La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó el informe sobre presuntas irregularidades administrativas en el manejo de los fondos públicos y privados para la ejecución del complejo “Guayana Country Club” ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar.El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría diputado Pedro Carreño, presentó dicho informe.
Se realizó la investigación y se determinó responsabilidades de funcionarios de la Corporación Venezolana de Guayana, de C.V.G. Ferrocasa, de los miembros de la Empresa Promotora Monte Linda C.A. y demás particulares que incurrieron en los delitos contra el patrimonio privado de 622 familias que confiaron en la empresa C.V.G Ferrocasa, filial de la Corporación Venezolana de Guayana”.
En las conclusiones del informe refiere el otorgamiento irregular de ganancias provenientes de las ventas de las viviendas por el orden Bs. 26.334.051.459,09 además fueron ejecutados traduciéndose en obra terminada, la cantidad de veinte mil novecientos noventa y cinco mil dos bolívares con treinta y dos céntimos (Bs.20.993.495.002, 32), quedando un saldo pendiente por justificar de cinco mil trescientos cuarenta millones quinientos cincuenta y seis mil, quinientos cuarenta y seis bolívares con setenta y siente céntimos (Bs. 5.340.556.546,77), y que no exime a la Promotora Monte Linda de la responsabilidad de rendir cuenta sobre dichos fondos.
En este caso el ciudadano Rafael Darío Pacheco Somosa, Presidente de la empresa perteneciente a la Corporación Venezolana de Guayana, C.V.G. Promociones Ferroca S.A. (FERROCASA) para ese momento y Elías Aboud e Iván Sánchez Martínez, Presidente y Vicepresidente, representantes legales de la sociedad mercantil Promotora Monte linda C.A. respectivamente, cuya conducta se enmarca en los supuesto generadores de responsabilidad administrativa de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
No existe fianza de anticipo, fianza de fiel cumplimiento, póliza de responsabilidad civil, ni garantía alguna que respalde al proyecto habitacional.
Asimismo, existen Irregularidades e inconsistencias en la obra, violaciones e incumplimiento en las claúsulas contenidas en el documento constitutivo, inexistencia de permisología de urbanismo, construcción y habitabilidad, presunta inexistencia de acometidas de aguas negras, alcantarillados, subestación para luz eléctrica, estudios geológicos de suelo, mala construcción en cerca perimetral y viviendas, entre otras.
Irregularidades en el otorgamiento de anticipos sin valuaciones de obra que lo justifiquen, y aún cuando fueron otorgados tales aportes, las obras por tal concepto no fueron ejecutadas.
Ausencia de control y fiscalización sobre los aportes y anticipos otorgados y la ejecución de la obra, lo que conllevó a atrasos en las obras y los consecuentes anticipos adicionales.
Irregularidades relativas a la ausencia de fiscalización y control de los pagos efectuados a los proveedores, así como la compra de material de construcción, lo que resultó en elevados incrementos en los costos de obra, lo que atenta en contra de los principios de la justa y sana administración de los recursos públicos.
Fallas en la ejecución de la obra, la ejecución de obras sin el respectivo estudio de suelos ni la planificación presupuestaria correspondiente, el incumplimiento de las normas COVENIN de calidad.
El informe estipula exhortar a la ciudadana Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, para que ordene las acciones a que haya lugar, a fin de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.
También , profundizar las investigaciones y darle la celeridad necesaria para determinar las responsabilidades por las acciones u omisiones contrarias a la Ley y que fueron ejecutadas por los ciudadanos Elías Aboud e Iván Sánchez Martínez, Presidente y Vicepresidente, representantes legales de la sociedad mercantil Promotora Montelinda C.A.
Exhortar al ciudadano Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Manuel Galindo, para que ordene las averiguaciones administrativas, por los hechos, actos u omisiones en los que hayan incurrido contra cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que resulte directa o indirectamente incursa en los hechos que se investigan, que como consecuencia de estos haya ocasionado daño al Patrimonio Público de la Nación, verifique las declaraciones juradas de patrimonio a los fines de determinar el Quantum del enriquecimiento ilícito.
| Fuente: Maritza Villarroel - Prensa AN |
Aparte de castigar a los culpables y sus cómplices lo principal es hacer justicia social más de 100 familias permanecen estafadas por la responsable del urbanismo que CVG-Ferrocasa una empresa del estado venezolano. En 12 años que llevamos estafados acudimos a todas las instancias y nadie atiende los reclamos. Esperamos que ahora no sea pura bulla y realmente se haga justicia. Aquí les dejo una de las denuncias publicadas en este mismo portal hace más de 3 años http://www.noticiascandela.informe25.com/2012/04/cvg-ferrocasa-empana-la-gran-mision.html
ResponderEliminarLas familias estafadas que desde el 2003 acudimos a todas las instituciones en busca de justicia y nadie hizo nada en favor de las víctimas, ahora se pretende hacer justicia con los culpable, pero no hay justicia hasta que no se le construya las viviendas a los afectados. 12 de estafa no tiene precio
ResponderEliminarElizabeth Vargas