Una vez más un tribunal de esta instancia ha aceptado la posición de la República, que sostiene que el Artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones no constituye un consentimiento abierto a la jurisdicción del Ciadi.
Además, el Tribunal resolvió que la demandante, al ser en última instancia controlada por venezolanos, no podía considerarse un inversionista internacional para tener derecho a demandar a la República ante el Ciadi".
Fuente: Prensa Mpppm - http://www.aporrea.org |
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