona su apoyo a Maduro “LA VERDAD SOBRE LA BEBIDA RED BULL” Sucedió en la asamblea de precandidatos a diputados del PSUV... y es grave La herencia maldita CITGO convertida en campo de batallas tribales Fotosecuencia: Dos motobanquistas son captados en acción frente a un banco de Catia (+denuncia)

RED MUNDIAL DE LAVADO Y NARCOTRÁFICO SE TEJIÓ A TRAVÉS DEL BANCO PERAVIA. José Luis Santoro se define en su blog como el "ejemplo de un venezolano luchador". Es muy conocido en Maracay, Aragua, por su participación en compañías como la Televisora Sindoni (TVS), el diario El Aragüeño, TIC Televisión, Plásticos Celia, la compañía de productos de higiene personal Croma, Impresos Latinoamericanos, así como ferreterías, gasolineras y hasta un alquiler de carros en Doral Beach, Estados Unidos. El próspero empresario ha sido también presidente de Fedeindustria, de la Cámara Nacional de Juguetes y de la Cámara Venezolana de Televisoras Independientes. Santoro, quien era accionista minoritario de TVS, no sólo logró obtener el control del canal luego de que su presidente, Filippo Sindoni, fuera asesinado en 2006, sino que además convenció a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de que la concesión de la televisora no debía cesar tras la muerte de su accionista mayoritario, como sí ocurrió con otras emisoras. Cuando los herederos de Sindoni lograron que la justicia les devolviera el control del canal en 2011, Santoro partió a República Dominicana y en diciembre de aquel año adquirió el Banco Peravia junto a Gabriel Jiménez Aray, un abogado que participaba en el litigio por TVS, pero en representación de los Sindoni. Su novel socio Jiménez Aray había tenido un cargo de poca influencia en el Ministerio de Finanzas, al que ingresó de la mano de Rafael Isea, quien en 2008 estuvo brevemente al mando de ese despacho antes de ganar la gobernación del estado Aragua como candidato del PSUV. Fuentes de sectores económicos y políticos en Venezuela identifican a Santoro y Jiménez Aray como testaferros del exmandatario regional y los nexos son tan fuertes, que cuando Isea decidió negociar con la DEA (Drug Enforcement Administration) para convertirse en testigo protegido, lo hizo desde República Dominicana, motivado por las relaciones que mantenía con los directivos del Banco Peravia, según señaló el diario El Nacional en septiembre de 2013. La Superintendencia de Bancos de República Dominicana envió a la Fiscalía de ese país un informe para sustentar la acusación criminal contra Santoro, Jiménez Aray y otros involucrados por los manejos turbios del Banco Peravia. El documento de 157 páginas, que Contrapunto obtuvo en exclusiva, fue preparado por la Comisión de Disolución de la entidad y detalla las operaciones de lavado de dinero, estafas, préstamos a narcotraficantes que cumplen condenas en cárceles estadounidenses y hasta desvíos de transferencias bancarias, una que incluso afectó al Banco Central de Venezuela (BCV). El ente emisor había transferido 3,59 millones de dólares a la cuenta que el Consorcio Kaya Armoring Blindados tenía en el Banco Peravia. La operación permitiría cumplir con el pago de unas camionetas que el BCV compró a la empresa dominicana, pero el dinero nunca llegó a su destino. Las operaciones del Banco Peravia eran irregulares de varias formas. Las autoridades financieras dominicanas detectaron que la institución logró desviar recursos a través de suplantación de identidades, falsificaciones de documentos, el otorgamiento de préstamos fraudulentos para pagar a proveedores y acreedores, pero también se sustrajeron fondos mediante créditos ficticios para los que los directivos utilizaron los datos de sus clientes y también autorizaron préstamos a terceros que luego eran desviados hacia las cuentas de los directivos o ejecutivos del propio banco. En el reporte de la Comisión de Disolución que la superintendencia