El operador aeroportuario chileno IDC -ligado a Mariano Valle- junto a su socio suizo Flughafen Zürich (ex Unique) ganaron el juicio arbitral que llevaban desde junio de 2010 en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, con sede en Washington).El litigio se originó con la expropiación de la concesión del aeropuerto de Isla Margarita, por parte de Venezuela, en 2005.
El tribunal determinó -en un fallo conocido hace tres días- que el Estado venezolano debe pagar a ambas empresas US$ 19,4 millones, más intereses a partir del 30 de diciembre de 2005 -fecha de la expropiación-, con lo que el monto global asciende a US$ 33,7 millones.
De todos modos, los socios chileno-suizos habían demandado por entre US$ 50 millones y US$ 60 millones, comentó el abogado y socio de BMAJ, Andrés Jana.
El Ciadi también ordenó a Venezuela a pagar las costas del tribunal, cerca de US$ 535 mil, y los gastos de abogados por un valor de US$ 1,87 millones. Jana explicó que estas últimas sanciones son una señal de que el “tribunal estimó que la contraparte perdió en todas sus partes la defensa. Cuando ordena pagar las costas es una señal bastante fuerte”.
Los miembros del tribunal fueron Juan Fernández-Armesto (español), quien actuó como presidente; y los árbitros Henri Álvarez (canadiense) y Raúl Vinuesa (argentino). Jana señaló que el órgano determinó por unanimidad que hubo expropiación y, a la vez, por mayoría -salvo Vinuesa- que el tribunal supremo de Venezuela “incurrió en denegación de justicia”. Esto último, luego que esa corte le entregara al Estado central venezolano la administración del aeropuerto de Isla Margarita, pese a que el grupo empresarial chileno-suizo había concurrido a dicho tribunal para que lo protegiera del despojo.
¿Se cumplirá el fallo?
Respecto de las posibilidades reales de que el Estado venezolano cumpla el dictamen, Andrés Jana explicó que los recursos contra fallos del Ciadi son muy limitados. Señaló que la contraparte podría pedir la anulación para lo cual Venezuela dispone de 120 días para realizar la solicitud y tras lo cual habría un período de discusión. El abogado agregó que por sí solo ese recurso no suspende la ejecución de la sentencia y que, además, tiene una tasa de éxito baja.
Jana expresó que los dictámenes del Ciadi no necesitan ser validados por cortes locales y los estados están obligados a cumplirlos. “Tanto es así que la convención de Washington autoriza la protección diplomática; es decir, la intervención del país del inversionista”.
Pese a todo, Jana sostuvo que Venezuela registra más de 15 casos semejantes y “ha cumplido todos los fallos”.
El empresario Mariano Valle -socio de IDC- recibió con satisfacción la decisión del Ciadi. “Soy un creyente de que si uno persiste y tiene la razón, al final la justicia estará de tu lado”, dijo.
| Fuente: El Mercurio - http://www.finanzasdigital.com |
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