dominicana preparó se demuestra que 80% de las operaciones del Banco Peravia eran simuladas y que la "instrumentación de fraudes de créditos fue implementada desde el año 2005 por parte de los directivos de entonces, y que continuó a partir del año 2012 tras la venta y traspaso a los nuevos accionistas", es decir a Santoro y Jiménez Aray. Antes de ellos, el banco estaba en manos de la familia Serret, de origen dominicano, que tras la venta se quedó con una participación minoritaria en la entidad. En la página 6 del informe se explica que desde abril de 2011 la institución fue sometida a varios planes de fortalecimiento por parte de la Superintendencia de Bancos, con la finalidad de "corregir las múltiples debilidades detectadas durante las inspecciones", pero sin éxito. Cuando finalmente las autoridades decidieron que ya era hora de liquidar al Peravia, en diciembre de 2014, se detectó un faltante de recursos por más de 31 millones de dólares. El informe está lleno de pruebas de los préstamos que fueron otorgados a personas que aseguran no haberlos recibido, pero también otros casos en los que se actuó en connivencia con los beneficiarios de los créditos. La superintendencia encontró un expediente que revela que el 23 de agosto de 2012 el Peravia le prestó 14.600 dólares al dominicano Wilson Darío Valdez Dietsch, quien se encuentra en una cárcel de Nueva Jersey, Estados Unidos, desde el año 2007. La justicia estadounidense demostró que Valdez, cuya condena se extiende hasta 2019, participaba en la distribución de cocaína en Jersey del Norte, Nueva York, Pittsburgh y Florida, en alianza con el colombiano Alejandro Cleves, conocido como el "Caballero de la Cocaína", quien fue detenido en el año 2008 tras demostrarse amplias conexiones con carteles de la droga en Colombia. En el expediente bancario había una planilla firmada por Valdez con la solicitud del préstamo que fue aprobada por miembros de la familia Serret, antiguos dueños y ahora accionistas minoritarios del Peravia, y que cuenta con firmas notariadas. También reposa en la carpeta una copia del reporte del Departamento de Corrección de Nueva Jersey con la información de la sentencia a Valdez y hasta un reporte que indica que el presidiario saldó su deuda el 30 de mayo de 2014. La Fiscalía dominicana investiga a 25 policías y militares por su presunta participación en los fraudes cometidos por el Banco Peravia. Fuentes cercanas al caso, que prefirieron no revelar su identidad por razones de seguridad, dijeron a Contrapunto que Santoro y Jiménez Aray eran "expertos en conformar células de militares, policías y jueces en República Dominicana y Venezuela para que los protegieran en el negocio del lavado de dinero". Yeni Berenice Reynoso, la fiscal dominicana del Distrito Nacional, dijo esta semana que no se descarta la acusación e imputación de algunos de ellos por la comisión de delitos vinculados con las irregularidades detectadas en la institución financiera, según publicó esta semana el periódico dominicano Listín Diario. Ya el capitán de la Policía Nacional de República Dominicana, Brezhnev Jiménez, fue apresado junto a otros cuatro ciudadanos en diciembre de 2014 bajo cargos de lavado de dinero a través del Banco Peravia y de narcotráfico. En el local de Santo Domingo donde fue detenido se encontraron títulos de propiedad y otros documentos del banco, que entonces ya estaba intervenido, además de casi seis kilos de cocaína. La Unidad Antilavado de la isla caribeña detectó que el policía era el líder y mecenas de una red para mover drogas desde Perú hasta Estados Unidos, pasando por República Dominicana. A cada uno de los cinco detenidos se les dictó un año de prisión preventiva, según reseñó el diario dominicano El Nacional. También fueron relacionados a la investigación cuatro pilotos venezolanos y dos técnicos dominicanos que fueron detenidos el pasado 10 de marzo cuando intentaron volar una avioneta de los directivos del Banco Peravia sobre la que pesaba una medida judicial que impedía su uso. El plan era llevar la aeronave desde el aeropuerto Joaquín Balaguer de Santo Domingo a Venezuela. Se les acusó de robo, pero ellos aseguraron que fueron contratados para hacer el trayecto. Los pilotos fueron liberados por un tribunal dominicano el jueves 26 de marzo, tras demostrarse que no estaban vinculados con Santoro y Jiménez Aray. No siempre las autoridades dominicanas estuvieron pendientes de que la medida para inmovilizar la avioneta Cessna de matrícula N61MA se cumpliera. El pasado 3 de febrero, ya vigente la orden, se registró un vuelo entre los aeropuertos Opa-Locka Executive, en Miami, y el Joaquín Balaguer, según reporta la web FlightAware, dedicada a registrar vuelos. Las fuentes consultadas por Contrapunto aseguraron que una de las tantas vías que consiguieron Santoro y Jiménez Aray para lavar dinero fue a través de Casinos Dreams, una empresa de capital canadiense inmersa en un escándalo de grandes proporciones que involucra incluso a la mafia siciliana. Los informantes relataron que Sasha Visser era uno de los trabajadores de la Corporación Dreams, propietaria de los casinos, y llegó a ser tan importante a mediados del año pasado que podía representar legalmente a la empresa, pero además estaba conectado con el Banco Peravia a través de una cuenta que poseía en esa institución. Si bien el informe de la Superintendencia de Bancos no habla de las relaciones entre la entidad bancaria y la corporación, dos fuentes sin conexión entre sí confirmaron a Contrapunto que Santoro y Jiménez Aray conocían a Visser, hacían negocios con él y que, incluso, gozaban de los beneficios del personal de seguridad –serbios, en su mayoría– que Visser contrataba para Dreams. Uno de los consultados afirmó que la red de casinos funcionó para lavar el dinero del Peravia, pero también para muchos negocios más. "Eso es lo que Vito Rizzuto aprentemente quería hacer con Casinos Dreams", dijo una fuente. Rizzuto era el padrino de la mafia siciliana en Montreal, Canadá. Murió en diciembre de 2013, en medio de las investigaciones que las autoridades dominicanas y canadienses adelantaban sobre el lavado de dinero a través de los casinos y unas 1.000 bancas de apuestas en República Dominicana. Las autoridades no han culminado las pesquisas, pero medios canadienses reportan que Rizzuto habría presionado a los hermanos Franceso y Antonio Carbone, quienes estaban al frente de Casinos Dreams financiados por el multimillonario canadiense Michael DeGroote, para que blanquearan capitales a través de varias empresas. El diario Global News señala que Vito había tomado el control de los negocios de su padre, Nicolo Rizzuto Sr., cuando éste fue condenado a cinco años prisión en 1988 por tráfico de cocaína desde Venezuela hasta Canadá, pasando por República Dominicana. A Santoro y Jiménez, en su papel de directivos del Banco Peravia, no sólo se les relaciona con el blanqueo de capitales a través de Casinos Dreams. Las fuentes consultadas revelaron que cuentan con empresas en las islas Seychelles (África) y en Andorra (Europa) para lavar dinero, además de tener influencia en el South American International Bank de Curacao, la única entidad bancaria que no cesó sus alianzas con el Peravia cuando las autoridades dominicanas encendieron las alarmas. La Fiscalía de República Dominicana ha señalado que solicitó a la Interpol (Policía Internacional) que incluya a los banqueros venezolanos en la lista de los delincuentes más buscados del mundo, pero todavía no aparecen en el sistema. Ahora prófugos de las autoridades dominicanas, a Santoro se le ha visto en estos días en Maracay, mientras que Jiménez Aray se encuentra en Florida, Estados Unidos, aseguraron fuentes. – Con información de http://www.contrapunto.com

ABASTOS BICENTENARIO. Por: Rafael Medina - Hay quienes vinculan en medios de prensa al ex ministro Hebert García Plaza con el ciudadano Manolo Da Corte, quien según se afirma, sería socio del empresario Constantino Bonaduce, preso e investigado por irregularidades en obras efectuadas en Abastos Bicentenario en el estado Anzoátegui. En ese sentido se indica que Da Corte era muy cercano a García Plaza, quien en su condición de entonces ministro asignó a Constantino Bonaduce diferentes obras en el aeropuerto José Antonio Anzoátegui.

SITUACIÓN EN GUAYANA. Por: Rafael Medina - En medios de opinión se hace mención a un informe elaborado por un parlamentario de la oposición en torno a la situación de las empresas básicas de Guayana y a la minería ilegal en esa región, desde Upata hasta Santa Elena de Uairén, incluyendo el municipio Angostura, según el cual la nómina de Minerven asciende a 4000 empleados, luego de haber sido de sólo 800. De acuerdo al informe, la delincuencia mantendría asediados a varios pueblos y a los mineros, así como ciertos uniformados que participarían en el cobro ilegal de peajes. Los delincuentes cometerían robos y homicidios. Tras el desmantelamiento de algunos campamentos mineros por parte de las autoridades, los grupos violentos se habrían refugiado en Guasipati, El Callao, Tumeremo y El Manteco, donde cometerían robos, atracos y secuestros. En cuanto a Minerven el informe indica que pasó de producir 480 kilogramos de oro a solamente 87, siendo precaria su situación a pesar del lucrativo negocio que representa la extracción de ese mineral.

JUDICIAL. Por Rafael Medina – De acuerdo a medios de opinión, un influyente funcionario del Poder Judicial poseería una cuantiosa riqueza, contentiva de propiedades en diferentes regiones y cuentas en dólares en el extranjero. Pese a contar con una oficina oficial, despacharía desde otros lugares. Sus honorarios no serían menores a 500 mil dólares, pagados por ciudadanos imputados por delitos financieros, bancarios y otros, a cuyos abogados atendería cuando despacha. Se asegura que el funcionario poseería diferentes propiedades en La Florida, El Cafetal y La Castellana en Caracas, pero también diversos apartamentos, fincas, etc., en los estados Vargas, Trujillo, Táchira y Cojedes. Se indica que en Mérida, El Vigía, habría vendido una finca a un alcalde merideño. Entre sus propiedades también contaría con cuatro vehículos de lujo. Se le vincula societariamente con un exfuncionario de la DEM apellidado Guerrero y con un comerciante apellidado Araujo, propietario de varias farmacias en el estado Trujillo, quien sería contratista en el estado Nueva Esparta, donde está radicado.

RUMORES. De un lector: Rumores y más rumores en las redes sociales. – Luego de develado el caso Andorra, en España y EEUU estarían cerrando cuentas bancarias sospechosas que pertenezcan a ciudadanos venezolanos. – “Gato” Briceño viviría en Costa Rica con lujos y en mansión. Rumores y más rumores. – Daniel Morales

EMPRESARIO FALCONIANO. De un lector: Aristóbulo L. Martínez es un individuo de la mayor confianza del cuestionado empresario falconiano José Cruz Romero. L. Martínez, como una especie de guardaespaldas, se ocupaba de quitar de en medio todos los tropiezos a Cruz Romero y torpedear desde distintos ángulos, incluso el comunicacional, a sus enemigos. En la diatriba se enfrentaron con Simón Álvarez Antúnez, esperando les dejara el camino libre para convertirse en los “grandes señores” del contrabando en el estado Falcón. Aristóbulo L. Martínez fue detenido en dos ocasiones con identidades y documentos falsos en Aruba, en una ocasión con los de una persona fallecida y en otra con los de un hermano, por lo que todavía no se confirma si ese es su nombre verdadero. – Henry Martínez

BANQUEROS PRÓFUGOS. De un lector: Los banqueros prófugos en EEUU no las tendrían fácil, especialmente los que buscan asilo político, ya que la fiscalía continuaría promoviendo abundantes pruebas y solicitudes de extradición. En cuatro casos, especialmente, existirían numerosos documentos que demuestran entre otras cosas, cómo quebraron instituciones financieras para desviar dinero de los ahorristas. – Daniel Morales

CONDOMINIO DE LECHERÍA. De un lector: Las Villas de Lechería es un condominio codiciado por personajes que se han enriquecido con los dineros del pueblo. La inseguridad con posible complicidad interna, cada día es peor. Las Villas es donde “gobierna” el tal “Rey del Coque”. Decenas de nuevos ricos hacen fila para mudarse allí. Una empresa reahabilitaría 19 áreas dentro del condominio para levantar el mismo número de casas, que se cotizan entre 3 y 21 millones de dólares. Más que en cualquier otro destino del Caribe y de Estados Unidos. Aunque grandes las fortunas, muchas no tienen razón de ser en el efervescente condominio. La casa de Micale o “Rey del Coque”, cuya mano derecha es una corredora inmobiliaria de nombre Cruz Helena, costaría casi 12 millones de dólares. La mansión de Constantino Bonaduce tiene un precio de casi 20 millones de dólares. Muchas se cotizan y negocian ilegalmente en dólares, por precios exageradamente altos fijados por un mercado especulativo. – Carlos González

ANACO. De un lector: Cuando se pensaba que habría un cambio en Anaco con el fin de la hegemonía opositora de Jacinto Romero Luna y la llegada de Francisco Solórzano Jr., Anaco no tuvo más que un gobierno municipal que no aportó soluciones eficaces, sino más bien que sirvió para el beneficio de una minoría, quienes hacían su agosto vendiendo agua potable en camiones cisternas, contratando con empresas de interpuestos para vender al municipio tanques de agua, despilfarrando los recursos que debían ir a la construcción de la Zona Industrial y la fábrica de fábricas, apoderándose de casas de interés social y de materiales de construcción, contratando a una empresa sin experiencia ni transparencia para recaudar impuestos, manteniendo vida de jeques con harem incluido y adueñándose a como diera lugar del patrimonio de los anaquenses. Un solo período fue suficiente para que el Psuv rectificase y no dejara a Solórzano repetir como alcalde. Después fue cuando mediante artilugios legales intentaron quedarse con una empresa de construcción ajena y detuvieron a varios, mientras que otros supuestamente huyeron. - Jesús Alvarado

EMPRESARIO. De una lectora: El empresario Plutarco E. Vallés ha tenido muchos altibajos sentimentales en los últimos años. Divorcios, desistimiento de divorcios, adopciones de hijos de nuevas cónyuges, demandas por manutención, etc. – Paola Rojas

Enlace Relacionado… - Sentencia Judicial: Divorcio (Desistimiento)

EMPRESARIO DETENIDO. Constantino Bonaduce supuestamente recibió cientos de millones de bolívares adelantados, 400 se dice, para construir el nuevo terminal de pasajeros en la ciudad de Barcelona en los terrenos de la antigua plaza de toros de La Maestranza, aunque la obra no se inició y el dinero se desvaneció. En Guanta, también contratado supuestamente, tampoco hizo nada en la Zona Industrial. Peor que esto, con la presunta ayuda de un alcalde habría movido cargas sumamente extrañas por aire y por agua. A un galpón cercano a una zona portuaria, que posee o poseía vigilancia policial y de otros oficiales de seguridad, llevaban y sacaban esas extrañas cargas para exportarlas hacia los Estados Unidos, país en el que invertirían el dinero de los negocios que llevan a cabo. Supuestamente utilizaban como almacén un depósito perteneciente a un empresario de origen griego conocido por el nombre de Soukatos. Hasta en algunos medios sólo sea mencionado el segundo nombre y apellido de Bonaduce. Además del alcalde antes mencionado, Bonaduce también habría sido apoyado por un funcionario vinculado a la actividad petrolera en el Oriente y por un empresario de nombre P. García, familiar del funcionario petrolero y socio de Bonaduce en algunas empresas. – Tomás Hernández

IRREGULARIDADES EN BANCOS INTERVENIDOS. La Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban) anunció en 2010 la intervención a puertas cerradas de tres pequeñas entidades financieras: Mi casa entidad de ahorro y préstamo, Inverunión banco comercial y el Banco del Sol. Un comunicado de Sudeban citó problemas administrativos y gerenciales graves que desembocaron en una situación de iliquidez que no les permitía cubrir sus obligaciones en el corto plazo. De las tres entidades, Mi Casa tenía el mayor número de depositantes, con 162.266, mientras que Inverunión contaba sólo con 1.686 y el Banco del Sol suma 1.498. Según informaciones de prensa, los bancos Mi Casa e Inverunión estaban ligados al empresario venezolano Gonzalo Tirado. Tirado había presentado una opción de compra por el primero pero no recibió autorización oficial para asumir su conducción, mientras que una operación para comprar Inverunión fue rechazada por Sudeban. Algunas fuentes lo vincularon a Pedro Torres Ciliberto (Bancos Real, Central y Baninvest). De tres imputaciones que mantiene la Fiscalía contra directivos del Banco Real, destaca una que se encuentra en el Tribunal 28 de Juicio a cargo de la jueza Susana Barreiros referido a una supuesta compra simulada de títulos valores cuyos fondos tuvieron su origen en Banfoandes. Según detalla el expediente, la operación se inició el 27 de mayo de 2009, cuando el Banco Real, ya estaba bajo el control de Pedro Miguel Torres Picón, hijo de Pedro Torres Ciliberto. En esa fecha el Banco Real hace una transferencia por 450 millones de bolívares fuertes de la cuenta mantenida en el Banco Central de Venezuela (BCV) a favor de Inverunión Casa de Bolsa por 250 millones y otros 200 millones a favor del Banco Canarias (ambas instituciones intervenidas e investigadas) para la compra de títulos valores. Ahora bien, el dinero utilizado por el Banco Real para esa operación lo obtuvo de una transferencia el mismo día 27 de mayo procedente de Baninvest, también propiedad del empresario Pedro Torres Ciliberto. Un mes después de esta operación, el 1 de julio, se registró una entrada de fondos procedente de Banfoandes por la misma cantidad, es decir, 450 millones. Pero Banco Real ese mismo día transfiere justamente la misma cantidad a Baninvest, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en evidencia que al final de todas esas operaciones, los supuestos títulos valores fueron pagados con fondos que Banfoandes colocó. A la par de la utilización de estos fondos, afirma la Fiscalía, se trató además de una compra simulada de títulos ya que según los investigadores: "no existe constancia alguna de donde se pueda evidenciar el cruce de los títulos valores supuestamente adquiridos por Banco Real con esa operación". De modo que según la acusación, mediante ese ardid se logró sustraer el monto en referencia del Banco Real, sin que hubiera ingresado a su patrimonio título alguno. Cabe destacar que si bien la adquisición de los títulos habría sido inexistente, en las cuentas del banco, la operación fue registrada en la contabilidad interna de la institución. Según la acusación, el modo en que justificaron la salida de los 450 millones de bolívares desde el punto de vista contable, "como una forma de engaño" fue a través de una nueva operación de compra por parte del Banco Real. Esta vez se trata de la compra de la empresa Seguros Premier CA, por parte de una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial de Pedro Torres Ciliberto, utilizando como forma de pago los supuestos títulos valores. Para realizar esta nueva operación el grupo de Pedro Torres utilizó otra empresa relacionada de nombre Unión Chelesea International Financial Corporation de Venezuela CA, cuya propietaria era Organización TPF SA y sus accionistas eran Pedro Torres Picón y su esposa Banca Cecilia Picón de Torres. Es así que el 12 de junio de 2009, 15 días después de la primera operación, se acuerda la venta entre Seguros Premier y Chelesea Financial. Chelesea adquiere 96% de las acciones de Seguros Premier por la cantidad de BsF. 154.125.000,00. Como última etapa de la consumación del ilícito penal orientado a apropiarse de BsF. 450 millones, según argumenta la Fiscalía, el 25 de septiembre, dos meses después, el Banco Real compra a Unión Chelesea la empresa Seguros Premier por la cantidad de BsF. 463.394.613,05. Pero esa operación es pagada con los títulos valores que supuestamente habían sido adquiridos de InverUnión Casa de Bolsa y Banco Canarias. Ese valor final correspondía al valor de los títulos por 450 millones, mas el rendimiento de los títulos. Para la Fiscalía el precio posterior con el que Banco Real le compra a Chelesea de 463 millones establecido en apenas dos meses, es decir unos 300 millones mas para adquirir el mismo lote de acciones "resultaba irracional, más aún cuando se trataba de los mismos compradores y vendedores dado que esas empresas estaban relacionadas". Cabe destacar que para el momento, tanto la Superintendencia de Seguros como la Superintendencia de Bancos objetaron dicha operación. De acuerdo a los investigadores de la Fiscalía los mencionados títulos valores que fueron vendidos por InverUnión Casa de Bolsa y Banco Caroní nunca existieron, sin embargo recibieron un pago de 250 millones y 200 millones de bolívares respectivamente. Para sustentar tal afirmación precisan que se verificó que en el Sistema Informático de Custodia Electrónica de Títulos (SICET), InverUnión Casa de Bolsa, no tuvo la custodia de esos títulos ni el 27 ni el 28 de mayo de 2009. El 17 de diciembre de 2009, poco antes de la intervención de la institución, en respuesta a la Unidad de Control y Prevención contra la Legitimación de Capitales, InverUnión envía una carta explicativa sobre los supuestos títulos en la que señala que: "InverUnión Casa de Bolsa no mantiene actualmente custodia de títulos valores con la referida entidad, Banco Real". Allí no precisa, sin embargo, si en algún momento tuvo esa custodia o si en la fecha 27 de mayo realizó la operación con Banco Real. De modo que para la Fiscalía ese uno de los cabos sueltos en la investigación por los BsF. 450 millones. Es de recordar que desde febrero de 2009, tres meses antes de que se hiciera esa operación y diez meses antes de la intervención de InverUnión, Gonzalo Tirado había comprado InverUnión a través de una operación de compra de acciones. Sin embargo la Superintendencia nunca aprobó la adquisición. Por esa razón durante los meses posteriores la dirección del banco sería manejada mediante una figura de congestión entre el grupo comprador (Gonzalo Tirado) y el grupo vendedor (Ignacio Salvatierra). Ambos banqueros se encuentran fuera del país aunque en el caso de Ignacio Salvatierra no existe una acusación en su contra. Para mediados de diciembre, cuando ya era un hecho que el banco sería intervenido, Gonzalo Tirado y Fernando Carrizo, director corporativo de tesorería y finanzas, ya estaban en el exterior con solicitud de captura. – Con información de Agencias

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PROVEEDURÍA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS. En Gaceta Oficial N° 39.479 del 3 de agosto de 2010 la Resolución N° 372.10 de SUDEBAN decretó la intervención de la sociedad mercantil Proveeduría de Servicios Financieros y Conexos, C.A. Visto que Proveeduría de Servicios financieros y Conexos, C.A., era una sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 10 de marzo de 2000, bajo el N° 43, Tomo 398-A Qto, siendo su objeto social la prestación de Servicios Financieros de toda índole, así como Asesorías Financieras, Administrativas, Contables, a Instituciones Bancarias, Financiadoras, de Inversión, de Mercado de Capitales, de Bolsa de Valores, y en general la realización de toda clase de actividades conexas o relacionadas con las referidas actividades. Visto que el accionista único del Grupo Empresarial Tamanaco, C.A., era la sociedad mercantil Organlzación TPF, S.A., la cual presentaba medida de aseguramiento de bienes, dictada en fecha 14 de diciembre de 2009 por el organismo jurisdiccional competente, y en la cual figuraba como accionista y Presidente el ciudadano Pedro Torres Ciliberto, Visto que adicionalmente fue accionista primigenio su cónyuge Blanca Cecilia Picón de Torres, quien figuraba como Presidente de la Fundación Central y Fundación Prosperar de C.A. Central Banco Universal, siendo a su vez el precitado ciudadano padre de Pedro Torres Picón, miembro de los Comités de Crédito, de activos y pasivos, de administración, compras y ventas de activos del Banco, quien fungía como Gerente General de la precitada empresa Organización TPF, S.A.; en tal sentido es importante destacar que las acciones de esta empresa fueron traspasadas según inscripción en el libro de Accionistas del 14 de agosto de 2009, al ciudadano Pedro Miguel Torres supra identificado. Visto que de la composición accionaria de la sociedad mercantil Proveeduría de Servicios Financieros y Conexos, C.A., se desprende la unidad de decisión y gestión de conformidad con los supuestos previstos en los artículos 161, 162 y 168 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, con C.A. Central, Banco Universal, Entidad Bancaria que a través de la Resolución N° 640.09 de fecha 4 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.339 Extraordinario de esa misma fecha, fue intervenida con cese de intermediación financiera. Se resolvió: Intervenir a la sociedad mercantil Proveeduría de Servicios Financieros y Conexos, C.A. y designar como Integrantes de la Junta Interventora a los ciudadadanos Alberto Ángel Villalobos y Hernán Ignaao Duran Amaro.

CONENDAN A TRES EXGERENTES DE CVG FERROMINERA ORINOCO POR CORRUPCIÓN. El Ministerio Público logró una condena de cinco años y dos meses de prisión para María Acosta (exgerente de Finanzas) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas) de CVG Ferrominera Orinoco, luego de admitir estar incursas en hechos de corrupción cometidos durante la gestión del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh. Igualmente, por estos mismos hechos, fue condenado a tres años y seis meses el exgerente técnico de Operaciones de esa empresa del Estado, Ángel Ramón Campero Franco, quien también admitió los hechos en la audiencia preliminar realizada este 30 de abril. Las fiscales 56º y 57º nacional, Milvira Caraballo y Paula Ziri-Castro, respectivamente, ratificaron la acusación contra las exgerentes Acosta y Rodríguez, por incurrir en los delitos de peculado doloso y malversación agravada. Por su parte, a Campero Franco se le ratificó la acusación por la comisión de los delitos de peculado doloso propio, en grado de cooperador. La audiencia preliminar se llevó a cabo en el Tribunal 9º de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), instancia que luego de escuchar la admisión de hechos procedió a dictarles las condenas, razón por la cual estas tres personas se mantendrán privadas de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, con sede en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, hasta que un tribunal de ejecución decida la medida a imponer. Adicionalmente, el mismo tribunal de control impuso una multa a los tres exgerentes, por lo que deberán pagar 20 % del daño patrimonial causado al Estado venezolano. Por otro lado, el expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh, y Noel Ramírez (exconsultor Jurídico), pasaron a juicio tras no admitir los hechos. Ambos se mantienen privados de libertad en la misma sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Sabbagh, está acusado por los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación y concertación de funcionario público con contratista; mientras que Ramírez por ser cómplice necesario en el delito de peculado doloso. Asimismo, el mencionado tribunal sobreseyó al empresario Yamal Mustafá, quien en su oportunidad fue acusado por ser cooperador inmediato en los delitos de peculado doloso propio y concertación de funcionario público con contratista. Ante esta situación, las fiscales del Ministerio Público apelaron esta última decisión y ejercieron el efecto suspensivo de la medida hasta que no se resuelva el recurso, razón por la cual Mustafá continuará privado de libertad. Cabe resaltar que todas estas personas en su momento también fueron acusadas por el delito de asociación para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 07 de junio de 2013, un funcionario del Ministerio del Poder Popular de Industrias denunció ante el Ministerio Público que Sabbagh, cuando era presidente de la referida empresa básica, utilizó para otros fines unos recursos asignados para proyectos del Plan de la Patria Guayana y para el mantenimiento de plantas de pellas, briquetas y de procesamiento de mineral de hierro. De esta manera, el proceso investigativo determinó la presunta vinculación de las otras cinco personas con el citado caso. Rodríguez y Mustafá fueron aprehendidos en el estado Bolívar por funcionarios del citado organismo de inteligencia militar, el 18 de julio de ese mismo año, tras órdenes de aprehensión solicitadas ante el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz. Mientras que Ramírez y Acosta fueron aprehendidos en las instalaciones de CVG Ferrominera Orinoco C.A, ubicada en Puerto Ordaz, el día siguiente. El mes de junio de 2013, funcionarios del mencionado organismo militar detuvieron a Sabbagh en un hotel del Este de Caracas; mientras que Campero Franco fue aprehendido el 24 de octubre de ese año, en Puerto Ordaz, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 9º de Control del AMC. – Prensa MP